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EL SALVADOR.- Los Asocios Públicos Privados: continuidad de las privatizaciones

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Por Alberto Castro

La Ley Especial de Asocio Público-Privados (APP) fue aprobada en mayo del 2013, con el aval de los 84 diputados de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa incluyendo el FMLN. Dicha ley fue promovida por el gobierno de Funes y del FMLN estos últimos como medida política buscaron deslindarse de dicha iniciativa de Ley y mostraron cierta oposición a la misma ya que según Roberto Lorenzana “…la propuesta del Ejecutivo de Ley de Asocio Público Privado, contempla aspectos encaminados a concesionar servicios públicos,…está claro, estamos hablando de concesiones…Cuando un privado pasa a administrar una obra, un proyecto eso es privatización…” (http://www.fmln.org.sv/). Aunque tácticamente para lograr la aprobación de la ley fueron excluidos servicios públicos como la salud, la educación, el agua, la custodia de presos y la seguridad e instituciones autónomas como la UES, el ISSS, etc, al final el gobierno de Funes y del FMLN lograron el objetivo primordial que era la aprobación de la ley, lo cual fue triunfo celebrado a medias por el empresariado salvadoreño por haberse excluidos ciertos servicios.

Estados Unidos presiona por reformas a la ley de APP

En los próximos días se vienen reformas a la Ley de APP, ley de corte neoliberal, que forma parte del acuerdo del Asocio para el crecimiento presentado en el 2011 durante la visita del Presidente Obama a El Salvador.

El imperialismo yanqui presiono a través de la de la embajadora estadounidense a El Salvador Mari Carmen Aponte para la aprobación de la Ley de APP utilizando el chantaje de que la aprobación de esta Ley era un “un requisito para un compacto segundo con la Corporación Reto de Milenio” logrando con ello su aprobación, ahora ejerce una nueva presión con el mismo pretexto para obligar a que se reforme dicha ley.

Lo que las privatización fueron para ARENA así son los APP para el FMLN

Estas reformas estarían en manos de la asamblea legislativa que al parecer antes de la entrada del gobierno de Ceren serían aprobadas, por su parte el futuro gobierno del FMLN   no ha rechazado dichos asocios o continuidad de las privatizaciones ya estas son una medida más para solventar el desfinanciamiento del estado.

Todo parece que las reformas están preparando el marco jurídico político para que las condiciones en que van a operar las transnacionales yanquis sean óptimas y les resulte fácil la operatividad, sin trámites burocráticos y sobre todo con beneficios fiscales.

Ante un clima favorable de inversión con las reformas de la Ley de APP de corte neoliberal, el asecho de las transnacionales hacen prever que prontamente entrarían en vigor los tratados regionales, subregionales y bilaterales de comercio, pues El Salvador es el punto de partida para la regionalización de este experimento yanqui, siguiendo con la política de la mundialización de la economía neoliberal, dicho de mejor forma la transición del sistema de economías nacionales a una economía dominada por los tres ejes económicos mundiales: EEUU, UE, Japón y un grupo constituido por los países asiáticos: Corea del sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Para los EEUU esta inversión aunque costosa, el lucro o ganancias que estaría sacando serán mayor.

Los APP se presentan como algo bueno y que serviría para incentivar la decadente economía salvadoreña, pero contrario a eso lo que en realidad se busca es que las empresas transnacionales de los imperialistas conviertan nuestros servicios públicos en mercancías, siguiendo con la lógica del mercado –maximización de ganancias- como la vía más eficiente para satisfacer las necesidades de la población.

Exijamos la derogatoria de la ley de APP

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a las organizaciones sindicales, campesinas, populares y estudiantiles a cerrar fila y oponer dura resistencia a los Asocios públicos privados, los cuales son contrarios a los intereses de la clase trabajadora y demás sectores, por lo cual no solo debemos oponernos a que servicios públicos como la salud, la educación, el agua, seguridad, que son servicios brindados por el estado pasen a manos privadas, debemos exigir, la derogatoria de la Ley de Asocios Públicos Privados.

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