Las poses conciliadoras con las que el gobierno presentó a los representantes sindicales el ante-proyecto de ley denominado "Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público", llamando demagógicamente a discutirlo con “gran seriedad, responsabilidad y ánimo constructivo”, haría pensar a cualquier despistado que se trataba de una propuesta para mejorar las condiciones salariales de las y los empleados del sector público.

La motivación principal, según declararon uno a uno los tres ministros presentes (Trabajo, Hacienda y MIDEPLAN), es terminar con la inequidad salarial dentro del sector público. “No es posible que una secretaria gane en el Gobierno Central un salario hasta cinco veces menor que la que realiza la misma función en otra institución del Estado” –manifestaron las autoridades. “No puede ser que algunos ganen hasta 12 millones de colones, cuando tienen un salario base de 800 mil” –insistieron.

¿Y cómo proponen cerrar esa brecha salarial? Veamos algunas de sus nefastas propuestas:

1. Sobre los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas: En la página 56 dice:

“Nuevas condiciones pueden perfectamente regir no sólo para los nuevos servidores públicos, sino también que puede regir, para todos aquellos que al momento de su vigencia, o bien, al momento de finalización de la vigencia de una convención colectiva, tuvieran una mera expectativa de derecho, y no un derecho subjetivo o una situación jurídica consolidada.

“En síntesis, es perfectamente de acuerdo con la Constitución Política, la variación que se haga de expectativas de derecho para quienes las tengan conforme a la legislación anterior.”

Esto es, ni más ni menos, que los empleados públicos que por convención u otra norma han roto el “tope” del auxilio de cesantía, no recibirán más que 8 años por ese monto (ver artículo 8º del ante-proyecto, pp.71).

2. Denunciar (finalizar) las Convenciones Colectivas: Como una parte de los empleados públicos ve regido la materia de salarios y pluses salariales, por medio de Convenciones Colectivas, la única manera de suprimir esos derechos “es denunciando la convención colectiva”. Y con una claridad que no deja lugar a engaños, dice enseguida:

“Debido a un cambio en la jurisprudencia (de nuevo gracias a la Sala IV), los derechos provenientes de convenciones colectivas fenecen (desaparecen- nota nuestra) íntegramente con el vencimiento o denuncia de las mismas. (…) Hoy en día, la denuncia de las convenciones colectivas deja sin efecto los derechos que ella reconocía” (pp. 57).

Y entonces, para que no quepa ninguna duda, en el Transitorio 1 proponen:

“Los jerarcas de las instituciones públicas cubiertas por el ámbito de aplicación de esta ley deberán denunciar las cláusulas de las convenciones colectivas relativas a incentivos, pluses o cualquier oro beneficio económico adicional al salario base en el plazo indicado en el último párrafo del artículo 64 del Código de Trabajo.

“Extinguida la vigencia de las convenciones colectivas, los beneficios económicos que se perciban deberán sujetarse a las disposiciones de esta ley.” (pp. 74)

3. Pero como además de desmontar los pluses dados por convención colectiva, el ante-proyecto la emprende en contra de:

- Dedicación Exclusiva: “En ningún caso la dedicación exclusiva podrá considerarse un derecho adquirido ni un beneficio permanente…” (artículo 10º, pp. 72).

- Disponibilidad: Se restringe su aplicabilidad y su monto a un 15% del salario base (artículo 11º, pp. 72).

- Subsidios por enfermedades: Se suprime la parte del subsidio que en la actualidad otorga el patrono, de manera que el monto del subsidio será únicamente el pagado por la CSSS (60%) o por el INS (85%).

- Anualidades: El monto por éste concepto no podrá sobrepasar el 2.54% del salario base. (artículo 15º; pp. 73).

Esa es la declaratoria de guerra del Gobierno contra las y los trabajadores públicos que cínicamente la presenta tendiente a “restablecer la equidad salarial” en el sector público. Así es como el Gobierno de Laura Chinchilla nos quiere llevar a un régimen salarial en el que cualquier incentivo o plus será visto como un “privilegio”; un régimen en el que las convenciones colectivas se entienden como fuentes de inequidad; en fin, un régimen salarial que busca la igualación “a la baja”, para resolver el problema del déficit fiscal por el lado del gasto y a costa de los empleados públicos, y no por el lado de los ingresos, cobrando impuestos a los que acumulan más y más riqueza.

Por otra parte, se suma esta ofensiva al otro anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno llamado de: ”Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas”, que interviene en la gestión, organización y ejecución (definiendo directamente en qué deben invertir su presupuesto) de todas las instituciones públicas, alegando que son ineficientes en el manejo presupuestario, liquidando así la autonomía, como en el caso de las Universidades Públicas.

La CGT llama a todos los sindicatos, a las trabajadoras y los trabajadores del sector público, afiliados y afiliadas, a estar alerta y prepararse para la lucha en las calles.

Central General de las y los Trabajadores (CGT)

Costa Rica