Por Ramón Sibaja

El pasado 11 de febrero, cuando los trabajadores todavía no se recuperaban de la borrachera electoral, el gobierno de Laura Chinchilla, mediante decreto ejecutivo decidió aumentar en un 0,43% el salario de los empleados públicos para el primer semestre del año 2014. Este “Decretazo” nos hizo despertar y volver a la dura realidad.

En esa ocasión, Laura Chinchilla justificó el raquítico aumento de salarios de la siguiente manera: "Nosotros lo único que hemos pedido es comprensión de los trabajadores del sector público y lo único que hemos venido pidiendo, de manera reiterada por más de un año, es que los sindicatos se sienten con el Gobierno a negociar la seria situación del déficit fiscal y el empleo público" (EFE)

Durante la administración Chinchilla, se produjeron reiterados ataques contra los pluses salariales y las conquistas laborales de los empleados públicos, so pretexto de combatir la crisis fiscal que carcome las finanzas públicas. En algunos casos, el gobierno impuso su agenda, en otros las constantes movilizaciones de los trabajadores públicos lo hicieron retroceder parcialmente.

Chinchilla entregará el gobierno el próximo 8 de Mayo, pero a manera de despedida ha asestado la última estocada: el Decretazo del 0,43%

El benéfico efecto del llamado unitario

La marcha del 25 de febrero no fu convocada por todas las centrales y sindicatos, como ocurrió en otras ocasiones, sino por un grupo de asociaciones de empleados públicos

La marcha agrupó a más de siete mil trabajadores y fue posible por el llamado unitario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), por el Frente Interno de los Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), la Asociación de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA), otros sindicatos y agrupaciones de izquierda.

Las asociaciones sindicales habían exigido en la mesa de negociaciones un aumento salarial del 3,62 %, pero la repuesta de Chinchilla fue el ridículo aumento salarial del 0,43%, utilizando una metodología de cálculo que el gobierno logró imponer a los sindicatos en el año 2007 y que ya no corresponde a la realidad. El aumento de salarios debe compensar el costo de la vida y la inflación.

El machete del déficit fiscal

Cada vez que hay reclamos salariales el gobierno de turno desenfunda el machete de la crisis fiscal y amenaza con cortar la cabeza a la clase trabajadora. Costa Rica registró en el año 2013 un déficit fiscal del 5,4 % de su Producto Interno Bruto (PIB), una cifra realmente alarmante, pero este cráter en las finanzas públicas no es culpa de los trabajadores sino que es producto del pago desigual de los impuestos.

Las políticas neoliberales han creado múltiples exenciones a los grandes empresarios y las empresas transnacionales, mientras el gobierno prácticamente asalta a la clase media y a los asalariados, clavando impuestos a quienes tienen menos ingresos. Además, con la implementación del CAFTA-DR hay menos recaudación, debido a que los productos importados no pagan determinados aranceles.

El resultado es una vorágine que carcome las finanzas públicas. Por ello la lucha por la defensa del salario de los empleados públicos, está ligada directamente a la lucha por combatir el plan fiscal de los empresarios y del gobierno. Y esto se debe a que los salarios de los empleados públicos, y se financian con el presupuesto.

Se requiere un plan de lucha común

Han sido varias las experiencias unitarias exitosas, pero al poco tiempo vuelve a prevalecer la división y los intereses sectoriales sobre los intereses generales de la clase trabajadora.

Lo primero que debemos plantearnos es la lucha conjunta de empleados del sector público y del sector privado. En Costa Rica más de 600, 000 trabajadores del sector privado no ganan el salario mínimo, ni tienen derecho a organizarse en sindicatos, a pesar de las aparentes bondades de la democracia burguesa costarricense.

La pobreza aumenta de manera galopante en Costa Rica. Debemos luchar por defender los pluses y por un aumento de salarios cada vez que suba el costo de la vida, por el congelamiento de precios de los servicios básicos. Los servicios públicos deben estar en manos del Estado, bajo el control de los trabajadores. Las asociaciones de trabajadores de servicios públicos debemos tener injerencia en la definición de las tarifas o precios