Por Nassar Echeverria

La derrota de la revolución en Centroamérica, a inicios de los años 90 del siglo pasado, trajo consecuencias graves para todos nuestros países: ofensiva neoliberal, marginalización de las masas populares, dando origen al fenómeno de maras y pandillas, ruina económica, desempleo masivo y constante flujo migratorio hacia Estados Unidos.

La crisis económica mundial y los efectos de la pandemia, han acentuado el fenómeno migratorio: gentes de diversos países de todos los continentes transitan por Centroamérica, un puente obligatorio para llegar a la frontera terrestre de Estados Unidos.

La ofensiva antinmigrante de Trump

A pesar que Estados Unidos se construyó como un país de inmigrantes, Donald Trump conquistó la presidencia de Estados Unidos con un discurso racista y contra los inmigrantes.

Trump libró una lucha sin cuartel para contener la migración legal e ilegal. El 25 de enero de 2017, Trump dictó la orden ejecutiva “Border Security and Immigration Enforcement Improvements”, (Mejoras de la Seguridad Fronteriza y la Implementación de las Políticas Migratorias), que permitía, entre otras cosas, que las autoridades federales suscribieran acuerdos con las autoridades estatales, para investigar, capturar y confinar en centros de detención a los extranjeros que no demostrasen un status legal en Estados Unidos.

El 20 de Febrero de 2017, John F. Kelly, director del Departament Homeland Security (DHS) (Departamento de Seguridad Nacional) dictó el memorándum, “Implementing the President’s Border Security and Immigration Enforcement Improvements Policies”, (Implementación de las mejoras presidenciales de las Políticas Migratorias y de la Seguridad Fronteriza) que legalizaba la captura de menores de edad “no acompañados” en la frontera. En un lapso de tres años, fueron capturados cerca de 155,000 menores no acompañados, hijos de inmigrantes que en su mayoría viven legalmente en Estados Unidos. Estos niños eran originarios del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras)

Sin descansar, el 9 de febrero de 2017, Trump emitió la “Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking”, (Orden Ejecutiva Presidencial de Implementación de la de la Legislación Federal a las Organizaciones Transnacionales Criminales y la Prevención de la Trata Internacional de Personas), con el objetivo de combatir el tráfico de inmigrantes, pero teniendo un especial énfasis contra las pandillas centroamericanas, pero bajo esta definición el objetivo real era frenar la creciente inmigración centroamericana.

El 5 de septiembre de 2017 Donald Trump canceló el programa Deferred Action

for Childhood Arrivals (DACA), (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protegía a los niños, ahora adolescentes o jóvenes, los “dreamers”, que arribaron ilegalmente a Estados Unidos.

El 6 de noviembre del 2017, el DHS suspendió el Temporary Protected Status (TPS) (Estatus de Protección Temporal) que beneficiaba a 100,000 guatemaltecos, 190.000 salvadoreños, 57,000 hondureños y unos 25000 nicaragüenses.

La embestida contra el derecho de asilo

En mayo del 2019, la administración Trump firmó con el gobierno de Guatemala un acuerdo denominado “Arreglo de Seguridad Fronteriza”, (Arreglo con Guatemala Sobre la Migración Irregular, GAIM por sus siglas en inglés) que obligaba a los migrantes a solicitar asilo en un “tercer país” y esperar los resultados en Guatemala o cualquier otro.

Al mes siguiente, después de un forcejeo entre Estados Unidos y México, en torno a posibles sanciones relacionados con la aplicación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en junio del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó a un acuerdo con la administración Trump, sobre el programa “Quédate en México”, como parte de la nueva política que limitaba el derecho de asilo en Estados Unidos. Bajo ese programa, los solicitantes de asilo tenían que quedarse en México, esperando el resultado de los tribunales de migración. Unos 70.000 inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos, tuvieron que viajar a México a esperar la cita y la decisión de las autoridades de migración.

El 20 de septiembre de 2019, Estados Unidos y el gobierno de El Salvador firmaron el "Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República de El Salvador para cooperar en examinar los reclamos de protección", relacionados con las peticiones de asilo. Este mismo acuerdo fue suscrito con el gobierno de Honduras, el día 25 de septiembre del 2019.

La ofensiva de Trump arrojó los primeros resultados al arrastrar a México y al Triángulo Norte de Centroamérica, a la nueva política de limitación del derecho de asilo. No obstante, la batalla legal al interior de Estados Unidos permitió la suspensión del avance logrado por Trump. El juez federal Timothy J. Kelly, de la corte del Distrito de Columbia, falló en contra del plan de Trump y ordenó suspenden la medida, mientras resolvía la Corte Suprema de Justicia.

Muchas de las medidas de Trump para detener la migración, fueron frenadas por las autoridades estatales o locales. Trump apenas logro deportar unos 900.000 migrantes, mientras su antecesor, Barack Obama, en sus ocho años de gobiernos deporto dos millones y medio de migrantes.

La reforma migratoria: una incumplida promesa de campaña

Desde la época de Barack Obama, el Partido Demócrata de Estados Unidos se ha convertido en el abanderado de una reforma migratoria que permita legaliza a los mas de once millones de migrantes que viven de manera irregular en ese país.

En su campaña, Biden agitó la defensa de los “dreamers” y abogó por una reforma migratoria, la que siempre ha sido bloqueada por los republicanos, que no quieren que esos migrantes más adelante convertidos en ciudadanos terminen votando por el Partido Demócrata.

Biden prometió que “(…) terminará el trabajo de construir un sistema de inmigración justo y humano, restaurando el progreso que Trump ha revertido cruelmente y llevándolo más lejos. Asegurará nuestra frontera, garantizando al mismo tiempo la dignidad de los migrantes y defendiendo su derecho legal a solicitar asilo (…) y que revertirá inmediatamente las políticas crueles y sin sentido de la Administración Trump que separan a los padres de sus hijos en nuestra frontera (…)”,

Debido a los ajustados resultados de la elección presidencial y de miembros del Congreso para el año 2020, los demócratas no tuvieron los votos suficientes para aprobar la reforma migratoria.

Al producirse el cambio de gobierno, de Trump a Biden, la migración hacia Estados Unidos, lejos de detenerse, subió a niveles nunca antes vistos. Las imágenes de multitudes de migrantes arremolinados en la frontera, esperando el momento propicio para cruzar, eran y siguen siendo realmente dramáticas, porque reflejan la desesperación de las masas que huyen de la miseria y la pobreza, creyendo que en Estados Unidos encontraran la prosperidad.

El rápido retorno a la política de Trump

Biden, al inicio de su mandato, se mostraba flexible con los migrantes por una sencilla razón: las políticas de Trump habían contenido, hasta cierto punto, el flujo de trabajadores migrantes; la reactivación económica posterior a la pandemia, se topó con una escasez de mano de obra barata. En cierte medida, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en un primer momento fue tolerante con el enorme flujo de migrantes, mientras era necesario completar la mano de obra barata

Después se produjo un retorno a las políticas de Trump. Biden intento suavizar el trato a los migrantes al decretar la suspensión del Titulo 42 de la Ley de Inmigración, que Trump había invocado durante la pandemia. Una nueva batalla legal se produjo, esta vez los republicanos desde la oposición, paralizando la medida de Biden en torno a la suspensión del Título 42.

a.- El Parole

Biden creo la política del “parole” (libertad condicional), que no es otra cosa que una visa de trabajo temporal por espacio de dos años, especialmente para contener y regular la masiva migración de cubanos, haitiano, venezolanos y nicaragüenses, siempre y cuando se cumplan con los requisitos impuestos por el ICE.

b.- Solicitud de asilo desde un “tercer país”

Igual que en la época de Trump, las solicitudes de asilo deben tramitarse en un “tercer país”, desde una aplicación móvil creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) denominada “CBP one” para programar una cita para presentarse a inspección e iniciar una solicitud de protección en lugar de acudir directamente a esperar en un puerto de entrada terrestre.

Para aplicar esta política de Trump, Biden llego a un nuevo acuerdo con AMLO, quien permitirá que unas 30.000 personas cada mes esperen turno en territorio mexicano. Esta política no ha sido derogada ni ratificada por los gobiernos del Triangulo Norte de Centroamérica, pero debido a los roces con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y en menor medida con el gobierno de Honduras, es poco probable que colaboren con la nueva política de Biden, que es la misma de Trump. México se ha convertido en aliado incondicional de las políticas que restringen el derecho de asilo en Estados Unidos

A comienzo de este año, Alejandro Mayorkas, secretario del DHS, lo confirmó: “El mensaje es claro. Las personas deben quedarse donde están y comenzar el proceso allá (…) Quienes utilicen este proceso podrán ser elegibles para permisos de trabajo mientras estén en Estados Unidos (…) Es importante destacar que las medidas anunciadas hoy se están aplicando en estrecha colaboración con México y los gobiernos de todo el hemisferio occidental. Aunque estas medidas ayudarán a resolver algunos de los problemas más graves de la frontera suroeste, no solucionarán todos los problemas de un sistema de inmigración que lleva demasiado tiempo sin funcionar”. (El País, 05/01/2023)

En pocas palabras, quienes no se acojan a esta nueva política no solo serán inmediatamente deportados, sino que tampoco serán elegibles en los próximos años. En febrero de 2023, Mayorkas volvió a insistir: “Estamos reforzando la disponibilidad de un camino seguro, ordenado y legal para que lleguen a Estados Unidos, y al mismo tiempo, proponemos nuevas consecuencias para aquellos que no recurran a los procesos que les ofrecen el país y sus aliados en la región”. (El País, 21/02/2023)

Crisis mundial y migración incesante

Quienes piensan que los demócratas son mas progresistas que los republicanos, se equivocan. Aunque tienen diferentes matices, la realidad ha obligado a Biden a resucitar las políticas de Trump. La crisis económica mundial, el cambio climático, la falta de empleos dignos, obligan a millones a buscar la sobrevivencia en las metrópolis imperialistas de Estados Unidos y Europa. Las políticas contra este tipo de migración pueden contener temporalmente a los migrantes, pero tienden a fracasar por la masividad del fenómeno.