10212020Mié
Last updateSáb, 17 Oct 2020 7am

CENTROAMÉRICA.- El cierre de fronteras y la impotencia del SICA ante la pandemia

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Por Nassar Echeverria

Bajo el contexto de la pandemia de coronavirus que azota la región, el pasado 12 de marzo del 2020, se produjo una cumbre virtual de presidentes centroamericanos, quienes aprobaron un Plan de Contingencia Regional, en donde supuestamente se abordaron los planes de acción conjunta para combatir la propagación del virus.

La libertad de comercio

Entre las diferentes líneas de acción acordadas, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), hubo especial preocupación por mantener la fluidez del comercio regional.

En el componente 2.1 acordaron “Mantener la plena libertad de tránsito de las mercancías, medios de transporte y las personas que los conducen, a través del territorio de los países de la región SICA. Particularmente, priorizando la atención en las aduanas de los tránsitos internacionales y operaciones aduaneras en general de productos críticos (…)”

Esta decisión adquirió especial importancia si tomamos en cuenta que todos los gobiernos, con la excepción de la dictadura nicaragüense, decidieron cerrar sus fronteras, como una forma de contener la propagación del virus. El compromiso fue, pues, mantener abiertas las aduanas para el libre tránsito de mercancías en el mercado regional.

Estalla el pleito por las 72 horas

No había transcurrido una semana, cuando la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá, amparándose en el Decreto No 472, del 13 de marzo (un día después de la cumbre de presidentes centroamericanos), firmado por Laurentino Cortizo, ordenó que los transportistas centroamericanos solo podían permanecer 72 horas (3 dias) en el país.

A inicios de abril, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, argumentando la necesidad de fortalecer el control sanitario, dio la orden de que los transportistas del resto de países de Centroamérica, solo podían estar 72 horas en ese país, para realizar las labores de carga o descargue de mercaderías. Esta decisión causó enorme malestar entre las gremiales afiliadas a la Federación Centroamericana de Transportistas (FECATRANS), quienes argumentaron que esa decisión administrativa violentaba los tratados de la integración centroamericana, que consagraban el libre comercio y la libre contratación regional.

El 22 de abril, el gobierno de Costa Rica emitió la Circular No AJ-0755-04-2020-JM, mediante la cual adoptaba la misma medida de otorgar un plazo de 72 horas a los transportistas centroamericanos.

De seis países de la nación centroamericana, tres de ellos, El Salvador, Costa Rica y Panamá, rompieron los acuerdos establecidos en el Plan de Contingencia Regional, y los otros dos (Guatemala y Honduras) se vieron forzados aplicar medicas reciprocas, salvo la dictadura nicaragüense que mantiene una policía de fronteras abiertas.

Las gremiales del transporte centroamericano amenazaron con bloquear las fronteras, y en idas y venidas, reuniones, comunicados y conferencias de prensa, para el 14 de mayo las tensiones se habían relajado, y el plazo de las 72 horas fue modificado en casi todos los países. Guatemala y Nicaragua acordaron mantener los 90 días como plazo, conforme los tratados vigentes, Honduras y Costa Rica establecieron un plazo de 10 días, excepto El Salvador que mantuvo incólume el plazo de 72 horas.

Otra crisis: Costa Rica cierra unilateralmente sus fronteras

Cuando la crisis de las 72 horas parecía superada, estalló otra mucho más grande. El viernes 16 de mayo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, rompió las decisiones adoptadas en la cumbre virtual de presidentes centroamericanos, adoptada el día 12 de marzo, al dictar dos decretos.

El Decreto No 42350-MGP-S reformó algunas disposiciones del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, entre ellas el articulo tres, facultando a las delegaciones de migración en los puestos fronterizos a permitir el ingreso del “(…) personal de medios de transporte internacional terrestre de mercancías (…) únicamente por la cantidad de horas definida por la Dirección General de Migración y Extranjería para tales efectos”.

Esto fue una marcha hacia atrás en relación al Decreto Ejecutivo N° 42238-MGP-S del 17 de marzo del 2020, que permitía el ingreso de los transportistas centroamericanos, precisamente para permitir la libre circulación de mercancías, en momentos de paralización de las economías de la región.

En la misma fecha se emitió el Decreto No 42351-H, que reorganizó las zonas aduaneras primerias y secundarias, en las fronteras de Paso Canoas con Panamá, y de Peñas Blancas con Nicaragua.

Con esos decretos, Costa Rica redujo a cero el plazo de estadía de los conductores de equipos de carga centroamericana. En adelante, los transportistas solo pueden llegar hasta los puestos fronterizos de Paso Canoas o Peñas Blancas. Ahí deben estacionar sus vehículos en la zona primaria, se procede a desinfectar el vehículo.

El furgón o rastra deberá ser remolcado por un cabezal con placas de Costa Rica y con un conductor o piloto también costarricense. Los únicos vehículos que pueden ingresar son aquellos que van en transito hacia Panamá. Pero deben esperar a que se forme una caravana de 21 vehículos, los que serán escoltados por la policía y personal del Ministerio de Salud.

Como era de esperarse, los decretos mencionados, agravaron enormemente la crisis, de hecho, establecieron un cierre de las fronteras de Costa Rica, mientras los camiones de ese país pueden circular libremente por el resto de Centroamérica.

El resultado final ha sido una fila de más de 1600 camiones de toda Centroamérica, estacionados en las largas filas en la frontera de Peñas Blancas.

La repuesta de los transportistas de Panamá, que no pueden salir porque la frontera de Paso Canoas esta cerrado, fue la de bloquear el ingreso de transportistas costarricenses.

Los empresarios claman por abrir las fronteras

Cuando se produjo la primera crisis por el establecimiento de las 72 horas, algunas cámaras empresariales costarricenses pegaron el grito al cielo. Juan Rafael Lizano, Presidente Cámara de Agricultura y Agroindustria de Costa Rica, declaró que el plazo que “están dando, 72 horas para exportación e importación, si no lo hacen en ese tiempo van a poner una multa a los transportistas, esto no puede ser, he recibido llamadas de empresas manifestando su afectación”. (Diario Extra 01/05/2020)

José Manuel Quirce, Presidente Cámara de Exportadores e Importadores de Costa Rica, también declaró que “Nos parece que es muy poco tiempo y estamos tratando de lograr un cambio desde la Cámara, hay que ponerse de acuerdo, pero lo ideal es que se amplíe ese plazo, porque no es suficiente para lo que tienen que hacer”.

El nivel de preocupación de las declaraciones creció con el cierre unilateral de las fronteras de Costa Rica. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, el Caribe y Panamá (FECAEXCA), que reúne a todas las cámaras de exportadores de la región, emitió un comunicado manifestando que “hemos decidido sumarnos a la petición para que esta situación se resuelva urgentemente, dado que este problema afecta a toda Centroamérica y debe evitarse que repercuta en serías implicaciones y daños a la economía que se calculan millonarias” (La Prensa, 19/05/2020)

Medidas sanitarias unilaterales

El detonante del cierre de fronteras se debió a que las pruebas rápidas realizadas a los transportistas centroamericanos en las fronteras, marcaron positivas en 30 casos. Las pruebas rápidas son cuestionables porque las personas que han desarrollado inmunidad marcan positivo. Las únicas pruebas que muestran a una persona contagiada con el virus, aunque sea asintomática, es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), por sus siglas en ingles. Y estas tardan varios días en el laboratorio.

Indudablemente, el gobierno de Costa Rica está obligado a tomar medidas para proteger la salud de sus ciudadanos, pero aquí es donde se manifiesta la crisis del SICA, porque no se cumplieron las medidas adoptadas en el Plan de Contingencia Regional.

El combate a la pandemia debe ser regional

La discusión de fondo gira en torno a si es suficiente que el gobierno de Costa Rica apele a su soberanía, para tomar decisiones unilaterales como el cierre de fronteras, que perjudican al resto de sus vecinos, en una región que está íntimamente vinculada, debido a que somos pequeños países con extensos y profundos vasos comunicantes a nivel económico, social y migratorio.

La decisión de hacer pruebas rápidas de covid, por parte de Costa Rica, no es censurable. En realidad, esta medida debió hacer sido tomada en la reunión virtual por los presidentes centroamericanos, de manera que se hicieran pruebas a todos los conductores, en todos los países, para detectar a las personas contagiadas, y someterlas a cuarentenas en los casos que sea necesario.

Un muestreo masivo en el sector de pilotos o conductores, permitiría mantener abiertas las fronteras para los equipos de carga terrestre. Este muestreo se puede realizar cada dos o tres meses, y el problema quedaría resuelto.

Lo que se ha manifestado, en el fondo, es la crisis del SICA que, en momentos cruciales, como la pandemia de coronavirus, impide tomar mínimas medidas de control sanitario regional. La repuesta a la pandemia ha mostrado que los artificiales Estados nacionales siguen siendo un enorme obstáculo, no solo para el comercio regional, sino también para garantizar la salud de los centroamericanos, incluidos los propios pilotos y conductores, las personas más expuestas al contagio.

Share

Comentarios potenciados por CComment