Por Marcial Rivera

En El Salvador existen grandes y enormes deficiencias en la prestación del servicio de transporte colectivo, tanto a nivel del Área Metropolitana de San Salvador como en las áreas rurales y en el transporte extraurbano. Los esfuerzos que se dieron en su momento durante los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista, fueron en esencia pocos y muy pobres. Desde hace más de diez años los gobiernos de turno han otorgado un subsidio a las distintas gremiales de transporte colectivo. Esto ha significado un gasto enorme para el Estado y una carga pesada para sus finanzas, pues la otorgación de los subsidios implica la erogación de millones de dólares para las distintas gremiales de transporte.

Es sabido que desde distintos sectores de la sociedad se ha hilvanado la idea de nacionalizar el transporte colectivo y que en consecuencia este sea prestado por el Estado. La idea puede en principio puede tener un atisbo de radicalidad si se toma en cuenta que por años este ha sido un servicio que ha sido prestado por la iniciativa privada; no obstante el subsidio ha tenido algunos vaivenes. Una de las condicionantes principales para la otorgación del subsidio ha sido justamente la mejora del servicio. Esto en la práctica no ha tenido mayores implicaciones, pues las unidades de transporte en las áreas urbanas y con mayor énfasis en las áreas rurales, tienen más de diez años de antigüedad, las condiciones de las unidades de transporte siguen siendo precarias e insuficientes, esto sin dejar de mencionar los asaltos de los que son víctimas quienes usan el transporte colectivo y el maltrato que sufren por parte de conductores y auxiliares de cobro de los mismos.

Durante el gobierno actual, se ha propiciado la modernización del transporte por medio del proyecto Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, SITRAMSS, lo que incluye entre otras cosas la construcción de terminales de abordaje de buses, similar a las llamadas Centra Norte y Centra Sur en la Ciudad de Guatemala, y el pago del pasaje por medio de tarjeta electrónica. En el fondo este sistema no tendrá mayores repercusiones en el futuro, por la oposición que existe por parte de distintos sectores, sobre todo de las gremiales empresariales que mediante la prestación del servicio de transporte como de los subsidios han visto acrecentar sus ganancias. En los últimos días se ha hecho evidente que existe descontento por parte de algún sector de la población.

El descontento por la imposición del uso de la tarjeta electrónica, generó una pequeña manifestación en carretera al Puerto de La Libertad. En esencia, la obligatoriedad del uso de la tarjeta prepago no arrojó los resultados esperados, pues hay alguna aversión por parte de la población a usar la tarjeta prepago, lo que obligó a la Asamblea Legislativa a reformar la Ley de Transporte, para que la población tenga la oportunidad de pagar tanto en efectivo como con la tarjeta. Por su parte, representantes de la empresa Sistema Integrado Prepago, SIPAGO consideraron que no era bueno un sistema de pago mixto, en función de la modernización del mismo.

Es innegable que el Área Metropolitana de San Salvador merece un sistema de transporte moderno y digno, que garantice las necesidades que tiene la población para movilizarse, sobre todo de la clase trabajadora que finalmente con su aporte logra impulsar la economía salvadoreña. Dado el incremento poblacional en las áreas urbanas debemos cuestionar si lo planificado en el proyecto SITRAMSS vendrá a darle solución a esta problemática, que no solo estiba en modernizar el sistema de transporte, sino que también debe pasar por otro tipo de reformas a nivel de la composición urbana de las áreas poblacionales.

De fondo habrá que hacer énfasis en que el SITRAMSS implica modernizar la infraestructura de transporte, lo que en esencia vendría a incrementar las ganancias de las gremiales empresariales, es decir nuevamente el Estado -cuyo gobierno es presidido por la 'izquierda'- se coloca en función de la iniciativa privada. Lo que debe pensarse es si es factible que la iniciativa privada siga prestando este servicio; esta coyuntura sería propicia para escuchar las voces de que bregan por la nacionalización del transporte colectivo. Desde el Partido Socialista Centroamericano, creemos que el transporte colectivo debe ser un servicio eficiente, eficaz y digno, lo que no será posible sino bajo la égida del Estado, pero bajo la supervisión de las organizaciones sindicales, campesinas y populares, garantizando, sino la gratuidad, al menos un precio accesible que no afecte las escuálidas economías de los trabajadores. La población debe entonces impulsar la nacionalización del transporte colectivo.