Por Leonardo Ixim

Un plan revelado a mediados de diciembre, cuya implementación estaría a cargo de la oficina para asuntos migratorios y aduanales ICE -por sus siglas en inglés- perteneciente al Departamento de Seguridad Interior, sobre la deportación masiva de migrantes ilegales centroamericanos, ha generado temores en la comunidad latina en Estados Unidos.

Rápidamente varias organizaciones de centroamericanos residentes en ese país empezaron a movilizarse, en un ambiente prelectoral -las elecciones presidenciales serán en noviembre- donde los precandidatos republicanos, algunos de estos de origen cubano como Ted Cruz y Marco Rubio pero sobre todo el ultraderechista Donald Trump han amenazado con deportar a los 11 millones de migrantes que se calcula viven ilegalmente en EU. En el otro extremo, los candidatos demócratas han demostrado ciertas ambigüedades, sobre todo Hillary Clinton, en lo que respecta a detener la represión; más claramente ha sido Berni Sander, quien recordemos se declara socialista y ha llamado a realizar una revolución política contra Wall Street, que en el tema de migración ha prometido una reforma completa en lo que respecta a detener las deportaciones y reconocimiento legal a los residentes.

Pero lo cierto es que el año comenzó con varias redadas contra inmigrantes en diferentes ciudades, que han resultado afectadas por los fallos negativos en los procesos judiciales sobre inmigración; sin embargo las críticas pronunciadas tras la filtración del plan han atenuado momentáneamente estos planes. Esto es el resultado del fracaso del gobierno federal en lo que respecta a la política de entregar la residencia a la población en situación ilegal, por un lado, y la negativa del Partido Republicano a aprobarla; como resultado, este es el gobierno que más ha deportado en los últimos años.

En ese ambiente, buscando salir del atolladero, la administración de Obama puso un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia contra la decisión de un tribunal de la ciudad de New Orleans que busca revertir los programas federales DAPA y DACA. Una situación derivada de todo esto, es el conflicto en lo que respecta a la potestad de los distintos niveles del Estado gringo -federal y estaduales- para dictar la política migratoria, pues muchos de los Estados donde la migración es numerosa están gobernados por políticos antiinmigrantes.

Pero regresando al tema, ante el fracaso la intención de lograr la residencia legal de 11 millones de migrantes, Obama a finales de 2014 prometió implementar un programa para legalizar el estatus migratorio de un poco más de 5 millones de residentes, muchos de ellos padres de estudiantes que ingresaron ilegalmente a territorio estadunidense y que en 2012 lograron su ciudadanía beneficiados por el programa DACA calculándose unos 720,000 jóvenes conocidos como Dreamers; por medio de otra política nombrada como programa para la suspensión temporal de deportación para los padres de estadounidenses DAPA, en sus siglas en inglés. Así como de trabajadores que estando ilegalmente contribuyen a generar la riqueza en ese país y que además por medio de las remesas evitan un desplome de las economías del triángulo norte. Sin embargo, la oposición de los republicanos que demagógicamente adujeron apoyar estos programas si se arreciaba la represión en la frontera sur fue lo que primó y Obama obedientemente la ha recrudecido, militarizándola aún más.

En lo que va del año han sido detenidos 121 inmigrantes en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte, que tienen orden de deportación por cortes migratorias (La Opinión 24-01-16). Pero en el año fiscal pasado que terminó el 30 de septiembre se deportó a 230 mil personas, siendo un 42 % menor que el año fiscal antepasado, cuando se deportó a 409 mil (La Nación 19-01-16). De ahí que Obama se haya ganado el epíteto del patrón de las deportaciones

El plan mencionado, revelado en diciembre, hace referencia que entre quienes serán deportados estarán personas que hayan tenido alguna sentencia judicial o indicios de haber participado en crímenes. Sin embargo como vemos, en su mayoría son migrantes que entraron ilegalmente en los dos últimos años y fueron detenidos por el ICE, llevados a tribunales migratorios cuyas sentencias fueron injustas; por tanto aquí se está criminalizando la migración sin considerar las causas sociales que la originan.

Por otra parte, desde noviembre hasta la fecha la Policía Fronteriza arrestó a más de 5 mil niños que viajaban solos, de los 64,541 detenidos en el año pasado fiscal de ese país (Univisión 24-12-15); de esta forma se evidencia que el repunte de menores que viajan solos hacia ese país no se ha detenido y la crisis en nuestros países se agudiza con más fuerza, siendo esto lo que llevó a presentar el Plan Alianza Para la Prosperidad.

Plan Alianza Para la Prosperidad y el reajuste de los montos

Irónicamente, el embajador gringo en Guatemala Todd Robinson recibió a inicios de enero a los primeros migrantes deportados del año, ofreciendo que el plan Alianza Para la Prosperidad iba a revertir tal situación. Pero la actitud demagógica no acaba aquí. En el marco de la toma de posesión de Jimmy Morales en Guatemala, los presidentes de Honduras y El Salvador, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Cerén respectivamente, junto a Morales, se reunieron con el vicepresidente John Biden, quien les ofreció a cambio de implementar medidas de fortalecimiento del estado de derecho, la tan ansiada ayuda contemplada en tal plan.

Este plan -que nació supuestamente por iniciativa de los tres gobiernos centroamericanos que mostraron una actitud de súbditos incluyendo el “izquierdista” gobierno de El Salvador- contemplaba la aprobación de un monto de mil millones de dólares para proyectos de inversión productiva y de fortalecimiento del estado de derecho; más un monto no contemplado que corresponde a los gobiernos locales. Sin embargo al final el Congreso estadounidense terminó aprobando $ 750 millones dentro del presupuesto federal para implementar el plan.

El paquete aprobado estará distribuido en, un 40 % en programas de desarrollo, 24 por ciento en asistencia económica y 30 % en iniciativas de seguridad y la revisión periódica de parte del imperialismo en el cumplimiento de las tareas de cada país (La Prensa 18-01-16). Un componente principal será para detener la migración usando medidas disuasivas, represivas y de generación de empleo -sin especificar bajo que términos-. Así, a El Salvador le corresponde $ 65 millones, Honduras $ 98 millones y Guatemala $ 112 millones. El 75 por ciento restante, uno poco más de $ 400 millones están condicionados a la aprobación del senado gringo; sin embargo la ejecución de estos fondos será vía USAID (Prensa Libre 19-01-16), lo cual reduce la capacidad de estos países para redirigir esos montos. Recordemos que El Salvador por aparte, contempla un plan de inversión en infraestructura y desarrollo turístico con fondos gringos conocido como Fon milenio II.

Morales por otro lado dijo que la partida de correspondencia de Guatemala sería de $ 875 millones (El Periódico 20-01-16) un monto elevadísimo en un presupuesto que se proyecta desfinanciado y para el cual los mismos personeros del nuevo gobierno ya contemplan pedir la aprobación de bonos. De los otros dos países no se tiene información al respecto. Lo cierto es que el desembolso vía ejecución de la USAID mas lo que se contempla completar los $ 750 millones, se enfocará en proyectos de conexión multimodal para modernizar las vías de comunicación por medio de las alianzas público-privadas en toda la región; de generación de energía eléctrica, mejoramiento en la interconexión regional y proyectos de energía renovable, abriendo el mercado al capital gringo y de una equiparación entre los precios de generación y de comercialización para reducir costos a la capacidad productiva instalada, pues los empresarios se quejan de sus costos.

La contrapartida es garantizar instituciones sólidas en el marco de una democracia liberal vía la CICIG para Guatemala que acaba recibir una donación de parte del gobierno gringo, la recientemente instalada MACCIH para Honduras y que maduren los acuerdos de la interpartidaria entre Arena y el FMLN para repartirse el poder estatal, aunque no se descarta otra misión o comisión similar en ese país.

No a las demagogias

Llamamos a las organización de migrantes, sindicatos y comunales en EU, a no dejarse engañar por la política del Partido Demócrata -con las cuales muchas tienen vínculos-, a combatir al retórica reaccionaria de los republicanos y exigir una amnistía para todos los migrantes en situación ilegal, reconociendo su derecho a la residencia y a la ciudadanía. Además de movilizarse para detener las políticas militaristas permitiendo la entrada de todos los que desean migrar hacia el norte, emplazando a Sander y demás grupos de izquierda que lo apoyan a disputarle el poder a los monopolios en el corazón del imperio, tal como retóricamente menciona.