Por Marcial Rivera
Desde octubre de 2013 el número de niños migrantes que son trasladados desde Centroamérica hacia Estados Unidos de forma indocumentada ha aumentado dramáticamente. La falta de albergues para dar refugio a los niños capturados en la frontera ha ocasionado que los mismos sean trasladados a bases militares, en donde viven en condiciones infrahumanas, pues carecen de suficiente agua, alimentos, se encuentran y duermen en hacinamiento. El 20 de junio se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Guatemala entre el vicepresidente estadounidense Joe Biden, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, y el coordinador del gobierno Hondureño Ramón Hernández. Tocaron precisamente el problema de los niños migrantes, y el gobierno estadounidense dejó sentada su posición en cuanto a la deportación de los menores que de forma indocumentada viajan a Estados Unidos, pues ha calificado esta situación como 'insostenible', aunque también reconoció que tiene mucha responsabilidad al momento de abordar el tema migratorio.
El tema de la inmigración ilegal ha trascendido los cánones tradicionales bajo los que se trataba este problema; ya no se trata de inmigrantes que en busca del 'sueño americano' emprenden un viaje por demás peligroso, atravesando distintos obstáculos durante su trayecto. También se trata de la necesidad de reunificación familiar, que es una de las principales razones por las que los menores también emprenden estos viajes. A esto se debe agregar que el hecho de huir de la violencia, la pobreza, y la marginalidad en la que se vive en Guatemala, Honduras y El Salvador, es otra razón más por la que estos niños son 'mandados a traer' por sus familiares en Estados Unidos, principalmente padres o madres, quienes ya llevan algún tiempo viviendo allí.
Biden prometió que su gobierno destinará US$254 millones para detener la migración, además de otros montos adicionales de dinero ejecutados por la agencia de cooperación para el desarrollo internacional USAID. El objetivo es destinar cantidades enormes de dinero en materia de cooperación para implementar programas de formación y otros proyectos que ayuden a frenar la idea de migrar a Estados Unidos. No obstante, hay que recordar que el fenómeno de la migración no es nuevo, y que responde precisamente a problemas de carácter estructural.
En Guatemala y El salvador, al firmarse los acuerdos de paz no se definió una política económica a implementar, lo que tuvo enorme incidencia en el aumento de la pobreza, la marginalidad social, la desigualdad y otros problemas conexos; ello ha impulsado a nuestros trabajadores a buscar un mejor futuro fuera de la región, en los Estados Unidos. Pero también hay que mencionar que a nivel Centroamericano se dan flujos migratorios importantes: la comunidad más importante de migrantes en Guatemala, proviene de El Salvador; Costa Rica acoge a una cantidad importante de migrantes nicaragüenses; el oriente Salvadoreño es testigo del trabajo temporal de nicaragüenses y hondureños, que en la época de la 'zafra' del azúcar y del corte de café, se alistan a trabajar en labores agrícolas. No obstante lo anterior, los gobiernos de la región no han logrado unificar criterios para dar tratamiento a estos migrantes en el sentido de homologar derechos en sus respectivos territorios y de batallar por mayores niveles de seguridad jurídica para los ciudadanos centroamericanos; como reza el dicho popular, no se puede ser ‘Candil de la calle y oscuridad de la casa’.
La política elaborada desde el gobierno estadounidense es clara, y aunque el presidente Obama reflejaba algún nivel de esperanza en el tema migratorio, la realidad es distinta. De enero a abril de este año Estados Unidos repatrió 18 mil 497 guatemaltecos, 24% más que los que devolvió en 2013, por lo que si la tendencia continúa, a finales de este año habrán sido deportados 65 mil guatemaltecos aproximadamente, a los que hay que agregar los 30 mil que, en promedio, México intercepta y deporta.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) planteamos que una reforma migratoria de carácter integral es necesaria para legalizar los millones de migrantes que se encuentran de forma indocumentada y que son sobreexplotados por los capitalistas estadounidenses. El drama de los niños migrantes es responsabilidad de las políticas neoliberales impulsadas por las oligarquías centroamericanas y los organismos financieros del imperialismo, que solo han generado pobreza, miseria y desigualdad en la región. No obstante lo anterior, también habrá que homologar esquemas migratorios y de derechos a nivel intra-regional.