Por Leonardo Ixim

Los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía nacional y trasnacional por apoderarse de los bienes públicos no tienen limites, ahora en este caso es la privatización de los caminos y carreteras del país, en ese sentido la población del municipio del Puerto de San Jose en el sureño departamento de Escuintla realizo una consulta municipal donde se expresó el rechazo a instalar un peaje en la carretera que unirá la cabecera departamental Escuintla, con el mencionado municipio.

En noviembre de 2018 el Congreso de la Republica aprobó con los votos del bloque conservador en el poder, durante el gobierno del FCN-Nación a través del decreto18-2021, la concesión para la construcción de esta carretera y el derecho a cobrar peaje en ella como parte de las denominadas alianzas público-privada coordinada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), una forma velada de privatización.

En el caso de esta importante carretera,  la empresa beneficiada es Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convia) bajo el proyecto “Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla–Puerto Quetzal con Cobro de Peaje” por un monto entregado por el Estado  por Q1 mil 100 millones, sin embargo tal empresa está relacionada a la trasnacional mexicana Marhnos que opera desde la década de los noventa del siglo pasado la autopista Palin-Escuintla por medio de peaje, la diferencia es que en Convia existe además capital nacional involucrado.

El decreto legislativo mencionado dice, que el 60 por ciento de lo cobrado por el peaje pasara directamente al gobierno, a las municipalidades que afecta el proyecto, a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y al Consejo Municipal de Desarrollo (CODEDE) del departamento de Escuintla y el 40 % restante para la empresa,  para uso de operación y mantenimiento por 25 años, tiempo que pasara al Estado. Lo que nunca dicen claro es,  cuanto de esto es parte de la ganancia empresarial y si realmente todos estos montos son ciertos.

Recordemos que desde la década de los noventa dentro del plan de ajuste estructural neoliberal impulsado en el gobierno de Álvaro Arzú se redujo las intervención Estatal en materia de construcción de carreteras,  que era una función del CIV. Esto dio auge a una serie de empresas privadas muchas veces sin capacidades reales para eso y que fue caldo de cultivo para la corrupción y la compra de voluntades a funcionarios y  además para el financiamiento electoral ilícito. De tal forma que el CIV se quedó solamente como concesionario de obras y encargado de un fondo (COVIAL) que es una forma de financiamiento directo del Estado a estas empresas.

Sin embargo sectores tradicionales del capital fueron quedando relegados y es así que estos en los últimos años impulsaron las alianzas público-privado por medio de una instancia formalmente estatal, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE),  que no se centra solo en la construcción de carreteras y que obviamente, los sectores tradicionales de la burguesía manejan.

En el caso de esta carretera, las promesas de inversión social que seran distribuidas en la poblacion via gobiernos municipales y Consejos de Desarrollo se queda corto,  por los costos de peaje que se cobrara, el cual esta  más o menos Q20, un poco más de dos dólares, afectando directamente el bolsillo de la población. Es así, que diversas grupos como los COCODES del Puerto de San Jose y otros municipios, el Sindicato de Trabajadores del Puerto Quetzal (principal puerto de carga en el Pacifico),  el Sindicato de Transportistas de Puerto San Jose, la iglesia católica local y otros impulsaron esta consulta vecinal realizada por la municipalidad de Puerto San Jose.

Según reportó Prensa Comunitaria, en la consulta de un total de 35,001 votantes de este municipio, solamente participaron 4,861 votantes, de los cuales 4 mil 734 fueron en contra de la privatización de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, 55 votaron a favor, 64 votos nulos y cero en blanco. Sin embargo para que esta fuera valida,  debió haber participado el 20 % del padrón electoral municipal, un poco más de 7 mil votantes.

Pese a eso se demostró un abrumador rechazo de los que acudieron a votar,  evidenciando  un campaña de manipulación de parte de la empresa y el gobierno para lograr que buena parte de la población no acudiera a votar. Esta y otras consultas municipales como la realizada el año pasado contra un proyecto minero en Asunción Mita donde hubo una participación optima y se demostró también rechazo, pese a estar dentro del marco legal del Código Municipal, el gobierno de Giammatei y la burguesía irrespeta.

Es asi que solamente por medio de la movilización articulándose a otras demandas de la clase trabajadora y en contra del fraude que el partido Vamos piensa imponer,  se lograra detener estos planes de ajuste contra la clase proletaria y los pueblos que habitamos este territorio.

Por Oliverio Mejía

La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de rechazar la acción de amparo del Movimiento Para Liberación de los Pueblos (MLP) el pasado 15 de febrero, posterior a que el Tribunal Supremo Electoral avalara la decisión del Registro de Ciudadanos de no inscribir el  binomio presidencial de esa agrupación, conformado por Thelma Cabrera como candidata presidencial y Jordán Rodas como candidato vicepresidencial, confirma que los mecanismos electorales y de justicia han cerrado filas contra esa candidatura.

Al día siguiente de conocer la decisión de la CSJ,  se realizaron protestas como concentraciones y marchas  en varios puntos del país, de parte de la Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), del que el MLP  es instrumento electoral; a la vez, el equipo de abogados de este último interpuso otro recurso legal ante la Corte de Constitucional (CC), pero recordemos que este ente –que es el máximo órgano en materia de amparos e inconstitucionalidades- está controlado por diversas facciones del bloque en el poder.

A la par de esto, el binomio presidencial también estuvo en Washington reunido con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando esa decisión, por la violación al derecho de ser electo y a elegir de parte de esas instituciones del poder público y por ende del Estado de Guatemala.

CODECA-MLP se ha caracterizado por una oposición férrea al proyecto neoliberal y extractivista de la oligarquía y las demás facciones burguesas, como por ejemplo con la consigna de la nacionalización de los bienes públicos privatizados y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular para transformar el Estado actual. Aunque como hemos mencionado nosotros, pesa aun una visión fetichista de la pequeña propiedad campesina, pero que en la medida se posiciona contra la derecha, va asumiendo demandas de otros sectores sociales como el proletariado y distintas capas sociales populares, afectadas por este modelo económico; aunque algunos sectores sindicales relevantes, como el de salud, opinan que no se sienten representados el programa del MLP.

Por otro lado, otra candidatura que fue denegada ha sido la de Roberto Arzú García- Granados, presentada por el partido Podemos. Este personaje es un elemento díscolo de las facciones oligarcas,  que  pese a ser parte del clan de los Arzú, está alejado de su otro hermano Álvaro Arzú del Partido Unionista, el cual va en alianza con el partido Valor de Zuri Ríos Sosa. Se ha caracterizado por propuestas populistas como la de bajar el precio de la energía eléctrica. De igual forma la CSJ denegó un amparo ante la negativa del TSE de inscribir esta candidatura.

A la vez la candidatura de Ríos Sosa y de Héctor Cifuentes, un elemento cercano al Unionismo y ex funcionario de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, donde este partido ha tenido su feudo, consiguió su credencial para participar en la contienda electoral de parte del TSE. Recordemos que Ríos es hija del ex general Efraín Ríos Montt que protagonizó un golpe de Estado en 1982 y que según, la Constitución Política actual de 1985, a estos y sus familiares se les impide acceder a un cargo de elección pública. Sin embargo, esta candidatura refleja intereses de las facciones más conservadoras de la oligarquía y cuenta con apoyo especial en la CC, donde hay una repartición de magistrados entre aquellas y otros grupos afines al partido de gobierno, Vamos.

Otra candidatura que tiene impugnaciones para participar es la de la Unidad Nacional de la Esperanza, de la ex primera dama Sandra Torres Casanova como candidata presidencial, junto a  Romero Estuardo Guerra para la vice presidencia, un pastor evangélico, hecho que la Constitución también prohíbe, la participación de ministros de culto de religiones. Esta candidatura ha sido impugnada por el candidato presidencial del partido Todos Ricardo Sagastume, ex ministro de economía del gobierno de Otto Pérez Molina.

La prohibición de la candidatura del MLP es una medida antidemocrática que busca vedarle la participación a una opción anti sistema que cuenta con respaldo del electorado y que se muestra con chances de disputar una segunda vuelta.

Los socialistas centroamericanos consideramos que solamente con la movilización popular se puede evidenciar y denunciar la preparación a un fraude electoral de parte del actual partido de gobierno; sin embargo, CODECA debe generar alianzas con otras fuerzas sociales como las aglutinadas en el Bloque Democrático Independiente que apoya la coalición Winaq-URNG y otras fuerzas dispersas, dejando a un lado su sectarismo y su pretensión de ser los únicos representantes del pueblo, para hacerle frente a estas medidas dictatoriales.

Por Armando Tezucún

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue creado en octubre de 1946, durante el gobierno de Juan José Arévalo, el primero de los gobiernos de la década de régimen democrático de 1944 a 1954. La ley que lo creó especifica que es un ente autónomo del Estado, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social, de conformidad con el sistema de protección mínima. La constitución de 1985 señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación.

Por muy buenas intenciones que hayan tenido los congresistas y constituyentes que aprobaron estas leyes, lo cierto es que los servicios del IGSS solamente benefician a las y los trabajadores en situación de dependencia con un empleo formal, que sabemos que es una minoría; para 2021 el dato es de 1,388,248 afiliados (https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/09/Boletin-EstadIstico-de-Afiliacion-2021-IGSS.pdf), el 18.74% de la población económicamente activa correspondiente a ese año (no hay datos globales disponibles para 2022).

Por otro lado, como toda institución del Estado burgués, el IGSS ha sido objeto de continuos saqueos y negocios turbios de parte de sus directivos. La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigó al menos dos casos de corrupción en torno al IGSS, el caso “IGSS-Pisa” y el caso “Negociantes de la Salud”; con el control de las cortes de justicia por parte de las estructuras corruptas de empresarios y políticos, la gran mayoría de los capturados por estos casos fueron absueltos y ahora gozan de libertad.

El acuerdo 1529

Con la intención de incrementar el número de afiliados y mejorar los ingresos de la institución, la Junta Directiva del IGSS emitió el acuerdo 1529, que fue dado a conocer a inicios del mes de febrero. Según esta disposición, todos los patronos que tengan al menos un trabajador deberán registrarse al IGSS y afiliar a sus empleados, eliminando el acuerdo 1123, según el cual el registro debía ser a partir del empleo de 3 trabajadores; la nueva disposición está vigente desde el 17 de enero, y según una vocera de la institución, la medida se tomó para incentivar la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como emprendimientos, al sistema de seguridad social (Prensa Libre 1/02/2023).  

De acuerdo a la nueva norma, los trabajadores podrán solicitar una inscripción de oficio, en caso de que los patronos no la hagan, media vez acrediten su relación laboral mediante un contrato de trabajo, considerándose suficiente la existencia de un contrato verbal válido. Entre otras novedades, en adelante se considerará como centro de trabajo la casa de habitación o domicilio, si el trabajo es ejecutado en la misma, y se podrán afiliar el dueño, accionista, representante legal o miembro del consejo de administración si figuran en la planilla. Quienes no están incluidos son las y los empleados domésticos, que tienen un programa específico en el IGSS.

Unos días después, el IGSS emitió un comunicado aclarando que la incorporación de nuevos patronos y afiliados se hará de forma gradual, seis meses después de la entrada en vigencia del acuerdo, para dar tiempo a que la institución incremente su capacidad tecnológica y administrativa, para lo cual elaborará un plan de trabajo. Además, señaló que “El acuerdo aplica solamente a las empresas formalmente constituidas, es decir, aquellas que cuentan con patente de comercio vigente y se iniciará con el Sector Comercio y Servicios, posteriormente se incorporarán otros sectores de la sociedad” (La Hora 5/02/2023). La institución espera incorporar a 380 mil nuevos afiliados en tres años, gracias a esta decisión.

La nueva disposición es insuficiente

El acuerdo 1529 deja muchas dudas. En primer lugar, su intención es incorporar al sistema de seguridad social a las mipymes y pequeños negocios, lo que nos recuerda el discurso de los grandes empresarios, cuando para oponerse a cualquier reforma fiscal que afecte sus bolsillos sostienen que son estas pequeñas empresas la que tienen que pagar impuestos para mejorar los ingresos fiscales del Estado ¿pretende el IGSS mejorar sus ingresos a costa del pequeño empresariado, para no enfrentarse los grandes tiburones que no cumplen sus obligaciones?

Indudablemente las y los trabajadores de las pequeñas empresas tienen todo el derecho de gozar de los beneficios del IGSS, y la institución tiene la obligación de incorporar a estos compañeros, facilitando a la vez a los pequeños empresarios el proceso, para afectar lo menos posible las finanzas de la empresa y su supervivencia.

Creemos que es un tema complejo, pues con mucha frecuencia las pequeñas empresas logran subsistir precisamente gracias a la informalidad, al pago de salarios por abajo del mínimo, al no pago de prestaciones sociales, y al irrespeto de horarios de trabajo. Y está también el caso de la tiendas y tortillerías de barrio, donde jovencitas y jovencitos traídos del interior, con frecuencia indígenas, trabajan en condiciones deplorables sin ninguna garantía social ni salarios decentes.

Además, el hecho de que el acuerdo aplique solamente a las empresas con patente de comercio, deja por fuera a una gran cantidad de compañeras y compañeros que trabajan en negocios informales bajo condiciones de sobreexplotación.   

Los empresarios le echan la culpa al Estado

Como respuesta a la disposición decretada por el IGSS, las cámaras de empresarios empezaron a pronunciarse, y lo primero que hicieron fue criticar el acuerdo 1529, reclamando que ahora las empresas con un empleado tendrán que inscribirse, mientras el Estado mantiene una deuda millonaria con el IGSS, y no paga lo correspondiente a sus más de 354 mil trabajadores.

La Cámara de Comercio Guatemalteca, en un comunicado del 7 de febrero, sostuvo que “es inadmisible que los organismos del Estado de Guatemala no cumplan ante el IGSS” con la cuota patronal; explicó que la deuda del Estado acumulada desde 1957 a la fecha es de más de Q 60 mil millones (unos US$ 7,600 millones) “aspecto que socava la estabilidad financiera del sistema y recarga de forma injusta el sostenimiento de los servicios que presta, sobre los aportes de los patronos privados y trabajadores…” (Prensa Libre 7/02/2023). En el mismo sentido se pronunciaron la Cámara del Agro y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana.

Si bien es cierto el dato de la enorme deuda que tiene el Estado con el IGSS, los empresarios se hacen de la vista gorda con la evasión que muchos de ellos hacen con el pago de cuotas. De estos casos no hay cifras globales documentadas, pero los compañeros de los sindicatos conocen de sobra los numerosos casos en que los patronos descuentan de los salarios de los trabajadores las cuotas del IGSS, pero no trasladan el monto a la institución, ni pagan la cuota patronal, de modo que cuando los empleados necesitan ser atendidos, se les niega el servicio. Hacia marzo de 2022 la deuda de los empresarios con el IGSS ascendía a Q 2,797.9 millones (Prensa Libre 14/02/2023).

El Estado burgués afecta a las y los trabajadores

Del dato de la acumulación de deuda del Estado con el IGSS a partir de 1957 deducimos que, con la contrarrevolución de 1954, la oligarquía y los militares decidieron socavar una de las instituciones que constituyó uno de los logros de la década democrático que beneficia a los trabajadores. Los gobiernos reaccionarios no solo persiguieron, encarcelaron y asesinaron a sindicalistas, campesinos y dirigentes democráticos, sino que pretendieron hacer retroceder los logros institucionales del período democrático.

De acuerdo a la Ley Orgánica del IGSS, artículo 40, decreto 295, la cuota del Estado como tal y como patrono, “se debe financiar con los impuestos que se creen o determinen para tal efecto” (Prensa Libre 14/02/2023). La creación de este o estos impuestos es atribución del Congreso de la República, pero éste nunca se ha ocupado de crear estos gravámenes para cumplir las obligaciones del Estado con el IGSS; sin ello, los sucesivos gobiernos se han negado a reconocer la astronómica deuda. El Ministerio de Finanzas aclaró que, a pesar de no haber un impuesto específico para los pagos al IGSS, siempre se ha incluido un aporte en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. En 2023 este aporte asciende a Q 1,400 millones, menos de la tercera parte del monto solicitado por el IGSS para el pago de las cuotas, Q4,500 millones; obviamente, la deuda del Estado no hace más que crecer cada año.

Por una reforma del IGSS en beneficio de las trabajadoras y trabajadores

La promulgación del artículo 1529 ha puesto de nuevo sobre el tapete el tema de la seguridad social en Guatemala y al IGSS como institución. Desde hace años se viene hablando de la crisis por la que atraviesa el instituto, la deficiencia en sus servicios, la baja calidad de las medicinas que prescribe, la privatización la atención en la medida en que recurre a la contratación de clínicas privadas para la realización de exámenes para los que no tiene el equipo necesario, etc.

Indudablemente que la culpa de la situación la tiene los manejos corruptos de los directivos, y la evasión del pago de cuotas por parte del Estado y los patronos. Exigimos al gobierno que elabore a la mayor brevedad un proyecto de ley que cree un impuesto a las ganancias de las grandes empresas para que se salde la deuda del Estado con el IGSS. Los sindicatos, en especial los de trabajadores del Seguro Social, tienen la tarea de denuncias a los patronos que no cumplen con la cotización y vigilar por el manejo transparente de los fondos de la institución. En el caso de las pequeñas empresas que deberán afiliar a sus trabajadores, proponemos que se les baje la cuota del 10% sobre los salarios que deben aportar al IGSS al 4%, y se compense aumentando sustancialmente la cuota que deben aportar las grandes empresas.

Por Armando Tezucún

El ataque contra las libertades y derechos democráticos por parte de las estructuras de poder conservadoras y corruptas, tiene como uno de sus principales pilares la persecución de funcionarios del sistema de justicia que en el pasado tuvieron a su cargo casos de corrupción, enjuiciando y encarcelando funcionarios, políticos, empresarios y militares; recordemos que alrededor de 36 jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos se encuentran en el exilio, en la cárcel o enfrentan acusaciones espurias en los juzgados.

El 16 de enero inició un nuevo episodio de esta vengativa caza de operadores de justicia, esta vez con implicaciones internacionales. Ese día, el Ministerio Público (MP), a través del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dio a conocer la emisión de una orden de captura contra cuatro personas relacionadas con el caso Odebrecht por los supuestos delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Estas personas son Thelma Aldana, ex jefa del MP y ahora en el exilio; Mayra Véliz, exsecretaria general del MP; el exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Luis David Gaitán; y Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM) y exasesor de la empresa constructora Odebrecht.

Además, Curruchiche manifestó que la FECI iniciará acciones legales para que “…respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el exjefe de la CICIG Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón”, ambos de nacionalidad colombiana (Prensa Libre 16/01/2023). Pero sucede que Velásquez es ahora ministro de defensa del gobierno de Gustavo Petro, que asumió su mandato en Colombia en agosto de 2022, lo que lanzó el caso al terreno internacional.

Para que tengamos un atisbo de cómo está funcionando el sistema de justicia en Guatemala, diremos que la jueza que giró las órdenes de captura es Carol Patricia Flores Polanco, quien a solicitud de la CICIG perdió su inmunidad en 2015, acusada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deber de presentar declaración jurada patrimonial. Además, en 2011 cerró el proceso que se seguía contra el actual presidente Alejandro Giammattei por el caso de ejecuciones extrajudiciales, cuando fue jefe del Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007.

¿Cuál es la acusación?

De acuerdo a lo que Curruchiche afirmó, los acusados con culpables de haber negociado acuerdos de colaboración eficaz con los brasileños exdirectivos de la empresa Odebrecht, Marcos de Cerqueira Machado y Luiz Antonio Mameri. En virtud de estos acuerdos, los exdirectivos facilitarían la información sobre los sobornos que pagó la empresa a ministros, diputados y otros funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina (2012 – 2015), para que fuera aprobado el contrato de construcción de una carretera; a cambio, enfrentarían un proceso penal por cohecho activo y pagarían una multa de Q 500 mil. Estos acuerdos fueron legalmente aprobados en septiembre de 2017 por la jueza Claudeth Domínguez, de Juzgado de Mayor Riesgo A, y avalados por la Corte Suprema de Justicia.

El argumento del jefe de la FECI es que la negociación fue firmada en Brasil, donde los fiscales guatemaltecos no tenían la competencia para suscribir ese tipo de acuerdos de colaboración eficaz, y que el Estado de Guatemala perdió US$ 384 millones que Odebrecht recibió del Estado y debía pagarle como compensación el manejo corrupto del negocio. Curruchiche acompañó los cargos con epítetos como “oscuras y corruptas negociaciones”, “actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al Estado de Guatemala”, y más adelante acusó a Velásquez de ser parte de una “estructura criminal” que operaba dentro del MP (Prensa Libre 16-17/01/2023).

El caso de la empresa Odebrecht

Los manejos de la brasileña empresa constructora Odebrecht ejemplifican a lo grande el funcionamiento normal del capitalismo en todo el planeta, en mayor o menor medida, según cada país; deja en claro que los negocios de las empresas no marchan sin acuerdos fraudulentos y corruptos con los gobiernos, para obtener permisos, aprobaciones y sobre todo contratos para obra pública o fabricación de bienes para uso del Estado, es la naturaleza del orden burgués. 

Esta empresa pagó sobornos en al menos 12 países a funcionarios gubernamentales de todo tipo para obtener contratos de construcción de obras públicas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo la investigación a partir de 2016, en la que participaron fiscales de al menos 10 países. Entre los presidentes latinoamericanos implicados están Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Álvaro Uribe, Gustavo Noboa, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli, Alan García y Ollanta Humala.

En Guatemala resultó implicado el gobierno de Otto Pérez Molina y el Congreso en funciones en esa época, que autorizó la construcción, por Odebrecht, de una carretera de cuatro carriles y cien kilómetros de longitud entre Suchitepéquez y San Marcos. El gobierno destinó el pago US$ 384 millones a la empresa por el proyecto, que no se concretó debido a las investigaciones realizadas por la FECI de ese entonces. Entre 2012 y 2013 se dieron las negociaciones entre Odebrecht y el entonces ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, que culminaron con el acuerdo de un pago de US$ 9.9 millones para el ministro a cambio de que avanzara el proyecto; el Congreso aprobó el primer borrador del contrato sin hacerle modificaciones, y del primer anticipo de la obra, por US$ 38 millones, salió el pago de coimas para los funcionarios, incluyendo diputados del Congreso. Entre los beneficiados por los sobornos están el exdiputado Manuel Baldizón, jefe del extinto partido Lider y excandidato presidencial en 2011 y 2015, y el exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti. Baldizón fue capturado en Estados Unidos en enero de 2018 bajo cargos de lavado de dinero y conspiración; en noviembre de 2019 fue condenado a cuatro años de prisión, pero fue liberado y deportado a Guatemala en junio de 2022, donde fue encarcelado por el caso Odebrecht.

El MP y la FECI manipulan el caso Odebrecht

Las estructuras de poder antidemocráticas y corruptas están empeñadas en revertir los procesos legales impulsados por los organismos de justicia cuando aún eran independientes. Así, en noviembre de 2022 el juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin materia legal la audiencia desarrollada el 8 de septiembre de 2017, en la que los exdirectivos de Odebrecht rindieron declaración implicando a una serie de funcionarios en actos de corrupción, poniendo en práctica el acuerdo de colaboración eficaz firmado por la FECI de ese momento, perdiendo validez su testimonio. Así, el caso iniciaría desde cero y el acuerdo de colaboración quedó anulado.

La primera consecuencia fue que Baldizón se vio beneficiado con arresto domiciliar y una multa, y lanzó su candidatura a diputado por el partido Cambio. Sinibaldi también fue beneficiado con medida sustitutiva, pero no puede dejar la cárcel porque pesan sobre él acusaciones por otros casos. Y Curruchiche quedó con las manos libres para iniciar una nueva persecución contra los exfuncionarios del MP, la FECI y la CICIG.

El gobierno colombiano reacciona

La administración del presidente Gustavo Petro reaccionó vivamente al anuncio de que el MP guatemalteco iniciaría acciones legales contra su ministro de defensa. La primera medida fue llamar a consulta a la embajadora colombiana en Guatemala, Victoria González Ariza. Petro defendió airadamente a su ministro: “Jamás aceptará la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta” (Prensa Libre 16/01/2023).

Por su parte, Velásquez afirmó que contaba con “la tranquilidad de que el trabajo en Guatemala se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparó el funcionamiento de la CICIG” y que aún no había sido notificado sobre algún requerimiento de las autoridades guatemaltecas (La Hora 16/01/2023).

En respuesta, el gobierno de Giammattei reaccionó llamar también a consulta a su embajadora en Colombia, Reagan Vega. En un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que “lamenta que el gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes … hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas” (Prensa Libre 17/01/2023).

En los siguientes días se dio un agrio intercambio de declaraciones, Petro y su vicepresidente Francia Márquez defendiendo a Velásquez: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, “Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al ministro de defensa … un ser humano ejemplo de dignidad y entereza…” (Prensa Libre 17/01/2023). Curruchiche acusando en entrevistas a radios colombianas a Velásquez de ser parte de una estructura criminal, aunque reconoció que no tiene pruebas de que haya recibido dinero por la negociación de los acuerdos de colaboración eficaz.

El presidente guatemalteco Giammattei intentó llamar a la cordura y a una solución diplomática, pero con su habitual imprudencia declaró: “voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político” … “En este caso le diría al señor Petro -tal vez el problema es que después de haber sido perseguido y traficante y todo no comprenda mucho la situación…”. A esto el mandatario colombiano respondió: “Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad al genocidio” (Prensa Libre 17/01/2023).

Se calman las aguas

Con los días, las cosas se fueron calmando. La ONU, organismo al que perteneció la CICIG, aclaró que los exfuncionarios de la misma gozan todavía de impunidad, a pesar de que el ente ya no existe; por tanto, Velásquez no puede ser sujeto de persecución penal. Ambos gobiernos acordaron que sus cancilleres se reunirían durante la cumbre de la CELAC realizada en Buenos Aires, donde ambos funcionarios tuvieron una reunión cordial para empezar a normalizar las relaciones bilaterales.

El gobierno de Petro, un exguerrillero cuyo gobierno de centro se propone “desarrollar el capitalismo colombiano”, ganó las elecciones de 2022 con el apoyo de organizaciones populares y sociales, capitalizando el descontento de las masas manifestado en el Paro Nacional del primer semestre de 2021. Las acusaciones del gobierno guatemalteco contra el ministro Velásquez fueron aprovechadas por la extrema derecha para atacar acremente al gobierno de Petro.

La burguesía colombiana tiene un importante papel en la inversión extranjera de la economía guatemalteca, y podemos afirmar que existe una identidad de intereses entre la oligarquía conservadora guatemalteca y los capitalistas colombianos que se expresan a través de la extrema derecha adversaria de Petro.

Es de primera importancia reforzar la lucha contra el avance del autoritarismo y el ataque a las libertades democráticas por parte de las fuerzas conservadoras representadas por el gobierno de Giammattei. Reiteramos nuestro llamado a las organizaciones sindicales, campesinas indígenas populares a que nos movilicemos incansablemente por la defensa de los derechos democráticos y frenemos la creciente instauración de un régimen dictatorial.