Por Armando Tezucún

Los días 11 y 12 de abril se llevó a cabo en Guatemala la III Conferencia Internacional de Solidaridad con Guatemala “Defensa de la Democracia y los Derechos Laborales”. Esta conferencia fue realizada como un esfuerzo conjunto entre la Mesa Sindical CSA Guatemala (integrada por las centrales sindicales guatemaltecas CGTG, CUSG y Unsitragua Histórica), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El objetivo de la actividad fue: “Reflexionar sobre el actual contexto político de Guatemala, las históricas condiciones de violencia, impunidad y déficits en materia de derechos humanos y laborales, para formular propuestas a elevar hacia el gobierno y al Estado que contribuyan a profundizar la democracia, el estado de derecho y de esta manera el pleno respeto a los derechos humanos, y la adopción de medidas concretas por un desarrollo político, económico y social con empleos decentes y garantía de la libertad sindical como elementos de justicia social y desarrollo sustentable” (documento de agenda del evento).

La estructura de la conferencia consistió en tres paneles y una mesa redonda, que abarcaron temas como el contexto económico, político y social de Guatemala; la situación laboral y sindical en el país; una nueva perspectiva para la clase trabajadora en que se fortalezca la democracia y el desarrollo a partir del diálogo social; y una mesa redonda sobre propuestas para la libertad sindical, derechos laborales, el desarrollo social, el diálogo social y derechos humanos. Los numerosos expositores y expositoras hacen parte del movimiento sindical guatemalteco, de las confederaciones sindicales internacionales mencionadas, de la OIT, ministros del gobierno guatemalteco, representantes de organizaciones empresariales y académicos. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se hizo también presente, brindando un breve saludo a los participantes del evento.

Así mismo estuvieron presentes delegados sindicales de Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, El Salvador, España, República Dominicana, y representantes de numerosos sindicatos y organizaciones sociales guatemaltecas.

En enero de 2008 y julio de 2011 se realizaron las dos conferencias anteriores, con el tema del papel de los sindicatos la lucha contra la impunidad, y el respeto de los derechos humanos, laborales y sindicales en Guatemala.

El tripartismo

A nuestro criterio, dos ejes estuvieron en el trasfondo de la conferencia. El primero es el llamado tripartismo. Este concepto consiste en que la legislación que protege los derechos laborales, sociales y sindicales, debe ser discutida y decidida entre las organizaciones sindicales, patronales y los gobiernos, constituyéndose un diálogo social institucionalizado. Este es el eje sobre el que se fundamenta la OIT, y el accionar de organizaciones como la CSA y la CSI, de origen socialcristiano o socialdemócrata. Recordemos que la OIT tuvo su inicio en los Tratados de Versalles que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, y fue una respuesta de los imperialismos al ascenso revolucionario del movimiento obrero, que cristalizó en la Revolución Rusa de 1917.

“Los negociadores de Versalles querían evitar que se repitiera el malestar social de la época anterior a la Primera Guerra Mundial, causado por la explotación de la clase obrera en la era industrial. La Revolución de Octubre en Rusia, en 1917, y el ascenso del comunismo les parecían sucesos inquietantes ante los que era esencial y urgente encontrar respuestas. Una de ellas fue la fundación de la OIT bajo el lema aún hoy vigente: ‘Una paz universal y duradera solo puede basarse en la justicia social’” (Luc Cortebeeck, “Aún queda trabajo por hacer. El futuro del trabajo decente en el mundo”, 2023).

Este concepto de colaboración de clases para evitar la revolución social es la base del tripartismo, y guía, en última instancia el actuar de la CSA, la CSI y otras organizaciones sindicales internacionales. Los compañeros de las centrales sindicales guatemaltecas han sido absorbidos por la institucionalidad internacional que se basa en esta concepción, sin duda como resultado de la búsqueda de apoyo contra los constantes irrespetos y violaciones a los derechos laborales y sindicales, y la impunidad de que han gozado las patronales que los comenten; es comprensible la búsqueda de este apoyo internacional, pero la dirigencia sindical debe tener claridad sobre la concepción política detrás de la OIT y este sindicalismo internacional.

¿Respaldo al gobierno de Arévalo?

En concordancia con la concepción de colaboración de clases subyacente a estas corrientes sindicales internacionales y a la OIT, un segundo eje atravesó la conferencia: el apoyo al gobierno de Bernardo Arévalo. Para la CSA y la CSI, la llegada a la administración del Estado guatemalteco de un gobernante con un programa democratizante, progresista y anticorrupción, abre las puertas a una nueva etapa en que los derechos sindicales y laborales podrían empezar a ser respetados, y podrían darse cambios favorables al bienestar de las clases trabajadoras y la libertad sindical.

Así lo expresó Rafael Freire, secretario general de la CSA en su discurso durante la inauguración del evento: “No nos confundamos sobre la centralidad de la acción sindical en Guatemala … Tenemos una oportunidad histórica aquí en Guatemala … no nos perdamos en temas secundarios, en posibles contradicciones; hay que defender este gobierno, hay que defender que este gobierno sea de todos los guatemaltecos, porque la construcción de la democracia aquí en este país, pasa para que el gobierno del presidente Arévalo logre conquistas y victorias aquí en este país … no confundamos que sea igualito a otro gobierno de derecha, no perdamos la oportunidad histórica y defendamos en nuestros locales de trabajo esta experiencia aquí…” … “Tengamos mucha racionalidad, mucha claridad política para saber cuáles son las contradicciones principales y las secundarias ... Hay una centralidad en Guatemala, que es hacer vencer y hacer prevalecer la democracia en este país” (https://www.youtube.com/watch?v=OszxkTUuf8g).

En su discurso de cierre, Feire fue más lejos, y expresó que sólo hay dos posturas, una a la par de la extrema derecha que quiere sabotear al gobierno de Arévalo, y otra de respaldo incondicional al presidente, y que la izquierda que pretenda hacer oposición al gobierno, se pone del lado de la extrema derecha.

Un delegado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, al tomar la palabra en un momento de preguntas de los asistentes, afirmó que cuando llega al gobierno un presidente democrático y progresista, hay que darle el respaldo total, poniendo como ejemplo su organización, que da su apoyo incondicional al presidente colombiano Gustavo Petro.

Conclusiones de la conferencia

El documento final de la conferencia expresa las expectativas que el movimiento sindical ha puesto en el gobierno de Arévalo: “…el actual gobierno presenta una visión y compromiso más democrático de los que ha tenido Guatemala anteriormente, aunque advertimos que los poderes fácticos, las oligarquías, sectores del gran capital, sectores de la prensa, atentan contra la gobernabilidad democrática, hechos que nos llevan a los movimientos sociales, sindicales y sectores democráticos, a defender la voluntad popular expresa en las últimas elecciones…Saludamos las manifestaciones de las actuales autoridades cuando afirman que no hay democracia sin justicia social, que los derechos laborales son derechos humanos y reconocen que en varios sectores del Estado no se cumple con su respeto, promoción y garantía. … Mantenemos una profunda disposición a ser parte del proceso de reconstrucción de las garantías democráticas y la defensa del interés de la clase trabajadora. Estaremos vigilantes y movilizados ofreciendo nuestro respaldo a aquellas medidas y políticas que vayan en favor de la defensa la democracia, los derechos sociales, laborales y sindicales” (Documento de declaración de la conferencia).

Lo que no menciona el documento, ni mencionaron los asistentes al encuentro, es que el entonces presidente electo Arévalo, en confabulación con la embajada de Estados Unidos, frenó las grandiosas manifestaciones populares que tuvieron lugar en octubre del año pasado en defensa de los resultados electorales; para ello llegó a acuerdos con las organizaciones de la burguesía y la dirigencia pequeñoburguesa de las organizaciones indígenas. Estas protestas ya no eran convenientes para los negocios de los empresarios, y se estaban saliendo de control, amenazando con poner en peligro el sistema en su conjunto.

Arévalo y su gobierno solo pretenden que el capitalismo funcione mejor, que los negocios no sean segados ni obstaculizados por la corrupción. Para ello sus principales aliados son los imperialismos estadounidense y europeo, y una buena parte de la burguesía guatemalteca. Al pueblo trabajador y al movimiento sindical le cederá lo que esos aliados le permitan ceder.

Los compañeros de la dirigencia sindical deben elaborar un plan de demandas básicas que exigir al gobierno de Arévalo; en primer lugar, en lo que respecta al salario mínimo, eliminando las circunscripciones económicas, la diferencia entre salario agrícola, no agrícola y de exportación y maquila, eliminar el reglamento del trabajo a tiempo parcial; además la resolución favorable de las demandas y juicios laborales.

Frente a las amenazas de la extrema derecha y los poderes corruptos, debemos defender los derechos democráticos del pueblo trabajador, pero nunca confiar ni dar nuestro respaldo ciego al gobierno burgués y proimperialista de Bernardo Arévalo.

Por Ricardo Patzán

Paulatinamente, el gobierno de Bernardo Arévalo ha empezado a presentar ante el sistema de justicia denuncias por casos de corrupción ocurridos en la anterior administración de Alejandro Giammattei.

La denuncia más reciente es por un caso sensible ocurrido en lo más álgido de la pandemia del Covid-19. Se trata del oscuro negocio por el cual fueron compradas millones de dosis de la vacuna Sputnik V a una empresa rusa. En 2021 fue firmado el contrato con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). La injustificada confidencialidad del contrato, el ingreso a cuentagotas de las vacunas y otras irregularidades de inmediato generaron serias dudas sobre si dicho contrato era lesivo para el Estado guatemalteco, y sospechas de malos manejos cayeron inmediatamente sobre el exmandatario Giammattei y su mano derecha y pareja, Miguel Martínez.

El 4 de abril recién pasado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la Comisión Contra la Corrupción, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, presentaron ante la Gestión Penal del Organismo Judicial, una denuncia contra la exministra de salud, Amelia Flores, por la comisión de posibles delitos al firmar el contrato de compra de las vacunas Sputnik V. La acusación es por el posible involucramiento en Abuso de Autoridad, Incumplimiento de Deberes y Peculado o Malversación de Fondos.

El contrato con Human Vaccine LLC, fue por la compra de 8 millones de dosis de vacunas, por la cual se pagaron Q 614.5 millones, correspondientes al 50% de la cantidad negociada. El contrato fue mantenido bajo condición de confidencialidad, supuestamente a petición de la empresa, y las críticas a las condiciones del contrato incrementaron ante la entrega sumamente pausada de las vacunas; se recibieron 20 lotes, el último de los cuales ingresó el 30 de diciembre de 2021.

En conferencia de prensa, el gobierno, representado por el procurador general de la nación Julio Saavedra y el ministro de salud Óscar Cordón, señaló 11 puntos que motivaron la presentación de la denuncia contra la negociación de las vacunas. Entre ellos está que el contrato se firmó con una empresa que no se dedica a la producción de vacunas, y no está claro quién firmó por dicha empresa; no se negociaron condiciones de entrega favorables para el país, siendo aceptadas todas las condiciones de la negociación sin comparar otras opciones de mercado; fue ilegal negociar el pago de regalías para Human Vaccine; en caso de incumplimiento de parte de la empresa, el Estado guatemalteco tenía derecho a una indemnización de solo Q 100 mil; según el decreto 1-2021, las compras relativas a insumos por la pandemia debían ser hechas directamente al fabricante, sin intermediarios; la confidencialidad del contrato no está justificada.

En términos generales, indicó Saavedra, la ilegalidad de la contratación radica en que no se cumplió con las condiciones y aspectos que estipula la Ley Para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus Covid-19, Decreto 1-2021, aprobado por el Congreso de la República (La Hora 04/04/2024).

El principal problema con esta denuncia es que solo implica a la exministra de salud Amelia Flores, a pesar de que las gestiones en Rusia fueron obra del exministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo, y con la autorización del expresidente Giammattei; en el contrato figura la firma de Flores, nada más. Según Saavedra, le corresponderá al Ministerio Público investigar quiénes más están involucrados en la negociación del contrato, y ya sabemos de parte de quién están el MP y su jefa Porras.

En una entrevista, la exministra Flores aseguró que antes de la firma del contrato de las Sputnik V, había sostenido conversaciones con fabricantes estadounidenses, habiendo llegado a avances importantes. Sin embargo, en enero de 2021 fue citada al despacho de Giammattei, donde el expresidente y el excanciller le informaron que ya tenían conversaciones con Rusia sobre la vacuna; durante la negociación del contrato ninguna de las instituciones del Estado puso objeciones y todas le indicaron que todo estaba bien y debía firmar (La Hora 05/04/2024).

Uno de los argumentos utilizados por Cordón es que se obligó al Estado a comprar una vacuna que no estaba certificada por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este no es un argumento válido o central. Evidentemente, que la OMS no certificó las vacunas de Rusia y China contra el covid (las vacunas de India fueron certificadas hasta el 2021 y por “Emergencia”) porque defendía los intereses de los grandes laboratorios y compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa, que peleaban por tragarse solo ellos el multimillonario negocio del mercado de las vacunas. Lo que se debe investigar son los sobornos y coimas recibidos por el circulo corrupto de Giammattei.

Es obvio que Giammattei y sus secuaces organizaron las cosas para que solamente Flores resultara implicada. Corresponderá a la exministra, en su momento, denunciar a quienes la orillaron a firmar el lesivo contrato. Al pueblo trabajador organizado le corresponderá presionar al gobierno y a MP para que todos los implicados en esta criminal confabulación reciban su merecido castigo.

Por Leonardo Ixim

La alianza legislativa que el Movimiento Semilla estableció en el Organismo Legislativo con partidos de derecha que lavándose la cara se desmarcaron con el bloque conservador golpista ante el claro hecho de no tener mayoría legislativa,  pero sobre todo por la campaña que los partidos golpistas como VAMOS, Valor, Unionista y otros (ahora en la oposición) contra el partido gobernante, tiene muchas debilidades.

Si en un primer momento (pese a ganarle la conformación de la Junta Directiva del Congreso de la República) lograron con el apoyo de las Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad que los 23 diputados de3 Semilla se convirtieran en independientes ante el ilegal hecho de la acción judicial de poner en suspenso  la ficha partidaria; la presidencia dirigida por ex jefe de la policía Nery Ramos del minoritario Partido Azul, pareciera dar cierta estabilidad a la acción de gobernabilidad de Semilla.

Es decir, esta tan mentada gobernabilidad – que igual se replicó a nivel de consejos municipales y en menor éxito en las gobernaciones departamentales aun sin concluir – no es más que una base social y política para ejercer algún tipo de autoridad de parte del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Autoridad que implica ejercer la dominación burguesa respondiendo algunas demandas sociales y cooptando liderazgo, situación que ya lo vimos en los gobiernos de Álvaro Colom y Alfonso Portillo, pero con el compromiso electoral de hacerle frente a la rampante corrupción, donde se observa algunos hechos puntuales en ese sentido.

 De tal forma que este gobierno y su alianza oficialista en el Congreso tiene que contrarrestar las campañas de la ultraderecha para defenestrarlo, especialmente desde la trinchera del Ministerio Publico y sobre todo navegar en aguas turbulentas del modelo económico y social neoliberal, donde también debe mostrar cierta diferencia ante la demanda electoral, pero sin poder ni querer romper con los grupos de poder económico.

Tal situación se vio recién con la destitución de la ministra de medio ambientes Maria Jose Iturbide una ex funcionaria del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pero afín a los lobbys empresariales de la supuesta responsabilidad ambiental. Y aunque bajo la causa por el uso indebido de recursos (vehículos) para la hija de esta, Iturbide había tenido criticas después de avalar el estudio de impacto ambiental que formo parte de los procedimientos para autorizar la mina de Cerro Blanco, en Asunción Mita y que tiene el rechazo en las poblaciones locales y del El Salvador, al estar cerca de la línea fronteriza.

Volviendo al Congreso de la República,  algunos logros ha tenido la alianza oficialista, como la aprobación de la ley de tarjetas de crédito donde regula los acosadores procedimientos de cobro a los tarjetahabientes pero que no toca el punto medular, que son las altas tasas de interés que los operadores de tarjetas aplican sobre los usuarios.

Así quedan pendiente otra de los ofrecimientos de campaña de Semilla, como la ley de competencias, Guatemala es uno de los pocos países en América Latina sin esta regulación, que de hecho es mencionado en la Constitucional Política sobre la necesidad de regular los monopolios. Existen tres proyectos legislativos y el consenso en el Congreso, reflejo de los intereses burgueses de aprobar tal legislación.

Pero el hecho está que ninguno de estos proyectos va al fondo de la prohibición de los monopolios. Por ejemplo, vemos como en países capitalistas desarrollados, esta es una constante de todos los donde vive aplicando multas y otras medidas por las prácticas monopólicas de los grandes grupos de la burguesía. Pero es más, los proyectos en discusión no tocan un punto fundamental que afecta a la economía popular, es decir el establecimiento de precios de parte de estos grupos, sobre todo de los bienes básicos para la subsistencia de la clase trabajadora,  pues la formación de precios se da a partir las ventajas monopólicas en la producción y en la distribución.

Como corolario, Daniel Pascual dirigente del Comité de Unidad Campesina, señalo que la  violación a los derechos humanos a las comunidades campesinas, siguen en aumento y ante eso podrían salirse de la mesa de conflictividad agraria que el gobierno conformo con esta y otras organizaciones, mostrando así las dificultades del partido de gobierno para lograr cierta base social rural.

Los socialistas centroamericanos consideramos que no se debe tener más expectativas con Semilla y  el gobierno de Arévalo y Herrera, de las que un partido de orientación democratista puede dar. Urge organizar un Encuentro Nacional de Luchas Populares con diversos sectores de las clases populares, trabajadoras y los pueblos, ante la limitación del programa de Semilla y la embestida ultraderechista.

Arévalo recurre a la OEA pero se niega a autorizar que el pueblo elija directamente a los magistrados

Por Armando Tezucún

Durante su reciente visita a Estados Unidos, a finales de mes de marzo, el presidente Bernardo Arévalo participó en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante su discurso, el mandatario guatemalteco solicitó a esta institución bajo control de imperialismo estadounidense, que dé acompañamiento al próximo proceso de elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA) en Guatemala, a realizarse en el mes de octubre del presente año.

Arévalo dijo: “Así como este organismo acompañó las elecciones y la transición, Guatemala solicita a la OEA que dé acompañamiento a la elección de autoridades de sistema de justicia, mediante un sistema de observación de este proceso. La historia nos presenta una nueva oportunidad para reafirmar que el compromiso de esta comunidad, se guía sobre una base de valores comunes” … “Estamos en la víspera de una importante batalla jurídica y política, en la que el pueblo se enfrentará a los grupos que controlan el aparato judicial” (Prensa Libre 26/03/2024).

Es un hecho que las estructuras corruptas que buscan preservar el status quo y el acaparamiento del Estado para su beneficio, se han agazapado tras el sistema de justicia, utilizándolo para maniobrar contra el gobierno de Arévalo y su partido Semilla. Desde la jefa del Ministerio Público, hasta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), y los de la Corte de Suprema de Justicia, se han confabulado para torpedear a la nueva administración.

En el caso de los magistrados de la CSJ y CA hay una situación peculiar, y es que fueron electos en noviembre de 2023, con 4 años de retraso, pues una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Caso Comisiones Paralelas 2020), reveló acuerdos previos con una lista consensuada para la elección, lo que detuvo el proceso en su momento. En noviembre pasado, la CC ordenó al Congreso realizar la elección, y finalmente fueron electos los actuales magistrados, que estarán en sus cargos solamente un año.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no respondió directamente a la solicitud de Arévalo, solo reiteró que las elecciones de 2023 fueron justas, “A la fecha las instituciones siguen lidiando con grandes desafíos, las acciones del MP continúan a la fecha. Fuimos testigos de las dificultades que enfrentó la democracia guatemalteca” (Ídem), y reiteró el apoyo al gobierno de Guatemala en temas de educación, salud, desarrollo y combate a la corrupción. 

Quien respondió al mandatario Arévalo, fue el actual presidente del Congreso, Nery Ramos, aliado del oficialismo. Sobre la solicitud hecha a la OEA, dijo: “Somos respetuosos de las decisiones del presidente Bernardo Arévalo, pero nosotros nos vamos a circunscribir a las facultades y responsabilidades que la ley nos otorga”, remarcando que el nombramiento de los magistrados corresponde al Poder Legislativo (Soy502 01/04/2024).

En efecto, es el Congreso de la República el que elige a los magistrados de las cortes de justicia, para un periodo de 5 años. Los 13 magistrados son escogidos entre una nómina de 26 candidatos propuestos por una Comisión de Postulación. Y en este punto es donde se complican las cosas, porque esta comisión se conforma con delegados de diversas instancias, y en las últimas décadas la asignación de estos delegados ha dado lugar a intrigas, malos manejos, pagos de sobornos y toda clase de movidas chuecas para que partes interesadas coloquen a los candidatos que les convienen.

La Comisión de Postulación está integrada por: un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside; los decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades del país; un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios; igual número de representantes de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones, electos por el Instituto de Magistrados.

Es posible que el Congreso convoque en las próximas semanas a que se conforme la Comisión de Postulación. Arévalo tiene razón cuando dice que se avecina una batalla por el control del poder judicial, al menos en la CSJ y las CA. Pero no la tiene al convocar el apoyo del imperialismo gringo y los gobiernos lacayos de la región en este enfrentamiento. Quien debe garantizar la elección de magistrados idóneos es el pueblo movilizado en las calles, presionando para evitar manejos corruptos. Pero la real solución será que se reforme la ley y se erradiquen las comisiones de postulación, y que los magistrados de justicia sean electos por voto directo y libre del pueblo trabajador.