Por Armando Tezucún

El régimen político en Guatemala está girando a pasos acelerados hacia el autoritarismo y hacia una restricción cada vez mayor de las libertades democráticas, aunque todavía guardando las apariencias del funcionamiento de una democracia formal. Parte esencial de este proceso es la promulgación de leyes que restrinjan los derechos particulares de actores que puedan ser bastiones de oposición a las fuerzas oligárquicas y conservadoras. En este artículo examinaremos dos piezas legislativas que el Congreso de la República ha impulsado recientemente.

El nuevo Ministerio de Planificación

En octubre de 2022 un grupo de catorce diputados de partidos aliados del oficialismo (Vamos, Pan, FCN-Nación, Bien, Creo, Viva, Prosperidad Ciudadana y Une) presentó al legislativo una iniciativa de ley, la 6145, Iniciativa de Ley Orgánica de Planificación, que propone convertir la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en un Ministerio de Planificación.

En la exposición de motivos los diputados proponentes hacen alusión a dificultades en la forma como se gestiona el desarrollo nacional, pues es común que los planes no se concreten, o hay diferencias entre lo que se planifica, lo que se programa y lo que se ejecuta, al “no existir una ley que oriente la ejecución presupuestaria en función de las prioridades del país” … “Esta ley promueve mediante la planificación coordinada y vinculada al presupuesto, un marco de transparencia, ética y participación ciudadana, al evitar que se ejecute o reprograme de forma dispersa, atendiendo a intereses particulares o desaprovechando recursos, sin tener en cuenta las metas planteadas que atienden las prioridades de país” (https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/32ea1-6145.pdf)

En teoría pareciera que es sensato que el Estado cuente con un ente que centralice los planes de desarrollo, y que estén en acuerdo con un plan central de mediano plazo, con metas claras y coherentes. Sin embargo, la ley pretende incluir bajo la jurisdicción de este Ministerio de Desarrollo a todas las entidades del Estado y entidades privadas: “Esta ley tiene por objeto la regulación de la planificación, coordinación y articulación de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad guatemalteca para el desarrollo nacional.

Comprende dentro de su materia la coordinación y coherencia con políticas públicas, planes, programación, inversión pública, cooperación, seguimiento y evaluación, así como la gestión desconcentrada y descentralizada de la administración pública, incluyendo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” (Idem).

Una amenaza para los grupos que se oponen al régimen

Entre las instituciones que estarán sujetas a las disposiciones de la ley, se menciona a “Las Asociaciones sin fines de lucro, así como todas las Organizaciones no Gubernamentales que administren, reciban o ejecuten donaciones provenientes de organismos bilaterales y multilaterales o fondos públicos” (Idem). Para incorporar a estas entidades, la ley crea la Agencia Guatemalteca de Cooperación Internacional.

Es decir, todas las asociaciones que reciben fondos de la cooperación internacional, que normalmente atienden a sectores de la población que son vulnerables y no reciben la debida atención por parte de los gobiernos, tendrían que presentar a este superministerio sus planes de trabajo para que sean aprobados, si es que están de acuerdo con las metas y objetivos definidos por el gobierno. El Ministerio de Planificación, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores formulará la política de cooperación del país; la aceptación de cualquier tipo de cooperación deberá depender de que esté en coherencia con las “prioridades del país”.

Pero no solo asociaciones asistenciales reciben fondos del extranjero, sino también una serie de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, de investigación social, de monitoreo de los organismos del Estado; y también organizaciones sindicales y campesinas reciben estos fondos para realizar sus actividades. En realidad, este es el verdadero propósito de esta ley, controlar a las organizaciones sociales que de alguna representan una molestia para el régimen, condicionando la recepción de fondos que reciben del extranjero a la aceptación de sus agendas de trabajo.

La autoritaria iniciativa 6145 avanza en el Congreso

La creación de este superministerio generará conflictos no solo con las agencias de cooperación internacional, sino también con las fundaciones de beneficencia de las empresas privadas y con otras entidades del Estado que por su naturaleza son autónomas; estamos hablando de la independencia que tienen el poder legislativo y el poder judicial con respecto al poder ejecutivo, así como otras entidades autónomas como la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etc. En este sentido, la ley cae en inconstitucionalidades, y más allá de eso, constituye un paso adelante en la instauración de un sistema autoritario, al crear un ente que tendrá injerencia en todos los ámbitos de la sociedad.

A pesar de ello, la iniciativa 6145 tuvo el dictamen favorable de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso el pasado 18 de enero. El 25 de enero fue conocida en primera lectura por el pleno de diputados, y el 1 de febrero pasó en segundo debate. Ahora sola falta que sea conocida en tercer debate y redacción final para que sea aprobada.

Una iniciativa de ley dirigida contra una organización popular

La segunda de las leyes que comentamos es la iniciativa 6181, que propone realizar reformas al Código Penal y al decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada. En particular la iniciativa se ingresó al legislativo con la intención de aumentar las multas y penas de cárcel en los casos de robo de luz, agua o fuerza de una instalación.

La propuesta de ley fue hecha pensando en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), tal como lo dijo claramente el diputado Lázaro Zamora, del derechista Partido Unionista. Según Zamora, CODECA “no solo amedrenta, asesina, toma las carreteras cuando se les da la gana, sino también financia partidos políticos” … “Guatemala necesita liberarse de estos criminales que no solo golpean al pueblo de Guatemala sino también quieren incidir en las decisiones políticas que aquí se toman. Votemos por esta ley, pasémosla porque es necesario” (La Hora 01/03/2023).

Esta iniciativa fue presentada al legislativo por el presidente Alejandro Giammattei el 13 de enero, y recibió dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional el 28 de febrero. Avanzó en primera lectura el 1 de marzo, el 15 de marzo en segunda lectura y fue aprobada en tercera lectura el 21 de marzo.

Las reformas aprobadas aumentan las penas por el delito de sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas o fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno; por el delito de manipulación no autorizada desde la red del distribuidor final hacia algún punto de suministro o manipulación ilegal de la red; por el delito de cobro ilegal de energía eléctrica sin contar con la autorización del distribuidor final. En los tres casos las penas de cárcel oscilan entre los cuatro a ocho años, y multas de entre Q 5 mil y Q 100 mil.

CODECA, una tradición de lucha por la energía eléctrica

CODECA ha librado desde hace años una lucha de resistencia contra las empresas que controlan la distribución de la energía eléctrica en el interior del país. Durante la subasta de bienes del Estado que llevó a cabo el gobierno de Álvaro Arzú, fueron vendidas las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), siendo el primer comprador la empresa española Iberdrola, en alianza con la portuguesa EDP Electricidade (Unión Fenosa), en 1999. Fueron creadas la Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) y la Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA), y empezó el calvario de los usuarios de ambas regiones del país: cortes del suministro, cobros injustificados, fallas en el fluido, y un largo etcétera de irregularidades. Estas distribuidoras cubren 19 de los 22 departamentos del país y tienen 1.7 millones de clientes.

Ambas empresas pasaron continuamente de manos; en 2011 fueron adquiridas por el fondo de inversión inglés Actis, y en 2016 las obtuvo la estadounidense I. C. Power Ltd., propiedad de Kenon Holdings. En 2017 fueron vendidas a I Squared Capital, de Estados Unidos.

Desde 2008 CODECA lidera la resistencia contra estas empresas extranjeras, promoviendo en las comunidades la negativa al pago de recibos, efectuando conexiones fuera de los contadores y exigiendo la nacionalización del sistema de energía eléctrica. Han sido numerosos los dirigentes de CODECA que han sufrido persecución, atentados y asesinatos. En las elecciones de 2019 su brazo político, el Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, obtuvo el cuarto lugar en la votación de primera vuelta. Por eso los diputados de extrema derecha no tienen empacho en declarar que las reformas va dirigidas contra CODECA; obviamente será muy difícil que sean penalizadas las empresas hidroeléctricas y de agroexportación que roban el agua a las comunidades cuando desvían el curso de los ríos.

Rechazamos enérgicamente ambas iniciativas de ley, pues pretenden reprimir las protestas y la resistencia de las organizaciones populares contra el bloque de empresarios, militares, funcionarios y políticos que se proponen instaurar un régimen autoritario, que les permita saquear los recursos públicos con impunidad. Llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas y populares a organizar un frente contra la represión, y exigir la derogación de estas nefastas leyes.

Zury Ríos y Héctor Adolfo Cifuentes, fórmula presidencial de la coalición Valor-Partido Unionista.

Por Oliverio Mejía

Como una dinámica que se ha hecho común en las últimas elecciones, se asiste al fenómeno de judicialización de diversas candidaturas, a esto se agrega las descaradas acciones de fraude electoral de parte del bloque conservador en el poder.

La conformación del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con sus integrantes señalados de irregularidades, como Blanca Alfaro, quien fuera candidata a vicepresidente por un partido de derecha, o Ranulfo Rojas, por falsificación de su título de posgrado, son solo muestras de la decadencia de un órgano cuya imagen fue levantada en la época llamada “democrática” como imparcial, y que ahora muestra un total alineamiento con las fuerzas conservadoras, encabezadas por el presidente Alejandro Giammattei y su partido VAMOS.

El TSE ha sido cuestionado en materia de transparencia, al intentar vedarle a miembros de la prensa el acceso a las reuniones entre los cinco magistrados y los 32 fiscales de los partidos inscritos, situación que fue cuestionada, razón por la cual los magistrados tuvieron que dar marcha atrás. Igualmente ha sido cuestionado por diversos procesos de licitación a empresas, por compras de equipos informáticos a ser utilizados en la trasmisión de datos el día de las elecciones.

Disputas entre las fuerzas de derecha

Como se menciona, la judicialización de la política es un hecho que evidencia el que, más allá de las normativas electorales, el régimen político y lo relacionado al ámbito político-electoral está marcado por la fragmentación política y una multiplicación de intereses que se expresa en la oferta electoral; pero también en el hecho que, independientemente de los aspectos regulatorios de la actividad electoral y el intento de normarlo, lo que pesa son las pugnas que existen tras las distintas candidaturas.

Aun no ha iniciado la fase de propaganda y proselitismo de los candidatos, que empieza el 27 de marzo; la fase que está por terminar consiste en la nominación de candidaturas y en actividades de afiliación de los partidos, acompañada de la comunicación de parte de éstos hacia sus votantes sobre las problemáticas nacionales, según la última reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP). El grueso del arco de partidos de derecha utilizó esta fase para hacer campaña electoral anticipada y cero discusiones de las problemáticas, debido a lo cual la mayoría de partidos mantiene un discurso neoliberal y sus propuestas son demagógicas.

De ahí que las únicas propuestas que pueden vislumbrar cierto abordaje serio, son las opciones de izquierda reformista como coalición entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento Winaq, que tiene como base programática los malogrados Acuerdos de Paz; el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con una perspectiva populista rupturista con el orden neoliberal en la búsqueda del Estado Plurinacional y Popular; y la socialdemocracia, como el Movimiento Semilla y quizás Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que maneja algunos atisbos de crítica al modelo social y político.

Judicialización de la política

Así, con al tema de la judicialización de la política, vemos cómo son favorecidas algunas candidaturas que son parte del bloque conservador, como la alianza Valor-Partido Unionista, donde se unen dos clanes de la política burguesa los Arzú y los Ríos Montt. En esta alianza va la candidatura de Zuri Ríos Sosa para la presidencia y Héctor Cifuentes para vice, siendo una de las opciones más fuertes de los núcleos de la oligarquía tradicional. Pese a la ilegalidad y prohibición constitucional expresa para participar en la contienda electoral, con una cantidad de acciones legales ante el TSE, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad -órganos controlados por elementos del bloque conservador en el poder- entre ellos de víctimas de la represión estatal en la guerra interna durante el gobierno dictatorial del padre de Ríos, esta candidata fue inscrita. A eso se le agrega que el candidato a vicepresidente, hombre del aparato de la Municipalidad de Guatemala, feudo del Unionismo y de los Arzú, tiene abiertas investigaciones penales de parte de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Ministerio Público durante la administración de Thelma Aldana, por manejos indebidos de los cuestionados fondos de fidecomisos que maneja de forma discrecional esa municipalidad metropolitana.

El otro binomio parte de este bloque en el poder, es el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Sandra Torres para la presidencia y Romeo Guerra para la vicepresidencia; este binomio enfrenta varios recursos para impedir su participación, por el hecho que Guerra es pastor evangélico, condición que también prohíbe la Constitución Política. La controvertida candidata, ex primera dama en el gobierno de Álvaro Colom, fue favorecida por los tribunales de justicia y por el TSE en la disputa que tuvo con un grupo de diputados, entre ellos Orlando Blanco, Carlos Barreda, Mario Taracena (los dos primeros con un pasado en organizaciones de izquierda), por el partido UNE, obteniendo Torres el control de éste. Así, los diputados mencionados tuvieron que conformar VOS, llevando como binomio a Manuel Villacorta para la presidencia y Jorge Mario García para la vicepresidencia; el primero ya participó como candidato a la presidencia en 2019 por Winaq.

El otro caso sonado en los últimos días, es la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por la primera casilla por el Listado Nacional del partido Cambio, formado por sus familiares, y que lleva como candidato a presidente a Álvaro Trujillo Baldizón. Baldizón que fue congresista por la UNE en 2009, y se separó de la bancada con una gran número de diputados, formando el partido LIDER. Durante el gobierno del Partido Patriota se repartió el control de las cortes con el partido gobernante, y en 2015, al calor de las movilizaciones contra Otto Pérez Molina, las facciones de la oligarquía impulsaron una campaña para evitar que Baldizón llegara a la presidencia. Éste, un empresario importador que se fue enriqueciendo y es visto por el capital tradicional con recelo, fue extraditado en 2018 a Estados Unidos por delitos de lavado vinculado a los casos Odebrecht y Transurbano durante su campaña electoral de 2015, llegando posteriormente a un acuerdo con autoridades de ese país y siendo deportado en 2022 a Guatemala.

El Registro de Ciudadanos del TSE inscribió en un inicio la candidatura de Manuel Baldizón, sin embargo, la presión social, acompañado de acciones legales y sobre todo las fracciones oligarcas de la burguesía, presionaron para que el pleno de magistrados no lo inscribiera, aduciendo falta de idoneidad, pues eso hubiera abierto la puerta a que inscribieran otros candidatos no queridos por los grupos de la burguesía.

En el momento de escribir esta nota, otro suceso impacta el tinglado politiquero, que recae sobre Edmund Mulet, un gallo tapado de un sector de las fracciones oligárquicas, supuestamente vinculado al empresario Dionisio Gutiérrez, ahora postulado por el partido Cabal y que en las elecciones de 2019 fue postulado por el Partido Humanista, del cual se terminó distanciando. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche solicitó retirar el antejuicio a Mulet, derecho que recibe por ser candidato presidencial debidamente inscrito, aduciendo obstrucción de la justicia ante un juzgado de instancia penal.

El hecho fue que el secretario general del partido Cabal presentó un memorial ante el despacho de la fiscalía general para que cesara la persecución penal contra Rubén Zamora, director de elPeriodico y otros periodistas. Curruchiche es un mandadero de la fiscal general Consuelo Porras, quien está al servicio del bloque conservador y que usa la FECI, creada para acompañar las investigaciones que promovió la CICIG, como instrumento de persecución policial.

Entonces, podemos intuir que esta acción, más allá del berrinche de Curruchiche, es una tuerca más en el engranaje del fraude a favor del partido oficial VAMOS en contubernio posible con la UNE y con Valor. Además, es una muestra más del claro rumbo autoritario del régimen político al intentar dar una lección, que no importa si es un Mulet, si alguien osa cuestionar las acciones de estos corruptos sufrirá el mismo destino.

Se sigue consolidando el fraude

Entonces todos esos movimientos en el plano judicial, un ámbito burgués por excelencia y ahora controlado por elementos del bloque conservador, es una forma distorsionada de las disputas electorales entre fuerzas capitalistas. A eso se agrega la no inscripción de candidaturas aun de derecha como las de Roberto Arzú por el partido Podemos y ni que decir otras que representan un quiebre al modelo político y social neoliberal como la de Thelma Cabrera y Jordan Rodas por el MLP; así como la posible no inscripción del ex superintendente de administración tributaria Francisco Foppa para la municipalidad de Guatemala con importantes posibilidades de arrebatarle el feudo al Unionismo, por la alianza Semilla, URNG y Winaq.

Las y los socialistas centroamericanos consideramos, que estableciendo un frente único de organizaciones sociales y de masas, junto a los partidos Semilla, URNG, MLP y Winaq, sin diluirse cada una pero golpeando juntas, se logrará parar la imposición del fraude de parte del bloque conservador en el poder.

Por Armando Tezucún

El rector ilegítimo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos deberá enfrentar una prueba de fuego, la huelga general legal de los trabajadores de la USAC, que está pronta a estallar.

El movimiento huelguístico de los trabajadores sancarlistas tiene que ver con la negociación de un nuevo pacto colectivo, iniciada en 2020. Entre octubre y noviembre de ese año inició el diálogo entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) y las autoridades universitarias en torno al pacto, finalizando en enero de 2021; las comisiones nombradas por ambas partes lograron un acuerdo, firmando el documento para que fuera conocido por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Sin embargo, en febrero de ese año fue arrestado el entonces rector Murphy Paiz, iniciándose una serie de cambios en la administración de la USAC y un período de inestabilidad hasta que Pablo Oliva quedó como rector en funciones. Fue hasta entonces que el CSU pasó a conocer el acuerdo, pero contra toda expectativa fue rechazado.

El nuevo CSU pidió la renegociación de 23 artículos del pacto, en especial rechazando un bono de Q500 para todos los trabajadores, y el aumento de la indemnización a 15 salarios en lugar de los 12 que estaban vigentes. En una asamblea general, los trabajadores decidieron judicializar el pacto colectivo. Se presentó una demanda ante el juzgado de trabajo, el cual generó un conflicto colectivo de carácter económico y social, o emplazamiento, contra la USAC. Al ser decretado el conflicto, el juzgado resolvió que la patronal de la USAC no podría efectuar despidos, ni hacer cambios en los contratos o condiciones laborales, ni tomar ningún tipo de represalias.

Ante el fracaso de posteriores negociaciones, el sindicato presentó una solicitud de declaratoria de huelga legal el 8 de octubre de 2021, iniciando un proceso que se ha ido prolongando. El 29 de octubre del año pasado el STUSC presentó una solicitud de declaratoria de legalidad del movimiento de huelga. Finalmente, el 22 de febrero el juzgado notificó que se iniciaría el conteo de votos de los trabajadores para la declaratoria de huelga.

Hay que mencionar que al asumir ilegalmente el gobierno de la USAC, Mazariegos y su pandilla iniciaron una serie de despidos, que ya ascienden a unos 100 trabajadores, violando la orden del juzgado de trabajo, lo que ha generado otras tantas acciones legales por parte del sindicato para la reinstalación de las compañeras y compañeros.

El Código de Trabajo estipula un procedimiento extremadamente engorroso para que una huelga sea declarada legal, obviamente con la intención de proteger a los patronos contra cualquier protesta, penalizar la suspensión espontánea de labores por parte de los trabajadores y que puedan efectuar despidos alegando ilegalidad de las huelgas.

El código estipula que toda huelga debe ser pacífica, que se debe haber agotado todos los procedimientos de conciliación y arreglo con la patronal, y que la mitad más uno de los trabajadores debe estar de acuerdo con la declaratoria de huelga.

El STUSC ya cumplió con los dos primeros requerimientos, y está a la espera de la votación, que convenientemente, debe ser efectuada por los juzgados de trabajo y/o juzgados de paz del interior del país; es decir, no es el sindicato el que procederá a la votación democrática de los trabajadores, lo que implica un trámite engorroso, pues con 15 días de antelación los juzgados deben informar a las sedes de la USAC que llegarán a hacer el conteo de votos.

El juzgado de trabajo tiene en su haber desde diciembre de 2021 los listados de trabajadores de la USAC, y aún así, la huelga no se ha hecho realidad. Luego del conteo de votos, el juez puede declarar la huelga legal, pero el expediente aún debe ser elevado a consulta a la Sala de Trabajo, que debe resolver en 48 horas; después los trabajadores tienen 20 días para declararse en huelga por medio de una asamblea general, y en un plazo de otros 20 días deberán informar al juzgado de trabajo la fecha en que iniciará la huelga. Al momento de estallar la huelga, el sindicato deberá presentar una solicitud de justicia del movimiento de huelga al juzgado de trabajo, que deberá resolver en 15 días; solamente si el juzgado declara la huelga como justa, el patrono está obligado a pagar los salarios correspondientes al tiempo que dure la huelga.

Respaldamos totalmente al STUSC en esta lucha claramente justa, en especial porque va a socavar la autoridad del usurpador Mazariegos y sus secuaces. Lo compañeros han tenido la paciencia de llevar todo el engorroso proceso legal que estipula el código laboral; debemos tener claro que el proceso es así precisamente para proteger a los patronos contra las luchas espontáneas de los trabajadores, y como se dice coloquialmente, hacerla cansada para que los compañeros desistan de sus luchas por exasperación.  

Por Ricardo Patzán

¿Qué es la resistencia universitaria? ¿Contra qué estamos resistiendo? Nos resistimos a la usurpación de la única universidad pública del país, la peor crisis institucional en años provocada por personas que ni con títulos profesionales demuestran tener valores en sus acciones, que en los bienes públicos han encontrado la forma de enriquecerse a bolsas llenas.

Que este grupo de personas tome el poder y control de la Universidad de San Carlos de Guatemala representaría una derrota, no solo para el estudiantado, sino también para el pueblo de Guatemala, el que no puede costearse la educación superior. La usurpación ya está afectando a quienes desean superarse y tener mejores condiciones de vida a través de una formación educativa gratuita y laica.

Estos individuos liderados por Walter Mazariego Biolis no tienen ningún compromiso con el Pueblo de Guatemala porque ya tienen un compromiso con el Pacto de Corruptos que actualmente lubrica sus engranajes y coloca a sus peones en el Estado para criminalizar y reprender a aquellos que se opongan a sus planes de secuestrar el país.

La resistencia conformada por estudiantes, egresados, profesores y demás sectores de la comunidad educativa ha logrado retrasar los planes de estos criminales, pero necesitará del apoyo del pueblo y de diferentes sectores organizados para poder lograr convocar a nuevas elecciones y poder rescatar esta casa de estudios. El diagnóstico no es muy alentador: los aparatos represivos del Estado están en colaboración con los usurpadores para atemorizar a la población estudiantil.

Grupos de choque han funcionado como mercenarios de estos criminales, llegando a tal punto que, en febrero de este año, bajo amenazas de violación y muerte, con armas blancas en mano, expulsaron a la resistencia que estaba instalada en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC), en horas de la madrugada. Los mercenarios entregaron las instalaciones al director del CUNOC, CÉSAR HAROLDO MILIÁN REQUENA (aliado del fraude), exponiendo las acciones extrajudiciales en la que participan estos individuos.

Otro ejemplo es la irresponsable expulsión del estudiante Camilo García, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, por denunciar el fraude en una sesión ante el Consejo Superior Universitario (CSU, máxima instancia universitaria). Berner García, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante el CSU, solicitó una medida disciplinaria que culminó en la arbitraria expulsión de Camilo como estudiante de la USAC.

Finalmente, el 23 de febrero el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal otorgó un amparo provisional a la petición del abogado Marco Vinicio Mejía en la que solicita el desalojo del Campus Central, bajo el argumento de que es un “bien público”. El juzgado dio 48 horas a los estudiantes para que desalojen las instalaciones, solicitando a la vez a la Fiscalía de Delitos Contra la Usurpación del Ministerio Público, realizar las acciones pertinentes para proceder al desalojo, considerando que se está cometiendo un delito en flagrancia. Hasta la fecha los estudiantes en resistencia no han recibido ninguna notificación al respecto.

No existe una receta para combatir a estas mafias, pero en el contexto universitario es necesario retornar a las actividades presenciales, porque en los últimos años, las clases y demás actividades han sido en línea por la pandemia de Covid-19. El retorno a la presencialidad generará las condiciones para la organización de estudiantes, docentes y trabajadores de la USAC en contra de la usurpación. A corto plazo necesitamos del retorno a la presencialidad, a mediano plazo reforzar el movimiento estudiantil y a largo plazo apuntar a las reformas universitarias que tanto necesita este país.

El pronóstico general indica que el régimen Martínez-Giammattei presidida por el partido oficial VAMOS, necesita que la USAC continúe cooptada por esta mafia para así, poder eliminar todo pensamiento crítico y oposición desde la academia y poder mantener el poder y la impunidad en el país. Las acreditaciones y la calidad educativa de la USAC están en duda en el resto del mundo, el estudiantado que se gradúa en estos meses del fraude aún no sabe que las acreditaciones a nivel internacional de la USAC son inciertas y que sus oportunidades laborales se verán reducidas.

Por último, reiteramos nuestra insistencia a quienes puedan leer este texto, a que se unan a la resistencia o apoyen de las formas que puedan. Perder esta institución representaría un retroceso incalculable en el acceso a la educación superior para el país y sus futuras generaciones. Aún estamos a tiempo de detener esta barbarie y comenzar por las reformas universitarias que tanto necesita este país. La autonomía no se vende, se defiende.