La epidemia del coronavirus denominado COVID-19, que se inició recientemente en China y que ya ha sido declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una trágica realidad que trastocará el normal desenvolvimiento de la sociedad capitalista y afectará a los sectores más vulnerables del planeta.

El origen real de la pandemia

Los científicos discuten sobre el origen de esta nueva cepa de coronavirus, sobre si tiene origen animal o si es una natural mutación de los virus existentes, pero pocos han dicho la verdad. Esta constante aparición de nuevas epidemias como la gripe aviar en 1997, el SARS en 2002, la gripe H1N1 en 2009, el MERS en 2012, el COVID-19 y más recientemente la aparición de una nueva versión de gripe aviar en Taiwán, son una consecuencia directa del cambio climático provocado por la constante depredación de la naturaleza de parte de las corporaciones capitalistas e imperialistas.

El capitalismo es un sistema basado en las ganancias y no en la satisfacción de las necesidades del ser humano. Este demencial afán de ganancias de las grandes corporaciones transnacionales ha trastocado, desde hace décadas, el delicado equilibrio que la naturaleza ha construido a lo largo de millones de años. El resultado ha sido la proliferación de nuevas enfermedades que ponen en riesgo la existencia misma del ser humano. A pesar de que existen tecnologías avanzadas para solucionar estos problemas, no son utilizadas en beneficio de la humanidad.

La decadencia de los servicios de salud pública.

En pocos meses, la pandemia del COVID-19 se ha extendido a la mayoría de los países. El virus asesino no respeta fronteras ni status social, pero afecta siempre a los sectores mas pobres, especialmente a las personas de la tercera edad. China ha logrado contener momentáneamente el brote del virus, pero el epicentro de la pandemia se ha trasladado a Europa. Aquí es donde las contradicciones del sistema capitalista se muestran con crudeza.

El derecho a la salud ha sido pulverizado por la constante privatización de los sistemas de salud y seguridad social. Estos no pueden responder a las necesidades que impone la pandemia. En Italia, ante la escasez de hospitales y de personal para atender a los pacientes contagiados, han decidido sacrificar a los ancianos de mas de 80 años, a quienes ya no se les brinda atención especializada.

COVID-19 desnuda la crisis del capitalismo

En pocas semanas, el avance de la pandemia ha hecho tambalear los índices de las Bolsas de valores en todo el mundo. Las grandes corporaciones temen por sus inversiones, y por el caos social que puede generar la pandemia. La administración Trump en Estados Unidos ha tenido que morderse el rabo, declarar una emergencia nacional y solicitar al Congreso un extraordinario paquete de ayuda económica de $50,000 millones para aliviar a las aerolíneas y que va acompañado de otros $100,000 millones para apoyar a trabajadores contagiados con la enfermedad. Ha tenido que admitir, en un año electoral, el peligro inminente de la recesión de la economía mundial.

Medidas similares ha sido aprobadas por los gobiernos de España e Italia, los países de Europa más castigados por la pandemia. La crisis crónica del sistema capitalista, que era ocultada y maquillada, ha sido desnudada por el COVID-19. El sistema capitalista en Estados Unidos y Europa se muestra impotente ante al avance de la pandemia, incapaz de asegurar la atención médica para sus ciudadanos más vulnerables. Y las medidas para contener la pandemia inciden negativamente en una economía mundial que ya había dado muestras de estancamiento y parálisis.

Polémicas decisiones de los gobiernos de Centroamérica

La situación es particularmente dramática en los pequeños Estados de Centroamérica, países con economías atrasadas, sumamente debilitados por la eterna crisis fiscal, y donde los sistemas de salud pública y seguridad social han sido parcialmente privatizados. Aunque el nivel de contagio sigue siendo relativamente bajo, en realidad la pandemia apenas esta comenzado su fase de expansión.

La mayoría de los gobiernos del área han tenido que tomar algunas medidas excepcionales, que aparentemente contradicen su naturaleza neoliberal, otorgándole al Estado funciones inauditas, como restringir el ingreso de extranjeros, cuarentenas parciales o totales, suspensión de clases, incluso toques de queda temporales como son los casos de Guatemala y Honduras. En todos nuestros países, observamos una tendencia hacia la militarización y el recorte o anulación de las libertades democráticas, so pretexto de combatir la expansión de la pandemia.

Muchas de estas medidas de restricción conducen irremediablemente a una parálisis económica que afectará fundamentalmente a los pequeños negocios. En todos los países de Centroamérica, en medio de altísimos niveles de desempleo, predominan los sectores de pequeños propietarios o pequeños negocios que luchan diariamente por sobrevivir. Los gobiernos de Centroamérica han tomado medidas excepcionales para contener la expansión de la pandemia, pero hacen recaer las responsabilidades únicamente en los individuos, que son quienes deben acatar dichas restricciones y acomodar sus vidas y sus negocios a lo que deciden las autoridades. Según estas, bastará con estar recluidos algunas semanas en casa, sin movernos, para que se contenga la expansión de la pandemia. Toman decisiones del Estado, pero eluden las responsabilidades que esto conlleva.

Incluso, algunos sectores empresariales están aprovechando la crisis para despedir trabajadores, recortar salarios y eludir sus responsabilidades como empleadores. En Guatemala, el sector agroexportador esta solicitando el gobierno de Giammatei la reglamentación del empleo temporal, con el objetivo de precarizar aun mas las relaciones laborales.

Ha comenzado una ola de despidos en silencio y cierre de negocios, porque las restricciones a la libre circulación de personas y la paralización creciente de la actividad económica, no han sido acompañadas de una compensación económica que beneficie a los trabajadores y que permita subsistir a los pequeños negocios.

Un plan de acción contra la peste del coronavirus

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las centrales obreras, sindicatos, centrales campesinas y organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles de los países de Centroamérica, a luchar unidos exigiendo medidas reales y eficaces que permitan contener el avance de la pandemia, pero que el mismo tiempo no sean los trabajadores ni los sectores populares quienes paguen las consecuencias de la crisis del sistema capitalista.

1.- Exijamos transparencia e información oportuna a los gobiernos. Todos los gobiernos han mentido y manipulado las cifras y datos, algunos como los de El salvador y Nicaragua, para ocultar los avances reales de la enfermedad, y otros como los del resto de Centroamérica, para reacomodarse políticamente ante sus propios ciudadanos.

2.- Control e injerencia de los sindicatos en las principales decisiones. Hasta el momento los gobiernos ha decido tomar medidas de excepción, apoyándose en el aparato policial y militar, sin tomar en consideración las opiniones y puntos de vista de los sindicatos, especialmente de los trabajadores de salud y educación.

Ninguna medida puede ser aplicada sin antes consultar a estos sectores, quienes están relacionados directamente con el pueblo, y por lo tanto conocen las calamidades que vive cotidianamente.

En cada país de Centroamérica, las centrales obreras y las organizaciones populares deben conformar un Comité de Vigilancia sobre las decisiones gubernamentales, y no dudar en vetarlas o rechazarlas cuando sea necesario, porque perjudican a los trabajadores y el pueblo.

3. Ni un solo despido, subsidio estatal en caso de enfermedad. Debemos defender el empleo, sea como trabajador del sector publico o del sector privado. En caso de enfermedad, y por el tiempo de recuperación, el trabajador debe recibir el 100% de su salario, para poder sostener a su familia.

En el caso de cierre de empresas, sean totales o parciales, el Estado debe garantizar el salario, mientras la empresa es nacionalizada con el objetivo de mantener la producción y garantizar el empleo.

Cuando se produzca el cierre de alguna empresa o negocio, llamamos a sus trabajadores a organizarse en comité de defensa del empleo, para luchar por el subsidio estatal y contemplar bajo que medidas se puede garantizar el empleo.

Debido a que en Centroamérica la mayoría de la población trabaja de manera informal o por cuenta propia, y estos sectores son perjudicados por las cuarentenas y la paralización de la economía, exigimos que cada uno de los Estados entreguen a estos sectores sociales una renta básica de quinientos pesos centroamericanos (dólares), equivalentes al salario mínimo promedio regional, para que puedan hacer frente al sostenimiento de sus familias.

4. Escala móvil de horas de trabajo para garantizar el empleo y la actividad económica. Cuando debe recortarse las horas de trabajo, se debe garantizar el 100% del salario, porque las necesidades de los trabajadores y sus familias siguen siendo las mismas.

Cuando una parte de los trabajadores de determina empresa se enfermen, se deben contratar temporalmente nuevos trabajadores, para evitar que el peso de la crisis recaiga sobre quienes quedan trabajando.

Debemos evitar el desempleo, repartiendo las horas de trabajo entre quienes se mantengan sanos y puedan trabajar.

5.- Seguridad ocupacional para todos los trabajadores

Los trabajadores de la salud y educación deben tener especial protección por el contacto directo con los diferentes sectores de la población

La situación de los trabajadores de la salud se complica en áreas como limpieza o servicios, en los casos que dicho servicio ha sido concesionado a empresas privadas. Contratación de más personal médico y paramedico, con todas las prestaciones de Ley.

6.- Terminar con la privatización total o parcial de los servicios de salud y seguridad social. En una situación de crisis como la actual, los servicios de salud y seguridad social que han sido parcialmente o totalmente privatizados, deben regresar plenamente al Estado, bajo el control y vigilancia de los sindicatos de trabajadores.

Los hospitales privados y las empresas previsionales que han hecho un enorme negocio con la salud, deben pasar a manos del Estado, bajo control de sus trabajadores

Es la única manera de garantizar la atención medica a los sectores mas vulnerables.

7.- Nacionalización y creación de las empresas farmacéuticas y de insumos médicos

En todos los países de Centroamérica existe un desabastecimiento de insumos y equipos de bioseguridad como alcohol gel, mascarillas, gabachones, etc. Estas carencias ponen en riesgo la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de salud.

El Estado debe intervenir a las grandes empresas que producen y/comercializan medicinas y productos para enfrentar la pandemia, aumentar su producción y venderlos a bajos precios. El Estado debe tener un control real de  los precios de los insumos y equipos médicos.

8. Un plan de estimulo financiero para los pequeños negocios. En casi todos los países de Centroamérica, la mayoría del empleo proviene de pequeñas y medianas empresas, las cuales están siendo afectadas por las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos.

Se requiere la exoneración o pago mínimo de impuestos de los pequeños y medianos negocios mientras dure la pandemia.

Este subsidio estatal debe cubrir también a los centenares de miles de autoempleados, cuya sobrevivencia es cada día más precaria por la paralización de las actividades económicas.

9.- Impuesto progresivo a los bancos e instituciones financieras. Los grupos financieros regionales tienen grandes ganancias. Se requieren recursos económicos para hacer frente a los gastos que el Estado debe asumir, por ellos proponemos un impuesto progresivo a las ganancias de los bancos.

De igual manera, este impuesto progresivo sobre las ganancias debe ser impuesto a aquellas empresas rentables, para garantizar el derecho a la salud y a la atención medica en caso de enfermedad.

10. Atención medica gratuita y de calidad para los contagiados, especialmente para los ancianos.

En caso de contagio y de extensión de la pandemia, los hospitales deben estar bajo el control del Estado y de los sindicatos de trabajadores de la salud, con la obligación de atender a los enfermos, sin discriminación, especialmente a los ancianos, otorgando gratuitamente las medicinas y antivirales necesarios para la recuperación.

11. Oponerse a cualquier restricción a los derechos laborales y libertades democráticas. Todos los gobiernos de Centroamérica, han aprovechado la crisis originada por la pandemia de coronavirus, para concentrar el poder y las decisiones en el aparato militar, imponiendo en los hechos severas restricciones a los derechos laborales y a las libertades democráticas.

Debemos mantener nuestra desconfianza en los gobiernos neoliberales, por haber dejado en ruinas los sistemas de salud pública. Cualquier decisión que de adoptan debe ser discutida y, si es necesario, impugnada a través de la lucha y la movilización.

Debemos luchar y evitar que la situación de crisis por la pandemia sea aprovechada para aplicar ajustes capitalistas contra el empleo, los salarios y las conquistas laborales de los trabajadores del sector público y privado.

12. Llamamos  a la autoorganización popular. En los barrios y en cualquier otro sector, debemos constituir comités cívicos con el objetivo de monitorear los niveles de contagio, discutir las medidas dictadas por las autoridades, y promover la solidaridad entre todos los afectados.

Donde sea necesario, llamamos a constituir sindicatos de trabajadores para evitar que la crisis sea utilizada en nuestra contra.

13. Congelación de los precios de los servicios públicos. Los servicios de energía, cable, internet, agua potable, transporte, etc, están en manos privadas o del estado, deben ser congelados mientras dure la pandemia, para garantizar el acceso de la población a los mismos. Debe aplicarse una moratoria ante la falta de pago, producto de la crisis.

El precio de los combustibles debe rebajarse para garantizar el vital servicio de transporte público. Y si la situación empeora, el Estado debe garantizar precios bajos accesibles del servicio de transporte público.

Estas son algunas de nuestras propuestas, que sometemos a consideración de los trabajadores y jóvenes de Centroamérica. Estas son apenas un punto de partida para combatir eficientemente los efectos de una peste que ha sido provocada por la voracidad de las grandes corporaciones capitalistas que han roto el delicado equilibrio de la naturaleza.

Centroamérica, 17 de marzo del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Bajo el pretexto de que la Asamblea Legislativa apruebe un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial, que es el programa central de combate contra las maras y pandillas, el presidente de Nayib Bukele convocó a una sesión plenaria extraordinaria de la misma para el día domingo 9 de enero en horas de la tarde. Los diputados de ARENA y del FMLN negaron la urgencia de tal convocatoria, y con ello se ha iniciado una nueva confrontación entre la presidencia de la republica y la Asamblea Legislativa.

Bukele pretende imponerse sobre la Asamblea Legislativa

Bukele ha fundamentado la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con base al artículo 167 de la Constitución, el que establece que: “(…) Corresponde al Consejo de Ministros:... 7º.- Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden; (...)”

La negativa de los diputados a aceptar la convocatoria de Bukele, se debe a que consideran “…que los procesos de préstamos no constituyen una emergencia nacional por lo que no se puede aplicar una convocatoria extraordinaria…” (LPG. 08/02/20),

Bukele juega con la “insurrección popular”

Para forzar un desenlace, el presidente Bukele ha invocado el “derecho a la insurrección”, establecido en el artículo 87 de la Constitución, llamando a la movilización popular contra la resistencia de la Asamblea Legislativa.

La respuesta de Bukele ha sido militarizar el palacio legislativo, retirar a los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de Policía Nacional Civil (PNC) encargados de la seguridad de los Diputados, aunque pocas horas después dicho agentes fueron devueltos a sus posiciones.

Bukele pretende manejar a El Salvador como si fuera su propia empresa, y por ello ha amenazado con la insurrección popular: “si los diputados deciden no asistir y “si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87”.

Sin lugar a dudas, Bukele ha interpretado de manera antojadiza el artículo 87 de la Constitución, el que reconoce  el derecho a la insurrección, pero solo bajo ciertas condiciones: “(…) él solo objeto de reestablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Mientras tanto, el partido Nuevas Ideas no ha se ha quedado atrás y está ofreciendo la logística para canalizar el descontento de la población a su favor, especialmente contra el establishment representado por los partidos del FMLN y ARENA.

Este populismo reaccionario de derecha no es nuevo en la historia de El Salvador. Solo basta recordar que General Martínez, para llegar el poder, en 1932 utilizó un discurso similar a favor de las masas empobrecidas, en contra de los ricos, llamando también a la insurrección en contra de ellos, pero cuando los indígenas lo hicieron por sus propias motivaciones, fueron aplastados de manera inmisericorde.

Los peligros del bonapartismo de Bukele

El Salvador es una sociedad que desde hace varias décadas se hunde en la violencia, la miseria y la barbarie. Eso provoca constante flujo migratorio hacia Estados Unidos, donde vive mas de un tercio de la población. La crisis del Estado y la decadencia económica provocan decenas de miles de marginados, que son la base social de las maras y pandillas. El origen de estos males esta en la incapacidad de la economía capitalista de satisfacer las necesidades básicas de la población.

La violencia y la marginalización social son temas que preocupan a las masas populares. Bukele pretende solucionar el problema de la violencia apoyándose en el aparato militar, lo que inevitablemente conduce a un nuevo genocidio en varias etapas. Por ello concentra todos sus esfuerzos en aplastar a los sectores marginalizados, agrupados alrededor de las maras y pandillas.

Bajo esta orientación, Bukele ha comenzado a atacar a las instituciones surgidas de la Constitución de 1983 y de los Acuerdos de Paz de 1992, las cuales ya son repudiadas por la mayoría de la población. El problema es que el régimen bonapartista que Bukele pretende imponer en los hechos, no es democrático, sino autoritario y crea las condiciones para que los militares retomen directamente el poder.

Debemos encontrar una solución democrática al problema de las maras y pandillas

Hasta el momento, todos los planes contra las maras y pandillas han fracasado porque han pretendido revolver enormes problemas sociales con represión, cárcel y balazos. Los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, intentaron solucionar el problema de las maras con corruptas negociaciones con las dirigencias de las maras y pandillas. También fracasaron. Ahora Bukele intenta resolver el problema con más represión militar. También va a fracasar, porque la descomposición hace surgir de manera permanente nuevos miembros de maras y pandillas.

La única solución democrática posible es que se les brinde a los pandilleros la oportunidad de reinsertarse a la vida social, con oportunidades de trabajo y superación personal. Debemos rechazar que la táctica de presión militar de Bukele solo pretenda crear mejores condiciones de negociación secreta con las cupulas de las maras. Cualquier negociación debe ser publica y sometida a la aprobación del pueblo salvadoreño.

El conflicto entre Bukele y la Asamblea Legislativa se produce en momentos en que salen a la luz pública las negociaciones secretas de los gobiernos de ARENA y del FMLN, en la que están involucrados funcionarios del gobierno de  Bukele.

Todos los partidos políticos del régimen han sacado provecho de la violencia social, mientras en este conflicto armado de baja intensidad, al pueblo le ha tocado la peor parte.

Es hora de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Desde el Partido Socialista Centroamericano, (PSOCA) alertamos al pueblo salvadoreño que de Nayib Bukele está instaurando en los hechos un régimen bonapartista que puede terminar restableciendo un régimen dictatorial, como las dictaduras militares del siglo XX.

La Constitución de 1983 y los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron una frágil democracia burguesa, que no ha podido solucionar los problemas sociales, y por ello está en crisis total.

Es hora que el pueblo decida como solucionar los problemas, sin el autoritarismo y el populismo barato de Bukele.

Llamamos a todas las organizaciones a aprovechar esta coyuntura para cerrar filas en la defensa de las libertades democráticas, movilizarnos y luchar con independencia respecto a Bukele, pero también en relación a los corruptos partidos políticos representados en Asamblea Legislativa. Si hay alguien contra los que debemos luchar es contra los ricos, y exigir mejores prestaciones económicas.

Los planes de seguridad deben ser financiados mediante impuestos cargados al gran empresariado y a las transnacionales.

Debemos avanzar en la democratización para ello debemos exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, que discuta como solucionar los problemas que carcomen a la sociedad salvadoreña.

Centroamérica, 9 de febrero del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

El telón finalmente ha caído. El pasado 16 de octubre, un jurado de una corte de Nueva York, Estados Unidos, declaró culpable de los delitos de narcotráfico y portación ilegal de armas a Antonio Hernández, ex diputado del Partido Nacional en el poder, hermano del ilegitimo presidente Juan Orlando Hernández (JOH).

La condena de Tony Hernández confirma el hecho de que Honduras, desde hace varios años, se ha convertido en un narco-Estado, donde los principales dirigentes del Partido Nacional y del Partido Liberal no solo se han alternado en el poder, saqueando las magras finanzas del Estado, sino que también se han coludido con los carteles del narcotráfico, convirtiendo a ese país en ruta de tránsito y base de operaciones del crimen organizado.

La captura de Tony Hernández en Miami, y su posterior condena es solo un capítulo más de este flagelo de corrupción y narcotráfico que azota al pueblo hondureño. En 2015, el banquero Jaime Rosenthal Oliva, dueño de Banco Continental, su hijo Yani y su sobrino Yanquel Rosenthal, fueron acusados por autoridades norteamericanas, de lavar dinero para el narcotráfico. El escándalo obligó a Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras a suspender el funcionamiento de Banco Continental. La familia Rosenthal fue condenada a penas menores, por su colaboración en el proceso judicial.

En septiembre del 2017, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue condenado por una corte de Estados Unidos a 24 años de prisión, por el mismo delito de narcotráfico.

Los viejos partidos Nacional y Liberal forman parte de este intrincado sistema de corrupción y narcotráfico que contamina la vida política en Honduras. Las múltiples denuncias sobre el ligamen de las cupulas del bipartidismo con el crimen organizado, nunca fueron tomadas en cuenta porque en Honduras prevalece la impunidad debido a que jueces y magistrados del poder judicial son nombrados y controlados por los grupos de poder.

Antes de conocerse la sentencia condenatoria contra Tony Hernandez, el pueblo de Honduras en diferentes oportunidades salió a las calles a protestar contra el fraude electoral y la dictadura que ha establecido JOH y el Partido Nacional. Si estas movilizaciones y levantamientos populares no lograron su objetivo se debió en parte al freno que imponen los llamados partidos de oposición, que casi siempre terminan utilizando la movilización popular como mecanismo de presión para negociar con JOH.

No obstante, en las actuales circunstancias, después de la reciente lucha librada por el magisterio y el sector salud en abril y mayo de este año, la condena de Tony Hernández constituye un golpe casi mortal contra la debilitada presidencia de JOH. Pero nuevamente observamos las vacilaciones e incoherencias de la oposición burguesa, liderada por Salvador Nasralla, el expresidente Manuel Zelaya y Luis Zelaya, quienes acaban de conformar la llamada Coalición de Unidad de la Oposición contra la Dictadura.

Evidentemente, existe una coyuntura favorable para unificar la lucha contra la dictadura de JOH, pero no se deben de cometer los mismos errores que en el pasado. En un comunicado con fecha 19 de octubre, esta nueva Coalición llama a iniciar acciones de protesta a “partir del día lunes 21 de octubre, de acuerdo a planes conjuntos y a las realidades de cada departamento y municipio”.

Mientras el pueblo de Honduras espera instrucciones precisas para lograr el derrocamiento de la dictadura de JOH, nuevamente observamos repuestas vagas y generales a los problemas concretos.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las centrales obreras y campesinas, sindicatos, organizaciones estudiantiles, colegios magisteriales, a la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación (PDSE), a la Coalición contra el Continuismo (CCC), a conformar una Comando Nacional que convoque a una Huelga General o Paro Nacional indefinido, exigiendo la renuncia inmediata del corrupto y narcotraficante JOH.

No podemos dejar en manos de las cupulas de los partidos opositores la conducción de esta importante jornada de lucha, porque siempre son proclives a negociar cuotas de poder. Los trabajadores y los sectores populares debemos tomar la conducción de esta decisiva lucha.

Emplazamos a la dirigencia del Partido Liberal, del Partido LIBRE, incluso a los diputados nacionalistas que se oponen a JOH, a todos que demuestren de qué lado están, conformando un bloque en el Congreso Nacional para montar el juicio político contra JOH, para lograr su destitución.

Ambas acciones, la Huelga General y el juicio político, no son contradictorias, sino que se pueden complementar en este momento decisivo para el pueblo de Honduras.

La renuncia o destitución de JOH debe abrir el camino a la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que nombre un gobierno provisional mientras se redacta una nueva Constitución.

¡Abajo la dictadura de JOH!

¡Por la más amplia unidad de acción en la lucha contra la dictadura de JOH!

Centroamérica, 19 de octubre del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Han pasado dos años desde que se realizaron las elecciones para la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León”, que permitieron recuperar esa organización, después de más 17 años de usurpación por parte de un grupo represor que nunca representó los intereses de los estudiantes.

Esta camarilla parasitaria fue respaldada por las administraciones de turno en la rectoría de la Universidad San Carlos (USAC). Las primeras elecciones democráticas, luego del periodo de usurpación, fueron ganadas por el extinto grupo Frente Estudiantil, que se identificaba más con los intereses de las agendas internacionales de las ONG’s que con la defensa de los intereses estudiantiles, lo que se demostró durante sus dos años de gestión en la medida que la nueva directiva electa no resolvió significativamente ninguno de los problemas que aquejan a las masas estudiantiles.

Un paso adelante, dos pasos atrás

En ese sentido, la recuperación o rescate de la AEU en 2017 fue un pequeño paso enormemente progresivo para reconstruir las tradiciones de organización y luchas de los estudiantes guatemaltecos, las que fueron cortadas a sangre y fuego por los distintos gobiernos militares, cuando los mejores dirigentes estudiantiles y magisteriales fueron secuestrados, asesinados o desaparecidos. Pero este paso progresivo se terminó diluyendo, porque las elecciones en 2019 para elegir otra directiva de la AEU se producen en medio de una enorme crisis de los grupos estudiantiles y de una gran apatía de los estudiantes.

Las tradiciones de arribismo y oportunismo contagian a algunos grupos estudiantiles

Es importante mencionar que las más oscuras tradiciones de la política nacional, como la corrupción, el caudillismo, el clientelismo y el arribismo, se refractan irremediablemente dentro de la USAC, contagiando y enfermando a una parte de los grupos estudiantiles, cuyos dirigentes se pelean por recoger las prebendas que caen del escritorio de rectoría.

La USAC es la única universidad pública de Guatemala y la más grande de Centroamérica. De sus aulas egresan una buena parte de los profesionales y personal técnico que brinda sus servicios en las instituciones del Estado y las empresas del sector privado. Entonces, algunos caudillos estudiantiles utilizan su posición de dirigentes como trampolín para sus intereses personales, ingresando al entorno de corrupción. Este fenómeno ha empeorado en los últimos años. Los “zopes” fueron la manifestación mas descarnada de este fenómeno degenerativo, pero la recuperación de la AEU en 2017 no logró acabar con ellos y el fenómeno del “zopismo” renace en otros grupos y dirigentes estudiantiles, quienes se inclinan siempre a negociar con rectoría prebendas y privilegios materiales

Por esta razón, las contiendas electorales dentro de la USAC  se ven afectadas por esta arraigada y corrupta tradición de la política nacional, caracterizada por peleas entre pequeños grupos que en realidad no representan a nadie más que a sus intereses particulares, y cuyo objetivo central siempre es negociar prebendas con la rectoría, en detrimento de las grandes mayorías del estudiantado sancarlista en todo el país.

Otro fenómeno peligroso: escasa participación estudiantil

La realidad del “movimiento estudiantil”, es que esta siendo controlado por grupos minoritarios que carecen de legitimidad democrática. En la mayoría de unidades académicas de la USAC, solamente un 10% de la población estudiantil elige a sus representantes. La democracia estudiantil está en crisis. En las elecciones de 2017, de 140 mil estudiantes inscritos, solamente votaron cerca de 16 mil. En unidades académicas que cuentan con 1,200 estudiantes, solo 100 votaron para la elección de su respectiva asociación.

No cabe la menor duda que esta apatía estudiantil es consecuencia directa de los 36 años de guerra interna, que aniquiló físicamente a varias generaciones de la vanguardia estudiantil, y provocó un corte total en las tradiciones de organización y lucha.

Los diferentes rectores conspiran de manera permanente para evitar que la AEU vuelve a ser la organización de lucha y representativa de los estudiantes. Y mas bien alienta la corrupción y degeneración de algunos grupos estudiantiles, para captarlos y ganarlos a sus intereses.

La apatía no solo se ha manifestado en la escasa participación de los estudiantes en las elecciones de la directiva de la AEU, sino también la casi nula participación en la elecciones de las asociaciones de las diferentes unidades académicas, así como en los cuerpos colegiados en estas y en el propio Consejo Superior Universitario (CSU). Al no participar la mayoría de los estudiantes, los puestos de dirigentes estudiantiles son llenados por individuos que aspiran a mejorar sus ingresos personales, tener privilegios o enlazarse a las tuercas corruptas dentro de la USAC.

Ejemplo de esto son los banquetes que se sirven en todas las reuniones del CSU, los múltiples viajes y dinero que las autoridades aportan a los “representantes” estudiantiles, que son electos por una minoría

Olvido y abandono de los estudiantes de los centros universitario

Por si fuera poco, los centros universitarios ubicados en el interior de Guatemala se encuentran desligados de cualquiera de las formas de gobierno estudiantil desarrolladas en el campus central de la USAC. De la misma forma que la zona metropolitana se impone al resto del país, la centralización de las decisiones  en los asuntos estudiantiles, además de promover la desarticulación entre estudiantes, divide al combativo estudiante del interior, dejando las principales decisiones en los grupos estudiantiles minoritarios y más acomodados de la capital.

Es preocupante que la directiva saliente de la AEU haya aprobado reformas a los estatutos de la AEU sin llamar a la gran asamblea general de estudiantes de toda la USAC, no solo del campus central. Se dedicaron a hacer cambios ridículos de forma y no de fondo, pues no buscaron incluir a los centros universitarios del interior dentro de la representación estudiantil. Esa antidemocrática reforma a los Estatutos, pretendía asegurarse que el resultado de las elecciones les beneficiase, jamás buscaron como fortalecer la participación y la democracia estudiantil.

¿Vale la pena votar en las elecciones del 2019?

Dos años después de la recuperación de la AEU, se realizarán las segundas elecciones. Al final, esta recuperación fue simbólica, porque no se logran restablecer las tradiciones de lucha del movimiento estudiantil guatemalteco.

Estas elecciones se atrasaron por las jornadas de la última toma estudiantil en todas las sedes universitarias, durante el mes de agosto pasado. En esta ocasión, las 3 planillas que luchan por el trofeo de la nueva directiva de la AEU, el 5, 6 y 7 de octubre, dejan mucho que desear.

Estos candidatos reproducen todos los males de la política nacional, sus discursos están centrados en ataques personales contra los contendientes, pero no presentan los programas y propuestas de lucha, para terminar con la escasa participación estudiantil y convertir al estudiantado en un factor de cambio revolucionario en Guatemala.

Es necesario refundar el movimiento estudiantil en la USAC

Desde 2016-2017 estamos ante una nueva fase de reorganización del movimiento estudiantil. Se recupero formalmente la AEU, pero el actual sistema electoral dentro de la USAC se basa en la enorme apatía de los estudiantes, provocada por 20 años de control por parte de los zopes.

En 2017 logramos sacudirnos a los zopes. El próximo paso debe ser lograr la democratización más amplia del movimiento estudiantil, haciendo a un lado a los arribistas y colocando al grueso de los estudiantes en las tomas de decisiones y elecciones de representantes. Para alanzar esta meta debemos partir de un programa de trabajo y lucha que reconozca las necesidades reales de los estudiantes y los despierte a la vida política.

Ante esta situación, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) plantea que es necesaria una refundación del mismo. Esta refundación debe tener un eje claro de democratización y reorganización de las actuales estructuras de gobierno estudiantil.

Debemos luchar para evitar que grupos minoritarios, que no gozan del respaldo de la mayoría, se eternicen en las estructuras de gobierno estudiantil, como hace poco lo hacían algunos grupos en la comisión Transitoria, atrincherados en el Honorable Comité de Huelga de Dolores.

Mas que votar para que todo siga igual o peor, es urgente cambiar radicalmente la estructura y forma de elección de los órganos de dirección de la AEU y de la representación estudiantil. Debemos terminar con el régimen presidencialista al interior de la AEU, ya que es una copia al carbón del sistema de gobierno que la oligarquía ha impuesto por casi dos siglos en Guatemala

Llamamos a reemplazar al secretariado de la AEU por un órgano colegiado formado por representantes o delegados electos en las diferentes asociaciones estudiantiles de las diversas unidades académicas que conforman la USAC. Esto implica un cambio desde las propias unidades académicas, que incorpore a las bases estudiantiles en la elección de las directivas de sus asociaciones, para que sean representaciones realmente democráticas que integren desde los salones a la mayor cantidad de estudiantes, único remedio para acabar con las tradiciones oportunistas, sectarias y antidemocráticas de los grupos minoritarios que hoy están usurpando la representación estudiantil.

Para impulsar estos cambios debemos luchar por la convocatoria de un Congreso Constituyente Estudiantil, que apruebe la nueva forma de gobierno, basada en un Consejo General, donde los cargos sean rotativos, que incluyan obligatoriamente a los delegados de provincia. Estos cambios deben terminar en nuevos Estatutos y nuevas elecciones aplicando el sistema de elección de delegados.

¡LUCHEMOS POR LA REFUNDACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SANCARLISTA!

Centroamérica, 4 de octubre del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)