Nicolás Maduro ha aceptado la mediación de la Iglesia Católica, para llegar a acuerdos reaccionarios con la oposición burguesa

Por Orson Mojica

En medio del caos de las movilizaciones impulsadas por la oposición burguesa, la represión, los muertos y heridos, poco a poco se va aclarando hacia dónde va Venezuela. Este proceso no es rectilíneo, pero ya existe una tendencia que los socialistas debemos analizar.

La Resolución de la OEA, se inicia el giro hacia la negociación

Contrario a lo pronosticado, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió en Washington el 7 de Marzo y no resolvió la intervención armada, ni nada por el estilo, sino que decidió respaldar las iniciativas del gobierno de Nicolás Maduro para que continúe “avanzando en el proceso de diálogo nacional, hacia la reconciliación política y social, en el marco del pleno respeto a las garantías constitucionales de todos y por parte de todos los actores democráticos”.

Esta resolución fue votada por 29 Estados a favor, y 3 en contra (Estados Unidos, Canadá y Panamá), en un aparente aislamiento de la política del imperialismo norteamericano.

Al día siguiente, el 8 de Marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración oficial manifestando que "Estados Unidos no puede estar de acuerdo con una declaración que expresa el total apoyo de la OEA al proceso de diálogo orquestado por un solo actor (…) La OEA no puede aprobar un diálogo en el que la mayoría de la oposición no tiene fe ni voz e incluya una tercera parte en la que todos puedan confiar" (EFE, 8/3/2014).

Como se puede observar, el gobierno de Estados Unidos no se opone a la política de Diálogo Nacional que impulsa el presidente Maduro, sino a las condiciones en que éste sería convocado. Quiere acuerdos sustanciales que sean respetados. Es una importante diferencia de matices, pero que no cuestiona la política de diálogo con la oposición. Al imperialismo norteamericano le interesan cambios graduales en el régimen político, y no conmociones revolucionarias que pongan en peligro el statu quo regional.

Fracaso parcial de la “Conferencia Nacional por la Paz”

 

Un día antes de la Resolución de la OEA, el gobierno de Nicolás Maduro convocó unilateralmente a la “Conferencia Nacional por la Paz” con los partidos políticos de la oposición burguesa, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), cuyo principal dirigente es el ex candidato presidencial Henrique Capriles.

Como era de esperarse, la MUD se negó a asistir al diálogo, boicoteándolo, pero las cúpulas empresariales sí asistieron y se sentaron ávidas a negociar con el gobierno. Ante el fracaso parcial de la convocatoria, Maduro no enterró la política de Diálogo Nacional, sino que propuso mantenerla con vida al “establecer una Comisión de Coordinación y Enlace de todos los que nos hemos convocado hoy aquí (…) la que se encargará de procesar todas las propuestas (…) No hagamos un drama de que alguien haya dicho que no viene, busquemos que diga que sí viene a la próxima reunión o a la próxima jornada".

En esa reunión, Jorge Roig, presidente de FEDECÁMARAS, el estado mayor de la burguesía venezolana, declaró solemnemente: "Nuestro país no está bien, Presidente; nos estamos matando entre venezolanos, y eso es grave. Usted tiene una responsabilidad, como jefe de Estado, es el primer responsable de calmar los ánimos en el país. En Fedecámaras creemos en el diálogo. Cometimos errores en Fedecámaras, y los hemos reconocido, pasemos esa página, Fedecámaras no está para sustituir a ningún gobierno".

Entonces, ante el boicot de la MUD, el diálogo se mantiene diferido entre el gobierno y las cúpulas empresariales, que discuten como tema central la crisis económica que golpea a Venezuela, quedando pendiente el vital tema de los cambios al régimen político.

Primer gran golpe: la devaluación encubierta del bolívar

La renta petrolera de Venezuela permite el ingreso de miles de millones de dólares que, al final del camino, terminan en manos de los empresarios y de las transnacionales petroleras.

En los últimos años, el chavismo impulsó el control de divisas debido a un creciente déficit en su balanza de pagos por el agotamiento de las reservas internacionales en dólares. Con precios bajos del petróleo a nivel internacional, la caída constante en la productividad de PDVSA, y el enorme gasto público que representan los programas de asistencia social o “misiones”, el déficit fiscal se ha disparado en los últimos años.

El resultado práctico es la devaluación constante aunque camuflada del bolívar en los hechos. Las consecuencias las pagan la clase media y los sectores populares, en la medida en que casi todos los productos de consumo se compran en el extranjero en dólares. Este es el origen de la escasez de productos de consumo popular, que han alimentado las movilizaciones de la oposición de derecha.

Aprovechando la confusión y el caos, el 24 de Marzo el gobierno de Maduro anunció la implementación del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD-II), que es un sistema de venta de dólares, y que viene a sustituir al fracasado SICAD-I. Se acabó el periodo de tasa fija en la venta de dólares y de restricciones a la venta de divisas. La liberación del mercado de divisas ha sido una vieja reivindicación de la burguesía venezolana. El SICAD-II va en esa dirección aunque coyunturalmente golpea a la burguesía que especulaba con las divisas vendidas a precios oficiales, que no eran los precios reales del mercado.

Con el SICAD-I la tasa de cambio del dólar era superior a los 10 bolívares, con el SICAD II, pasa a más de 50 bolívares. Actualmente el tipo de cambio oficial presenta una sobrevaloración de entre el 78 y el 120 por ciento.

En el fondo, esto es el inicio de una marcha hacia atrás del modelo chavista de capitalismo de Estado y de control del mercado de divisas. El camino hacia la liberalización de la economía ya está en marcha. En adelante, cualquier persona o empresa podrá comprar divisas, a precios fluctuantes, ante los operadores de cambio autorizados.

Jorge Roig, presidente FEDECÁMARAS, calificó la implementación del SISCAD-II como “una devaluación. No hay que hablar con medias tintas. El Sicad 2 y el Sicad 1 es una devaluación. Todo aquel dólar que se venda por encima del dólar oficial se llama devaluación (…) es un paso en la dirección correcta. Lo ideal es que todo esto vaya confluyendo a que tengamos un cambio único con el tiempo” (EFE, 27/3/2014).

La satisfacción de los empresarios venezolanos ya no se puede ocultar. Ahora FEDECÁMARAS está peleando para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos, por medio de la cual el gobierno de Maduro ha pretendido vanamente controlar los precios del mercado.

El Vaticano y la Iglesia Católica como mediadores

Gustavo Cisneros, el principal magnate venezolano, presidente de la Junta Directiva de la Organización Cisneros, y quien participa en el diálogo de los empresarios con el gobierno de Maduro, escribió un artículo en el diario El País, de España, que resume la estrategia de diálogo de la oligarquía, la cual pide a gritos a la Iglesia Católica como garante de los posibles acuerdos del Diálogo Nacional: “Con la violencia en ascenso, la situación en Venezuela ha alcanzado un punto insostenible al cual no podemos ser ajenos (…) Venezuela necesita tomar para encontrar —de mutuo acuerdo—, la senda de la paz, la reconciliación y el crecimiento (…) En este contexto —tal como diversos personajes han propuesto ya— la intervención de una figura al margen de cualquier interés político, como la del Papa Francisco y la ecuánime cancillería del Vaticano, emergen como la opción más viable. (…) La Conferencia Episcopal Venezolana tiene la confianza del país y podría tomar parte de este arbitraje y del establecimiento de un ambiente propicio para un diálogo sin exclusiones. (…) Venezuela requiere de la unión de Gobierno, instituciones, partidos políticos y ciudadanos, de un debate constructivo que nos permita recuperar esa Venezuela de oportunidades, de progreso y de bienestar” (ElPaís, 19/3/2014).

Esta postura fue retomada, días después, por Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, quien elogió la labor de los cancilleres de UNASUR, pero al mismo tiempo dijo:"El secretario (de Estado John) Kerry y yo hemos dicho, ciertamente, que hay una serie de opciones sobre la mesa para fomentar una solución pacífica en Venezuela, una de ellas podrían ser las sanciones pero no puedo predecir qué tipo (de sanciones) serían (…) En lo que realmente estamos concentrados ahora mismo es en intentar identificar, en que ambas partes identifiquen y se pongan de acuerdo sobre un mediador” (El Universal, 28/3/2014).

Y la bola de nieve ya comenzó a rodar. El Papa Francisco ofreció, mediante una carta secreta, que la Iglesia Católica podría jugar ese papel de mediador en Venezuela. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo que el Vaticano y su secretario de Estado, Pietro Parolin, “conoce bien y ama a Venezuela, ya que fue nuncio apostólico allí, están dispuestos y deseosos de hacer lo que sea posible por el bien y la serenidad del país” (Página 12, 31/3/2014).

Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, agradeció el posible nombramiento y envío del cardenal Pietro Parolin, como mediador de la crisis venezolana. Pero lo más sorprendente fue la aceptación del presidente Maduro, sobre el rol de la Iglesia Católica en el conflicto: “Que venga el secretario de Estado, canciller del Vaticano, Pietro Parolin, que fue embajador aquí. Qué venga, pues. Pobrecito, le van a hacer perder el tiempo. Estoy de acuerdo ¿Quieren que venga? ¡Que venga!" (EFE 30/3/2014).

Pero se equivocan quienes creen que la Iglesia Católica es un hueso fácil de roer. Con un lenguaje religioso o humanitario, los curas saben lo que quieren. Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, ha dicho que las actuales protestas "tienen su origen en la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado plan de la patria, detrás del cual se esconde la imposición de un gobierno totalitario (…) Los exhortamos (al gobierno y la oposición) al diálogo y a poner todo su esfuerzo por construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la reconciliación y la búsqueda de la normalización de la situación nacional (…) La salida de la crisis es clara, el diálogo sincero del gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad (…) El gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza, la represión no es el camino, con ella no han podido evitar las manifestaciones de protesta, ni dar respuesta al descontento y la rebeldía de la gente” (AFP y CNN).

¿Hacia la reforma negociada del régimen bonapartista?

 

Las piezas del ajedrez de la negociación política se van poniendo poco a poco en el orden que el imperialismo norteamericano y la burguesía venezolana anhelan, preparando paulatinamente, en medio de las mutuas acusaciones y enfrentamientos callejeros, las condiciones para acuerdos reaccionarios.

Y esto no es una exageración polémica de nuestra parte, sino que proviene de la boca del canciller Elías Jaua:“Nosotros no vamos al diálogo condicionados, ni porque nos amenazan ni porque ejerzan algún tipo de chantaje (…) “Nosotros no vamos a un diálogo porque nos amenace Estados Unidos o porque nos chantajee la oposición, sino porque el país no merece una guerra entre hermanos. Es hora de establecer un juego democrático” (varias agencias).

El discurso de los altos funcionarios del gobierno de Maduro ha venido cambiado rápidamente, pasando de la confrontación a la abierta conciliación. Todos comienzan a coincidir en la necesidad de liberalizar la asfixiada economía, y también aflojar el estricto control del régimen bonapartista que instauró Hugo Chávez. Pero una cosa son las coincidencias generales y otra, muy diferente, el desmantelamiento gradual del modelo chavista. Hay muchos intereses materiales en juego. Los trabajadores venezolanos deben crear su propia alternativa independiente.