Por Sebastián Ernesto González

El 13 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones primarias para marzo del 2021, con esta convocatoria se inicia un proceso electoral que culmina con la declaratoria del presidente del ejecutivo para el periodo 2022-2026, con más de una década de que grupos fácticos se apoderaron del país con el Partido Nacional al frente y Juan Orlando Hernández a la cabeza.

El golpe de estado del 2009 a traído mucha miseria al país, siendo la clase trabajadora la más afectada y que muchos han pasado a aumentar los índices de familias pobres que a penas sobreviven con 3 dólares diarios o menos. La criminalidad y la inseguridad en el país es el diario vivir y ya no hay nada que envidiar a Colombia o México con escenas dantescas ligadas al narcotráfico, trata de personas o delincuencia común.

El asesinato de personas activistas en la defensa y protección de la tierra y el medio ambiente es una preocupación permanente en los que la realizan y en defensores de derechos humanos. La dictadura dio rienda suelta a escuadrones de la muerte para asesinar en la impunidad. La represión actúa por todos lados, desde los operadores de justicia, pérdida de empleo, el escarnio público, detención ilegal, golpizas en las manifestaciones o ya, por último: el asesinato.

Convocatoria sin una nueva ley electoral

Los grupos que controlan el poder en el país no quieren soltarlo y cuentan con el apoyo de los militares para sostenerse y el visto bueno de la política imperialista de los Estados Unidos. Hay que tener claro que Juan Orlando Hernández no está solo, detrás de él hay toda una maquinaria principalmente compuesta por banqueros y personajes de la empresa privada que se han beneficiado en todo este tiempo post golpe, dejar el poder es perder los privilegios y en todo caso, en el más extremo pueden soltar el poder negociando cuotas y beneficios que sigan aumentando sus ganancias. De ahí que no es extraño que la convocatoria a elecciones primarias se hizo sin la aprobación de una nueva ley electoral. El supuesto consenso que había en el Congreso Nacional para aprobar tal ley fue roto en último momento por el Partido Nacional y con el pataleo del Partido Libertad y Refundación se hizo la convocatoria.

Una de las situaciones que legalmente no está dilucidada es la regulación de la reelección, hecho que según la constitución es ilegal y que no ha sido juzgado y ni se juzgará mientras Juan Orlando se mantenga en el poder. Pero una vez que salga, puede cambiar el contexto y se le puede llevar a juicio. Siendo este uno de los puntos que el Partido Nacional lleva 3 años pretendiendo negociar para apoyar una nueva ley electoral y que el Partido Libre y Partido Liberal se niegan a aceptar, al menos hasta ahora.

El Partido Nacional y Juan Orlando siguen controlando toda la institucionalidad del país, por lo que otro fraude electoral no se puede descartar y pone los pelos de punta al imaginarse otra convulsión social como la de diciembre del 2017, hecho que dejó al pueblo con muchos mártires que se suman a los que hubo cuando el golpe de estado del 2009. Pero a los que tienen el poder no les importa esto, ya se demostró en estos 6 meses de confinamiento que hay suficiente dinero para mantenerse a pie. Que el pueblo sufra es lo que menos les conmueve y actuarán hasta las últimas consecuencias para seguir con el poder o negociar jugosas cuotas de ganancia. Si el Partido Nacional no se muestra con la misma prepotencia de antes, es porque debe existir algún tipo de presión externa que les está exigiendo elecciones más transparentes, pero el pueblo no puede quedarse confiado en que la comunidad internacional le tire el salvavidas.

Solo la insurrección puede terminar con la dictadura

En las altas esferas del poder pueden darse diferentes tipos de negociaciones, pero ninguna de ellas garantiza el beneficio para el pueblo ni que esos grupos que se han devorado al país salgan huyendo. Al pueblo solo le queda la insurrección popular, volcarse a las calles para sacar a los delincuentes del poder, es inadmisible que el robo descarado del erario no estremezca la conciencia del pueblo hondureño y que solo espere el siguiente proceso electoral con las reglas dictadas por el que dirige un narco estado. Pero también el pueblo debe saber y actuar sabiamente; el que habla para dividir la oposición solo beneficia a la dictadura, el pueblo puede ir a elecciones en marzo del 2021, pero primero insurrección popular para que las ratas huyan al despeñadero.