Por Horacio Villegas

Al librarse la ardua lucha popular en contra del fraudulento proceso de elecciones en noviembre del 2017 –en donde la toma de carreteras, barrios y colonias, fue la principal estrategia que irrumpió en las calles–, varios compañeros que se sumaron en las protestas fueron capturados por los órganos de represión del Estado. Las celdas de postas y cárceles en el país se fueron engrosando con la presencia de compañeros que asumieron las protestas en un ambiente de semi-insurrección contra el gobierno ilegítimo y fraudulento de los nacionalistas.

Para el mes de febrero (según el Resumen Latinoamericano / 23 de febrero de 2018 / Giorgio Trucchi, Rel-UITA) se estimaban 39 personas asesinadas en circunstancias de represión por parte del ejército y la policía militar, y 80 criminalizados con procesos judiciales en marcha. Sumado a esto, una ola de asesinatos selectivos a líderes de comunidades que estuvieron en contra de proyectos extractivos como la minería, y además, participantes activos en la lucha contra el fraude electoral. 

La zona norte del país se convirtió en el foco de resistencia en la crisis. El Progreso fue el ejemplo más claro de la vehemencia que puede tener el grueso de la población hondureña al generalizarse el descontento por acciones fraudulentas como las que empleó el Partido Nacional. Asimismo, fueron los jóvenes, como en el caso de Villanueva, Cortés, quienes sostuvieron las protestas hasta sus últimos términos; convirtiéndose varios de ellos, injustamente, en presos políticos. 7 compañeros que fueron apresados el 24 de enero del 2018, fueron finalmente liberados el 31 de enero por las presiones de sus familiares y defensores de derechos humanos.

“De acuerdo a cifras que maneja el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras, Cofadeh, un aproximado de mil personas han sido detenidas en las manifestaciones contra el fraude electoral a lo largo y ancho del territorio nacional.” (Radio Progreso, 1 de febrero de 2018).

Los cargos por los que se les acusó a los compañeros que lucharon en las calles denunciando el fraude electoral ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, fueron: “daño agravado”, “incendio agravado”, “terrorismo” y “sedición”. Todos estos cargos fueron impuestos, era de esperarse, como un falso argumento que evadió el verdadero motivo de las detenciones: la persecución de los disidentes del gobierno.

La universidad ha dado el ejemplo en la persecución selectiva de estudiantes universitarios

Las luchas intensas que se vivieron en la Universidad en el 2015 y de allí en adelante hasta el desalojo del 8 de septiembre de 2017, dieron como resultado varias detenciones, expulsiones, y apertura de expedientes judiciales a varios de los compañeros del movimiento estudiantil que asumieron la lucha por la democratización de la UNAH.

Hasta el día de hoy no ha habido libertad definitiva para los … compañeros judicializados, y tampoco la reinserción de los … que fueron injustamente expulsados. La administración de la Universidad, encabezada en aquel entonces por Julieta Castellanos, no dudó en entregar en bandeja de plata ante el ministerio público a los jóvenes estudiantes que reclamaban sus derechos dentro de la UNAH.

Los administradores de la Universidad, los mismos que se encargaron de elaborar toda una cortina de estigmatización hacia los jóvenes luchadores, ha sido el referente moral que el gobierno nacionalista ha utilizado en la práctica para justificar las detenciones y persecución de estudiantes.

“…el caos generado por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) es una estrategia de este partido de oposición, ‘y eso es una muestra de lo que podría ocurrir en las elecciones generales del 26 de noviembre’, en caso que este partido pierda en las votaciones.” (Declaración de Julieta Castellanos, La Tribuna, 26 de Julio de 2017).

La UNAH nacionalista y las lecciones del diálogo y acuerdos de julio de 2016

La reforma universitaria emprendida por Julieta Castellanos y su equipo de burócratas lacayos, ha tenido el agrado y respaldo de los nacionalistas que una vez más en la historia de este país han maniobrado para imponer el continuismo y, por consiguiente, el retorno a las dictaduras.

Con esto se confirma que la institución formadora de profesionales, único baluarte del pensamiento en el país, ha dado el ejemplo en el empleo de métodos policíacos y de persecución de jóvenes al gobierno de Juan Orlando. Tal parece que la UNAH es otro engranaje que se mueve y sincroniza perfectamente en la maquinaria sofisticada que han construido los nacionalistas en casi 9 años luego del golpe de Estado del 2009.

Inclusive, la figura del diálogo propuesto por el gobierno ilegítimo de JOH es una reminiscencia del diálogo entre el MEU y las autoridades universitarias llevado a cabo en Julio del 2016; pues los términos a los que se quiere llegar son similares: parar con las protestas y descontento popular e iniciar una supuesta reconciliación de las dos partes en conflicto.

Los acuerdos firmados por el MEU y las autoridades universitarias prácticamente dejaron en suspenso las luchas por las reformas a las normas académicas y abrieron paso a la aniquilación del movimiento estudiantil universitario. El mismo efecto de derrota podría generarse en la consciencia de la gente que luchó contra el fraude electoral con el sólo hecho de que la Alianza de Oposición estime conveniente formar parte del sonado diálogo nacional de los cachurecos.

El caso de Eduardo Urbina: estudiante universitario perseguido por el gobierno de JOH

El compañero Eduardo Urbina estudiante de la carrera de Historia en la UNAH y ferviente opositor del gobierno, salió del país el 10 de diciembre de 2017 con rumbo a Nicaragua y luego Costa Rica – país que le dio asilo por tres meses. Lo detuvieron injustamente cuando iba con dirección a Nicaragua el 10 de marzo de 2018, en el cruce fronterizo de Peñas Blancas.

Los motivos para la extradición que el gobierno y los medios tarifados han mostrado ante la opinión pública sobre este caso, es la quema de un camión militar en Comayagüela. No existe ninguna prueba fehaciente que demuestre que este joven haya quemado dicho camión.

Más bien todo forma parte de una selección minuciosa de compañeros que han combatido con rigor y acciones de protesta a este gobierno, encabezada por FUSINA, el Ministerio Público y otros cuerpos de seguridad del Estado como la Policía Militar, etcétera. Los comunicados de organizaciones de Derechos Humanos y la misma escuela de Historia no tardaron en hacerse visibles ante este atropello y persecución política.

“Sabemos que nuestra comunidad universitaria está compuesta por individuos con diversos credos e ideología, por lo que solicitamos el respeto a la participación y manifestación de sus derechos como ciudadanos de este país. Por ello, hacemos un llamado para que acabe el estado actual de agresión y cacería política.” (Comunicado docentes carrera de historia-unah, replicado por Criterio hn, 16 de marzo de 2018)

La solidaridad centroamericana debe estar latente en estos casos de atropello a la libertad de jóvenes opositores al gobierno

La lucha contra las dictaduras ha sido un episodio en la historia del siglo XX centroamericano; historia compartida con la mayoría de los países que forman esta región. Y al parecer las circunstancias que han ido surgiendo en estos momentos, apuntan al regreso nefasto de estos gobiernos despóticos y sanguinarios. El ensayo ha comenzado en Honduras, y quizá se vuelva tendencia en los demás países.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos visible el atropello sistemático de los derechos humanos de varios de los compañeros que asumieron la lucha inaplazable contra la instauración de la dictadura de JOH. Y reiteramos nuestra solidaridad para los que hoy enfrentan todavía procesos penales.