Por Max Luján

Como era de esperarse, el Congreso Nacional aprobó el día jueves 4 de mayo la penalización del aborto. Algunas figuras del engranaje político y religioso se encargaron de echarle leña al fuego, antes que se diera el veredicto del Poder Legislativo, polemizando así el tema y llevándolo a crear la polarización entre los sectores que estaban favor y los sectores que estaban en contra de la despenalización del aborto.

Las iglesias Evangélica y Católica ya habían conformado un frente común en contra de la despenalización del aborto. La confraternidad Evangélica se pronunció a través de un comunicado manifestando lo siguiente: “Rechazamos todo intento de legalizar el aborto de ninguna categoría porque ninguna ley humana está sobre el derecho a la vida que tiene todo ser humano; derecho que es dado por el creador” (El Heraldo, 21/4/17)

Por la iglesia católica, el sacerdote Juan Carlos Ramírez resaltó: “Hoy, una vez más la Iglesia nos dice no al aborto, sí a la vida, esa es la misericordia de Dios, la Iglesia quiere que se respeten las realidades profundas del ser humano” (La Tribuna, 21/4/17)

Otros sectores como el grupo Provida y la bancada del Partido Nacional dijeron un NO rotundo a la despenalización, así lo sostuvo Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional: “No estamos a favor en cualquiera de los escenarios ya sea por violación, estupro o que pongan en peligro la vida de la madre. Debe seguir penalizado” (La Prensa, 22/4/17)

Por otro lado, los sectores que lucharon a favor de la despenalización del aborto, fueron sectores como La asociación Somos Muchas y Articulación 611, que aglutinan diversas organizaciones feministas, ellas fueron las que impulsaron la despenalización del aborto por tres causales: Cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de un incesto, cuando pone en grave riesgo la salud y la vida de la mujer embarazada y cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Regina Fonseca, representante del Centro de Derechos de la Mujer, fue una de las delegadas que propuso al Congreso Nacional esta iniciativa “para que en el Código Penal haya tres excepciones a la penalización del aborto y así salir de este atraso”. (La Prensa, 22/4/17)

La discusión sobre la despenalización del aborto se dio en el marco de la aprobación de un nuevo código penal, estamento jurídico que, según los congresistas, pretende ser más respetuoso con los derechos humanos. El artículo 126 del anterior código penal, pretendía reformarse en este nuevo código penal, para denominarse artículo 196, el cual poseía excepciones para que la acción del aborto no fuese catalogada como un hecho punible. Y contemplaba que la interrupción del embarazo debía ser practicada por un médico o bajo su dirección y realizada en un centro sanitario público o privado, este debía cumplir primero con el requisito de contar con el consentimiento expreso de la mujer.

Al final, este artículo no fue reformado y quedó tal como estaba estipulado en el código penal anterior, donde se penaliza el aborto con sanciones que van desde los tres hasta los diez años de reclusión. Este artículo 126 establece que el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Y establece una pena de 3 a 6 años de prisión a la mujer que lo consienta y produzca, con 6 a 8 años de reclusión a la persona que lo provoque con violencia; de 8 a 10 años de reclusión a quien lo provoque con engaño y violencia y de 4 a 6 años a la persona que lo ocasione con violencia, pero sin el propósito de causarlo.

El tema del aborto se manejó una vez más de forma demagógica por la clase política, y más por el Partido Nacional, debido a que estamos en un año electoral y la maniobra de los “Cachurecos” es atraer a los sectores reaccionarios como a la iglesia católica y Evangélica para su proyecto reeleccionista. En este tema vemos cómo actuó la doble moral burguesa, religiosa y política.

En el PSOCA condenamos la prohibición del aborto, ya que les quita a las mujeres el derecho democrático a decidir sobre su cuerpo. Llamamos a luchar por la derogación de esta ley, solo las mujeres pueden decidir el futuro de las propias mujeres. El Estado debe de asumir todas las políticas relacionadas con la planificación familiar, esto implica educación sexual y toda campaña de prevención en los colegios y escuelas. Todas estas campañas de educación sexual lo que van a crear es que los jóvenes prevengan embarazos indeseados y no haya necesidad de aborto. El aborto debe ser la última medida que se tome cuando ocurre algo que no desean las mujeres, que este sea libre, gratuito, con seguridad y que no hallan daños; pero no solo por violación o por defectos congénitos, esto debe ser más amplio, democrático y que tiene que ser seguro y asumido por el Estado.