Por Justo Severo Izquierdo

De nada le ha servido al gobierno de Juan Orlando Hernández idear una política de combate a la criminalidad, por más que haya centrado su estrategia en la militarización, cobro de la tasa de seguridad, que por cierto, ha creado enorme incertidumbre en la población sobre el uso de sus fondos, ya que no existe un ente que fiscalice y brinde detalles sobre cómo se invierten los miles de millones que entran a las arcas del Estado por concepto del Tasón de Seguridad; aunado a estas maniobras, también se creó la Fuerza Nacional Antiextorsión, unidad que pretende desarticular bandas que se dedican a este delito y hacer bajar los índices de extorsión en el país. Hasta el momento, lo que refleja el país, es el incremento de la violencia en todas sus dimensiones, por tanto, se percibe que la política implementada por JOH no ha dado los resultados esperados, es una política de seguridad fracasada, se vive en un Estado fallido, en un ambiente de zozobra e indefensión.

El cobro del impuesto de guerra se convierte en negocio lucrativo y se institucionaliza

El delito de la extorsión, llamado también “impuesto de guerra”, comenzó con el cobro de pequeñas sumas de dinero por parte de pandilleros a dueños de pulperías y pequeños comerciantes, el negocio ilícito fue creciendo, poco a poco fue absorbido por estructuras criminales mayores, éstos vieron del negocio una forma lucrativa de crecer rápidamente y con ello se infiltraron en instituciones del Estado como La Policía, Órganos de investigación y hasta en la clase política del país, a manera de convertir este ilícito en una empresa rentable. En los últimos cinco años, el fenómeno de la extorsión se ha recrudecido, a tal grado de causar el cierre de cientos de negocios ocasionando miles de desempleados y de enlutar a muchas familias en represalia por el incumplimiento del pago de las cuotas exigidas. El rubro del transporte ha sido el más golpeado por los extorsionadores, causando la muerte de ayudantes, conductores, dueños de unidades, pasajeros y hasta la quema de taxis y autobuses; hasta el momento, las cifras estadísticas arrojan desde el 2012 al año actual, 117 muertes por causa de la extorsión (El heraldo 1/9/2016).

Esta vez, el problema no está atacando solamente a la economía informal, pequeña industria y al transporte público, las estructuras criminales han tomado como nueva modalidad extorsionar y atentar contra las grandes empresas del país, sector que jamás se imaginó ser golpeado por el látigo de la extorsión, quienes ya vivieron las consecuencias junto con los demás sectores tras experimentar la quema de camiones repartidores, atentados, notas extorsivas y muerte de conductores como lo sucedido a la empresa distribuidora de leche llamada Leyde.

Estas empresas, algunas extranjeras como la Bimbo y otras de capital nacional como Café El Indio, Camosa y la empresa lechera Sula, han protestado de manera enérgica contra el gobierno a través de la Cámara de Comercio y Empresa Privada, por su incapacidad de dar seguridad a sus trabajadores, así lo demuestran las palabras de Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Urtecho sostiene que "Lo que demuestra con la quema de bienes de las empresas es que no hay policías en las calles", "es una pena lo que está ocurriendo en el país. Creo que la autoridad debe ser más fuerte en la aplicación de la ley". (El heraldo, 30/8/2016) Mientras el expresidente del Cohep, Eduardo Facussé, fue más tajante al manifestar refiriéndose a los dos gobiernos nacionalistas “se puede decir que es un desastre” en materia de seguridad ciudadana. “El empresario dijo estar preocupado por el cierre de negocios que no pueden pagar a las maras el denominado “impuesto de guerra” La clase media ha sido la más afectada con la extorsión y el cierre de empresas. (La tribuna, 9/9/2016)

Crisis capitalista y criminalidad

Como Partido Socialista Centroamericano, hemos venido denunciando que la crisis que enfrenta Honduras con la enorme criminalidad es producto, por un lado, de grupos organizados que están ejerciendo funciones de mando en el actual gobierno, entre ellos La Policía, Militares, órganos de investigación, jueces y fiscales; la criminalidad no se erradicará mientras esta se encuentre institucionalizada, esto explica dentro de cada atentado la vestimenta y armamento militar – policial, altos niveles de impunidad donde jueces y fiscales resuelven un caso por cada cien. Por otro lado, el avance de las extorsiones, realizadas por la delincuencia común y organizada, es producto de la crisis económica que genera mayor miseria en el país, por lo tanto, son más los dedicados al negocio ahora. Ante esta realidad, el PSOCA plantea la abolición de los aparatos represores del gobierno de JOH y propone la creación de órganos de defensa popular ¡solo el pueblo salva al pueblo!