Por Armando Tezucún

El martes 29 de abril, como reacción a la captura de dos líderes indígenas, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, por parte del Ministerio Público (MP), el presidente Arévalo, su gabinete de gobierno y autoridades indígenas ancestrales, brindaron una conferencia de prensa.

La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán se había alejado del gobierno, ausentándose de las reuniones de diálogo desde el año pasado, aduciendo que el gobierno de Arévalo ha incumplido sus promesas, criticando la falta de proyectos de infraestructura, salud y educación, el incremento de los precios de la canasta básica, y la gestión de la gobernadora departamental, miembro del partido oficial, Movimiento Semilla. Sin embargo, la persecución y criminalización de parte del MP contra los dirigentes indígenas, codujo a una nueva convergencia y diálogo el 28 de abril.

En la conferencia de prensa, el presidente denunció las acciones del MP y anunció que actuará en unidad con las dirigencias indígenas. “La criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, la criminalización de autoridades indígenas y la criminalización de cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate la corrupción, es un ataque a todos los pueblos del país, a los cuatro pueblos de Guatemala” (Prensa Libre 29/04/2025); también anunció la presentación de una acción de amparo contra la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, que busca dar protección a los pueblos indígenas “ante la clara inobservancia del Ministerio Público de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias de organización social de los pueblos indígenas, lo que pone en riesgo la responsabilidad del Estado de Guatemala ante sus obligaciones internacionales” (Ídem). Este amparo fue presentado en conjunto desde la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra), y al mismo se sumaron autoridades ancestrales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas.

Además, anunció que insistirá ante el Congreso de la República para que reforme el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que el ejecutivo pueda destituir a la fiscal general.

Una vez más, vemos que el presidente Arévalo se plantea tomar medidas legales para combatir a las mafias enquistadas en el MP, una maniobra en la que ya ha fracasado con anterioridad, pues el sistema de justicia (MP, Corte de Constitucionalidad, Cortes de Justicia y Apelaciones) está controlado por las mafias de empresarios, funcionarios, políticos y narcos que utilizan el Estado para beneficiar sus jugosos negocios. De hecho, ya ha presentado dos antejuicios contra la fiscal Porras, que fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia. Él mismo se amarra las manos al afirmar que no actuará fuera del marco de la ley ni se romperá el orden constitucional sobre la situación de la fiscal general (Idem), “¿Alguien me puede decir cuáles son los caminos legales que no estamos haciendo? Yo le puedo decir cuáles son los caminos ilegales que no vamos a hacer” (Ídem).

¿A qué se refiere Arévalo con “caminos ilegales” y “romper el orden constitucional”? Recordemos que, cuando las organizaciones indígenas y populares realizaron la oleada de protestas contra los intentos del MP de anular los resultados electorales en octubre de 2023, tomando carreteras, vías de comunicación, comunidades, en las mayores movilizaciones en años, Arévalo cedió a las presiones de la embajada de Estados Unidos y de los empresarios y pactó con las autoridades indígenas el retiro paulatino de los bloqueos, desmontando las grandiosas protestas, que fueron reducidas a un plantón frente a la sede principal del MP en la ciudad capital, que se mantuvo hasta enero de 2024, cuando el binomio presidencia asumió sus cargos.

Pensamos que de nuevo Arévalo está evitando por todos los medios una nueva oleada de protestas masivas contra las mafias del MP, y con ello él mismo se está poniendo el puñal en el cuello, pues es solo la movilización de las organizaciones populares en carreteras, calzadas y plazas la que puede poner en jaque a Porras y sus secuaces. El presidente prefiere privilegiar los acuerdos con sus amos de Estados Unidos y las oligarquías locales, y limitarse a poner recursos legales y esperar reformas de un Congreso en el que la oposición de derecha cada vez tiene más poder. Arévalo evade tomar medidas decisivas, sin duda con la esperanza de que la elección de nuevo/a fiscal general en 2026 le favorezca, algo que está en veremos.

La palabra la tienen las organizaciones populares. El 2 de mayo, más de 30 representantes de organizaciones indígenas, campesinas, sociales y urbanas de todo el país anunciaron la conformación de una Asamblea Permanente de Organizaciones Sociales, como una articulación a nivel nacional para fortalecer la defensa de la democracia, los territorios y la institucionalidad de los pueblos originarios; esta coordinadora se articulará con la Asamblea Permanente de Autoridades Ancestrales de los Pueblos Originarios. En una parte de su declaración manifestaron: “Como lo hemos hecho en las grandes movilizaciones de 2015, 2021 y 2023, continuamos ejerciendo nuestros derechos y obligaciones ciudadanas para la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción” (Prensa Comunitaria 02/05/2025).

Hacemos un llamado a estas compañeras y compañeros a mantener su independencia con respecto a las políticas del presidente Arévalo, que ha demostrado en los hechos una actitud pusilánime y timorata frente a las mafias enquistadas en el sistema de justicia. La nueva Asamblea Permanente debe basarse en acciones contundentes de movilización y presión para enfrentar a la fiscal Porras y su pandilla. Hacemos también un llamado al movimiento sindical a unirse a este grandioso esfuerzo unitario, sumando la formidable fuerza que demostró en la marcha del 1 de mayo.