Por Armando Tezucún

El gobierno de Bernardo Arévalo aprobó, para 2025, un aumento del 10% para los seis salarios mínimos vigentes. Este incremento, aunque es el más elevado decretado en los últimos años, está aún lejos de satisfacer las necesidades de las familias trabajadoras y cubrir el costo de la Canasta Básica Vital. Para el 71% de la Población Económicamente activa, que vive de trabajos asalariados precarios y de pequeños negocios propios informales, esta medida no significó absolutamente nada, y continúa su esfuerzo diario por sobrevivir en medio de la pobreza.

En contraste, la Junta Directiva del Congreso de la República decidió, en febrero de este año, incrementar el salario base de los diputados en un escandaloso 489%. Es decir, el sueldo base pasó de Q 9,550 (US$ 1,240,25 al tipo de cambio del 14 de marzo) a Q 46,700 (US$ 6,064.9). A este nuevo ingreso base, hay que agregar todos los diversos tipos de dietas e ingresos extras que los legisladores reciben por gastos de representación, por ser jefes de bloque, participar en comisiones y sus respectivas reuniones, asistir a las plenarias, o ser integrantes de la Junta Directiva. De manera que, por ejemplo, el presidente de la Junta Directiva, Nery Ramos, resultó recibiendo como salario de febrero, la bicoca de Q 97,300 (US$ 12,636.36); el sueldo de menor cuantía recibido por un miembro de la Junta Directiva ascendió a Q 82,300; y lo recibido por el resto de diputados no bajó de Q 61,300 (US$ 7,961).

¿Cómo es que llegó a suceder esto? El 26 de noviembre de 2024, una plenaria de 87 diputados avaló el presupuesto de 2025 del Congreso de la República, que incluía un aumento salarial para los legisladores y la obtención de indemnización al dejar el cargo; la idea fue que los señores diputados no podían ganar menos que los magistrados de las cortes de justicia, y, en consecuencia, había que hacer el ajuste. Esta disposición fue aprobada a medianoche sigilosamente, al igual que otras decisiones tomadas por anteriores legislaturas, cuando se sabe que no serán del agrado de la población general. El pleno delegó en la Junta Directiva la tarea de realizar la readecuación presupuestaria correspondiente.

Los diputados que no votaron a favor no externaron argumentaciones, ni siquiera los de la bancada oficialista de Semilla, quienes estaban en negociaciones para la reforma del artículo 82 de la Ley de Delincuencia Organizada, para tratar de recuperar su status de bancada. El 4 de febrero de 2025, siete miembros de la Junta Directiva del legislativo, en ausencia del presidente Ramos, dieron su aval a la decisión administrativa que formalizó el ajuste, plasmada en el acta 10-2025; el único voto en contra fue del tercer secretario Juan Carlos Rivera. Esta decisión se materializó mediante el acta 21-2025, del 25 de febrero. En un inicio, Ramos negó la existencia de tal acta, teniendo que reconocer más tarde la aprobación del ajuste. El 8 de marzo el legislativo hizo pública (es su deber hacerlo) la escandalosa planilla de febrero.    

Desde el mes de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) recibió amparos que se proponían frenar cualquier aumento salarial para los diputados. El 16 de diciembre concedió un amparo provisional al diputado José Chic, de la bancada VOS, y suspendió una serie de indemnizaciones previstas para cuando los diputados dejen el cargo, pero no hubo un pronunciamiento sobre el aumento; mas bien, los magistrados de la CC indicaron una serie de pasos necesarios para autorizar el incremento, determinando que la Junta Directiva debía realizar la readecuación presupuestaria necesaria y someter la decisión al pleno de diputados, paso que no cumplieron los directivos.

Posteriormente, la organización Acción Ciudadana presentó un recurso para frenar el aumento, pretendiendo que se cumplieran las condiciones establecidas por la CC el 16 de diciembre. Sin embargo, el 11 de marzo, los magistrados rechazaron este recurso, debido a errores de forma; el acta impugnada debió ser la 21-2025, no la 10-2025, y, además, Acción Ciudadana no era parte del amparo aceptado el 16 de diciembre.  

En concordancia, el 14 de marzo Acción Ciudadana presentó dos nuevas acciones de amparo, esta vez contra el acta 10-2025 y contra el acta 21-2025. Por su lado, el 12 de marzo el excandidato presidencial del Partido Viva, Armando Castillo, presentó otro amparo, acusando a la Junta Directiva del Congreso de usurpar funciones y atribuciones, pues la aprobación del aumento no se hizo en el pleno de diputados.

Los representantes de las estructuras de poder burgués en el Congreso se han extralimitado. Los pocos que no están de acuerdo con la medida no han hecho mayor cosa para revertirla; los oficialistas de Semilla solo han afirmado que donarán su parte del incremento y que presentarán una iniciativa de ley para anular el aumento, que corre el riesgo de quedar archivada.

Algunas organizaciones de la sociedad civil han realizado plantones frente a la sede del Congreso en protesta, y grupos indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán presentaron memoriales al Congreso exigiendo la derogación del incremento salarial. Pero son necesarias acciones más contundentes que sólo pueden provenir de las organizaciones de trabajadores y populares, que demanden en las calles no solo la anulación de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Congreso en febrero, sino que se hagan las reformas pertinentes para rebajar los sueldos de los funcionarios públicos al nivel de los salarios que ganan los obreros más calificados, para que los cargos públicos dejen de ser vistos por los políticos corruptos como un botín.