Por Armando Tezucún

En la pasada edición informamos que el 10 de junio el Congreso de la República aprobó el decreto 19-2014, Ley Para la Protección de Obtenciones Vegetales, que abre las puertas para el registro de variedades vegetales transgénicas producidas por las grandes transnacionales agroquímicas; la ley también permite el registro de variedades vegetales que no sean “nuevas”, consintiendo la privatización de plantas alimenticias que durante siglos han sido cultivadas por los campesinos guatemaltecos, poniendo en peligro la ya frágil economía campesina y la seguridad alimentaria del país.

La protesta de organizaciones campesinas e indígenas, de derechos humanos, estudiantes universitarios, entidades universitarias, sindicatos magisteriales e institutos técnicos, contra el decreto 19-2014 (nombrado “Ley Monsanto” por la conocida transnacional productora de transgénicos y agroquímicos) creció como un tsunami imparable.

Las acciones fueron por dos vías: bloqueos de carreteras, manifestaciones y plantones frente al Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad; y la presentación de recursos ante esta última para impedir la entrada en vigencia del mencionado decreto. El 25 de agosto el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) presentó ante la CC un recurso de inconstitucionalidad para eliminar el decreto 19-2014. Como resultado, el 29 del mismo mes los magistrados de la CC decidieron suspender provisionalmente los artículos 46 y 55 de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, únicos que estaban en vigencia, ya que el resto de la ley entraría en vigencia hasta el 26 de septiembre. Estos artículos fueron introducidos por el gobierno a pesar de que no tienen nada que ver con el registro de variedades vegetales, ya que se refieren a la autorización de una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Comunicaciones con el propósito de que esta entidad pueda utilizar un préstamo de un organismo internacional.

Entre las movilizaciones realizadas mencionamos concentraciones frente a la CC y el Congreso organizadas por el Observatorio de Pueblos Indígenas, Alianza por la Vida, el MCISG, estudiantes de la facultad de agronomía de la USAC y 20 organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos el 26 de agosto. Ese mismo día, integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios, que de vez en cuando pretende lavar su mala imagen solidarizándose con luchas populares, realizó bloqueo sobre la Avenida Petapa frente a la entrada a la Universidad de San Carlos.

La Unidad Defensora del Pueblo (UDEP), organización vinculada al partido de oposición Líder, desde el 28 de agosto realizó plantones frente al edificio del Congreso, bloqueando las puertas de ingreso, abucheando y tirando tomates a los diputados que intentaban entrar, de manera que impidió que hubiera quórum suficiente para que el pleno se reuniera y avanzaran en la discusión del tema.

Los diputados oficialistas y opositores, debido a la presión popular, empezaron a plantear modificaciones al decreto 19-2014. El 26 de agosto la Comisión de Economía del Congreso emitió un dictamen favorable a una nueva iniciativa de ley planteada por el PP, que planteaba derogar la totalidad de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, a excepción del artículo 46, que amplía el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Este fue el punto central de discusión entre los diputados, pues mientras los oficialistas pretendían salvar la ampliación presupuestaria, los opositores la rechazaban.

El primero de septiembre, más de 500 personas protestaron en Totonicapán, con la presencia de representantes de todos los municipios y del Consejo de los Pueblos Mayas de Occidente. El días dos, los alcaldes indígenas de Sololá convocaron a una protesta masiva que paró las actividades comerciales, educativas, bancarias, etc. Según los organizadores unas 120 mil personas de 82 comunidades de Sololá participaron en los bloqueos de carreteras, que duraron 8 horas (Prensa Libre 02/09/14). Ese día autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y 150 alcaldes indígenas de ese departamento y de Sololá acudieron al Congreso para exigir la derogación de la ley. Las acciones de la UDEP de nuevo impidieron que hubiera quórum, pero los líderes indígenas lograron un acuerdo político con los diputados para la derogación completa de la ley.

El día 4, pobladores de comunidades de Cobán y Chisec, Alta Verapaz, efectuaron un bloqueo de carreteras en rechazo a la “Ley Monsanto”. El mismo día varios miles de maestros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y al Asociación Nacional del Magisterio (ANM) realizaron una marcha en la capital demandando la derogación de la ley y otras demandas de su gremio. Finalmente ese día los diputados se pusieron de acuerdo para derogar en su totalidad la aborrecida ley, en medio de las recriminaciones de los alcaldes indígenas de Sololá y Totonicapán, y de organizaciones campesinas que protestaban en las afueras del Congreso.

La derogación total de la “Ley Monsanto” es definitivamente un triunfo de las organizaciones indígenas, campesinas y populares. Desde finales del año 2012, cuando se dio una unificación de demandas entre los diversos grupos sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles y populares (Ley de Desarrollo Rural, rechazo a la reforma de la carrera de magisterio, rechazo a la masacre de la Cumbre de Alaska, rechazo a la actividad minera, etc.) no veíamos una coordinación que movilizara a tantos compañeros por una exigencia común. Es indispensable preservar esta unidad, pues hay una gran cantidad de demandas pendientes que solo unidos podremos enfrentar: nacionalización de la industria eléctrica, el problema de las empresas mineras, aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, derogación de la represiva Ley de Túmulos, solución de las carencias en los sistemas de salud y educación, etc. En lo inmediato, aún falta modificar la Ley de Propiedad Industrial, que permite el registro de nuevas variedades vegetales, es decir, transgénicos. El MSICG ya dio un primer paso presentando ante la CC una acción legal. Es necesario concretizar una coordinadora y elaborar un plan de lucha para enfrentar al gobierno, a la oligarquía y a las multinacionales.