Por Armando Tezucún

La crisis política originada por las maniobras de la extrema derecha para impedir que el centroizquierdista Movimiento Semilla participe en la segunda vuelta electoral, ha derivado en un conflicto entre instituciones del Estado.

La derecha acciona contra el voto popular a favor de Semilla

En un primer momento, los partidos de derecha derrotados en la primera vuelta, realizada el 25 de junio, intentaron anular los comicios exigiendo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la revisión de cierto número de actas que tenían irregularidades. El Tribunal Supremo Electoral accedió, y el recuento no arrojó cambios significativos en los resultados, reafirmando que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Semilla pasarán a segunda vuelta el próximo 20 de agosto.

Ante el fracaso de esta primera maniobra, la derecha se sacó el as bajo la manga, y el 12 de julio la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) ordenó la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, por un caso de supuesta falsificación de firmas y adhesiones ilegales en el proceso de inscripción del partido, además de una posible comisión del delito de lavado de dinero. El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, solicitó al Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, que ejecutara la suspensión. Desde hacía ya varias semanas el MP y la FECI habían solicitado al Tribunal Electoral la documentación completa en torno a Semilla, incluyendo detalles sobre su creación, asambleas y aspectos financieros, en preparación del ataque contra la organización política. Por su parte, unos minutos después de que la FECI emitiera la orden contra Semilla, el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, confirmando que Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla competirán por la presidencia de la nación el 20 de agosto.

Esta acción del MP es doblemente ilegal, pues de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ningún partido puede ser suspendido media vez inicie el proceso electoral; además, el juzgado dirigido por Orellana no tiene competencia para suspender un partido político, pues este es un asunto que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, la orden de Curruchiche y Orellana violó el ordenamiento prescrito en la Constitución de la República.

Bernardo Arévalo, candidato presidencial y secretario general del Movimiento Semilla, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar la acción de la FECI. El día 13, la CC suspendió la orden del juez Orellana, en aras de que se realice sin impedimentos la segunda vuelta electoral de agosto. Sin embargo, la CC ignoró la falta de competencia del Juzgado Séptimo de Instancia Penal para inhabilitar un partido político, y dio vía libre para que el MP continúe con las pesquisas contra Semilla; esto ha dado pie a un grave conflicto interinstitucional.   

El MP y la FECI contra el TSE

Contando con el aval de la Corte de Constitucionalidad, Curruchiche y Orellana han realizado continuos allanamientos contra dependencias del Tribunal Electoral y contra la sede del Movimiento Semilla.

Los días 13 y 20 de julio, por medio de un aparatoso despliegue policial, el MP y la FECI, utilizando sendas órdenes del juez Orellana, intervinieron las sedes del Registro de Ciudadanos y del Departamento de Recursos Humanos del TSE, respectivamente.

El día 13 durante el intimidatorio despliegue, los agentes del MP secuestraron numerosa documentación sobre Semilla. El 17 de julio, el juez Orellana pidió al MP iniciar una investigación contra el director general del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, por haber desobedecido la orden de suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. El cargo de Muñoz le otorga el derecho de antejuicio, por lo cual la CSJ deberá realizar el trámite de retiro de inmunidad. Sin embargo, Muñoz solicitó permiso por vacaciones, dejando en el cargo a la subdirectora Eleonora Castillo. El 20 de julio el MP realizó un nuevo allanamiento, esta vez en el Departamento de Recursos Humanos, en busca del expediente laboral de Castillo; luego se supo que Orellana emitió una orden de captura contra Castillo, bajo el cargo de obstrucción de la justicia, por negarse a cancelar a Semilla. Esta orden es ilegal pues la subdirectora, al reemplazar temporalmente al director, automáticamente goza de inmunidad, pues es un derecho que va adscrito al cargo.

Por su parte, la sede de Semilla ha sido allanada dos veces por el MP, ocurriendo la última el 21 de julio, cuando los fiscales se llevaron los listados de afiliaciones del partido.  

Ante las acciones intimidatorias del MP, la FECI y el juzgado dirigido por Orellana, el Tribunal Supremo Electoral presentó un amparo en la CC en contra de ocho funcionarios públicos por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral … para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad…” (Prensa Libre 21/07/2023). Un día después, el máximo tribunal constitucional respondió denegando el amparo, aduciendo que el 13 de julio ya se había pronunciado con respecto a que el TSE debe proceder a realizar la segunda vuelta electoral. A pesar de que la CC remarcó que la decisión del TSE de realizar la segunda vuelta no puede ser afectada por “lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria” (en alusión al juzgado séptimo dirigido por Orellana), no ordenó específicamente al MP, a la FECI, ni a este juzgado suspender las acciones contra el TSE y Semilla, dando nuevamente, al igual que en la resolución del 13 de julio, vía libre para que continúen los ataques, cuya finalidad es evitar que Semilla participe en la segunda vuelta electoral.

De hecho, el 23 de julio el MP emitió un comunicado en el que reafirma su autonomía, y que no está sujeto a ningún ente nacional o internacional, rechazando “todo intento de presión y coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada por juez competente…” (Prensa Libre 23/07/2023).

¿Desacuerdos en la cúpula?

Todos los funcionarios de las instituciones involucradas en la actual crisis política fueron electos por el pacto de partidos políticos que representa a las estructuras de empresarios, militares y grupos del crimen organizado que controlan el Estado. Los magistrados del TSE fueron electos por el Congreso de la República en 2020, los de la CC en 2021 por el Congreso, y la jefa del MP fue reelecta en el cargo en 2022 por el presidente Giammattei. Hasta ahora, estos funcionarios habían actuado más o menos en acuerdo; los magistrados del TSE, por ejemplo, fueron los que negaron la inscripción de candidatos que no eran del agrado del oficialismo, como el binomio del MLP, Carlos Pineda, Roberto Arzú o Juan Francisco Solórzano Foppa.

Pero la situación varió cuando el Movimiento Semilla, un partido anticorrupción y progresista, ganó el segundo lugar el 25 de junio, pasando a competir por la presidencia en la segunda vuelta. Los magistrados del TSE podían tolerar solo hasta cierto punto las burdas maniobras para dejar a Semilla fuera del proceso electoral, no solo por el irrespeto que implica a su investidura como máxima autoridad electoral, sino por la enorme presión internacional por la transparencia del proceso electoral y el respeto de los resultados, y la falta de apoyo de las organizaciones de la burguesía hacia dichas maniobras.

Los magistrados de la CC y del TSE han asumido una posición ambigua, y el presidente Giammattei mantiene una prudente distancia. Ante los continuos pronunciamientos de la administración Biden, funcionarios de la Unión Europea, la Organización de Estados Americano, de la ONU y otras organizaciones internacionales, el oficialismo parece haber dejado el trabajo sucio al MP y la FECI, cuyos responsables están incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado, y quienes trabajan en estrecha colaboración con la Fundación Contra el Terrorismo y otros grupos de extrema derecha.

La presión del imperialismo

Desde el inicio del proceso electoral la administración Biden, la Unión Europea y los organismos internacionales han estado pendientes de la situación en Guatemala, y han condenado las últimas maniobras de la derecha. El 21 de julio el gobierno de Estados Unidos acusó al MP de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco, y calificó el allanamiento de la sede de Semilla como un gesto propio de dictaduras como la de Nicaragua (Prensa Libre 21/07/2023); el 20 de julio la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea condenó “…enérgicamente el acoso y hostigamiento que vienen sufriendo el TSE y el Movimiento Semilla por parte de la FECI…” (Prensa Libre 20/07/2023).

El 22 de julio la ONU informó que su secretario general António Guterres sigue con gran preocupación la situación en torno a las elecciones en Guatemala, recordando que “…los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente” (La Hora 23/07/2023).

El 19 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el nuevo listado de actores corruptos de Centroamérica (Lista Engel), incluyendo al juez Fredy Orellana y a la fiscal de la FECI Cinthia Monterroso, que, entre otras cosas, ha acompañado los allanamientos contra el TSE y Semilla.

El 20 de julio cuatro congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de estado Antony Blinken en la que mostraron preocupación por la situación en Guatemala y piden que se apoye un “proceso electoral transparente y justo que refleje la voluntad del pueblo guatemalteco”; además solicitaron acciones más fuertes de presión si las autoridades continúan interfiriendo con el proceso electoral (Prensa Libre 20/07/2023).

La posición de los empresarios

Mientras a nivel internacional se ejerce una enorme presión sobre las instituciones responsables del orden legal en Guatemala, la burguesía, a través de sus organizaciones gremiales ha expresado su preocupación por la crisis generada en el proceso electoral, rechazando implícitamente las descaradas maniobras de la derecha, sobre todo porque ponen en riesgo las inversiones y la estabilidad económica del país, es decir porque pueden afectar sus negocios.

El presidente de la coordinadora de organizaciones empresariales (CACIF), Ignacio Lejárraga, preocupado por la inestabilidad generada por la crisis electoral, declaró “Es importante que la máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección legal, por medio de las prevenciones necesarias para que el evento eleccionario pueda llevarse a cabo y, de esta forma, permitir que sean los ciudadanos quienes libremente deciden en las urnas” (Prensa Libre 21/07/2023).

Cada una de las cámaras empresariales se ha pronunciado a favor del respeto al orden legal. La Cámara de Comercio de Guatemala señaló que “esta cámara recuerda que no compete a los Tribunales Ordinarios inmiscuirse en facultades que son materia privativa del Tribunal Supremo Electoral”; la Asociación Guatemalteca de Exportadores reconoció la labor y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral para la oficialización de los resultados electorales para la segunda vuelta, y llamó a la población a asistir a las urnas el 20 de agosto; la Cámara de Comercio Guatemalteco – Americana declaró “Solicitamos el máximo respeto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y al TSE como máximo garante del proceso electoral” … “Los recientes sucesos provocan inestabilidad en el proceso electoral, lo cual puede tener efectos perjudiciales en la democracia del país y en su entorno económico”; en el mismo sentido se pronunciaron la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la Cámara del Agro de Guatemala, el Consejo Nacional Empresarial, y  Cámara de Industria de Guatemala  (Prensa Libre, 13/07/2023).

Defendamos en las calles el voto popular contra las maniobras de los corruptos

La población no se ha quedado callada ante la crisis provocada por la derecha corrupta y autoritaria, y tras pequeñas demostraciones de protesta por el recuento de actas a que fueron obligadas las Juntas Electorales, y una importante marcha el 8 de julio, los días 13, 14 y 15 fueron de nutridas protestas frente a la sede del Ministerio Público.

El domingo 23 de julio otra numerosa manifestación partió de la sede de la Corte Suprema de Justicia para culminar frente al MP, convocada por organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y sindicales. Algo significativo de esta jornada de protesta fue que, mientras las grandes centrales sindicales aún no hacen sentir su presencia, marchó junto a las otras organizaciones el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central S.A. (sindicato de la Coca Cola), de larga tradición de lucha.  

Para el día 24 fue convocado un paro nacional, durante el cual se dieron varias manifestaciones y plantones en la ciudad capital, así como en las ciudades de Santa Cruz del Quiché, Totonicapán, Antigua Guatemala y Huehuetenango.

Las protestas populares aún están creciendo y no han alcanzado su punto máximo. Las organizaciones indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, de Sololá y de otros pueblos se han pronunciado, pero todavía no accionan en las carreteras. Hacemos un llamado al Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala a unirse a las movilizaciones y hacer sentir la presencia de los trabajadores. Sólo la movilización unitaria del pueblo trabajador obligará a los funcionarios judiciales corruptos a retroceder; y en las urnas el 20 de agosto, votando críticamente por Semilla, iniciaremos una nueva etapa en la lucha por los derechos sociales y democráticos del pueblo guatemalteco.