Por Armando Tezucún

El 30 de abril de 2023 finalizó en Guatemala uno de los negocios más emblemáticos de lo que la burguesía gusta llamar “alianzas público-privadas”; esta modalidad de inversión de capital se da en el marco de las políticas neoliberales, que limitan la intervención del Estado en la prestación de servicios y bienes a la población, cediendo el espacio a capitalistas voraces que obtienen elevadas ganancias a costa de los bolsillos de los trabajadores, que deben pagar por productos que los gobiernos deberían suplir de forma gratuita o a bajo costo. En el marco de estas “alianzas”, el estado aporta infraestructura y recursos que los empresarios utilizan a cambio de una inversión, para generar bienes, con frecuencia esenciales, por los que el pueblo deberá pagar elevadas cuotas.

La justificación que se da para avalar este tipo de transacciones, es que el Estado no tiene los recursos, la capacidad técnica o el personal apropiado para realizar estas inversiones; o que los gobiernos están plagados de funcionarios corruptos que se terminan robando los recursos. Por otro lado, se supone que los capitalistas sí están en capacidad de aportar recursos, tecnología y personal capacitado, y, además, son individuos honestos y probos que no tienen necesidad de parasitar los recursos del Estado. Estos argumentos rebosan de cinismo, pues los gobiernos burgueses deliberadamente limitan los recursos del Estado mediante presupuestos raquíticos, y rechazan a toda costa reformas tributarias que obliguen a los empresarios a pagar más impuestos. Además, los capitalistas son los principales corruptores de los funcionarios, tal como quedó demostrado en los enjuiciamientos a ministros y personeros del gobierno de Otto Pérez Molina, conducidos por la extinta Cicig.

El negocio al que nos referimos es el contrato de concesión de la autopista Palín-Escuintla, firmado en 1997 entre el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen y la empresa mexicana Marhnos. Arzú es mal recordado por haber vendido a empresarios privados las principales empresas del Estado guatemalteco.

El contrato con Marhnos tuvo 25 años de duración, y Arzú entregó a la empresa una carretera de 22.8 kilómetros de longitud, construida con fondos del Estado, para que la convirtiera en una autopista que funcionaría mediante el cobro de peaje, la primera en el país bajo esta modalidad. El acuerdo estipulaba que el Estado guatemalteco recibiría un 1% de los ingresos del cobro, y se le dio a la empresa dos años de gracia (entre 1998 y 1999) antes de empezar a retribuir al Estado. En esos 25 años, el contrato solo fue modificado para cambiar la fórmula para el cálculo de las tarifas del peaje, nunca para modificar el porcentaje que recibía el Estado como regalías, que encima era calculado en base a los ingresos de la empresa sin el IVA.

El resultado final de este magnífico negocio, según la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), es que, entre el 1 de mayo de 1998 y diciembre de 2022, Marhnos tuvo un ingreso bruto de Q 2 mil 442 millones 116 mil 236.76, incluyendo el IVA; el Estado guatemalteco recibió, en cambio, Q 21 millones 403 mil 74.88, correspondientes al 1% de regalías (Prensa Libre 19/04/2023).

Luego de algunas semanas de incertidumbre sobre el futuro de la autopista, el presidente Giammattei informó que a partir del 1 de mayo ya no habrá cobro de peaje, pero habría algunas restricciones en cuanto a límite de velocidad y el tipo de transporte pesado que circularía en la autopista. Las organizaciones empresariales, en especial la Cámara Guatemalteca de la Construcción, días antes habían empezado a advertir que el gobierno no está en capacidad de dar mantenimiento a la carretera, la cual rápidamente se verá seriamente deteriorada, por lo que se debe dar una nueva concesión: “Es imperativo poner en marcha un proceso competitivo riguroso y transparente para una nueva adjudicación de la operación y mantenimiento de la Autopista Palín-Escuintla a una entidad privada con la capacidad técnica y financiera adecuada para llevar a cabo dicho proyecto” (Prensa Libre 24/04/2023).

Los empresarios no se resignan a perder este jugoso negocio, y el gobierno suspendió el cobro convenientemente en una época electoral para atraer votos a los candidatos oficialistas. No es remoto que eventualmente el gobierno actual o el que asuma en 2024 ceda a las presiones empresariales y otorgue una nueva concesión. Consideramos que la población de Palín y Escuintla se debe organizar y declararse en asambleas permanentes, presionar a los alcaldes y exigir al gobierno a dar mantenimiento adecuado a la carretera, para prolongar al máximo su tiempo de vida, y así evitar que se de un nuevo negocio a costa de los recursos del Estado y de los impuestos que paga la población.