Por Leonardo Ixim

Después de haberse conocido los resultados de la Consulta Municipal en Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, donde un buen número de vecinos se manifestó contra la explotación del proyecto minero Cerro Blanco a cargo de la empresa Elevar Resources, el gobierno de Giammattei, las cámaras patronales y la empresa, iniciaron una campaña de desprestigio contra ese ejercicio democrático.

Como mencionamos en un artículo pasado, la empresa minera en todo momento se dedicó a desprestigiar el proceso de consulta vecinal, al grado que sus representantes desconocieron la Comisión Municipal para la Elaboración de la Consulta. Pese a esto, participaron el día de las votaciones con fiscales en todas las mesas de votación y con observadores por medio de la organización Mita Avanza, ligada a los intereses de esta empresa.

Además, esta asociación promovió dos amparos contra el Consejo Municipal por la elaboración del reglamento que rigió la celebración de la consulta, a los cuales la Corte de Constitucionalidad dio a lugar; esto puso un límite legal a la consulta y con ello al derecho democrático de la población del municipio a decidir sobre la explotación minera. 

La postura de la Corte de Constitucionalidad (CC) refleja su composición actual, pues a partir de la última designación de magistrados, está claramente vinculada a los intereses empresariales y a los grupos en el poder político.

Si bien en anteriores procesos de consulta de buena fe, y en decisiones de la CC sobre consultas a Pueblos Indígenas según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las sentencias aducían un falso equilibrio entre derechos de las comunidades a decidir sobre estos proyectos en sus territorios y el supuesto derecho de los burgueses a invertir su dinero, con el control total de la CC por parte de los grupos ligados al gobierno actual, ésta se ubicó de plano a favor de los intereses de la empresa minera.

Este proyecto minero adquirió importancia porque sus efectos ambientales pueden afectar el aprovisionamiento de agua al territorio de El Salvador, sobre todo por las posibilidades de contaminación sobre el principal río en ese pais, el Lempa y el Lago de Guija, limítrofe entre ambos países.

De hecho, durante el gobierno de Otto Pérez Molina se otorgó otra licencia para explotación de minería, en este caso subterránea; sin embargo, debido a que las comunidades de ambos lados de la frontera, con apoyo de la Iglesia Católica de Asunción Mita, solicitaron el apoyo de estudios geológicos e hidrológicos, comprobando los efectos destructivos ambientales, el proyecto minero quedó en suspenso.

En el gobierno Jimmy Morales la licencia minera cambió de manos, esta vez para la empresa ya mencionada, la cual está vinculada a otra empresa ya conocida en Guatemala, la Gold Corp de origen canadiense, que estuvo a cargo del proyecto minero Mina Marlín, S.A. Los nuevos dueños a su vez solicitaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) el cambio de los fundamentos del derecho minero en cuestión, hacia una explotación a cielo abierto, actividad aun mas contaminante.

Rápidamente, el gobierno, por medio del Ministerio de Energía y Minas y su titular, Alberto Pimentel -cuyo hermano es dueño de una de las empresas que está a cargo de la trasmisión eléctrica FERSA- argumentó que la consulta era ilegal porque, la actividad minera, al ser de “interés nacional”, la municipalidad de Asunción Mita no tiene potestad para realizarla.

Posteriormente, de forma demagógica, adujo que una consulta sobre minería debe regirse por el Convenio 169 de la OIT, cuando la actuación del MEM ha sido manipular los procesos de consulta libre, previa e informada tal como estipula tal acuerdo, además del intento de reglamentar la consulta sin consentimiento de los Pueblos Indígenas. Ante eso, la Comisión Municipal de la Consulta claramente mencionó que la mayoría de los vecinos no se consideran indígenas, sino ladinos o mestizos, por tanto, lo que corresponde es una consulta vecinal en base al Código Municipal.

A ese corifeo se sumaron obviamente algunas cámaras empresariales, como la Cámara de Comercio Guatemalteco-americana y la Cámara de Industria de Guatemala, aduciendo que un gobierno municipal no puede consultar por un tema que es de interés nacional, el cual no es otra cosa que el interés de los grupos de capital y de los cuales el MEM es un instrumento.

Ante eso, apoyamos el ejercicio democrático e instamos al pueblo de Asunción Mita y a las comunidades organizadas, tanto en Guatemala como El Salvador, a movilizarse para que se haga respetar su derecho a decidir, así como denunciamos nuevamente a los gobiernos de Bukele en El Salvador y Giammattei de Guatemala, de impulsar una actividad que destruye el entorno social y ambiental.