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GUATEMALA.- El Estado al servicio de la depredación de los recursos naturales

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Por Leonardo Ixim

Después de la negativa del Congreso de la República -por falta de quórum- a aprobar el estado sitio decretado por el gobierno por medio del Decreto Gubernativo 13-2020 sobre los municipios de El Estor, Morales, y Livingston en el departamento de Izabal, y en los municipios de Santa Catalina La Tina y Panzos, en Alta Verapaz, el ejecutivo aprobó otra medida similar.

La medida generó reacciones opuestas en diversos actores sociales, en relación a su posición de clase. Por un lado, gremiales empresariales como la de Palmicultores (Grepalma), la Cámara del Agro (Camagro), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación para la Defensa la Propiedad Privada (ACEDEPRO), manifestaron su acuerdo. Por otro lado, el Frente Campesino e Indígena Iximulew, conformado por la Comité de Unidad Campesina, el Comité Campesino del Altiplano, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas y la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch´ort´i Nuevo Día, y por aparte, el Comité de Defensa Campesina que no forma parte de ese frente, manifestaron su rechazo.

Además, varias organizaciones civiles como el Comité Internacional de Juristas, el diputado Aldo Dávila y algunas organizaciones campesinas, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por violaciones hacia varios artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual forma, los partidos de izquierda con representación parlamentaria, como la URNG, Winaq y el MLP cada uno por su lado, denunciaron esto como una medida represiva.

Nosotros en una declaración consideramos oportuno hacer un llamado a realizar un paro local -en los municipios afectados- de parte de la población. Todas estas acciones y junto a otras, de diversas organizaciones, generaron una atmósfera de rechazo, que influyó en la falta de quórum en el Congreso para su no aprobación. Sin embargo, el gobierno central ante este revés, presento un decreto de estado de prevención, el cual no necesita aprobación parlamentaria y dura 15 días.

El Estado represor se mantiene

Tal como planteamos en nuestra declaración, desde sus inicios el gobierno de Alejandro Giammattei ha sido un gobierno afín a los intereses empresariales monopólicos; ha ido mostrando ese matiz represivo, aplicando estados de prevención en diversos municipios del área metropolitana alegando combatir la delincuencia con esto y un estado de sitio, en tres municipios del departamento de Sololá, por un diferendo en materia de limites municipales.

Estas medidas gubernamentales, son instrumentos que se encuentran en la Ley de Orden Público, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1965, impuesta por la dictadura militar de Enrique Peralta Azurdia, gobierno que con el respaldo estadunidense remozó el Estado hacia convertirlo en contra-insurgente Armado en base a la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por el imperialismo gringo. El objetivo fue ubicar a la población insurreccionada, como parte del enemigo interno; es así, que esta ley mantiene tales principios

Estas medidas limitan los derechos de organización, expresión y manifestación, así como se permite la detención de personas sin orden de juez, aunque mantiene el habeas corpus. Con la apertura democrática y la nueva Constitución de 1985 esas medidas se han mantenido, de hecho, varios gobiernos la han aplicado, desde el socialdemócrata de Álvaro Colom, hasta los conservadores de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales.

Por su parte, ha habido varias voces para que se reforme, más a tono al espíritu garantista de la Constitución actual. Uno de los interponentes del amparo ante la CC, Ramón Cadena, aduce que esta ley es opuesta al espíritu de los Acuerdos de Paz e incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos (La Hora 21 de julio). Pero lo cierto es que refleja el carácter oligárquico del Estado, que pese a las pretendidas reformas con los Acuerdos de Paz -hoy en franco deterioro- los intereses de las distintas fracciones burguesas y oligárquicas, resultado de este tipo de capitalismo atrasado, no permiten su democratización.

Los argumentos para imponer estas medidas son los mismos, alegando la existencia de grupos del crimen organizado que realizan actividades ilícitas, Pero en septiembre del año pasado, el gobierno de Morales se fue con otra medida similar en estos departamentos, diciendo en ese momento, que tales actividades la realizan supuestos “grupos insurgentes”.

Condiciones del territorio

Pero lo que está en juego realmente, son las inversiones de grandes conglomerados empresariales en materia de extracción de recursos naturales sobre todo minería, manejo de la biodiversidad y cultivos extensivos. Situación que ha producido históricamente desplazamiento y apropiación de la tierra y del territorio de pueblos indígenas

Este territorio fue habitado antes de la invasión europea por la etnia maya-Q´ekchi, denominado por estos TzuulTaaq’a posiblemente a inmediaciones del Rio Cahabon y Polochic hoy afectados por proyectos hidroeléctricos Con la colonización, este pueblo detuvo la conquista militar y sin tener una formación estatal como otros, resistió; hasta que la corona le otorgó a la Orden de los Franciscanos, la administración de la región estableciendo Las Verapaces, logrando la dominación.

Tras la independencia y la introducción de cultivos para la exportación como el café, los gobiernos ladinos otorgaron tierras a alemanes a finales del siglo XIX, convirtiendo a los Q´ekchis en sus mozos colonos, expulsándolos de sus tierras y obligándolos a emigrar hacia otros departamentos, al sur de Belice y a Estados Unidos. En el siglo XVIII llegaron libertos africanos denominados garífunas, estableciéndose en partes de la costa atlántica centroamericana.

De tal forma que se configura esa zona como un foco de conflictividad agraria. Así, tras la descomposición del colonato, que coincidió con la tentativa de distribución agraria producto de los Acuerdos de Paz, algunos grupos campesinos recibieron tierras. Pero con la introducción de otros cultivos como el cardamomo, pero sobre todo la palma africana y el intento de plantar caña de azúcar, el proceso de reconcentración de la tierra se ha agudizado.

Por ejemplo, en 2007 se estableció el ingenio azucarero Chabil Utzaj en los márgenes del Rio Polochic propiedad del grupo corporativo Widdman, comprando tierras a finqueros de la zona y apropiándose de otras que recibieron grupos campesinos tras la firma de la paz. Esto produjo conflictos, que terminaron en desalojos contra campesinos durante el gobierno de Colom. Los Widdman por su parte, no lograron montar la producción de caña y fueron embargados por el BCIE quien les había otorgado créditos, poniendo a disposición este ingenio que terminó en manos del nicaragüense Grupo Pellas-Chamorro.

Otro tipo de plantación es la palma africana, en manos de otro monopolio (Naturaceites), que, según una investigación de El Observador, se conforma por la concentración de varios capitales en manos del Grupo Muller-Meagly (Informe Especial No. 26, julio de 2020). Las pistas clandestinas para que aterricen narco-avionetas por su parte, están en propiedad de esta empresa.

La situación que genera mayor conflicto actualmente, según la investigación mencionada, son los proyectos mineros ubicados en los municipios de El Estor, Livingston y Morales en Izabal. Esto data de licencias mineras otorgadas en 1964 a una empresa canadiense llamada Exmibal, extinguidas a inicios del siglo actual, comprado por otras empresas canadienses extendiéndose con ello, las áreas de operación para extraer Níquel, Cobalto, hierro y otros minerales. Hasta que, en 2011, un fondo de inversiones ruso-suizo denominado Solway Investment Group compró tales licencias y estableció la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y posteriormente una procesadora, denominada CGN-Pronico.

Aumento de la conflictividad

Esta situación rápidamente abrió conflictos con comunidades campesinas y con pescadores artesanales del lago de Izabal, generando detenciones ilegales y asesinatos de líderes comunitarios Estos por su parte, han puestos demandas ante tribunales nacionales y de Canadá, así como organizado luchas de resistencia en defensa de su territorio.

Por su parte las comunidades exigen al Estado que realice un proceso de consulta a pueblos indígenas, según el Acuerdo 169 de la OIT.  La empresa CGN aduce traer desarrollo y empleo (si bien es real eso, los costos ambientales son mayores y la cantidad de empleos mínima) logrando que algunas instancias comunitarias, junto a las municipalidades apoyen los intereses mineros, argumentando falsamente que realizan consulta con las comunidades.

Así, el estado de sitio de Morales y el de prevención de Giammattei, se imponen después de dos fallos judiciales favorables a los comunitarios, el último en manos de la Corte de Constitucionalidad, que obliga al Ministerio de Energía y Minas a realizar las consultas según el acuerdo de la OIT; situación que se ha repetido en otros proyectos mineros como el de San Rafael favorable al pueblo Xinca, donde la consulta se encuentra varada. Estos fallos pretenden igualar derechos de los empresarios con los comunitarios, aunque más favorables para los segundos, su cumplimiento no vendrá de la buena voluntad del Estado.

La región mencionada es biodiversa, marcado por los ríos Cahabón y Panzós, junto a la Sierra de las Minas y el lago Izabal con desembocadura al Mar Caribe. Es una de las áreas estratégicas para los proyectos de inversión y extracción de riquezas naturales, que atentan contra las formas de vida de las comunidades mayas, mestizas y garífunas, siendo una confrontación directa entre intereses de clase disímiles.

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