Por Armando Tezucún

La alianza de partidos de derecha que ha apoyado desde el Congreso de la República al gobierno de Alejandro Giammattei parece resquebrajarse. El primer síntoma fue que el pleno de diputados no logró conocer y aprobar el Estado de Sitio decretado por el ejecutivo el 19 de julio, que afecta a varios municipios de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.

Media vez fue emitido el decreto, el legislativo debía dar su visto bueno con al menos 107 votos en un plazo de tres días. Desde el 23 de julio los diputados intentaron reunirse en sesión extraordinaria para conocer el tema, pero ese día se hicieron presentes solamente 47 legisladores de los 160; el sábado 25 se hizo el último intento, ya totalmente fuera del tiempo legal para la aprobación de decreto. El presidente tuvo que recular y recurrió a emitir un nuevo decreto, pero esta vez de Estado de Prevención por 15 días, que no requiere la aprobación del Congreso.

Las bancadas de oposición (Unidad Nacional de la Esperanza, Winaq, Movimiento Semilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) desde un inicio manifestaron su rechazo al decreto de Estado de Sitio, ausentándose de las sesiones plenarias; pero también diputados de los partidos aliados del oficialismo brillaron por su ausencia, denotando la falta de apoyo a la medida gubernamental. 

Otro síntoma de rupturas al interior de la alianza oficialista fue la quinta prórroga del estado de Calamidad Pública decretado por el ejecutivo, que igualmente debía aprobar el pleno de diputados. Al contrario de las cuatro ocasiones anteriores en que fueron aprobadas prórrogas, esta vez el gobierno no consiguió la aprobación de urgencia nacional, que requiere 107 votos, sino que pasó el procedimiento de tres debates, el 31 de julio.

El tema que tiene molestos a los aliados del gobierno no puede ser más prosaico y mezquino. El ejecutivo ha incumplido con la ejecución de Q 600 millones aprobados en el decreto 20-2020 para obras a ser realizadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo -Codedes. Normalmente estos fondos para obras funcionan como el gran negocio para alcaldes, gobernadores departamentales y diputados, quienes hacen su agosto contratando empresas de sus familiares, amigos o propias, sobrevalorando compras para apropiarse de la diferencia, incluso anunciando la ejecución de obras inexistentes o dejadas a medias. En otras palabras, es fuente de enriquecimiento para toda suerte de corruptos y sinvergüenzas, y los aliados del gobierno no tienen el menor descaro en distanciarse y reclamarle por la entrega de su caja chica.

A finales de julio se filtró la noticia de que el presidente Giammattei convocó a una reunión secreta a realizarse el 19 de julio en la finca presidencial Santo Tomás. A ella fueron convocados jefes y subjefes de las bancadas aliadas y varios ministros y viceministros. En este encuentro se discutió sobre la destitución del procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y el proceso de retiro de inmunidad contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero se supo que los bloques que han apuntalado al gobierno aprovecharon para reclamar amargamente el cumplimiento de las promesas de obras para los Codedes.

Si el fraccionamiento de la alianza oficialista continúa, el gobierno se va a ver en dificultades para avanzar en los temas que tiene que tratar el Congreso en su segundo período de sesiones, como la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año y la elección de Junta Directiva del legislativo para 2021.

Otro tema por demás espinoso es la solicitud de retiro de antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo. El 31 de julio la Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de retiro de inmunidad presentada por el abogado Nimrod Estévez González, antiguo dirigente del grupo Estudiantes por la Autonomía -EPA-. El motivo fue el nombramiento temporal de una funcionaria en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Corresponde al Congreso de la República conocer el antejuicio. Pero el vicepresidente presentó un amparo ante la CC, la cual le dio trámite otorgando un amparo provisional a su favor.

El ejecutivo ha reaccionado lentamente al ataque contra Castillo. El vicepresidente, un abogado y docente universitario, vinculado a la Cámara de Comercio, y cercano al empresario Ricardo Castillo Sinibaldi, en junio de este año dio públicamente su respaldo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP, que lleva las investigaciones de casos de corrupción. Esta podría ser la causa del ataque en su contra, frente al cual Giammattei y sus ministros han reaccionado muy tibiamente.

Las organizaciones populares podríamos aprovechar las grietas en la alianza de corruptos para hacer avanzar nuestras urgentes demandas en medio de la crisis económica.