Por Leandro Flores

Los mega proyectos como las hidroeléctricas, las empresas mineras, han tenido un conflicto histórico con los pueblos originarios, y aunque estos proyectos generan miles de dólares, este dinero nunca es visto por los comunitarios, ya que muchos de ellos buscan mercado en el exterior del país. Este es un claro ejemplo de que aunque Guatemala sea un país rico en sus recursos, estos son aprovechados por los países del primer mundo manteniendo su hegemonía, mientras los demás países siguen en la miseria. Este artículo tratará de las luchas populares que se dan contra estos proyectos.  

Inversionistas afirman que no darán electricidad a las comunidades

Un ejemplo de esto es lo que pasó en la Hidroeléctrica Chixoy en 1983, cuando 23 pueblos fueron desaparecidos y otros huyeron, por el embalse de la hidroeléctrica. Las protestan que se dieron como resistencia fueron reprimidas, desapareciendo a los líderes comunitarios, como también la masacre de Rio Negro, aterrorizando a los que quedaron con vida.

Según la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, que se pretenden instalar en el municipio de San Mateo Ixtatán sobre los ríos Pojom, Negro, Primavera, Varsovia y Palmira, no proveerán de energía eléctrica a las comunidades del lugar.

El CII justifica diciendo que cuando están instalados ellos no pueden dar energía, ya que la distribución no les corresponde. No obstante personas entrevistadas por el Centro de Medios Independientes (CMI) afirmaron que una de las estrategias que están utilizando estas empresas para instalarse en San Mateo Ixtatán es prometer que darán energía gratuita a las comunidades cercanas a las hidroeléctricas, mientras que otros entrevistados afirman que les han ofrecido que solo tendrán que pagar el 3% de la factura de electricidad. Otro entrevistado afirmó que les han dicho que si no permiten la construcción de las hidroeléctricas, el INDE no les venderá energía (Centro de Medios Independientes 28/10/13).

La Minera San Rafael no reconoce la oposición comunitaria

El 10 de septiembre de 2012 el Ministerio Público reconoció el delito de contaminación industrial cometido por la Minera San Rafael, propietaria de la mina El Escobal. A raíz de ello, la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgó un amparo definitivo para suspender la otorgación de la licencia minera correspondiente. Sin embargo, el director de minería del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castellanos, otorgó de todos modos dicha licencia. Este funcionario afín a la empresa no sólo desconoció la orden de la Corte, sino que ignoró las más de 300 oposiciones que presentaron las comunidades afectadas por el proyecto. El caso pasó la Corte de Constitucionalidad, en cuya sede se realizó una vista pública el 5 de noviembre, a la que acudió un nutrido grupo de pobladores que protestaron contra la Minera San Rafael.

El funcionario Castellanos, se justificó diciendo que la resolución de la sala de apelaciones no menciona en ningún momento la suspensión de la licencia minera y estima que solamente está ordenando conocer nuevamente la oposición a dicha licencia. Además dijo que se trata de una denuncia de contaminación ambiental, y su dependencia no tiene la competencia para conocer estos casos, existiendo para ello órganos pertinentes.

El representante de los comunitarios Quelvin Ottoniel Jiménez Villate declaró que Castellanos “asumió atribuciones que ni la Ley de Minería ni otra facultan al Director General de Minería, lo cual quedó demostrado al momento en que él se ampara en argumentaciones falsas a la hora de rechazar la oposición” (Prensa Libre 6/11/13). El Instituto de Ciencias Forenses certificó la contaminación de la quebrada El Escobal, donde se asienta la mina. Ahora la suspensión o no de la licencia está en manos de la CC.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denunciamos a los inversionistas que no respetan las decisiones comunitarias sobre su futuro y el correcto uso de los recursos. Nos solidarizamos con las comunidades y sus luchas por su derecho de autodeterminación, llamamos a la unión de campesinos, sindicatos y estudiantes para luchar por el derecho de un vida digna.