Por Leonardo Ixim

Este nuevo gobierno de Alejandro Giammattei  se estrena con varios estados de prevención de una semana en diversos municipios del país, dentro de un esquema punitivista demagógico similar al de sus pares centroamericanos, argumentando acciones duras contra la delincuencia común que resulta en respaldo de la población

Producto de la crisis social que vive el istmo centroamericano, y como corolario de la derrota de la revolución centroamericana de la década de los ochenta del siglo pasado, se pretendió que por medio de la instauración de democracias limitadas en muchos aspectos, enmarcar a los grupos insurgentes y encausar las demandas sociales por medio de reformas.

Sin embargo la naturaleza del modelo neo-colonial asumió una naturaleza aún más depredadora contra los derechos de la clase trabajadora, una buena parte de la cual vive en Estados Unidos y agudizó el carácter dependiente de este modelo con la aplicación del extractivismo más crudo sobre los territorios de las comunidades rurales. Esto generó que la población en su mayoría sobreviva por las remesas procedentes del norte, la economía sumergida e informal, así como la delincuencia común y organizada. A la par de esto las elites políticas y las fracciones burguesas muestran su carácter reaccionario al ni siquiera permitir reformas mínimas, como las que la izquierda pretendía al incorporarse a los marcos legales.

En ese contexto es que la delincuencia, las actividades de las pandillas, la extorsión, el asesinato y demás males sociales en la mayoría de los casos afectan la vida y seguridad de la clase trabajadora. Así la población pobre de las colonias y barrios centroamericanos aplauden con entusiasmo la militarización y la presencia de fuerzas de seguridad.

De tal forma que este gobierno nombró como su ministro de gobernación a Edgar Leonel Godoy Samayoa, un viejo ex militar contrainsurgente, sub jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial en 1992, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, comisionado de seguridad en el gobierno de Oscar Berger, miembro del Partido Unionista afín a la familia Arzú y durante varios años funcionario de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala donde formó parte de una oficina ilegal de espionaje (“Gabinete de seguridad e inteligencia de Giammatei: entre militares golpistas, aviadores y línea dura” en CMI, 25-10-19)

Acorde al programa de seguridad del partido gobernante VAMOS, pretenden destruir los focos de resistencia comunitaria contra las inversiones extractivas y para eso prueban con estados de prevención -lo cual no descarta una acción más fuerte- aduciendo el control a la delincuencia. Esta figura, que forma parte de la Ley de Orden Público que data de la dictadura militar, es una potestad del Ejecutivo con una duración de una semana y limita las libertades políticas de organización y expresión.

Se ha aplicado en Mixco, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva en el departamento de Guatemala y más reciente en El Tejar, San Andrés Itzapa y Chimaltenango (cabecera departamental), en el departamento de Chimaltenango. Si bien algunos analistas mencionan el carácter disuasivo de esta medida y la desactivación de algunas actividades ilícitas, que se refleja en algunas capturas, la verdad es que al igual que con el Estado de Sitio aplicado el año pasado en varios municipios del norte y oriente, no se ha desmantelado ninguna organización criminal, mostrando su verdadera naturaleza, el control territorial al mejor estilo de las estrategias contrainsurgentes con fines de represión. En ese sentido, como otra modalidad, se tiene el reciente despliegue institucional en el municipio de San Mateo Ixtatán fronterizo con México en el departamento de Huehuetenango.

Bajo la rúbrica de un “acuerdo de paz” entre supuestos líderes de la comunidad de Ixquisis en ese municipio y la  empresa Energía y Renovación S.A., que pretende instalar una hidroeléctrica que se viene cocinando desde el año pasado, se busca desactivar la lucha comunitaria por la defensa territorial comprando ciertos liderazgos y criminalizando otros, con el aval de la iglesia católica y en especial del cura (nombrado cardenal recientemente) Álvaro Ramazzini, que posa de progresista. Además, se extendió una orden de captura contra Julio Gómez, líder comunitario opuesto a esta empresa, detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la policía

De forma que ya sea con métodos coercitivos aprovechando el apoyo popular para dizque combatir la delincuencia, o con métodos de infiltración y control de las comunidades, este gobierno muestra su cara represiva. Las comunidades y organizaciones deben buscar métodos de autodefensa y de denuncia nacional e internacional  ante la violación de los derechos humanos de la población, y en primer lugar exigir la libertad de Julio Gómez.