Por Leonardo Ixim

La ampliación del Estado de Sitio de parte del gobierno central y su ratificación por el Congreso de la República por mayoría, en varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Izabal, Peten y Zacapa, presenta el carácter cada vez más reaccionario de este gobierno.

Según el Decreto Gubernativo 4-2019 del 7 de octubre, los municipios afectados son nueve de Alta Verapaz, uno en Baja Verapaz, dos en El Progreso, 3 en Izabal y uno en Petén. Posteriormente el Congreso, en una enmienda confusa y engañosa el 10 de octubre incluyó en el Estado de Sitio los municipios de Puerto Barrios y Livingston del departamento de Izabal, a orillas del Mar Caribe, exceptuando las áreas urbanas, pero incluyendo las zonas portuarias de Puerto Barrios; este municipio tiene carácter estratégico por tener dos zonas portuarias y estar cerca de la frontera con Honduras.

Por otro lado, el gobernante Jimmy Morales, títere de intereses de ex militares y políticos de derecha, buscaba extender el Estado de Sitio a dos municipios en el departamento de Sololá, los de Nahuala y Santa Catarina Ixtahuacan, por un conflicto limítrofe que ya ha ocasionado varios muertos, donde están involucradas las autoridades indígenas de estos municipios en un departamento alejado de donde está el actual Estado de Sitio.

Para realizar y justificar esta acción el gobierno argumentó que estos municipios y departamentos del norte y nor-oeste del país eran un área donde operaba la delincuencia, el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico, siendo el incidente de la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II del municipio de El Estor el pretexto para aplicar el Estado de Sitio; en una operación que parecía programada para lograr ese desenlace, acusar a la población y señalar a Cesar Montes y su  Fundación Turcios Lima de responsables. Este personaje, es un ex comandante guerrillero que actuó como intermediario entre empresarios y campesinos para convencerlos de aceptar los intereses de los primeros, pero que se ha vuelto una molestia para los actores de poder y al parecer fue señalado sin causa alguna de estos hechos.

Las autoridades gubernamentales aducen y señalan cifras de desmantelamiento de plantaciones y laboratorios  de marihuana y de cocaína y la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas para el descargue de droga procedente de Sudamérica. Sin embargo, el Ministerio Público y las autoridades fiscales no identifican dónde están estas pistas, plantaciones y laboratorios. Por otro lado, las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación muestran una serie de capturados, pero la mayoría por hechos de delincuencia común. A su vez las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y los comandantes del ejército cuando han sido interpelados por la prensa y por diputados de izquierda aducen que pese a los capturados y los hallazgos encontrados no se ha logrado destructurar ninguna red criminal.

A su vez, funcionarios estatales de derechos humanos mencionan que no registran ni un caso de violación a los derechos, ni de discriminación a la mujer, ni al pueblo Q´ekchi que habita la región, ni a otros pueblos indígenas. Esto en un ambiente de declaraciones cargadas de recriminación por parte de Morales y otros actores contra las organizaciones campesinas y que defienden los derechos humanos, que genera un clima represivo.

Lo cierto de todo esto es que el epicentro de donde se desató el conflicto está en tierras usurpadas por dos grandes empresas, en el municipio de Panzós en Alta Verapaz y de El Estor en Izabal, ubicados al extremo oeste del lago de Izabal, lago con salida al Mar Caribe, en una región rica en recursos naturales, con presencia de comunidades indígenas y áreas protegidas.

En Panzós está Nauraceites, dedicada a la producción de aceite de palma africana, propiedad del grupo corporativo-oligárquico Meagly donde se encuentra la comunidad Semuy II; en El Estor la Compañía Guatemalteca de Níquel, propiedad de la firma suizo-rusa Sol Way, la cual tiene una sentencia de parte de la Corte de Constitucionalidad para que suspenda sus operaciones por falta de consulta a los pueblos indígenas, la cual no ha cumplido. Debido a varios hechos violentos registrados contra campesinos, comunitarios y pescadores,  respondidos por éstos, ante la agresión empresarial.

Como se mencionó en un artículo anterior, esto es solo un indicio del clima represivo que se viene con el nuevo gobierno, lo cual no está exento de continuar con la cooptación y la negociación con algunos liderazgos populares; por ende es importante organizar un plan de lucha para hacerle frente a la aplicación de políticas neoliberales que el nuevo gobierno buscara imponer.