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GUATEMALA.- El archivo histórico de la Policía Nacional y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia

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Por Leonardo Ixim

En 2005 tras una inspección de rutina de una instalación de la actual Policía Nacional Civil (PNC) se encontró una cantidad inmensa de archivos de la extinta Policía Nacional (que tras la firma de los Acuerdos de Paz se convirtió en PNC) en lo que se concibe como uno de los archivos más grandes del mundo, con documentos que datan desde 1882.

Por ende, la importancia de este acervo para el desarrollo de la historia, pero especialmente para lo que se refiere al actuar de la principal institución encargada de la seguridad pública, que por decenas de años estuvo supeditada al alto mando del ejército de Guatemala y a las políticas represivas y contrainsurgentes inspiradas en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsadas por Estados Unidos. De tal forma que en los primeros años este archivo quedó administrativamente bajo la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Tal situación se mantuvo hasta que, en 2010, tal como manda la Ley del Archivo Histórico de Centroamérica (AHCA), el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) quedó administrativamente bajo el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE). Sin embargo, financieramente -en lo que se refiere a pago de salarios, mantenimiento institucional y físico- ha estado en manos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mientras que el Estado, pese a su obligación constitucional y los compromisos asumidos tras la firma de la paz, no ha aportado nada.

En los años transcurridos las y los compañeros trabajadores del AHPN han hecho una encomiable labor de organizar el material histórico, centrándose en los años fuertes de la represión estatal, más o menos desde 1975 a 1984. Para ese trabajo han tenido apoyo de especialistas en esa materia nivel internacional. En estos años también hubo señalamientos de violación a derechos laborales y despidos injustificados que la dirección del AHPN insensiblemente llevó a cabo, pese a ser conformada por cuadros de la ex insurgencia.

Pero como sea,  la experiencia acumulada por todo el personal que ha laborado ha sido un aporte a la investigación histórica desde fuentes documentales en general y en particular,  sobre el papel del Estado en labores de seguridad y represión de la población, al considerársele, en consonancia con la Seguridad Nacional, como parte del enemigo interno. Situación que refleja la defensa del Estado capitalista neo-colonial guatemalteco ante el flujo y repunte de las luchas sociales y de clase del proletariado guatemalteco.

La importancia además ha sido para la denominada justicia transicional, en lo que se refiere a peritajes que aporten a procesos penales contra responsables de crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos durante la guerra interna; eso se vuelve la principal causa de que el gobierno del desprestigiado Jimmy Morales, pretenda cerrar el acceso al AHPN.

Contrariando varias leyes como la de Acceso a la Información Pública o la Ley Orgánica del AHCA y otras, bajo la excusa de que ya terminó el período de usufructo que el Ministerio de Gobernación firmó con el MICUDE (porque recordemos que el AHCA está en una instalación policial), pretenden cerrarle el paso a todas estas investigaciones, pero lo que es más grave, se busca atentar contra el derecho a la justicia, a la memoria y a la verdad de las víctimas de la represión estatal.

Esto porque muchos de los elementos (civiles y militares) vinculados a crímenes de esa índole en el pasado se mantienen en los sótanos del Estado Profundo, alrededor del ministro de gobernación Enrique Degenhart y de la camarilla que rodea al actual gobierno.

Pero las presiones de organizaciones como la Asociación en Guatemala de Amigos de la Unesco (conformada por algunos ex trabajadores del AHPN) y otras, más un amparo promovido por el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas ante la Corte de Constitucionalidad, obligó a retrasar la decisión de vedar el acceso al público seis meses más. En todo esto, el PNUD fue parte de la decisión gubernamental, cortando los fondos y avalando las acciones de Morales y Degenhart.

Temporalmente se ha detenido eso, por tanto, ya que es el MICUDE quien por ley tiene que administrar el AHPN, éste no puede ser un fondo documental más del AHCA, por la magnitud, sino es necesaria la existencia de un verdadero sistema de archivos de la administración pública que sea accesible para la población

Nos solidarizamos con el derecho a la justicia, verdad y memoria de todas las víctimas de la violación de sus derechos por el Estado en la actualidad y en el pasado. Por tanto, es necesario insistir y promover el uso de la población y de la academia de la información contenida en ese archivo.

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