Por Armando Tezucún

En el Parque de la Industria los fiscales de los partidos políticos han continuado, con altibajos e incidentes, con el cotejo entre los resultados electorales contenidos en las actas y su traslado al sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, este último ha reiterado que los resultados finales de las elecciones del 16 de junio serán oficializados con base a la información que está en las actas físicas que las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central trasladen al Tribunal, sin importar las discrepancias que sean encontradas en el proceso de cotejo.

Para complicar las cosas, un día después de que el TSE anunciara que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público por los errores cometidos por su propio Departamento de Informática en la transmisión de datos, la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía Contra la Corrupción se presentaron el día 26 a las oficinas informáticas del Tribunal y se llevaron copias de los registros de la información, para investigar si hubo errores humanos o del sistema. Las investigaciones del MP se harán sobre el cotejo de los resultados y sobre el procedimiento de compra y desempeño del sistema de cómputo. Atizando el fuego, los magistrados del TSE anunciaron que al finalizar el proceso de cotejo de datos presentarán acciones penales contra aquellos que hayan manifestado que hubo fraude en las elecciones sin tener prueba de ello, algo que a todas luces contradice lo establecido en la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.

Cumpliendo con lo anunciado por el presidente del TSE, el 28 de junio se inició la adjudicación de cargos. La Junta Electoral del Distrito Central oficializó la entrega de cargos en la municipalidad de la capital, incluyendo la entrega de la alcaldía al candidato del Partido Unionista, el actual alcalde Ricardo Quiñónez. A inicios de julio los magistrados del TSE declararon válida la elección presidencial, convocando a la segunda vuelta entre Sandra Torres, que obtuvo 1 millón 112,939 votos válidos, y Alejandro Giammattei, con 608,083.

Mientras, el proceso de verificación de actas se reanudó el día 28, luego de la intervención del MP. En un día se logró cotejar 186 actas, de las cerca de 105 mil que hay que revisar; de las actas revisadas, en 85 se detectó errores de diversos tipos. Según cálculos, a este ritmo el proceso tardaría un año y medio. Debido a ello se volvió a suspender el proceso para reorganizarlo y continuar el 2 de julio, esta vez conformando 26 mesas de trabajo que verifiquen simultáneamente las actas, 23 las de elecciones distritales, corporaciones municipales y diputados distritales, y otras tres las de elección a presidente y vicepresidente, diputados por lista nacional y diputados al Parlamento Centroamericano. Pero para el 8 de julio muchos de los fiscales de los partidos políticos se encontraban ausentes de estas mesas, en otras ya se había finalizado la revisión de actas, en otras solo uno o dos fiscales se encontraban presentes, y otros proponían que solamente se revisaran 7 distritos, cotejando las actas de elección a diputados y alcaldes. El cotejo de las actas electorales con los datos ingresados al sistema digital del TSE ha revelado numerosos errores, inconsistencias y diferencias en las cantidades, pero nadie sabe cuál es el siguiente paso luego de que finalice la revisión.

El TSE insiste en que no hubo fraude, entendido como una tendencia generalizada de alteración de los resultados. El partido oficial FCN-Nación, ha sostenido que sí lo hubo. Es claro que habría un interés del gobierno por que las elecciones se declararan nulas, se prolongara el mandato de Jimmy Morales y así muchos de sus funcionarios se librarían de ser enjuiciados por corrupción, empezando por el presidente, lo que claramente solo sería posible rompiendo el orden constitucional.

Reiteramos que la manipulación del proceso electoral se empezó a dar desde que Sandra Torres fue favorecida por el MP al retardar la acusación por delitos electorales hasta después que fue proclamada como candidata y gozó de inmunidad; y continuó con la eliminación de sus principales rivales Zury Ríos y Thelma Aldana, y otros con posibilidades como Edwin Escobar y Mario Estrada. El hecho de que su candidato vicepresidencial de 2015, el empresario Mario Leal, prófugo por casos de corrupción, no haya sido capturado en Estados Unidos, es síntoma de la preferencia de la administración Trump por candidatura de Torres. En general la oligarquía no ve con buenos ojos a Sandra Torres, pero es la opción que representa la estabilidad política.

El enredo de la diferencia de datos entras actas y la versión digitalizada provocará abstención. Nosotros llamamos a votar nulo, ante las dos opciones que representan distintas facetas del poder oligárquico e imperialista