Por Leonardo Ixim

El previsible enfrentamiento entre el gobierno y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se ha traducido en el cierre técnico de ésta y en la ausencia de sus abogados procesales que acompañan los diversos casos donde es querellante adhesivo junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, ha provocado las protesta de diversos colectivos y organizaciones, así como el repudio de sectores de la población no permeados por el discursos nacionalista anti-comunista de la camarilla que rodea a Morales.

La manifestación en el aeropuerto contra la acción del gobierno de impedir el ingreso de un investigador de la Cicig a inicios del mes, coincidió con el pronunciamiento del discurso anual de Morales y el inicio de labores del Congreso cada 14 de enero y en ese marco es que se dieron  movilizaciones el 12, 13 y 14 de enero.

El discurso de los diversos colectivos y organizaciones da un apoyo tácito a la CICIG y exige a la nueva fiscal general Consuelo Porras que asuma una postura de colaboración con la primera y que ejerza acciones penales contra el presidente, la ministra de relaciones exteriores Sandra Jovel y el de gobernación Enrique Lanhejart por desobedecer las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a que el gobierno no obstruya el trabajo de la CICIG. Mostrando un apoyo a los tres magistrados de la CC (Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía), quienes han tratado con sus resoluciones de detener las acciones gubernamentales contra el mencionado ente y hoy están bajo un proceso de eliminación del ante-juicio en la Corte Suprema de Justicia.

El discurso de las organizaciones sociales con respecto a la CC, el MP y la Cicig es de apoyo, reflejando un fetiche bajo una lógica de guerra de posiciones y un excesivo tacticismo, que obvia una verdadera estrategia revolucionaria. Sin embargo, es comprensible que ante la dispersión y parcelamiento de las organizaciones sociales y los partidos de izquierda reformista, defiendan con las uñas lo que ellos entienden como la poca institucionalidad garantista que existe desde los Acuerdos de Paz. Si bien ésta garantiza un marco mínimo de libertades y de una democracia formal y competitiva como entienden los liberales, no ha significado que los grupos de poder formales e informales, ligados a la distintas fracciones burguesas, y a élites emergentes de origen militar y civil, sigan apropiándose de los recursos públicos y manejando su Estado, a su antojo y con impunidad.

De tal forma que en algunos discursos de las organizaciones sociales se mostró ya no un apoyo ex profeso a una CICIG o a una CC, donde los mismos magistrados “anti-impunidad” han dado fallos que afectan derechos de los pueblos, como lo relativo al derecho de consulta de las comunidades contra proyectos extractivistas, sino la defensa esa poca institucionalidad garantista que algunos la observan limitadamente en la defensa de estos magistrados y otros, más integral en la defensa de los derechos democráticos que la camarilla militaroide de Morales,  con el aval de la mayoría de núcleos oligárquico  pretende reducir.

Así, el 12 de enero, convocada por colectivos de artistas, se dio una manifestación desde el Obelisco al centro capitalino secundada por organizaciones sociales y campesinas. El 13, bajo un fuerte despliegue policial que acordonó  el Congreso en el centro capitalino por el discurso de Morales, se dio otra manifestación donde marcharon centrales sindicales como la CGTG, UNISTRAGUA y la UASP, organizaciones campesinas como CCDA, CUC, CODECA y otros colectivos como Justicia Ya, Wakib Quej, Sector de Mujeres y otros. Por su parte CODECA, con acompañamiento de colectivos pequeños se movilizó en las diversas cabeceras departamentales y el centro capitalino el 14 de enero.

Como dijera un dirigente campesino de CODECA, es importante articularse a partir de acciones concretas y consideramos que eso es un primer paso. Sin embargo, hay que dar una discusión sin sectarismos y egocentrismos entre dirigentes y organizaciones, de cómo trascender para que las izquierdas y las organizaciones sociales se conviertan en un verdadero factor de poder, que se enfrente a la oligarquía y las distintas fracciones dominantes bajo un programa revolucionario.

Por supuesto que esto atraviesa la actual coyuntura electoral y para eso es necesario la unidad de estas fuerzas, por lo menos a partir de un programa conjunto que utilice esta coyuntura para agitar en contra del bloque en el poder. Teniendo como un horizonte una Asamblea Constituyente Popular y Soberana, que como dijera Trotsky, mientras no exista una forma mas democrática como fueron los soviets, es la Asamblea Constituyente la forma más democrática de reorganización de la sociedad aun en los límites del Estado burgués.