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GUATEMALA.- La eterna pobreza política y explotación laboral

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Por María Armas

El 28 de diciembre del año recién pasado, se anunció en diario oficial que no existiría aumento al salario mínimo, lo cual es todo lo contrario a las expectativas de crecimiento económico que se mantuvieron a lo largo del año 2018. Como lo indicó en una entrevista para Prensa Libre Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala: “En general, la actividad sectorial fue buena y positiva en 3%, pero se deben  adoptar acciones de manera estructural para potencializar ese crecimiento”; de las actividades productivas que miden el desarrollo económico del país, a finales del año anterior, cerraron todas con números positivos, por otro lado, únicamente la actividad de explotación de minas y canteras cerro con resultado negativo, esto se debe a la lucha de la población Xinca que mantuvo para lograr el cierre de la Mina San Rafael, dando como resultado una caída de esta actividad en un 37% por segundo año consecutivo.

El aumento al salario mínimo brinda una minúscula garantía de que se mantenga un entorno económico estable para el poder adquisitivo vital de las mayorías, en el caso del sector agrícola y no agrícola. Según el Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y recreativo, que le permita una vida digna; en la realidad y durante décadas esto no se ha cumplido, de manera que en la realidad es necesario que más de una persona en el seno familiar trabaje para poder cubrir las necesidades mínimas de todas y todos, llevando a que los padres y madres recurran a que sus hijos e hijas sean cuidados por otras personas y no por ellos mismos, incrementando el costo de la vida y sacrificio individual de las y los trabajadores para poder sustentar una vida en carencia y estrés.

Claro reflejo es el indicador del costo de la canasta básica alimentaria según la información oficial del INE el cual es de Q. 3,541.88, por lo tanto es necesario que más de una persona en la familia cuente en el mejor de los casos con un salario mínimo de Q. 2,742 para cubrir los alimentos necesarios para una nutrición familiar de 4.77 personas. Por otro lado, el costo de la Canasta Básica Vital, que incluye el pago de servicios básicos, es de Q. 8,177.97; adquirirla es un sueño negado para los trabajadores y trabajadoras del sector privado guatemalteco, considerando que el costo de la vida incrementa una relación de 3% anual y el año 2018 no fue la excepción. Al no aumentar el regulador inflacionario al salario mínimo, deja una situación preocupante la economía del país, pues decrece considerablemente el poder adquisitivo de las mayorías.

Sin un aumento al salario mínimo este año, las y los trabajadores guatemaltecos, estarán en una situación de extrema carencia y limitación, contradiciendo en todo aspecto a los índices saludables de una economía estable; sin duda para el sector empresarial no existe límite en la búsqueda de formas de empobrecimiento y desesperación colectiva, para poder enriquecerse y apropiarse aún más de las riquezas del país.

Conveniente para la mala gestión del presidente Jimmy Morales, ya que empobrecer a una población empobrecida, desvía la atención, atacando directamente las necesidades humanas de las y los trabajadores, favoreciendo los intereses del sector empresarial, con una turbulenta y preocupante relación entre el Organismo Ejecutivo y el CACIF y afianzando sus alianzas de poder en el país, en un momento crucial de mucha crítica argumentada a su gestión y lazos de corrupción y enriquecimiento ilícito que ha ejercido en Guatemala.

Como parte de su modo operativo de favoritismo y alianzas, el sector público hizo efectivos aumentos salariales considerables, entre ellos: Ministerio de Salud, con incremento los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras en un 5% hasta un 15%; el Organismo Judicial aprobó bonos y aumento de Q.1,000.00, subdividido en Q800.00 al salario base y Q.200.00 a la bonificación decreto. El manejo del presupuesto del Estado permite a los funcionarios del gobierno favorecer a algunos sectores de empleados públicos; aunque estos incrementos han sido en algunos casos, como en el sector salud, resultado de importantes luchas. El sector privado debe también incrementar los salarios.

Nuestro papel como trabajadoras y trabajadores de clase proletaria, es unirnos ante esta  situación, para exigir que se haga efectivo el aumento al salario mínimo como un derecho innegociable y que dicho aumento sea equitativo a la necesidad de consumo digna para las familias guatemaltecas, quienes son las que trabajan y mantienen la economía guatemalteca. En este momento de desagrado colectivo hacía la gestión de Jimmy Morales, no puede quedarse en olvido la necesidad a la vida digna del proletariado, se deben unificar las luchas y encausarlas a un mismo objetivo.

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