Por Leonardo Ixim

El otorgamiento de dos licencias de exploración y explotación a la canadiense Tahoe Resources, propietaria de la Minera San Rafael Sociedad Anónima (MINERSA) ha generado desde 2012 una serie de conflictos laborales, ambientales y sociales.

El municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, tiene por actividad principal el cultivo de hortalizas, vegetales, maíz, frijol y café, producción que es vendida a intermediarios y donde el 84% de la población trabaja en el agro. Según datos de la Secretaría General de Planificación el 32 % de la población posee grandes extensiones, mientras el 68 % están obligados arrendar terrenos para cultivo sobre todo de maíz y frijol. 

La mina, ubicada en el casco urbano del municipio, afecta a los vecinos por los efectos en las construcciones debido a sismos generados por el uso de explosivos para la extracción y de contaminantes en el agua, situación que afecta a campesinos y productores. Al momento de su instalación la empresa dijo que generaría 665 empleos directos; según el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) en todo el país la minería metálica y no metálica generó hasta 2015, 1,200 empleos directos.

Por otro lado, la conflictividad entre vecinos -en una población con falta de oportunidades laborales- no se hizo esperar. Desde el otorgamiento de las licencias varios Consejos Comunitarios de Desarrollo se pusieron a favor de la empresa, denunciando al Centro de Atención Legal, Ambiental y Social (Calas) y al Colectivo Madre Selva de fomentar la división. Pero lo cierto es que otro porcentaje de vecinos, en su mayoría campesinos pequeños y medianos consideran que los beneficios son exiguos y las fuentes de trabajo son menores (250 en total) a los que dice la empresa que ha generado, además que éstos se van reduciendo en la medida en que se reducen las vetas explotables.

En 2013 se planificó una consulta de buena fe en las 12 microrregiones que conforman el municipio, realizándose solo en 8 debido al estado de sitio -alegando agresiones a las fuerzas de seguridad y el robo de unos explosivos- impuesto por el gobierno de Pérez Molina, lo que sirvió como boicot a la consulta. Aun así, el 97% de los votantes se opuso a que la mina siguiera funcionando. La Corte de Constitucionalidad (CC) consideró que la consulta en ese municipio y la de otros dos afectados por las licencias, Matescuintla y Santa Rosa de Lima, donde ganó abrumadoramente la oposición a estos proyectos no eran vinculantes, mostrando la naturaleza de clase de ese órgano.

En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a Calas para la suspensión de dos licencias de operación aduciendo la falta de consulta previa, libre y de buena fe, amparando a esta organización y obligando al Estado a que consultara pero que la mina reiniciara operaciones. Calas apeló a la CC  sobre una de las licencias el “El Escorial”,  ante esa resolución gallo-gallina similar a la de Oxec I y II, esto en un clima de  enfrentamientos entre pobladores y fuerzas de seguridad. A partir de eso la empresa ha usado las necesidades de los trabajadores movilizándolos en favor de sus puestos de trabajo, junto a contratistas, ubicándose de lado de la patronal.

La otra víctima ha sido los trabajadores, usados contra las comunidades que se oponen a la minera. MINERSA mencionó recientemente que tiene una planilla de 1600 trabajadores, con gastos mensuales en salarios más bono 14, de Q 8 millones; el 15 de enero la mina despidió a 250 trabajadores, según ellos el 25 % del total de su fuerza de trabajo; a eso miembros de Calas adujeron que con ganancias de más de US$2 mil millones obtenidos  permitiría garantizar los salarios de los trabajadores  por el menos cinco años más (Prensa Libre 15-01-18). El pasado 14 se realizó una nueva marcha de trabajadores hacia la CC pidiendo resolver el caso a favor de la patronal después de que ésta cesara otros 250 (El Periódico 14-03-18).

La mina de San Rafael, al igual que otras explotaciones mineras, ha puesto en peligro la situación ambiental de la comunidad, y ha causado división, utilizando a sus trabajadores contra la comunidad, pero despidiéndolos cuando están en dificultades. Proponemos la nacionalización de las empresas mineras, bajo el control de sus trabajadores y de las comunidades donde operen, y que los beneficios se inviertan en los propios territorios, para solucionar problemas de agua, energía, tierras, educación, etc. y lo que es igual de importante, llegando a acuerdos sobre las regulaciones ambientales para no causar daños.