Por Armando Tezucún

La negociación entre los tres sindicatos del Congreso y la Junta Directiva del mismo para modificar el pacto colectivo, se vio rota el 5 de mayo, cuando los representantes sindicales se retiraron de la mesa de diálogo. La razón fue que los trabajadores rechazan los cambios a la Ley de Servicio Civil que los legisladores están a punto de aprobar. Estos cambios afectarán beneficios que han adquirido los compañeros con el pacto colectivo y violarán convenios internacionales. La suspensión de la discusión fue acompañada de la toma temporal de parte de las instalaciones del Congreso por parte de los trabajadores; el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor) se declaró en asamblea permanente.

Entre los cambios a la Ley de Servicio Civil, está contemplado que la indemnización a los trabajadores que dejan su puesto se pagará como máximo hasta por 10 años de labores, y no por todo el periodo laborado; que los trabajadores deberán someterse a evaluaciones y tendrán que aprobar con más de 75 puntos; que los trabajadores que cometan alguna falta al régimen disciplinario serán sancionados con suspensión desde 15 días a un mes sin goce de sueldo. En el caso de la indemnización, el cambio propuesto contradice el artículo 13 del pacto colectivo y las leyes laborales del país.

La Junta Directiva del Congreso declaró que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad contra el pacto colectivo vigente en el Congreso, por considerar que es perjudicial para el Estado. Este pacto, firmado hace ya varios periodos legislativos, contempla un aumento salarial de 10% anual; este incremento se hizo desde 2005 sobre el sueldo total y no sobre el sueldo base, que es el salario con el cual los trabajadores fueron contratados. Esto redundó en que secretarias, conserjes y empleados similares, tengan sueldos de Q30 mil o más, como el de ejecutivos de empresas, gerentes o los mismos diputados. Esto ha implicado también que se pague cantidades considerables en concepto de indemnización a trabajadores que se retiran del Congreso. La postura de los sindicatos es que el aumento debe hacerse sobre el sueldo total, respetando convenios internacionales sobre unificación salarial, pero están dispuestos a negociar.

Durante la segunda semana de mayo la Junta Directiva decidió unilateralmente que a partir de este año el aumento salarial será sobre el sueldo base, y que el dinero extra que los trabajadores recibieron los primeros cuatro meses del año al aplicarse el incremento sobre el sueldo total, les será descontado por partes. En respuesta, el Sindicato General de Empleados del Congreso (Sigecor) acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar esos descuentos, y denunció que el presidente del Congreso ha contratado personal con sueldos de hasta Q 33 mil, para pagar favores políticos, causando gastos mensuales por Q 356 mil. Por otro lado se ha sabido que de enero a abril el Congreso gastó cerca de Q 13 millones en gastos de representación, dietas y viajes para los diputados.

Las cláusulas del pacto colectivo permitieron que surgiera una capa privilegiada de trabajadores con sueldos muy por encima de la media del mercado laboral. Esto ha sido explotado por la prensa burguesa para atacar a los trabajadores estatales, obviando que la situación dio paso a que los diputados traficaran con los puestos de trabajo, colocando a familiares y correligionarios de sus partidos políticos, además de los millones erogados en gastos extras para los diputados. La Junta Directiva del Congreso ha asumido la actitud del burgués, que no tolera, y considera una ofensa, que trabajadores de puestos bajos y medios tengan salarios más que decentes, alegando que afecta los intereses del Estado.

Pero más allá de eso, estamos ante una ofensiva del Estado burgués y la burguesía contra los trabajadores estatales. Hay que aclarar que el resto de trabajadores del Estado, en especial los de salud y educación, reciben salarios bajos, y además sus condiciones de trabajo son deplorables por falta de fondos. La intención es descargar sobre ellos la crisis financiera del Estado, atacando las conquistas que han logrado a través de los años, y de paso aplastando al sector de trabajadores que más luchas ha realizado en los últimos años. Los elevados sueldos que el Congreso paga a sus trabajadores no son nada comparados con los casi Q 800 millones que la empresa oligárquica Aceros de Guatemala se vio obligada a pagar en concepto de defraudación fiscal. Si el Estado busca recursos debe obligar a la burguesía a pagar más impuestos directos, poner fin a los privilegios fiscales, atacar a los empresarios evasores, bajar los exagerados sueldos de los altos funcionarios, diputados incluidos; todo en vez de pretender que los empleados públicos paguen la crisis.