Por Leonardo Ixim

El desastre ecológico ocurrido en el rio La Pasión, en el norteño departamento de Petén, evidencia muchos factores que deben ser vistos desde enfoques tales como la Ecología Política, la cual nos perfila perspectivas para cuestionar el modelo económico neoliberal-capitalista.

Este desastre, catalogado por las mismas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un ecocidio, consiste en el vertimiento en este río de un agroquímico denominado Malation, responsabilidad de la empresa Reforestadora de Palmas de Petén (Repsa) quien es dueña de una cantidad de fincas donde cultivan palma africana.

La empresa Repsa pertenece al holding Agro Industrias HAME, propiedad de las familia-corporación de los Molina Espinoza y los Molina Botrán, quien controla más del 50 % de la producción de aceite de palma en el mercado nacional. Son dueños de la empresa de Aceite Comestible Olmeca S.A., que vende ese producto con tal marca, concentrando sus plantaciones en los municipios de Sayaxché y San Luis, del departamento de Petén (El Observador numero 14). Es importante señalar que en esos municipios operan otras empresas palmeras como Naisa, Tekindustrias, Palmas del Ixcan y Unipalma.

Este cultivo, que a nivel mundial está señalado de generar efectos nocivos al ambiente, ya que genera un fuerte desgaste en el suelo que no permite la renovación, un gasto excesivo de agua, además de no permitir que otras especies vegetales florezcan, tiene la característica de que usa muy poca mano de obra y con salarios muy bajos. En Guatemala ha provocado una mayor concentración de la tierra y la disputa contra formas de reproducción campesina.

El vertimiento de este químico se generó cuando se rompió la represa de cola donde la empresa vertía los residuos de aguas tóxicas, atravesando afluentes del río La Pasión (CMI 11-06-15). Este río por su parte desemboca en el río Usumacinta, que es fronterizo entre el departamento de Peten y el estado mexicano de Chiapas y desemboca en el Golfo de México, en el estado mexicano de Tabasco.

El temor es que la contaminación siga avanzando hacia el río Usumacinta. En ese sentido autoridades de medio ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conap) trabajan para evitar más daño, pues según un estudio del Laboratorio de Toxicología de la Universidad de San Carlos, el Malation es un toxico que no se disuelve en el agua (Ídem).

Las autoridades de ambiente por su parte, fueron obligadas a poner un recurso de amparo a un juzgado local dado provisionalmente para que la empresa suspenda actividades por 15 días, además de que autoridades de la Fiscalía de Medio Ambiente del Ministerio Público y peritos forenses investigan el caso. La empresa niega cínicamente que sea la responsable.

Este ecocidio ha generado la mortandad de 23 especies de peces, de las cuales el 22 % están en peligro de extinción, afectando gravemente el hábitat de estas especies y con el peligro de que el daño al ecosistema lacustre afecte otras especies que se alimentan de peces del este río. Organizaciones ambientalistas como la Red Manglar Internacional cuestionaron la poca capacidad de monitoreo del MARN sobre las actividades extractivas y sus efectos ecológicos de estas empresas. Se reporta el daño a más de cinco mil familias -30 mil personas- que viven de la pesca de estos ríos afectados y que además tienen la presión de estas empresas que los obligan a vender sus terrenos.

Organizaciones comunitarias de Sayache y San Luis, al conocer el desastre –que la empresa estúpidamente pretendió esconder recogiendo los peces muertos- han protagonizado tomas de carreteras y caminos vecinales, al igual que un plantón permanente en frente de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Para el día sábado 27 del presente mes, organizaciones estudiantiles, comunitarias y ecologistas están convocando una marcha en la Ciudad de Guatemala.

Desde el PSOCA nos solidarizamos con el dolor de las familias afectadas, que les turba una fuente de alimentación y no descartamos mano criminal de las empresas como forma de despojar de sus terrenos a las comunidades, además de lamentarnos del daño ecológico que esto provoca para los ecosistemas de los cuales dependemos todos los seres de este mundo. Y nos pronunciamos en el sentido de que la impunidad ambiental es parte de un modelo económico que es necesario cambiar por medio de una revolución socialista. Apoyamos incondicionalmente la acción que tomaron el 23 de junio las comunidades que habitan en las orillas del Río La Pasión, cuando tomaron la sede de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, para presionar al gobierno a que escuche sus peticiones.