Por Leonardo Ixim

El pasado 24 de marzo fueron detenidos en la Capital los líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Baltazar Domingo, referentes del Parlamento Plurinacional de los Pueblos de Huehuetenango, instancia que articula a las comunidades de los pueblos q’anjob´al, chuj, akateko, popti’ y mestizo de 16 municipios de ese departamento.

Los compañeros se proponían poner denuncias en el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, cuando sorpresivamente fueron apresados por miembros de la Policía Nacional Civil aparentemente sin orden de juez. Las denuncias que interpondrían giraban alrededor de la persecución contra líderes comunitarios (días antes ya había sido apresada Bárbara Díaz) quienes se han opuesto a la instalación de la hidroeléctricas y varios proyectos mineros sin la consulta comunitaria, como mandan los pactos internacionales sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas que Guatemala ha firmado.

De igual forma estos líderes sociales han llevado una lucha importante por la defensa al derecho de la libre expresión tras el cierre y posterior apertura de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob que ha sido atacada por el alcalde municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango, Diego Marcos Pedro. Esta radio abrió el campo de denuncia de los pobladores quienes se oponen a tales megaproyectos, por la falta de consulta y los efectos sobre todo de las actividades mineras a cielo abierto, contra los medios de vida naturales y sociales de esas poblaciones.

Con la entrada de la fiscal Thelma Aldana al frente del Ministerio Público se observa el incremento de una tendencia que es global en lo que respecta a los últimos gobiernos, hacia la criminalización de la protesta social en las luchas tanto en la defensa del territorio y los recursos naturales, como de otras índoles sindical y social. Esto por su parte responde a una lógica de incremento de las ganancias del capital sobre todo en la esfera extractivista, provocada por la cada vez más acuciante crisis orgánica capitalista y la necesidad del capital financiero mundial de invertir en materias primas para la producción industrial, pero sobre todo para la especulación y el respaldo del dinero ficticio creado por diversos mecanismos que juegan en los centros financieros internacionales.

La oposición y resistencia de parte del proletariado a estos megaproyectos ha ocasionado que el Estado de Guatemala responda tanto con la represión extra judicial -que de esto tiene experiencia- como con la represión legal, usando la criminalización a partir de los órganos de justicia, en su más puro fundamento como parte del Estado y su función de reproductor del capital. De parte la población organizada, afrontar este fenómeno es costoso porque desvía recursos y esfuerzos para hacerle frente a los vaivenes del legalismo burgués. Ello demuestra la falta de experiencia en ese sentido, tanto porque en el pasado el Estado de Guatemala privilegió la ejecución y desaparición forzada contra las organizaciones y sus miembros, como en la actualidad, donde formalmente existe un Estado de derecho liberal y un sistema judicial supuestamente garantista de los derechos humanos, y la sociedad civil consideró ingenuamente que después de la firma de los acuerdos de paz, se respetaría tales aspectos.

La tendencia en mención no puede ocultar lo que ilusamente se ha pretendido desde la sociedad civil, que con funcionarios probos al frente de algunas instituciones como Claudia Paz en el MP se inauguraba una nueva época de la independencia de la justicia y los derechos humanos. Así, el revés sufrido con la no reelección de Paz acentúo tal tendencia, que ni con ella se detuvo; se atenuó en algunos casos, pero predominó el peso de la legalidad burguesa y el compromiso con ella. El ataque se recrudeció con la nueva fiscal general, quien es cercana a poderes de la camarilla articulada en el Partido Patriota, la vicepresidenta Baldetti, y elementos ex militares y civiles que   utilizan la fuerzas represivas y de inteligencia en función de sus intereses en tanto facción burguesa.

Otra instancia es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por cuya vigencia presiona actualmente el imperialismo estadounidense, pues se trata de un organismo garante de las condiciones de estabilidad institucional necesarias para realizar inversiones seguras. Si el gobierno y los grupos de poder contrarios a renovar su mandato finalmente ceden a las presiones gringas, habrá que ver qué postura tomará en torno a la creciente criminalización social.