Por Marcial Rivera
No cabe duda que el tema de la (in)seguridad pública ha trastocado las distintas esferas del Estado. Los distintos casos de violencia y criminalidad han conmocionado la opinión pública, hasta el punto de convertirse en un problema estructural y en un tema de agenda de los principales actores políticos, que desde distintas instituciones ejercen la función pública. Lo anterior, obviamente desde la óptica que a cada persona convenga. Para el caso de las empresas de seguridad privada el problema de la inseguridad ha sido un nicho de enriquecimiento, pues sus servicios resultan ostentosos y excesivamente caros para quienes los pagan, al tiempo que los guardias de seguridad privada reciben salarios paupérrimos a costa de poner en riesgo su integridad física y su vida misma. A nivel mundial Guatemala ocupa el primer lugar en número de agentes de seguridad privada, si se compara al resto de fuerzas de seguridad pública, incluso duplicando a estos últimos.
En el caso de las armas, se estima que el número de armas sin registrar en la Dirección General de Armas y Municiones supera las doscientas mil, mientras que las registradas ascienden a doscientas mil, aunque es claro que estas cifras varían, incluso en algunos casos se afirma que existen casi ochocientas mil armas, tanto registradas como no registradas.
La oligarquía es también afectada
Este año el Encuentro Nacional de Empresarios tuvo como tema principal la seguridad pública. Su invitado principal fue Rudolph Giuliani, ex alcalde de la ciudad de New York y célebre por haber reducido los índices de delincuencia y violencia de dicha urbe.
La seguridad 'en apariencia' es una preocupación para el gobierno y sus funcionarios si se toma en cuenta que la seguridad no solo es tema de agenda para el gobierno, sino además para los partidos políticos en sus agendas electorales; pero es evidente que algunos funcionarios también lucran de manera directa o indirecta con el tema de la (in)seguridad pública. De esto, es claro que no escapan los grupos oligárquicos, fundamentalmente porque pagar por servicios de seguridad privada, eleva sus costos de operación.
Según Prensa Libre en su edición del 09/10/2014 "Prevención y disuasión, resolución pacífica de conflictos, coerción, inteligencia criminal e investigación, judicialización y penalización y reinserción integran el planteamiento del Enade y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa)".
En Guatemala
Guatemala invierte casi el 9% del PIB en materia de seguridad, e invierte un porcentaje muchísimo menor en otros temas prioritarios para el desarrollo de este país.
En su discurso Giuliani sugirió descentralizar la policía y darle más autoridad a los alcaldes; no obstante, esto implicaría una serie de reformas incluso a nivel Constitucional, además de una discusión amplia y democrática que recoja las posturas de distintos sectores y es evidente que con la actual crisis de institucionalidad expresada en los poderes del Estado, reformas de tal naturaleza no son posibles, sin dejar de mencionar el espíritu antidemocrático que ha caracterizado al gobierno de Pérez Molina.
Por otro lado, habrá que recordar que es innegable la reducción de los niveles de criminalidad que Giuliani logró en Nueva York durante su periodo como alcalde, lo que es admirado por la oligarquía Guatemalteca. No obstante esto tuvo un alto costo; la política de cero tolerancia impulsada por él, también implicó el tema de las ‘ventanas rotas’ al no ser posible –desde su mística- barrios con problemas de inseguridad. No obstante, el costo que esto tuvo, fue mayor que el beneficio, fundamentalmente porque persiguió a quienes no poseían casa, a gente de la calle y sin dejar de mencionar que durante su periodo como alcalde la policía tuvo distintas acusaciones de abusos, sobre todo en contra de los grupos minoritarios como latinos, mexicanos, afro descendientes y otros más.
La realización de los planes propuestos por Giuliani, implicaría que las autoridades se ‘den a respetar’, es decir reprimir a la población y coartar sus libertades. No debe perderse de vista que en Honduras y El Salvador, los planes antipandillas no solo fracasaron, sino además acentuaron los niveles de violencia y criminalidad, y en Guatemala los ‘toques de queda’ han incrementado la desconfianza que existe por parte de la población hacia las autoridades.
¿Qué hacer en el tema de seguridad?
Desde el Partido Socialista Centroamericano, se considera que la inseguridad que se vive en la región Centroamericana, y sobre todo en el triángulo norte de la región, es en esencia producto de las purgas generadas por la distribución desigual de la riqueza, de la marginalidad y la miseria que la misma ha generado y de la ausencia de un Estado puesto en función de los intereses de las minorías desposeídas.