Por Juan P. Castel

“Ya tenemos que aprender a caminar solos”, dijo el ministro del interior Mauricio López Bonilla al matutino burgués El Periódico con fecha 12/09/2014; el paladín de gobierno solo se pronunció después de que el actual presidente de la república, el menudo Otto Pérez Molina dijera el día anterior: “Nos costó que se extendiera por dos años más y nos comprometimos a que era la última vez y que íbamos a aprovechar para hacer el traslado de las capacidades a nuestras instituciones”.

El mismo día que la cabeza del ejecutivo confirmaba que la comunidad internacional no seguiría aportando para que la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) siguiera operando, también se pronunció el embajador de Alemania en Guatemala, Matthias Sonn; el diplomático dijo: “la decisión le corresponde a Guatemala, no tengo ninguna duda de que nuestro país estaría dispuesto a apoyar la extensión del mandato de forma voluntaria” (Siglo XXI, 11/09/14). En un correo electrónico fechado ese mismo día, la vocera de la embajada gringa Mo Mimnaugh escribió: “La CICIG ha desempeñado un rol importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. El Gobierno de Estados Unidos respalda plenamente su mandato”.

En esas mismas fechas el revuelo y la polémica se hicieron del palacio de los vándalos y ladrones; el Congreso de la Republica tomó como suya la consigna de “prórroga” y la oposición la hizo su bandera. “Quien se oponga es una bancada cómplice”, insistió el secretario general del “Partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) el diputado Roberto Villate.

¿Pero a qué se debe el revuelo de la casta política guatemalteca? Recordemos que la CICIG fue promovida por el entonces gobierno de pollo ronco (Alfonso Portillo), retomado de una idea de la PDH; el proyecto fue avalado durante el gobierno de la burguesía nacional, encabezado por Oscar Berger. El 12 de diciembre del 2006, las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala ratifican el acuerdo que creaba a la CICIG. En mayo del 2007 recibió opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad, ante la incertidumbre del Congreso de si violentaba el mandato del ministerio de Gobernación y del MP. El 1 de agosto de ese mismo año fue ratificado el acuerdo por el Congreso, pese a que el mandato no lo establece. Según el acuerdo constitutivo, la CICIG debe investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que cometan delitos que afecten los derechos fundamentales de los guatemaltecos. También debe colaborar para desarticularlos.

La CICIG a recobrada importancia hacia el final de su segundo mandato, gracias al revuelo público que la prensa burguesa le ha dado al caso Byron Lima, donde se acusa a éste de liderar una estructura criminal en prisiones; lo más interesante es que el exmilitar, ferviente anti-comunista y un derechista consagrado también está cumpliendo condena. A Byron Lima se le ha querido dar a conocer como un caso más de revanchismo entre los militares en el gobierno y ha amenazado con divulgar los secretos del ministro del interior y de la propia presidencia.

A esto se le puede agregar el siguiente señalamiento del oráculo, el jefe de la Cicig Iván Velásquez Gómez dijo: “la Cicig está profundamente preocupada por la manera en que se ha desarrollado la elección de los candidatos, que podría estar cooptada por el crimen organizado, que intentaría colocar a personas que cuiden sus intereses en ambas cortes”, -Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones- denunciando la injerencia de los poderes fácticos dentro de las comisiones de postulación, que elegirán una terna que será revisada por el congreso. También mencionó Velásquez: “Creemos que el proceso de escogencia de altos funcionarios judiciales debería ser un acto sublime de la democracia, en el que un grupo selecto de académicos de las facultades de Derecho, administradores de justicia y representantes de abogados aplicaran con responsabilidad, pero con devoción examinar integralmente a los mejores que deberían ocupar esos puestos” (PrensaLibre 17/09/14).

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), defendemos que la impunidad que hoy prepondera en Guatemala y que hace detentadores de la corrupción, la influencia, el abuso y el tráfico de poderes a los mismos grupos que desde el gobierno se enriquecen no se detendrá si no es de la mano de la democracia participativa, que ponga a todos los cargos públicos a designio de votación popular y que éstos puedan ser removidos en cualquier momento. Ningún organismo puesto por el imperialismo, como la Cicig, logrará ese cometido. Solo el empoderamiento de las masas trabajadoras y del amplio rostro del pueblo le dará soberanía a Guatemala sobre el interés del imperialismo y de los grupos paralelos.