Por Marcial Rivera

La conflictividad social en Guatemala, tiene vertientes específicas, obviamente todas relacionadas con el problema de la explotación de los recursos naturales y el medio ambiente. Para el caso de San Juan Sacatepéquez, ha sido entre otras cosas el tema de la producción y exportación de flores. Esta actividad económica de los pobladores del lugar se ha visto envuelta en la conflictividad a partir de ser otro elemento más en el tema de la Cementera, ya que el polvo y la contaminación producidos por los trabajos de la empresa echa a perder los cultivos de los pobladores.

A pesar de los diálogos que se han propiciado entre representantes de la Cementera y de las comunidades, no han existido acuerdos, hay que hacer mención a las políticas de violencia que se generaron en los gobiernos pasados de Oscar Berger y Alfonso Portillo; las Patrullas de Autodefensa Civil, formadas por los gobiernos militares durante el conflicto armado, retomaron labores de seguridad comunitaria, lo que avivó más la conflictividad.

Escalada de la conflictividad

En la última semana, la comunidad Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, municipio ubicado en el departamento de Guatemala, se ha visto envuelta en una serie de sucesos que denotan la escalada de la conflictividad social que en el mismo se vive a causa del proyecto de Cementos Progreso. Este conflicto ya tiene algunos años de estar en la palestra de las luchas sociales por parte de distintos sectores de la sociedad, tanto ambientalistas como de otra naturaleza. La lucha está siendo protagonizada por los compañeros y las compañeras, indígenas y campesinos de San Juan Sacatepéquez, quienes se oponen a la instalación de la planta cementera, por los daños medioambientales a los mantos acuíferos, ecosistemas y naturaleza de dicho lugar.

Durante el último mes, se han dado algunos espacios de represión en distintos lugares del territorio nacional y San Juan Sacatepéquez no ha sido la excepción. El viernes 19 de septiembre un grupo de aproximadamente 15 hombres armados, presuntamente contratados por Cementos Progreso hizo disparos, causando algunos heridos y algunos muertos; en algunos medios de comunicación burgueses se tergiversa la información y se plantea que han sido personas de las comunidades quienes han tenido la cuota de responsabilidad por los nichos de violencia, que se dan, y en consecuencia manipulan la opinión pública y desvían la misma hacia otros temas. Lo complicado del asunto es que durante estos nichos de violencia la policía no ha estado presente. Lo que a todas luces es evidente, es que la Policía Nacional Civil y las autoridades gubernamentales hacen presencia en San Juan, para reprimir a la población y defender a la Cementera y no para proteger a la población de la persecución por parte de esta empresa, como ha sucedido en otras zonas de conflictividad como el Río Polochic.

Planteamiento Político

Hay que hacer alusión a estos hechos como parte de los controles que el Estado quiere ejercer a través de los Estados de Excepción, que desde el mismo se imponen. Para el caso del mencionado municipio se decretó mediante el Decreto Gubernativo 6-2014 y se han desplazado más de 1000 militares y 800 policías, un número exagerado de elementos de seguridad pública que ‘resguardarán la seguridad’, sin dejar de mencionar que existen más de 30 órdenes de captura hacia los pobladores por los desórdenes que se han dado. Tanto el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, como la jefa del ministerio público Thelma Aldana se han pronunciado a favor de las capturas y de investigar los hechos.

¿Qué debe hacerse?

En principio, debe señalarse que la lucha librada por las distintas comunidades en contra del proyecto de la cementera, tiene toda la legitimidad del caso; al final se trata de una lucha que busca defender la vida. En ese orden de ideas también se considera que la explotación de los recursos naturales es necesaria para cualquier sociedad que pretenda su desarrollo; pero esta explotación debe tener equilibrio con el medio ambiente, lo que no es posible bajo la lógica del control privado por parte de las mismas. Las comunidades deben tomar el control de la explotación de los recursos para beneficio y desarrollo de las mismas. Desde el Partido Socialista Centroamericano, se acompaña la lucha del heroico pueblo Sanjuanero, demandamos el respeto de la consulta comunitaria realizada en abril de 2007, en la que la mayoría de la población rechazó la instalación de la cementera, exigimos la liberación inmediata de los cinco campesinos detenidos y el levantamiento inmediato del Estado de Excepción impuesto por el gobierno represivo de Pérez Molina.