Comisión de Postulación de magistrados del TSE

Por Leonardo Ixim

La carrera por la conformación de Comisiones de Postulación entre las distintas fuerzas conservadoras del país ha comenzado. La importancia de estas comisiones estriba que son instancias “constitucionales” para elegir a los rectores de distintos órganos del Estado, como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el o la jefe del Ministerio Publico (MP) y otros.

Es importante anotar que la selección de magistrados para el TSE se sitúa en el contexto de descalabro de actual gobierno, tras su fracaso en las elecciones de Nebaj, el cuestionamiento a la política gubernamental en distintos tópicos por parte del gobierno estadounidense y de la próxima elección del jefe del MP donde se juega la reelección de Claudia Paz y Paz.

En esto, como parte de las variopintas alianzas que se tejen en una sociedad civil marcada por la fragmentación, el oportunismo y la poca capacidad estratégica ante el autoritarismo de la derecha, se recibe el apoyo del gobierno norteamericano y el ala demócrata del establecimiento imperialista. Para estos últimos un gobierno como el del Partido Patriota conformado por ex militares y empresarios vinculados al crimen organizado, se vuelve una pesada carga para la política de promoción de los derechos humanos.

Con respecto a la elección de cinco magistrados y sus suplentes, para regir el TSE según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) decreto 1-85, habrá que recordar que la creación de esta institución y esta ley, forman parte del rediseño institucional que el bloque dominante y el imperialismo impulsaron en la década los 80s tras la crisis del Estado neocolonial debido al avance de las fuerzas revolucionarias. Durante el gobierno golpista de Ríos Montt se presentó un primer proyecto de ley que planteaba la instalación de una Comisión de Postulación para elegir magistrados.

Con la coronación de la constitución de 1985, el congreso promulgó una nueva ley electoral similar a la creada en tiempos de Ríos Montt; de esa forma se comenzaría a consolidar el proyecto contrainsurgente, que tendría la guinda con la incorporación de la izquierda reformista “armada” después de su fracaso guerrillerista.

Por su parte el modelo de las postuladoras se tomaría como referencia para otros órganos del Estado. Así en 2006 los “demócratas” del Congreso de la República logran la aprobación de una ley especifica que regirá la creación de tales comisiones para elegir a varios funcionarios públicos. En el modelo original de 1983-85 y la de 2006, se da una sobre-importancia a los colegios profesionales, sobre todo al de abogados, y a las universidades tanto la pública como las privadas, para que los representantes de estas instancias conformen las comisiones de postulación, para que posteriormente el Congreso elija, o en el caso del jefe del MP, lo haga el presidente de la República

Los colegios y las universidades están a su vez cooptados por distintas fuerzas vinculados a los partidos conservadores que a su vez representan el interés de fracciones de la clase burguesa. Es sobre todo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) clave en este sentido, pues tendrá representantes en casi todas las siguientes postuladoras, elegidos por medio de votaciones de los colegiados.

Sobresalen dos grupos: 1) los abogados vinculados al partido de gobierno y la actual directiva del Cang por un lado. 2) la alianza encabezada por abogados vinculados al actual rector de la USAC Estuardo Gálvez quien es parte de la actual postuladora, junto con los llamado “abogados corporativos” procedentes de universidades privadas y vinculados a los grandes monopolios oligárquicos, aliados además a los “sectores democráticos” cercanos a la actual fiscal general; todos ellos con el visto bueno de la embajada yanqui. En la elección para la actual comisión postuladora ganó el segundo grupo con el abogado Ovidio Parra.

Por su parte el partido de gobierno y el partido de oposición Lider se disputan el control o la influencia del próximo tribunal electoral con posibles pactos entre ellos y reduciendo la capacidad de maniobra de los intereses oligárquicos y de otros partidos como el de la ex primera dama Sandra Torres.

Ante estos vericuetos y sutilezas de la institucionalidad burguesa, totalmente permeados por intereses de poder, el PSOCA plantea que los magistrados a los poderes judicial, electoral, el MP y demás, sean electos democráticamente por votación popular, general y transparente, con el derecho de presentar candidaturas por parte de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares.