Por Armando Tezucún

El 2 de marzo más de mil vecinos de las localidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc empezaron a acampar en las afueras de la mina de oro y plata conocida como El Tambor, El Carrizal, reclamando que la misma inició operaciones sin que se haya consultado a la comunidad. Los pobladores habían intentado sin éxito suspender por la vía legal las licencias de exploración y explotación de metales preciosos en el lugar por parte de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. Ante el fracaso de sus gestiones en el Ministerio de Energía y Minas y la Procuraduría de los Derechos Humanos, los vecinos tomaron acciones de hecho bloqueando el paso de maquinaria y quedándose desde entonces día y noche en el lugar, organizándose comunitariamente para satisfacer sus necesidades básicas (Prensa Libre 9/03/12).

El 8 de marzo pobladores de la aldea Poza Verde, Barillas, Huehuetenango, colocaron barricadas para impedir el paso de maquinaria que sería utilizada para la construcción de una hidroeléctrica por parte de la empresa Hidro Santa Cruz. Los compañeros retuvieron a 28 empleados de la compañía y quemaron parte de la maquinaria, liberando a 23 el día siguiente. La población ya efectuó una consulta comunitaria que pronunció en contra de la construcción de la hidroeléctrica, sin que fuera tomada en cuenta (Prensa Libre 9/3/12).

El 10 de marzo los diarios publicaron que pobladores de Cantel, Quetzaltenango, denunciaron que la construcción de la hidroeléctrica Cueva María, de la empresa Recursos Energéticos Pasac, S.A. está destruyendo obras de infraestructura y recursos hídricos. Además los funcionarios y cuerpos de seguridad de la empresa actúan con prepotencia, adueñándose de partes de terrenos privados y públicos e intimidando a la población. La empresa incumplió una serie de compromisos que debía asumir para poder construir la hidroeléctrica (Prensa Libre 10/03/12).

Estas situaciones conflictivas y muchas otras más que agobian a los campesinos indígenas, son el motivo para que se lanzara la Marcha por la Resistencia, la dignidad, en Defensa de la Tierra y el Territorio.

El Frente Norte del Área Metropolitana, Vía Campesina, el Comité de Unidad Campesina, la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya y el Comité Campesino del Altiplano entre otras organizaciones iniciaron el 19 de marzo la caminata en Cobán, recorriendo 214 km y proyectando ingresar a la capital el martes 27.

En el primer aniversario de los desalojos violentos que se dieron contra 14 comunidades del Valle del Polochic, la marcha reivindica las demandas agrarias de las comunidades campesinas e indígenas para que se respeten los territorios y la madre naturaleza en las localidades donde hay empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas, construcción de megaproyectos y monocultivos. Reclama también el cese de la persecución contra los líderes de las comunidades, la condonación de los préstamos otorgados por el Fondo de Tierras y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral (declaración de la marcha, 19/03/12).

Un dirigente del CUC declaró: "No buscamos que se cree una mesa de diálogo, ni más cronogramas o reuniones con funcionarios de bajo rango…Solo esperamos que durante los días que marchemos el Estado atienda nuestras demandas, porque no son nuevas, son una deuda histórica” (El Periódico 19/03/12).

Por su parte, el presidente expresó: "Reconocemos sus demandas, el atraso, el rezago que padecen amplias zonas del país de mayoría indígena" y designó una comisión para recibirlos. “Aunque ellos (los manifestantes) digan que no quieren hablar con más funcionarios, tendrán que hacerlo. Tenemos un equipo de alto nivel, y ellos van a trabajar este tema" (El Periódico, 19/03/12).

Sorprendentemente, el viernes 23 por la tarde  Pérez Molina, al saber que en la marcha participan mujeres y niños, viajó hasta el km 82 de la Carretera al Atlántico para encontrar a los manifestantes e iniciar el diálogo, prometiendo recibirlos personalmente en la capital.

La lucha de las comunidades campesinas toca intereses sensibles de los grupos burgueses guatemaltecos (agroindustria y agroexportación, minería, hidroeléctricas, monocultivos, etc.). En un contexto en el que Pérez Molina está logrando acuerdos con los trabajadores estatales que protagonizaron las movilizaciones más relevantes en el gobierno pasado (maestros y trabajadores de la salud), neutralizando exitosamente sus luchas, el tema rural puede que tome el primer plano de las luchas populares. Todo depende de si los dirigentes campesinos se dejan envolver en un proceso diálogo interminable, y de si la burguesía muestra flexibilidad en aras de colaborar con la “paz social” que Pérez Molina está pacientemente tejiendo.