Por Edgar Kan

Los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo Sobre Aspectos Socio-Económicos y Situación Agraria (ASESA), planteaba la reforma del sistema tributario. Esta reforma era orientada para el desarrollo de un nuevo modelo productivo que cambiara la realidad agraria y también contribuyera de manera progresiva a la tan anhelada redistribución social, mediante una carga justa y en base al principio de capacidad de pago constitucional.

Sin embargo la oligarquía tradicional y las clases burguesas emergentes han hecho que cualquier cambio a la estructura macro económica y de recaudación tributaria que sea orientada a reducir  las desigualdades sociales se vea truncada,  bajo argumentos que encubren su afán de mantener sus voraces ganancias económicas y mantener su sistema productivo de explotación sobre las grandes mayorías.

Eso fue lo que se vio en el Pacto Fiscal del año 2000, en el que la falta de  compromiso de las élites dominantes, generó su retiro de la mesa de diálogo fiscal. De igual forma, en 2006 el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz  convocó al Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, el cual buscaba implementar una reforma tributaria que se basara en una carga más fuerte a las grandes empresas y a la población económicamente activa que contribuye al sistema tributario. Este intento no tuvo efecto, pese al impulso que tuvo el ministro de finanzas de turno. En 2011 hubo una propuesta de reforma que por la misma falta de interés de las élites no tuvo eco en la realidad nacional

Tras años de escuchar por parte de las instituciones estatales la inminente urgencia de generar una reforma tributaria para poder financiar el gasto público, parecería incongruente que las élites nacionales hayan permitido una reforma tributaria tan fuerte como la que se realizó en la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012.

Sin embargo esto era de esperarse de un gobierno, en el que su Ministro de Finanzas ha transitado por los espacios del Pacto y Diálogo Fiscal, defendiendo los intereses de las élites dominantes. Pero ¿Cómo es que funciona este vericueto legal  que manifiesta expresamente la subyugación de las grandes mayorías?

Para comprender tan enredados términos, debemos tener en cuenta que los llamados impuestos se dividen en dos tipos: los directos y los indirectos. En cuanto a los directos, son aquellos que se cancelan a las instituciones estatales directamente. Ejemplo de este impuesto es el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Los indirectos son aquellos que se pagan en el consumo diario de bienes y servicios (el ejemplo típico del mismo es el Impuesto al Valor Agregado).

Los componentes de la Ley de Actualización Tributaria son: Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto a la primera matrícula, Reformas al impuesto de circulación de vehículos, reformas al timbre fiscal y al papel sellado.

El más controversial de este paquete fiscal es sin duda el incremento al impuesto directo del ISR, el cual posee 2 regímenes, uno legal y uno optativo. He aquí la clave para entender esta reforma y cómo las clases opresoras no son afectadas. El régimen que impone la ley es el legal, sin embargo permite el régimen optativo a aquellas personas físicas o jurídicas que deduzcan gastos de operación para su funcionamiento hasta un 97%. En esto reside la desigualdad, pues evidentemente son las empresas las que deducen gastos

La reforma realiza lo siguiente: aumenta el porcentaje que hay que pagar de la renta bruta (total facturado) que recibe el trabajador de 5 a 7 porciento, aumentando un 1% por año hasta llegar al 7%, queriendo decir que se debe cancelar en 2012 un 5%, en 2013 un 6% y finalmente en 2014 un 7%. Este es el caso del régimen legal. En el régimen optativo es donde se puede analizar realmente en contenido discriminatorio y explotador de la iniciativa, no aumenta sino reduce el porcentaje de la renta neta (ganancias) de un 31% a un 25% progresivamente.

La sorpresiva reforma tributaria que hoy tenemos en el país es sin duda una reforma que castiga a las clases medias, que imposibilita una capacidad de ahorro y la generación de una dinámica capitalista integral. Ante esa situación podría afirmarse que se busca congelar a las clases medias desposeídas, mediante su estancamiento económico y generar una medida populista de “liberar” falazmente a las clases más empobrecidas y de salarios de miseria del país (ya que éstas nunca estuvieron insertas en la dinámica de recaudación directa).

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), demandamos que se elimine el régimen optativo, en la ley del impuesto sobre la renta, que quien tiene más pague más, que el principio de capacidad de pago se refleje en las leyes ordinarias, que las grandes empresas paguen más.