Por Leonardo Ixim

Una de las primeras acciones de este gobierno fue firmar un compromiso voluntario con las empresas mineras para aumentar las regalías que éstas pagan por la explotación del subsuelo nacional, del 1 por ciento al 5 %, siempre y cuando, en el caso del oro, la onza de este metal no baje en los mercados mundiales de 900 dólares.

Este irrisorio aumento es considerado como una burla por las comunidades indígenas y campesinas que se han opuesto a la explotación de minerales por los considerables daños ambientales y sociales, pues ni siquiera reparan los pasivos que ocasiona y lo que le entrega a la nación es mínimo.

La oposición a estas actividades es harto justificada, pues para la ejecución de tales acciones  se necesitan de apropiarse del territorio de muchas comunidades, provocando desplazamientos masivos, violencia intracomunitaria, represión estatal y paraestatal y problemas sociales como delincuencia.

La oposición a tales actividades se ha dado por medio de  consultas comunitarias en todo el país, tanto usando el sistema representativo burgués como las formas ancestrales organizativas mayas, junto a movilizaciones que han tenido como respuesta la represión por parte de las fuerzas de seguridad (policía y ejército). Por su parte, la burguesía  ha impulsado acciones legales en órganos del Estado  como la Corte de Constitucionalidad  que ordena a las fuerzas de orden publico desalojar si hay bloqueos de vías.

Ese mísero aumento de las regalías se contrasta con las súper ganancias que durante el 2011 obtuvo la mayor empresa minera en nuestro país “Montana Exploradora”,  filial de la trasnacional con sede en Canadá  Goldcorp, una de las mayores mineras a nivel mundial. En el departamento de San Marcos Montana explota en la mina Marlin oro y plata a cielo abierto. Esta es una de las actividades más dañinas al medio ambiente, por el uso de cianuro y la contaminación de los acuíferos y fuentes de agua, así como por los daños a la salud (enfermedades en la piel, vías respiratorias, sistema gástrico y cáncer).

Las ganancias de esta trasnacional en Guatemala fueron de US$ 607 millones, aumentando un 125 % más de lo que obtuvieron en 2010. Por su parte el precio promedio de la onza de oro subió de Q9, 643.70 en el 2010 a Q12, 417.90 en el 2011. En la actualidad en el marcado mundial se encuentra a US$ 1,487  la onza.

Por otra parte, la extracción de plata durante el año pasado llegó a los 8 millones 779 mil cien onzas, un 40 % más que en el 2010, cuando se registraron 6.2 millones y 173 % más que en el 2008, cuando fueron 3.2 millones de onzas. El precio a nivel mundial se sitúa en los en US$ 38,47  la onza. La importancia de estos metales en el mercado mundial se debe a que se han vuelto un refugio para la especulación financiera, el conocido como mercado de futuro ante la inestabilidad de monedas como el dólar y el euro (información publicada en Prensa Libre 5/03/12).

Durante la campaña presidencial el actual presidente prometió que las regalías no iban a ser menores del 40 % sobre las ganancias brutas. Por supuesto era demagogia, pues Pérez Molina está comprometido hasta los tuétanos con el gran capital nacional y trasnacional. Sino, veamos el recientemente aprobado paquetazo fiscal que le bajó a la gran empresa el impuesto sobre la renta además de la posibilidad de deducir todas sus utilidades con esas reformas y no toca las exenciones de impuestos de que gozan las mineras..

En estos momentos vecinos de las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo tienen una semana de dormir en la entrada de la mina de oro y plata El Tambor, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala S. A., impidiendo el paso de maquinaria y equipo. Los compañeros, preocupados por el daño que pueda ocasionar la actividad minera, hacen presión para que se suspendan las licencias de explotación y explotación de la mina, y exigen que se haga una consulta popular. Hasta ahora han recurrido al Ministerio de Energía y Minas y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero no han tenido respuesta.

Ante tal situación consideramos redoblar los esfuerzos de unificación de todas las comunidades afectadas por minería, junto a todas las organizaciones populares, en función de construir un programa nacional de lucha y un proyecto de nación y centroamericano de la clase trabajadora, pues somos los que generamos la riqueza de este país. Uno de los puntos fundamentales sería prohibir toda actividad minera a cielo abierto, en aéreas protegidas o de ecosistemas frágiles tales como humedales, playas, manglares, bosques vírgenes, etc. y evaluar cuáles pueden realizarse en función del desarrollo nacional y centroamericano reduciendo los daños al ecosistema, por medio de empresas estatales controladas por los trabajadores de éstas y las comunidades.