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EL SALVADOR.- “Golpe de Estado técnico” para consolidar el bonapartismo de Bukele

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Por Marcial Rivera

En su obra "El Sistema Político Salvadoreño" del politólogo salvadoreño Álvaro Artiga González se plantean cuatro grandes etapas de la historia política de El Salvador: El primero es el periodo autoritario con La República Liberal, la dictadura militar personalista: el Martinato, la dictadura militar institucional: el PRUD y el PCN. Seguidamente El cambio de régimen o transición política, los Acuerdos de Paz de 1992 y el Elitismo competitivo y la democratización del régimen. Desde 1984 con el retorno de la democracia en términos formales y electorales, El Salvador ha tenido ocho Presidencias de la República con una duración de cinco años, de acuerdo a la Constitución de 1983. En 2019 se produce un nuevo clivaje con la victoria de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), de derecha, partido hijo de ARENA y surgido en ocasión de una ruptura importante a lo interno de ARENA, GANA postuló a Nayib Bukele, quien se hizo de la victoria electoral, a pesar de haber aseverado públicamente que no se postularía por dicho partido político, siendo esta la primera de tantas promesas que se ha dedicado a incumplir desde sus administraciones municipales en Nuevo Cuscatlán y San Salvador.

Los dos principales antecedentes del sistema político actual son la Constitución de la República de 1983, y la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. El primero porque permite tener claridad sobre “las reglas del juego” y la manera en que deben funcionar las instituciones del Estado y el segundo porque permite la participación política de distintos sectores de la sociedad con las más variadas corrientes político-ideológicas.

Evidencias del autoritarismo

Desde la toma de posesión del presidente Bukele se han dado muestras del giro hacia el autoritarismo, la toma de decisiones importantes para el país sin consultar con la población, la suma de las improvisaciones en la gestión institucional, además del desmantelamiento de instituciones que de alguna manera sirven como contrapeso al ejecutivo, en particular el Instituto de Acceso a la Información Pública, una de cuyas comisionadas Claudia Liduvina Escobar, se encuentra en proceso de destitución por ser una voz crítica al Ejecutivo y denunciar los abusos del mismo en contra del IAIP.

En este orden de ideas, se plantea la toma de decisiones sin rigor técnico por parte del Ejecutivo, como la presentación de leyes de presupuesto anual que violan artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal o que dejan una excesiva discrecionalidad a los titulares de las instituciones públicas, sin justificar esta libertad y dejando las Unidades Financieras Institucionales como una suerte de caja chica para los tomadores de decisión.

Durante la pandemia del COVID 19 el gobierno de El Salvador tuvo a su disposición casi cinco mil millones de dólares para su abordaje, mismos que en su mayoría fueron gastados sin pasar el proceso establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de El Salvador (LACAP), lo que dio pie a la opacidad y evidente corrupción, llegando al punto de comprar insumos a familiares, amigos de funcionarios e incluso en empresas cuyos propietarios eran funcionarios mismos del Estado. Por esto, no es extraño que distintas instituciones públicas hayan declarado reserva en las compras públicas, justificando que esto se dio a solicitud de algunos proveedores y que esto podía poner en peligro la competitividad de precios, esto, desde luego sin justificarlo. En virtud de lo anterior se infiere la importancia de aprobar durante la recién estrenada Asamblea Legislativa –con mayoría calificada para Nuevas Ideas− la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19” misma que otorga de manera retroactiva la no rendición de cuentas ni publicidad de la información sobre su manejo.

El 01 de mayo de 2021, día de la toma de posesión de las nuevas administraciones municipales y diputaciones, la “Bancada Cyan” destituyó de manera inconstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mismos que emitieron resoluciones que de alguna forma frenaron los abusos del ejecutivo en 2020 en ocasión de la pandemia, esta destitución nos colocó en una situación de Golpe de Estado técnico al quedar sin uno de los poderes del Estado, vital para el equilibrio de poderes y la forma republicana del gobierno. Misma suerte corrió el Fiscal General de la República Raúl Melara. En ambas instituciones colocaron abogados afines a Bukele, de hecho, el mismo día cambiaron imagen institucional de la Corte Suprema de Justicia.

Ruptura de la oligarquía

Durante el gobierno actual ha habido un distanciamiento bastante notorio entre el presidente Bukele y un sector de la oligarquía tradicional, que típicamente ha encontrado representación y vocería en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), principal gremial empresarial del país y donde se encuentran aglutinadas las familias más acaudaladas de El Salvador. Desde sus administraciones municipales, Bukele se caracterizó por distanciarse de los grupos oligárquicos tradicionales, el 12 de mayo de 2020 −mientras la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) anunciaba en conferencia de prensa su renuncia al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por COVID-19 por no darse las condiciones para una efectiva fiscalización del manejo de fondos públicos por parte del gobierno− Bukele desconoció públicamente la autoridad y representación de Javier Simán como presidente de la ANEP.

No obstante, lo cierto es que Bukele ha seguido haciendo negocios con un sector de la oligarquía, pero también con otro sector incipiente de la oligarquía, ligado a las compras públicas del actual gobierno y al actual gabinete. Sobre esto, Vaquerano plantea: “Antes de los dos años de gobierno, el presidente ha logrado que la gente vea a la democracia como un bien no solo suntuario, sino superfluo. Y no es que la gente esté esperanzada en que la administración Bukele le deparará días mejores: está desesperada y rabiosa. Y las cifras de detenciones en Estados Unidos muestran que en los últimos meses la migración indocumentada desde Centroamérica, incluido El Salvador, se ha incrementado. La gente sigue sin ver razones para quedarse, pero sí para apoyar a su presidente”. (plazapublica.com.gt)

Narrativa del GOES de cara al bicentenario de la independencia

El actual gobierno se ha dedicado a descalificar la importancia que tienen los Acuerdos de Paz, negando la guerra, negando su importancia e incluso aseverando públicamente que fue un acuerdo entre dos élites. Aunque la evidencia historiográfica sirva para descalificar lo que el presidente plantea, se sabe que esto antesala para la construcción de su propia narrativa, misma que replica en un amplio despliegue publicitario en medios de comunicación privados y públicos, en particular en “Diario El Salvador” y “Noticiero El Salvador”, que son parte del aparato de propaganda del presidente Bukele y son una suerte de “Ministerio de la Verdad”, tal como plantea George Orwell en su obra “1984”. Parte de la narrativa de Bukele recoge la “construcción de una nueva historia”, tiene como telonero llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución de la República, eliminando las cláusulas pétreas referidas a la reelección presidencial y acumular más poder.

Parte de esta narrativa también implica fortalecer al Ejército de la República y la imagen de este frente a la ciudadanía, pero también la politización tanto del Ejército como de la Policía Nacional Civil, alejándose de la misión constitucional que tienen ambos cuerpos del Estado. En la búsqueda de consolidar la “unidad nacional”, Bukele se ha dedicado a insistir en culpar a otros sectores de la sociedad de sus errores, a quienes ha incluido bajo la frase “los mismos de siempre”, frase en la que cabe cualquiera que no piense como él o le apoye, incluyendo organizaciones de sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos, universidades, gremiales empresariales y partidos políticos de oposición. En la más reciente graduación de cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en el discurso del presidente Bukele manifestó a los nuevos cadetes "Los ataques no son externos, ahora son internos, de una minoría que tienen envidia de los verdaderos hombres y mujeres de valor", dejando entrever que los nuevos enemigos son los ciudadanos salvadoreños.

 El Partido Socialista Centroamericano exhorta a la ciudadanía a estar vigilante de este proceso, pero además a organizarse, este es el momento de resistir en democracia frente a un régimen bonapartista que desmantela las instituciones del Estado, y atropella a la ciudadanía. La resistencia ciudadana es el camino.

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