Por German Aquino
Actualmente la población salvadoreña demanda de una pronta respuesta a la problemática de violencia y la delincuencia responsabilizando de tal situación a las maras y a las pandillas.
El problema ha trascendido, ha pasado a ser para el estado un problema de seguridad nacional en donde al final de las mutuas acusaciones entre miembros de la derecha de ARENA y del FMLN de haber negociado con las maras y las pandillas de lo cual probablemente ambos en su momento obtuvieron beneficios, pero ahora tanto como el FMLN y ARENA y los demás partidos que conforman la Asamblea Legislativa han llegado a un consenso para atacar a la mara y a la pandilla.
Leyes burguesas represivas
Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una serie de modificaciones al Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y a la Ley Penal Juvenil, con dichas reformas se dan nuevas atribuciones a los jueces y se crean nuevos delitos. Entre los nuevos delitos esta: el de limitación ilegal a la libertad de circulación según el cual “El que, mediante violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes impida a otro circular libremente, ingresar, permanecer o salir de cualquier lugar del territorio de la República, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años…otro artículo del decreto incluye nuevos agravantes al delito de amenazas y son cuando estas se hagan en “centros educativos, lugares destinados a cualquier culto religioso, casas comunales, parques, establecimientos de salud, comerciales o instalaciones deportivas”, así como si la amenaza se hizo “aludiendo relación con miembros de pandillas o maras, agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales o en nombre de estas”. También si la amenaza se hace por lenguaje no verbal, como grafitos, señas, inscripciones, símbolos, dibujos y otros…Otro delito, es el hurto de energía y fluidos, se amplía ahora a las telecomunicaciones: telefonía celular, televisión e internet, y su pena sube de uno a tres años de prisión.” (LPG. 22/04/2016). Este último delito de que se hace mención es una clara amenaza no solo para la mara y la pandilla si no para aquellos que ante la falta de un empleo que garantice un salario digno se ven obligados a realizar conexiones “ilegales” para satisfacer sus necesidades de energía eléctrica o de agua.
En materia de la Ley antiterrorista la reforma consistió en ampliar el concepto de organizaciones terrorista en donde se amplía a las organizaciones que se arrogan el ejercicio de potestades pertenecientes a la soberanía de los Estados o afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de uno o varios países.
¿Porque criminalizan la negociación con las maras y las pandillas?
Después que se conociera públicamente que ambos partidos posiblemente negociaran con la mara y la pandilla hoy astutamente criminalizan la promoción o la negociación con la mara y la pandilla según la reformas serán castigados quienes: “promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones comprendidas en la ley, reciban provecho directa o indirectamente de relaciones con esas agrupaciones…Quien, directa o por medio de otro, solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o beneficios para presionar aplicación de leyes, u ofrezca beneficios a estas organizaciones…Si negocian siendo estos intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores o semejantes…La proposición y conspiración para cometer cualquier tipo de negociación o acuerdo..” (DEM. 22/04/2016). Lo anterior deja claro el temor de todos partidos políticos, quienes después del desgaste que sufrirán con la mara y la pandilla debido a la cacería desatada tienen el temor que organizaciones revolucionarias de izquierda lleguen a un acuerdo con estas organizaciones y acuerden adoptar un programa de lucha contra el capitalismo y el imperialismo.
De los represivos BIRI a las FER
En el pasado conflicto los gobiernos implementaron los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) disque en contra de la guerrilla, pero en realidad estos actuaron en contra de la población civil, hoy el gobierno de Sánchez Ceren y del FMLN implementan las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES) con el argumento de combatir a las maras y a las pandillas, pero nada asegura que será así.
Todo apunta que el gobierno está creando un sistema jurídico e institucional represivo el cual puede ser utilizado en un momento determinado contra las organizaciones obreras y las organizaciones políticas revolucionaria que promulgan la lucha contra el capitalismo y el imperialismo.