Por Rael Oshun

Continua la presión de las organizaciones que promovieron en diciembre del año recién pasado, la demanda ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual emitió un fallo mediante el cual ordenó al Ejecutivo que pagara un interés más alto por usar los fondos de pensiones del sistema privado, para pagar las pensiones del sistema antiguo, puesto que el Gobierno paga a inversionistas internacionales una tasa arriba del 7 %, que son básicamente los bonos que emite el Gobierno.

Reforcemos la lucha

La situación se agrava de manera tal, que el comité de trabajadores (COMTRADEFOP), pidió a la Fiscalía General de la Republica que de oficio investigue la primera colocación de CIP que se realizó este año porque afirman que en este momento no existe una tasa de interés, razón que llevó a poner en duda la legalidad de la colocación de más de $100 millones que hizo muy recientemente el Gobierno, a una tasa del 3 %, y de esa forma asegurar el pago de pensiones del primer trimestre del año.

Reversión de las privatizaciones

las políticas que emplea el actual gobierno, para solucionar la situación de las pensiones son disfuncionales, ya que los resultados de tales políticas no son una verdadera salida, la medida político-económica necesaria, no es nunca una reforma que no resuelva el fondo del problema, la real solución sería que la administración del sistema de pensiones pase de lo privado a lo estatal, revirtiendo así las erradas acciones, producto de políticas neoliberales aplicadas durante el Arenato, las cuales acataban al pie de la letra lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM), pasando de la administración estatal (INPEP) a una privada, y aprobándose la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (Ley SAP), en 1997, y con ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Por lo tanto, continuamos haciendo el llamado a la clase trabajadora y organizaciones sindicales a manifestarse en contra de la reforma que pretende ser aplicada al sistema de pensiones, de igual manera a presentar oposición a que el gobierno continúe usando los fondos de las pensiones para sufragar los pago de deudas y demás.

Pues es el pueblo, quien paga por los errores, cuya responsabilidad recae en los anteriores gobiernos de ARENA. De manera que, vemos abierta la posibilidad y las condiciones para aplicar otras medidas, que no impacten negativamente y no aumenten el déficit fiscal el cual es, casi $120 millones de dólares.

Que los ricos paguen

Los fondos que el gobierno necesita para su buen funcionamiento, deberían provenir de impuestos que el gobierno puede cargar a la clase empresarial, mediante una política verdaderamente en función de los intereses del pueblo, de igual manera, debe analizarse una alternativa puntual, que promueva la nacionalización del servicio de administración de pensiones, bajo control de los sindicatos y de los trabajadores