Por Alberto Castro

El aumento de los homicidios en las últimas semanas, los cuales son atribuidos a las maras y a las pandillas, está poniendo en evidencia el protagonismo de estas organizaciones que operan en El Salvador. A través de su accionar estos grupos afectan a la clase obrera debido a que las principales víctimas son los trabajadores y sus familias. El problema de la violencia y la delincuencia es hasta cierto punto tolerado y goza de la complacencia de la clase dominante, cuyos representantes: Estado, gobierno, iglesia, gremiales empresariales y partidos políticos, manejan el tema con inmensa hipocresía y sacan ventajas de la problemática.

Violencia social como arma de dominación

El pueblo calla porque tiene miedo, ya que estas organizaciones le advirtieron “ver oír y callar”; en la esquina de la desesperanza el pueblo aún espera alguna respuesta de Dios o del gobierno en turno. Por su parte, los burgueses, como dueños de los medios de producción al mismo tiempo que ostentan en sus manos el poder político, y la conducción del subsistema ideológico, han sabido utilizar a la perfección la palabreja “la mara”, para inculcar en la conciencia de los trabajadores la existencia de un fenómeno social. Pero ellos se desligan de su responsabilidad en el asunto instrumentalizado a las maras y pandillas, otorgándoles la credibilidad en cuanto le atribuyen a dichas estructuras los delitos, al mismo tiempo que les premian otorgándoles el carácter de autodeterminación y respeto a las mismas; esto cuando se sirven de estas organizaciones para favorecer sus intereses como clase dominante.

Tregua: demostración y acumulación de fuerza

Desde los gobiernos de Arena hasta el actual del FMLN, los partidos políticos electoreros han buscado acercamientos con dichas organizaciones, pero no para dar una salida negociada al conflicto social sino como tácticas electorales que les permitan acumular votos para llegar o mantenerse en el gobierno. Una vez en el gobierno traicionan e incumplen las promesas realizadas a los representantes de estas organizaciones, y no dan continuidad al proceso desde el Estado. Por el contrario, utilizan las fuerzas represivas del Estado para reprimirlos, lo que ha agravado más la problemática de la violencia.

En el gobierno de Funes y del FMLN las maras y las pandillas rompieron el silencio e hicieron pública la necesidad de buscar una salida a la problemática. Parte de ello fue la llamada tregua, la cual consistió principalmente en la no agresión entre miembros de las maras y las pandillas. Dicha tregua fue muy criticada y utilizada por la derecha arenera en contra del FMLN y es considera un fracaso, pero debe entenderse que una tregua es algo temporal no algo definitivo; dicha tregua cumplió con el objetivo demostrar la capacidad de dichas organizaciones a la vez que internamente fue utilizada para acumular fuerzas.

La tregua surgió acompañada del plan “Municipios Seguros” el cual busca incluir a miembros de las maras y de las pandillas en programas de reinserción social, con los que se busca disminuir los homicidios. Dichos programas fueron un fracaso, debido a que no garantizaban la sostenibilidad económica de las familias, y no daban una respuesta real al problema de desempleo y de salarios que permitan un nivel de vida digno.

Por no una verdadera solución

Los índices de violencia y delincuencia crecen desmesuradamente. Para la derecha arenera esto es una herencia del gobierno de Funes y del FMLN; para el FMLN este es un desgaste de Arena. Pero mientras ambos instrumentalizan la violencia y la delincuencia, la clase trabajadora sigue clamando una solución a dicha problemática estructural. Para ello se debe corregir la causa que lo genera, como lo es la exclusión social causada por el sistema capitalista. Por ello las diferentes organizaciones de trabajadores, campesinos, pueblos originarios, estudiantiles y populares, debemos exigir al gobierno del FMLN que vaya más allá de la tregua y que de soluciones permanentes y reales al problema de la violencia y delincuencia.

No a planes represivos

La militarización y la implementación de un Estado policiaco no es la mejor respuesta a las demandas de seguridad, aunque para el gobierno son las salidas más fáciles. De igual manera se debe demandar al gobierno del FMLN la pronta investigación de la existencia de grupos de exterminio, los cuales no solucionan el problema y lo complican más, con el agravante de que dichos grupos pueden ser utilizados también con fines políticos.