Por José René Tamariz

El régimen de capitalización colectiva (RCC) del magisterio nacional tiene por gestor a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA). El trabajador cotiza de su salario un 8%, el patrono que es el Ministerio de Educación Pública aporta un 6,75% y el Estado aporta un 0,41%. El requisito para pensionarse con ese régimen es de 396 cuotas, es decir con 33 años de trabajo continuo y el monto de la pensión es el 60% del salario de referencia que es el promedio de todos los salarios devengados a valor presente.

A su vez, JUPEMA también administra el régimen de Reparto en donde el trabajador cotiza entre un 10% al 16% de acuerdo con su capacidad salarial. En este último caso el Estado asume el pago de las pensiones ya que nunca creó un fondo, sino que más bien que los dineros aportados por los trabajadores los metía a una caja chica que siempre terminó gastándolos. La junta directiva de JUPEMA está integrada por siete miembros de las siguientes organizaciones: el sindicato de trabajadores de la educación costarricense (SEC), la Asociación de funcionarios universitarios pensionados (AFUP), la asociación de educadores pensionados (ADEP), la asociación de profesores de segunda enseñanza (APSE), la asociación nacional de educadores (ANDE), el colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, ciencias y artes (COLYPRO) y la las organizaciones laborales de las instituciones estatales de educación superior (OLIES).

El régimen de capitalización colectiva (RCC) actualmente tiene como unos 100 mil afiliados y unos 2000 pensionados. Se puede afirmar que es un régimen relativamente joven lo cual le ha permitido tener una jugosa reserva de unos 3,5 billones de colones lo que representa casi un 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en la medida que pase el tiempo en una o dos décadas en que masivamente los trabajadores de la educación se pensionen ese fondo se irá gastando progresivamente. Es falso lo que sostiene la propaganda de JUPEMA de que ese fondo puede garantizar las pensiones por 100 años.  

Actualmente se encuentra en el seno de la Asamblea Legislativa una moción de varios diputados del expediente 22.179 para reformar la ley número 7531 del sistema de pensiones y jubilaciones del magisterio nacional lo cual pone en grave riesgo el futuro del jugoso fondo del régimen de capitalización colectiva (RCC). ¿En qué consiste ese peligro?

La reforma al artículo 21 denominado “Portafolio de inversiones” sostiene que “JUPEMA está autorizada para colocar los recursos del Fondo de Capitalización en las siguientes posibilidades de inversión:

a) Préstamos personales y de vivienda para los afiliados hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de la totalidad del Fondo… Para tales efectos, la Junta tendrá acceso al Centro de Información Crediticia administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), debiendo por lo tanto entregar la información crediticia sus afiliados. La supervisión y vigilancia de las operaciones crediticias contempladas en este inciso corresponden a la SUGEF. Para tales efectos, la Junta deberá cumplir toda la normativa emitida por el CONNASIF en materia crediticia y de riesgos para las entidades financieras”.

El punto b) plantea “Invertir al menos un treinta por ciento (30%) del Fondo, en valores emitidos por el sector público.

El punto c) señala la inversión en “Valores de oferta pública o en valores emitidos por entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)”.

El punto d) plantea invertir en “Valores e instrumentos transados en mercados extranjeros debidamente regulados y supervisados; hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de la totalidad del Fondo. Una vez alcanzado el 20%, este porcentaje podrá incrementarse hasta un 50% si el análisis de la Junta Directiva del Fondo determina que esa gestión redunda en beneficio para los afiliados”.

El punto e) de dicha reforma sostiene que para “Patrocinar y/o participar como inversionista en proyectos de infraestructura pública o privada en territorio nacional, de conformidad con la legislación nacional y lo que al efecto establezca la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de la totalidad del Fondo… Para ello, JUPEMA debe tener un Comité de Infraestructura con capacidades técnicas y especializadas para el análisis y seguimiento de estos proyectos. En ningún caso podrá ser el estructurados de estos proyectos”.

En la reforma de esa ley al “portafolio de inversiones” hay dos puntos gravísimos que podría poner en peligro de pérdida los billones de colones que tiene el Fondo del RCC. Plantear de forma temeraria que se podría llegar a invertir hasta un 50% del Fondo, es decir 1,75 billones de colones en el mercado extranjero es sumamente riesgoso. Ese planteamiento temerario puede poner de forma inminente la desaparición, de un solo golpe, hasta el cincuenta por ciento de ese cuantioso Fondo de pensiones. Es una posición totalmente irresponsable de la Junta Directiva de JUPEMA a apostar a la ruleta rusa con los dineros que no son de ellos.

Es importante y necesario señalar que si se hace un análisis serio de invertir en el extranjero semejante cantidad de dinero de los afiliados hay que recurrir a la experiencia del pasado. Para la crisis económica mundial del año 2007 y 2008 que tuvo como epicentro los Estados Unidos miles de millones de dólares de los pensionados de ese país y de otros países se esfumaron y perdieron por la quiebra económica y bancarrota del sistema financiero de esos años. Entonces, miles de pensionados perdieron sus dineros de las pensiones y quedaron en la ruina, miseria y pobreza. Se quedaron sin pensión. ¿Podría pasar lo mismo con el Fondo del RCC en caso de invertir hasta el 50%? Es una posibilidad real. El capitalismo mundial no logra a nivel mundial tener un crecimiento sostenido y estable. Las probabilidades de una nueva crisis mundial están planteadas. Se debe advertir a miles de afiliados de JUPEMA que con ese tipo de inversiones riesgosas y peligrosas el futuro de sus pensiones es incierto y se encuentra en inminente peligro de su desaparición.

Debemos ser claros y contundente, la Junta Directiva de JUPEMA no tiene la experiencia ni la capacidad ni la pericia para realizara análisis de la situación económica y financiera de los mercados extranjeros, ya sea en los Estados Unidos, Europa u otros países. Los integrantes de la Junta Directiva procedentes de esas diversas organizaciones sindicales, de pensionados y otras organizaciones sociales son ignorantes e incapaces, no tienen el nivel profesional ni técnico para determinar inversiones semejantes en el mercado mundial.

Por otra parte, es importante destacar que también es temeraria la inversión que se pretende realizar en infraestructura pública y privada. Los escandalosos casos de gran corrupción por parte de las empresas constructoras de H. Solís y MECO en contubernio con las jefaturas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) reflejan e indican que meterse a ese tipo de inversiones en obra pública y privada es riesgosa y entrar a un terreno pantanoso e incierto. Igual que en el tipo de inversiones anteriores, es necesario hacer énfasis que la Junta Directiva es ignorante y neófita en ese tipo de inversiones. Creer que creando un tal “Comité de infraestructura” de JUPEMA con supuestas “capacidades técnicas y especializadas” va a permitir hacer buenas y correctas inversiones en infraestructura públicas y privadas es puro espejismo que podría terminar en graves pérdidas para el Fondo de pensiones del RCC. Por otro lado, JUPEMA tendría que contratar a ese personal “técnico y especializado” para el tal “Comité de infraestructura”. En otras palabras, más gastos que deben de pagar los afiliados de JUPEMA.

Los empresarios corruptos de las empresas constructoras son gente sin escrúpulos corrompen a cualquiera. Si han logrado estafar con grandes cantidades de dinero al Estado con mucha más facilidad podría estafar a JUPEMA y robarse el dinero del Fondo del RCC.

Debemos insistir y alertar a todos los afiliados de JUPEMA que el futuro de sus pensiones, con esas reformas al portafolio de inversiones, se encuentran en grave peligro de desaparición, ya que semejantes cantidades y porcentajes de dinero, hasta un 70%, en el mercado extranjero e infraestructura pública y privada podría esfumarse y perderse con una eventual crisis económica y niveles de corrupción en el sector de la construcción. Hay que salir a las calles a defender el Fondo de pensiones del RCC del magisterio nacional. Se debe presionar a las directivas sindicales del SEC, ANDE y APSE de que no realicen esas inversiones riesgosas y peligrosas con los dineros que no son de ellos.

Por José René Tamariz

La educación, previo a la pandemia de la Covid-19 tenía una serie problemas, tales como, la exclusión estudiantil del sistema educativo, la repitencia, el fracaso escolar, escuelas y colegios en mal estado, condiciones de inestabilidad en el personal docente debido al alto interinazgo, trabajo en diferentes instituciones y sobrecarga laboral que provoca el denominado “síndrome del quemado”, así como un conjunto de problemas, gran cantidad de estudiantes por grupo con adecuación no significativa y significativa. La mayoría de estos, lejos de resolverse en el tiempo se han profundizado en tiempos de pandemia. Veamos.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) no estaba preparado para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en período de pandemia. Todas las políticas de la ministra de educación, viceministros y asesores han sido zigzagueante, erráticas y equivocadas lo cual han conducido al desastre actual, aunque públicamente digan lo contrario.

En marzo del 2020, el MEP suspende las clases presenciales debido al proceso de contagio por el SARS-CoV2, sin embargo, envío a los miles estudiantes y personal de escuelas y colegios sin ninguna planificación. Fue una desbandada sin orden y plan alternativo. Eso fue grave, ya que cada docente continúo realizando sus trabajos, pero a criterio personal con diferentes plataformas y actividades. Nadie sabía cuál era la política educativa del MEP. Sencillamente, el MEP había desaparecido, faltando a sus responsabilidades y actuando contra el derecho a la educación de los miles de estudiantes. Cuando se suspendieron las clases en el mes de marzo, la mayoría de las escuelas y colegios se preparaban para realizar la primera prueba del primer trimestre. Entonces, lo correcto era realizar a distancia ese examen para generar la primera nota y posteriormente organizar y programar diversas actividades escolares.

Fue hasta después de un mes, luego de semana santa que, de forma improvisada, se inventaron la llamada “educación a distancia” que debía combinar las clases asincrónica y sincrónica con las tareas guías de trabajo autónomo (GTA).  Al mismo tiempo, programó las “famosas capacitaciones” a los docentes, mediante la plataforma de Microsoft denominada Teams. En ese proceso, el MEP se dio cuenta que miles de estudiantes no tenían ni equipo electrónico ni conexión a Internet para poder realizar el proceso de la educación a distancia. Después, de ese “gran descubrimiento”, problema que se conocía desde hace muchos años, se inventaron la entrega en físico de las GTA y el resultado fue que solo un pequeño sector de estudiantes llegaba a retirarla y la mayoría no la retiraba quedándose el montón de guías en las escuelas y colegios, las cuales terminaban en el basurero o en el reciclaje.

Por otro lado, lejos de dirigir y guiar el proceso educativo, creó y provocó un conjunto de confusiones y errores graves entre la población estudiantil en el primer semestre del 2020 diciendo públicamente que los trabajos que se realizaran durante ese período tenían solamente carácter formativo. Qué si el estudiante no realizaba los trabajos no podían perder el semestre, ya que no tenía valor. Entonces, sencillamente miles de estudiantes, acostumbrados a la evaluación con notas no hacían nada y se perdieron. Fue un semestre perdido por la grave irresponsabilidad de la ministra de educación y demás jerarquía del MEP.

Hasta el segundo semestre, la ministra de educación y las demás altas autoridades plantearon que ese proceso educativo iba a tener un valor numérico. Que a las GTA y el llamado instrumento de evaluación sumativo (IMS) se le debía dar un valor y que los estudiantes que la realizaran correctamente podían promoverse al siguiente nivel, pero, tanto a los que les diera una nota inferior a 60 como a los que nunca realizaron ningún trabajo, se les debía dar el derecho a realizar un trabajo denominado estrategia de promoción. Al final, a nadie se podía aplazar ni quedar en el mismo nivel, excepto, solo aquellos casos de estudiantes que no se presentaran a realizar dicha estrategia de promoción. Simple y sencillamente un desastre educativo en medio de la pandemia y los responsables son las altas autoridades del MEP.

Debido a la ola de la pandemia en que nos encontramos, el MEP en unidad con el Ministerio de Salud decidieron suspender las clases desde el 24 de mayo hasta el 11 de julio y enviar a vacaciones forzadas tanto los trabajadores de la educación como a los estudiantes. Nuevamente se vuelve a producir otro grave error del MEP con el proceso educativo, ya que lo correcto era suspender las clases presenciales, pero seguir con las clases a distancia para concluir el primer semestre. Cuando el MEP suspende totalmente todo el proceso educativo en todos los colegios y escuelas se preparaban y disponían a aplicar el segundo instrumento de evaluación sumativa (IES) y, prácticamente, con ese trabajo y su evaluación, los docentes debían proceder a la nota final del primer semestre. Lo correcto era aplicar y evaluar ese instrumento desde la distancia. Y posteriormente entrar a vacaciones de medio año. Pero, ese corte brusco y de largo tiempo del proceso educativo que hizo las autoridades del mes más bien afectó el proceso de enseñanza-aprendizaje. Afectó, principalmente, a todos los estudiantes.

Por otro lado, las contradicciones y confusiones que promueven las autoridades del MEP y del ministerio de salud han y están afectado la educación. Cuando suspenden las lecciones y envían a vacaciones forzadas a los trabajadores y estudiantes lo hacen diciendo que era para contribuir a disminuir el alto nivel de contagio y de muertes por la pandemia. Que esa larga suspensión iba a disminuir la movilización de personas y, por ende, el nivel de contagio. Pero, ahora resulta que haber enviado a las casas a los estudiantes ha incrementado el contagio entre niños y adolescentes, por tanto, hay que reanudar las clases presenciales en el 12 de julio.

De otro lado, recientemente la ministra de educación en conferencia de prensa sostuvo que el 97 de los trabajadores de la educación estaban vacunados y, por ende, van protegidos a las clases presenciales. Sin embargo, eso es falso. Solamente 9,083 funcionarios del MEP tienen las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y 83,053 sólo tienen una dosis de dicha vacuna. Es decir, solamente el 9,85% del personal de educación tiene una mayor protección contra una eventual infección del coronavirus, mientras que el 90,15% apenas tiene una protección del 30% contra la Covid-19. En otras palabras, la mayoría aplastante de trabajadores de la educación corren el mayor riesgo de enfermarse por el virus SARS-CoV2. También es importante y necesario destacar que, con el eventual e inevitable ingreso de la variante Delta del virus de la Covid-19, habrá otra ola pandémica ya que ese virus es altamente contagioso y más dañino que las demás variantes que circulan actualmente en el país. Por otra parte, es necesario señalar que debido a que los miles de estudiantes no han sido vacunados y que, en este periodo, ese sector es el que más se enferma, podríamos estar frente a una oleada de infecciones en diversos colegios y escuelas. Aunque, las autoridades del MEP y algunos “especialistas” sostengan que las escuelas y colegios son lugares seguros porque se siguen todos los protocolos correctamente, lo cierto es que ese planteamiento no es correcto. Hay muchas escuelas y colegios que no cuentan con los recursos económicos para sufragar los gastos en materiales de prevención contra la Covid-19. Existen centros educativos que no tienen el suficiente dinero para comprar jabón en líquido, alcohol en gel, alcohol, papel higiénico, toallas para limpiarse al mano.

De último hay que mencionar el grave problema que siguen enfrentando miles de estudiantes de bajos recursos en cuanto al acceso a la tecnología y al Internet. Son casi unos 400.000 alumnos que siguen sin tener un dispositivo electrónico y conectividad para realizar el proceso de la denominada educación combinada. Este ha sido un problema que se ha vuelto irresoluble por la incapacidad de las autoridades del MEP y del gobierno de Carlos Alvarado. Mientras un puñado de empresarios en colusión con mandos de diversas instituciones como CONAVI y otros se roban miles de millones de colones del erario mediante diversos mecanismos y triquiñuelas, miles de estudiantes carecen de la posibilidad de tener un aparato electrónico e Internet. Con todo el dinero robado al Estado se podría haber equipado a todos esos estudiantes con su equipo y conectividad.

Se puede y se debe resolver de inmediato esa grave carencia de miles de estudiantes, ya que esa situación convierte en letra muerta el cacareado acceso al derecho fundamental de la educación. El gobierno debía haber introducido un proyecto al Congreso y que se le dispense de todo tramite para utilizar los miles de millones de dólares que tiene el fondo nacional de telecomunicaciones (FONATEL). Con esa gran cantidad de dinero se le debe dar a cada estudiante que la necesita una buena computadora y la conectividad para continuar el proceso educativo. Asimismo, el gobierno y el MEP deben hacer un acuerdo con el ICE para que este le garantice a esos miles de estudiantes la conexión gratuita y de bajo costo para que el MEP y el gobierno le pague al ICE. Sino se garantiza esas condiciones mínimas a miles de estudiantes este otro año será otro desastre educativo.  

Por Jose René Tamariz

El escandaloso y gigantesco caso de corrupción, destapado recientemente, del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) es solamente la punta de iceberg de un grave cáncer que carcome el Estado costarricense. Todo el aparato del Estado está corrupto y podrido por dentro. No escapa ninguna institución. Desde las presidencias de la República viene la corrupción: ahí están los casos emblemáticos de corrupción de los expresidentes Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y José María Figueres.

El caso de corrupción de CONAVI es gravísimo. Prácticamente toda la institución y sus empleados, desde los mandos medios hasta las gerencias, operaban al servicio de los dueños de las empresas H. Solís y MECO. Mélida Solís y Carlos Cerdas, dueños de esas empresas, se repartían a gusto y antojo todos los contratos de obra pública. Los gerentes, analistas y diversos empleados de CONAVI respondían como perros falderos, con diversos sobornos y regalías como dinero en efectivo, carros, terrenos, viajes, favores sexuales y otros favores, para que siempre se les otorgara sus contratos.

 Carlos Alvarado y su ministro de Obras y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, son responsables y deben responder por semejantes actos de corrupción, realizado en sus propias narices, ahí están los ejemplos de los involucrados en ese bochornoso escándalo de corrupción como el propio asesor principal de la presidencia, Camilo Saldarriaga. Un tipejo, sin experiencia, manejando la infraestructura del país y miles de millones de colones. A esa corruptela no escapan los diputados. Entre las grabaciones que tiene el OIJ se lee como la empresaria corrupta de Mélida Solís trata de “tontos” a los diputados y les exige, mediante sus agentes, que aprueben las naciones que ellos, los empresarios, enviaron para modificar los presupuestos. Es más, el diputado del PLN, David Gourzong, tiene un hijo que es ingeniero de la empresa H. Solís y, precisamente, por esa relación el diputado corrió a acelerar la aprobación del presupuesto extraordinario para esas empresas corruptas.

Por otro lado, el tal ministro del MOPT, Méndez Mata, resultó ser un mentiroso y jetón. Resulta que es falso que él haya denunciado la corrupción gigantesca en la obra pública. La OIJ lo desmintió de forma categórica que no es cierto que haya denunciado la corrupción en obra pública. Más bien él debería responder como jefe máximo de la obra pública porque nunca hizo nada para combatir semejante lacra de corrupción.

La casa presidencial está hasta la coronilla involucrada en el escandaloso caso de corrupción de CONAVI. Carlos Alvarado se hace el tonto y no se refiere para nada al caso de su principal asesor metido en la corruptela de la obra pública. Camilo Saldarriaga Jiménez, principal e íntimo asesor del presidente de la República, Carlos Alvarado, es como su niño mimado. A cualquier puesto que haya sido electo, ya sea a dedo o por elección popular, lo lleva y le asigna un gran puesto.

Cuando Alvarado fue presidente del IMAS lo nombro su asesor. Luego, cuando Alvarado fue nombrado ministro de trabajo lo nombró como su jefe de despacho. Posteriormente, durante la campaña electoral, Alvarado nombró a Saldarriaga como su jefe de campaña. Al ganar las elecciones y ser presidente, Alvarado no dudo en nombrarlo como su asesor principal.

Según las informaciones periodísticas este sujeto, Saldarriaga, desde su oficina en casa presidencial manejaba toda la información sobre las obras de construcción publica y, desde esa posición privilegiada, daba informaciones y autorizaba las transferencias de presupuestos de una obra a otra, dependiendo de los acuerdos que los funcionarios corruptos de otras instituciones habían negociado con las empresas de construcción encargada de la ejecución de obra pública. De esa forma, se favorecían no sólo con otorgar a las mismas compañías las aparentes licitaciones, sino que también se les garantizaban los fondos necesarios para operar la obra pública, aunque no tuvieran los fondos.

Entonces, Carlos Alvarado es corresponsable de los actos de corrupción de su asesor principal, ya que fue el quien lo ha cargado como su asesor a cuanto puesto ha sido nombrado. Alvarado debe rendir cuentas por esa red de mafia organizada de la cual es parte su principal asesor. Pero, además debe responder por no ejercer un fuerte control de la obra pública. No puede, de forma olímpica, saltarse su responsabilidad en semejante caso de corrupción.

De otro lado, es importante destacar el caso de la empresa constructora MECO. El "exitoso" y "prestigioso" empresario Carlos Cerdas Araya, dueño de la empresa costarricense multilatina MECO, que construye obras de construcción en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia y otros países, fue detenido por el escandaloso y multimillonario caso de soborno y corrupción en las múltiples obras públicas de construcción que realiza para el Estado costarricense. Es importante mencionar y destacar que, Carlos Cerdas como empresario "exitoso", ha aparecido en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos de Costa Rica. Nada menos que con bicoca anual de $689.6 millones.

Resulta que la empresa de Cerdas pagaba millonarios sobornos y otorgaba diversas prebendas a funcionarios públicos encargados a cambio de que se le otorgara siempre las diferentes obras de construcción pública. Una vez más se demuestra como los grandes y "honestos" empresarios adquieren los contratos de trabajo y sus riquezas.

Así como la empresa MECO se encuentra en investigación y en detención la apoderada de la empresa de construcción H. Solís, Mélida Solís y en investigación dos empresas más. Merece mención aparte la detención en el escandaloso caso de corrupción el asesor principal del presidente Carlo Alvarado, Camilo Saldarriaga. Carlos Alvarado está siendo salpicado, desde adentro de casa presidencial, por esa red de corrupción. Según el OIJ esta era una red de corrupción bien organizada que saquearon más de 78 mil millones de colones.

Es necesario mencionar que la Unión de Cámara y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) que tiene dos representantes en el CONAVI nunca denunció ni se dieron cuenta de semejantes actos de corrupción en esa institución. Lo más seguro es que ellos eran parte de ese gran chorizo y por eso nunca dijeron nada.

Entonces, ¿Qué hacer frente a semejantes y escandaloso casos de corrupción? Sencillamente, no basta como hace Carlos Alvarado de pedir la intervención de CONAVI. Ya esa petición es tardía porque los fondos de obra pública fueron saqueados. Hay que cerrar CONAVI, ya que esa es una cueva de ladrones y saqueadores de fondos estatales. Eso no tiene corrección. Sus funciones deben pasar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Por otra parte, el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, debe renunciar de forma inmediata por haber sido incapaz de detectar y combatir la corrupción y degeneración en esa institución. A su vez, Carlos Alvarado, debe responder y pagar por las tropelías realizadas por su asesor principal, Camilo Saldarriaga. Eso debe ser así porque él ha andado poniendo de puesto en puesto a ese tipo. En realidad, Carlos Alvarado, debería renunciar por haber sido incapaz de detectar y denunciar esos escandalosos casos de corrupción.   

Sectarismo y divisionismo sindical

El colmo del sectarismo y divisionismo sindical más obtuso y miserable de las burocracias sindicales es que el día martes 15 de junio, mientras los sindicatos del magisterio nacional (APSE, ANDE y SEC) y el bloque sindical BUSSCO se manifestaban en contra del proyecto de empleo público en la PARTE NORTE de la Asamblea Legislativa, los sindicatos de ANEP, ASDEICE y el bloque sindical de Patria Justa se manifestaban en la PARTE SUR contra ese mismo proyecto y la corrupción.

Esa política de divisionismo sindical de las burocracias sindicales favorece y le hace el juego al gobierno y a los diputados neoliberales de la Asamblea Legislativa para aprobar el nefasto proyecto de empleo público.

Ambas concentraciones eran raquíticas, carecían de una gran presencia de las bases sindicales. La justificación de las dirigencias sindicales puede ser variada, pero lo cierto es que ni siquiera tienen la capacidad de mover a las bases de San José. Son burocracias sindicales sin bases sindicales de apoyo y sustento. Esto es culpa y responsabilidad de sus políticas de desmovilización, inacción y colaboración con el gobierno de Alvarado.

La burocracia sindical de APSE se contaba con los dedos de la mano: sólo estaban presentes algunos miembros de la directiva nacional, algunos que otros dirigentes regionales y algunos funcionarios a sueldo del aparato sindical. En igual situación se encontraba el sindicato de ANDE. Peor fue el caso del SEC que llegó tardísimo y solamente algunos burócratas sindicales. Sencillamente un acto y espectáculo deplorable, vergonzoso y lastimero.

La APSE con su lema: "APSE sí Lucha" no existe y es un lema irreal. La tendencia Honestidad que dirige APSE ha llevado al sindicato a la bancarrota y degeneración. Es urgente y necesario salvar al sindicato de esa pandilla sindical que lo ha llevado al despeñadero.

Por Jose Rene Tamariz Corea

Costa Rica se ha convertido en los últimos años no solo en una ruta del narcotráfico, sino que ahora es un país exportador de drogas. El aumento de la exportación de estupefacientes ha venido aumentando año con año. El inicio del comercio y exportación de narcótico se remonta a los años 80. Según Molina y Palmer, “El comercio de narcóticos empezó a diversificarse a fines de la década de 1960, cuando se expandió el consumo de marihuana y el uso de sustancias prohibidas se difundió entre algunos sectores de la juventud contracultural, tanto universitarios como de secundaria (especialmente estudiantes de algunos colegios privados). La actividad todavía limitada y de carácter domestico después de 1970, se modificó profundamente en el decenio de 1980, con la penetración de las transnacionales de las drogas, facilitada decisivamente por las actividades contra los sandinistas llevadas a cabo por Estados Unidos. En 1990, autoridades estadounidenses calcularon que un mínimo de 12 toneladas de cocaína ingresaba anualmente a su país vía Costa Rica. La reexportación a Estados Unidos, sin embargo, deja espacio para satisfacer una creciente y diferenciada demanda interna: heroína y cocaína para los pudientes, y crack y marihuana para los pobres…”. (Costa Rica del XX al XXI: Molina Jiménez, Iván y Palmer, Steven).

En el año 1990 se decomisaron 848,51 kg de cocaína, mientras que para el año 2000 esa cantidad había aumentado a 5.870,73 kg y para el año 2020 el decomiso fue de 56.758,45 kg. Es evidente que esas grandes cantidades de cocaína decomisada por la policía es apenas una pequeña porción del total de drogas que se almacena y exporta desde el país hacia los Estados Unidos y Europa. Por otro lado, “El Servicio de Vigilancia Aérea había identificado un total de 83 pistas clandestinas, 41 helipuertos clandestino y 39 posibles campos de aterrizaje” (Los tentáculos narco en Costa Rica: Volio Pacheco, Zoila). El narcotráfico se ha constituido en una actividad económica, comercial y financiera con mucho poder económico que ha logrado penetrar diversos poderes de la República, así como cuerpos policiales como el OIJ y otros.

Sicariato, narcotráfico y desigualdades

El narcotráfico con su inmenso poder económico ha logrado reclutar a una gran cantidad de jóvenes para engrosar las filas de las bandas y de los gatilleros o sicariato. El pleito entre bandas de delincuentes que se pelean el mercado interno ha conducido al crecimiento de los famosos gatilleros que se movilizan en motocicletas o autos para realizar las ejecuciones encomendadas.  Es obvio que la narcoactividad se ha aprovechado del desempleo gigantesco que existe en el país, así como de la pobreza y miseria creciente de miles de jóvenes y personas para reclutar a cientos de personas a las actividades del narcotráfico. Mientras no se resuelvan los graves problemas de desigualdades sociales y económicas que sufren miles de personas, el nivel del narcotráfico lejos de disminuir irá en crecimiento, tal como se han visto en los últimos años. El problema del narcotráfico es una cuestión nacional, aunque existen algunas regiones o ciudades como las costeras que tienen una mayor narcoactividad.

Los gobiernos de turno han sido los principales responsables del aumento del desempleo, pobreza, miseria y desigualdades sociales y económicas en miles de personas, las cuales debido a esas condiciones son presas fáciles para el reclutamiento del narcotráfico, ya que no tienen otras opciones formales para conseguir dinero y, por ende, ayudar o mantener a sus familias. En la narcoactividad están involucrados tanto hombres como mujeres.

Narcotráfico y actividades económicas y productivas

Poco a poco, pero de forma sostenida, el narcotráfico para lavar tanto dinero que mantienen se ha venido metiendo en diversas actividades formales económicas, productivas y servicios. Con su gran capacidad económica-financiera, el narcotráfico ha comprado propiedades para producir diversos productos agrícolas y construcciones, así como restaurantes, moteles, casinos, bancos e instituciones financieras y otros bienes. Asimismo, disponen de cientos de autos de lujos, lanchas y otros vehículos para transportar las drogas.

El poder económico del narcotráfico les ha permitido reclutar a personas que trabajan en el puerto de la transnacional APM Terminals y desde ese puerto se enviaba y envía drogas a Europa. Por otra parte, en los últimos meses la policía ha realizado grandes decomisos de drogas, dinero en efectivo y otros recursos en manos de diversas bandas que han tenido relaciones y reuniones con diputados, alcaldes, síndicos y otros políticos.

¿Cuánto dinero del narcotráfico se lava en Costa Rica? Para el año 2015 se calculaba que en Costa Rica se lavaba de forma anual unos $4.200 millones. Sin embargo, en la medida que el narcotráfico ha aumentado su poder económico y financiero es muy probable que ese monto haya aumentado de forma significativa, aunque no existe un dato actualizado al año 2021. El montón de dinero manejado y controlado por los narcotraficantes ha entrado formalmente en el sistema financiero nacional y se utiliza en cientos de transacciones financieras. Asimismo, el narcotráfico también maneja grandes cantidades de dinero en efectivo. En los últimos golpes dados a las bandas del narcotráfico se encontraron en sus arcas más de ₵1.500.000 millones.

Relación entre narcotráfico y diputados

Sin duda alguna, los narcotraficantes vestidos y convertidos en empresarios han logrado penetrar los diversos poderes del Estado y algunas instituciones públicas. En épocas anteriores el ex diputado del PLN, Leonel Villalobos, fue encarcelado y condenado por narcotráfico. Ironía de la historia, Villalobos, era el presidente del Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Este tipo estuvo cerca de ser presidente de la Asamblea Legislativa. También en épocas pasadas fue detenido y procesado por narcotráfico, Ricardo Alem, quien fuera representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y miembro del PLN. Recientemente el diputado del PLN, Gustavo Viales, ha sido mencionado de haber tenido relación con el narcotraficante, Darwin González Hernández. Este tipo recibió favores políticos del presidente del consejo municipal, Bernabé Chavarría, el cual tiene una fuerte relación personal con el alcalde de ese lugar, Carlos Viales, quién es padre del diputado Carlos Viales.

Por otra parte, recientemente varios diputados del PUSC, Restauración Nacional y otros independientes también han sido denunciado por haber sido visitados por narcotraficantes a hacer solicitudes de gestión a su favor para realizar inversiones en construcción. Nuevamente, por ironía de la historia, Zoila Volio, quien funge como presidenta de la comisión investigadora del narcotráfico y crimen organizado en el financiamiento de partidos políticos fue visitada por uno de los narcotraficantes que visitaba la Asamblea Legislativa. La diputada niega haber sido visitada por ese sujeto. Igual, en su momento, Villalobos no aceptaba sus relaciones con el narcotráfico.

Narcotráfico y poder judicial

El narcotráfico y el crimen organizado ha logrado penetrar el poder judicial a través de algunos jueces y el Organismo de Investigación Oficial (OIJ). Según un informe periodístico “La detención de un juez del Juzgado Contencioso Administrativo de un procurador de la Procuraduría General de la República (PGR) y hace unas semanas de otro juez del Juzgado Penal de Golfito, encienden las alertas den el Poder Judicial: el crimen organizado y la corrupción penetran el sistema de justicia. A estos casos se les unen las detenciones de agentes judiciales, en los últimos años, vinculados a grupos de narcotráfico, con delitos de extorsiones o incluso robo de vehículos”. (crhoy.com. Diciembre de 2020).

Además, en los últimos allanamientos y redadas de bandas de narcotraficantes fueron encarcelados algunos miembros activos del OIJ y exmiembros de ese órgano policial por trabajar juntamente con el narcotráfico. Los miembros activos del OIJ le suministraban información policial y alertaban a los narcotraficantes de las operaciones en contra de ellos por parte de ese organismo. De esa forma, los narcos lograban evadir las operaciones policiales en contra de ellos.

De último es necesario señalar que, con la eventual aprobación del proyecto de ley de empleo público, los jueces y policías, igual que todos los demás empleados público, van a ver reducidos sus salarios y, por tanto, al devengar menos salarios, jueces, policías y otros sectores de empleados públicos podrían ser sujetos de un mayor reclutamiento por los narcotraficantes, ya que estos podrán pagar mejores ingresos que sus trabajos.