Por José René Tamariz

El 25 de octubre se realizan las elecciones nacionales de APSE sindicato para elegir los trece miembros de la directiva nacional. Se presentan en esta contienda cuatro grupos: Honestidad que dirige APSE desde hace 20 años; el grupo Fuerza formado por exmiembros de honestidad, siendo como la versión 2.0 de ese agrupamiento; el grupo A Luchar que, casi todos sus integrantes, son del Partido de los Trabajadores (PT) y nuestra tendencia sindical Cambiemos.

Es importante señalar y destacar que el grupo Honestidad ha conducido al sindicato APSE al desastre. La política de ese agrupamiento burocrático de desmovilización de las bases y de colaboración con el gobierno y las altas autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) ha convertido a APSE de ser un gran sindicato combativo y luchador a un sindicato que no lucha que no pelea y que desmoviliza a sus bases. En pocas palabras, el grupo Honestidad a transformado al sindicato APSE en un sindicato cuasi blanco y paraestatal.

 ¿Qué ha hecho la directiva nacional de APSE para enfrentar el plan de ajuste fiscal del gobierno y el FMI? Absolutamente nada. Su “oposición” al salvaje plan de ajuste fiscal fondomonetarista a sido de papel y mentirillas, sacar comunicados que no sirven para nada. El pretexto de la directiva actual del grupo Honestidad es que, supuestamente, las bases no quieren salir a luchar a las calles, pero eso es falso. Los que no quieren salir a enfrentar al gobierno de Alvarado y las autoridades del MEP en las calles es la dirigencia pro gobierno de Honestidad.

 Debido a la política de capitulación al gobierno y las autoridades del MEP por parte de la directiva nacional del grupo Honestidad que dirige APSE miles de trabajadores se han desafiliado de la organización sindical. Más del 10% de sus miembros se han desafiliado. Producto de la política de desmovilización y de colaboración con el gobierno de Alvarado y las autoridades del MEP, todos los proyectos del ajuste fiscal fondomonetarista han pasado en la Asamblea Legislativa sin una oposición fuerte en las calles. La directiva nacional del grupo Honestidad en el sindicato APSE es cómplice de que se haya aprobado en primer debate el proyecto de empleo público que impone el salario único, elimina los componentes salariales y facilita los despidos masivos de empleados públicos. Si bien ese proyecto nefasto debe volver a aprobarse en primer debate debido a las 35 inconstitucionalidades encontradas por la Sala Constitucional, esa directiva nacional del grupo Honestidad no hace nada para enfrentarlo en las calles y evitar que sea aprobado como ley de la República.

Con base en lo anterior, hacemos un llamado vehemente a toda la base apsina a NO VOTAR POR EL GRUPO HONESTIDAD, ya que está destruyendo al sindicato APSE. Debemos rescatar a nuestro sindicato de ese grupo nefasto y entreguista, colaboracionista y desmovilizador.

Llamamos a todos las y los afiliados a hacer el cambio en estas elecciones votando por las y los candidatos de la tendencia sindical Cambiemos. Los llamamos a no quebrar el vota, sino a votar parejo por la papeleta de Cambiemos. ¡Llegó el momento de Cambiar y sacar al grupo Honestidad de la dirigencia del sindicato APSE!

Asimismo, llamamos a todas y todos afiliados a votar por el Programa de Lucha de la tendencia sindical Cambiemos.

PROGRAMA POLÍTICO DE LA TENDENCIA CAMBIEMOS

La TENDENCIA CAMBIEMOS asume con claridad ideológica identificada con la clase trabajadora, la responsabilidad histórica y el compromiso con las Bases en la conducción política y administrativa de APSE Sindicato al presentar su Programa Político de Trabajo y de Lucha, consecuente con los fines de nuestra organización sindical.

Nunca en la historia de la APSE es tan urgente y necesario el cambio de dirigentes como en la actual coyuntura de derrotas y pérdida de derechos, que hemos sufrido con personas que mal dirigen nuestro sindicato APSE en los últimos años, cómplices y colaboradores del gobierno. Algunos de esos dirigentes convirtieron a la APSE en su fuente de jugosos ingresos, repitiendo altos puestos o, saltando de esos puestos a las Directivas de las Instituciones del Magisterio, en un círculo vicioso para vivir de los jugosos beneficios económicos a través del sindicato.

El mensaje nuestro es claro y contundente: Quitamos la mala dirigencia, o nos vamos al despeñadero, sin derechos y con nuestras garantías laborales perdidas. Por ello, les presentamos

NUESTRO EJES DE LUCHA:

LUCHAS CONTRA LAS POLITICAS NEOLIBERALES.

1. Independencia total e incondicional de la APSE respecto al gobierno y los partidos burgueses.

2. Luchar contra el congelamiento salarial y por recuperar aumentos dignos en el salario de todos los afiliados de la APSE: Esta será una lucha central y se reivindicará atendiendo la demanda de las Bases, mediante la consulta democrática, la movilización y la negociación responsable, con clara conciencia de clase trabajadora.

3. No a la aprobación del Proyecto de Ley de Empleo Público en primero y segundo debate porque impone el salario único, elimina los componentes salariales y facilita los despidos masivos en el sector público.

4. NO AL ACUERDO CON EL FMI. Luchar contra el acuerdo del gobierno de Carlos Alvarado con el FMI que impone un salvaje ajuste fiscal en detrimento de los salarios de los trabajadores, y contra el Acuerdo de Renta Global Dual que aumenta impuesto a los salarios. Contra el congelamiento de salarios y pensiones y contra el impuesto al salario escolar.

5. Movilizar y Luchar Permanente Contra las Políticas del Gobierno de Turno: Las organizaciones magisteriales como la APSE no son fines en sí mismas, sino medios de lucha y movilización para imponer al gobierno de turno nuestras reivindicaciones. Sólo por la vía de la movilización y la lucha las y los educadores podemos imponer nuestras demandas y peticiones. Lo anterior no significa que estemos en contra de la negociación con el MEP y el gobierno, sino que consideramos que la negociación es un medio auxiliar, que debe estar subordinada a la lucha y movilización.

6. Salvaguardar el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS y rechazar la reforma que aumenta la edad para pensionarse y disminuye el monto de la pensión.

7. Defender el Régimen de Capitalización Colectiva JUPEMA. No a la aprobación del Proyecto 22.179 de JUPEMA que permitirá las inversiones en el extranjero de los fondos de los trabajadores del Magisterio

8. Defender el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional. Existe un ataque constante hacia las pensiones del Magisterio Nacional, so pretexto de atacar las pensiones de lujo, ahora la emprenden contra toda aquella pensión que es pagada por el presupuesto nacional. Recordemos que el Magisterio pagó constantemente las cuotas respectivas pero el gobierno nunca hizo el fondo para pagar las pensiones, existen proyectos en la Asamblea Legislativa que atentan incluso contra las pensiones más bajas y es necesario emprender desde ya una lucha frontal contra estos proyectos, nos referimos a los proyectos 22368 que pretende congelar indefinidamente las pensiones con cargo al presupuesto del Estado a partir de ¢460.000 y hasta que se logre reducir la deuda pública a menos de un 60%, del producto interno bruto, según datos llegar a este indicador tomaría 10 años. Lo que afecta significativamente el poder adquisitivo. También el proyecto de Renta Global Dual, el 22393 que baja el rango de deducción del impuesto sobre la Renta afectando a las pensiones y salarios más bajos.

Oposición total al proyecto 21345 denominado “LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES” este proyecto pretende que los actuales funcionarios que pertenecen a las leyes anteriores (2248, 7268 y 7541) y que no se han pensionado tengan un tope a su pensión, y quiénes se pensionen 18 meses después de aprobada la Ley deberán hacerlo por el régimen de la CCSS, sin considerar que se han pagado cotizaciones el triple de lo que se cotiza al IVM, pero además limita significativamente los derechos de sucesión, pues se harían de acuerdo con lo que estable la Ley de la CCSS, y pretende además aumentar la cotización, aspecto que ya hizo la Ley 9697.

9. Mantener una oposición firme en contra la Regla Fiscal que plantea recortes en el sector educación, plazas, infraestructura y otros rubros y exigir que pese a estos recortes se cumpla con el mandato constitucional de aplicar el 8% del presupuesto nacional a la educación pública.

ACCIONES PARA VOLVER A UN SINDICATO COMBATIVO

1. Plena Democracia en APSE: Lo anterior significa realizar regularmente Asambleas de Base en donde se discuta la problemática del país y de la educación, y al final, se voten las tareas y planes de lucha, para ser ejecutados por la dirección de la organización de las políticas y decisiones tomadas en esas Asambleas. Estamos a favor de las luchas de las y los trabajadores y demás sectores populares, ya que todas deben ser por mejorar nuestras condiciones de vida y no debemos eludir la responsabilidad de defender derechos, condiciones salariales y laborales que cada gobierno de turno amenaza o quiere precarizar.

2. Dialogar y negociar con absoluta transparencia y discusión en las Bases, para que los acuerdos de la Convención Colectiva MEP-Sindicatos no se firmen sin la aprobación de las Bases Apsinas.

3. Contra la Burocratización de APSE: No repetiremos ni caeremos en la práctica reprochable de algunos dirigentes de nuestro Sindicato que han convertido a la APSE en su feudo y en un medio para ganar jugosos salarios y dietas, generando además la falsa conciencia de que son imprescindibles e insustituibles y que por lo tanto sus detestables privilegios de burócratas sindicales están justificados. Quien resulte electo en un puesto de dirigencia nacional por la Tendencia Cambiemos, al concluir su período regresa a la Base y desde ahí, sin aspirar a volver a puestos de dirigencia nacional, dedicará toda su experiencia y apoyo a las nuevas generaciones de líderes y afiliados, como uno más desde la Base.

4. Regionalización de los servicios de la APSE: Para que los afiliados de todas las regionales puedan contar con los servicios que el Sindicato ofrece, al menos una vez al mes en diferentes sedes de cada regional, descentralizando servicios y con ello facilitando la prestación de los mismos directamente en las Bases Regionales, se atenderá de manera personalizada a los afiliados y afiliadas. Esta regionalización se acompañará de una mejoría en la comunicación y atención de los servicios que los afiliados tienen derecho a recibir por medio de los representantes de la APSE en las instituciones del Magisterio Nacional, es decir en la Ande, Junta de Pensiones, Sociedad de Seguros de Vida y en las dependencias de estas instituciones.

5. Lograr una verdadera integración de los pensionados y jubilados a la APSE, atendiendo sus necesidades individuales y valorar sus propuestas y necesidades, reconociendo su aporte, identidad y participación en las luchas del sindicato a través de mucho tiempo.

6. Reivindicar y hacer cumplir los derechos de las personas trabajadores del MEP pertenecientes al Título I

7. Asambleas nacionales unificadas del sector docente y administrativo, tanto de las áreas urbanas como de las áreas rurales para que, mediante la movilización conjunta y la negociación, se atiendan demandas específicas del sector docente de Primaria y Secundaria que cada año ve incrementada la carga de trabajo, el papeleo estéril, y el abuso de funciones y responsabilidades que han precarizado sus condiciones de trabajo y de vida.

8. Mejorar la capacidad de resolución y de servicios a los afiliados en las oficinas centrales de la APSE: Se contratará más personal en los departamentos laboral, legal y de pensiones, asegurando previamente que dicho personal responda por convicción y conciencia a los intereses de los trabajadores y que no sean ex funcionarios del Mep reciclados en el Sindicato que reproducen el discurso patronal, frustrando con ello el derecho de los afiliados a una atención de calidad y el deber de los funcionarios de la APSE de brindar una defensa y servicio apegado a los intereses de cada afiliado y afiliada.

9. Capacitar al asociado en la defensa de sus derechos, muchos compañeros y compañeros no saben con claridad cuáles son sus derechos, es deber del sindicato brindar esa capacitación.

10. Atender y dar seguimiento de los casos que por resolución judicial y como resultado de la relación laboral con el Mep, deban resolverse en la instancia Contenciosa Administrativa y laboral.

11. Acabar con esa práctica injusta del abandono a los afiliados en servicios legales del Sindicato, cuando el caso se debe resolver mediante el proceso contencioso administrativo, en el cual los afilados si no es que renuncian a continuar su defensa, son víctimas de los altísimos costos por el cobro privado de asesoría y atención jurídica- legal.

12. Publicar permanentemente en la página WEB de APSE los trámites para hacer uso de los centros de recreo y de las listas de afiliados que hacen uso de estos centros de recreo, especialmente de cabinas para garantizar un uso equitativo y transparente de estos inmuebles.

13. Fortalecer la secretaria de la Condición de la Mujer, empoderar a la mujer apsina, integrarla a la lucha y al trabajo apsino

14. Acompañar en la denuncia y Defensa contra el abuso, acoso y maltrato laboral de compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores del MEP.

15. Aumentar y hacer más efectivos y accesibles los subsidios de APSE.

16. Impulsar la unidad sindical: la APSE debe liderar una verdadera unión sindical de todas las organizaciones tanto del sector público, como del privado, incluyendo a las organizaciones de base popular de todas las comunidades del país para lograr un verdadero e infranqueable frente de lucha nacional popular.

DIGNIFICACION DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES APSINOS.

1. Exigir la eliminación de la recarga laboral en cumplimiento de lo establecido en la Convención Colectiva y en cumplimiento de lo establecido en la normativa de Salud Ocupacional para todos los trabajadores del MEP.

2. Por el derecho a la negociación de la Convención Colectiva que incluya aumentos de salarios e incentivos económicos

3. Que la Caja de ANDE, la Sociedad de Seguros de Vida y JUPEMA, disminuyan los intereses de préstamos para los asociados hasta un 5%. Hay bancos públicos que prestan a intereses más bajos.

4. Disminución de los montos de las dietas de los directivos de estas instituciones.

5. Cumplir con el compromiso adquirido hace años con los compañeros y compañeras Oficinistas, Agentes de Seguridad y Vigilancia, Conserjes, Orientadores, Equipos Interdisciplinarios y Cocineras, para resolver y mejorar situaciones y necesidades específicas de estos compañeros: Estos compañeros ya están cansados de plantear cada año sus necesidades y de ver como el análisis que se hacía de esta problemática, se introdujo en una discusión improductiva en la Junta Paritaria de la Convención Colectiva del MEP.

6. Participar activa y vigilantemente contra cualquier intento por instaurar de manera antidemocrática y perjudicial para estudiantes y docentes, modelos pedagógicos de naturaleza neoliberal que privilegian la formación de mano de obra barata sobre la educación integral y libre.

7. Estabilidad laboral: plazas de propietarios para interinos y lecciones de planeamiento para todo docente independientemente del número de lecciones que imparta, ya sea en puesto interino o propietario. Esta es una lucha crucial que daremos para garantizar estabilidad laboral y mejor calidad de vida.

8. Luchar por la conformación de grupos de estudiantes garantizando rangos de matrícula entre los 15 y 25 por sección, y que se considere en todos los casos, la posibilidad de grupos con menos de 15 estudiantes en comprobados casos de disminución significativa de matrícula, para mejorar la atención y calidad de la educación y la estabilidad laboral de los educadores.

Compañeros y compañeras, toda la propuesta anterior y muchas luchas más que desde las Bases serán planteadas, demandan con urgencia impostergable, una lucha organizada y dirigida a recuperar el pleno derecho al ejercicio de la protesta, es decir, del derecho a la HUELGA como instrumento fundamental para arrebatarle derechos a la patronal y que con la actual dirigencia hemos perdido; y lo que es más grave, hasta los han entregado, como lo hicieron en el 2018, que en medio de la gran huelga, los principales dirigentes firmaron con diputados de la Asamblea Legislativa la reforma al Código de Trabajo que desmanteló el derecho a la huelga de la clase trabajadora.

¡NO MÁS DERROTAS! ¡VOTE POR CAMBIEMOS!

Por José René Tamariz

El acuerdo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un pacto esencialmente en contra de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Por $1.750 millones, el gobierno de Alvarado, ha entregado en bandeja a todos los trabajadores. En especial, ese convenio con el FMI con sus diversos proyectos de leyes que deben aprobarse en la Asamblea Legislativa golpeará duramente los niveles de vida y los salarios de los sectores asalariados de clases medias a nivel nacional. Veamos.

El proyecto de ley de empleo público que fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y el cual fue sometido a consulta constitucional y los jueces de la Sala IV le encontraron 35 inconstitucionalidades, en caso de aprobarse en segundo debate con las modificaciones señaladas por los juristas constitucionales, simple y sencillamente, despojará a todos los empleados públicos de sus diferentes componentes salariales, mejor conocidos, como pluses salariales, tales como las anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional, incentivo didáctico y otros más. Es importante señalar que, en muchos casos, esos componentes salariales constituyen desde un 35% hasta un 75% de los salarios de los trabajadores del sector público. Al eliminarse esos pluses salariales, los nuevos empleados públicos tendrán un salario base reducidos de un 65% o 25% de los actuales salarios. Ese proyecto impondrá el salario único o global bastante miserable.

Por otra parte, con la aplicación de la fatídica regla fiscal aprobada en el combo fiscal y puesta como parte del paquete de medidas del acuerdo con el FMI los salarios se congelarán por una o dos décadas. Esa regla fiscal específica que, si el endeudamiento supera el 60% del PIB, tal como sucede actualmente, en donde la relación deuda/PIB es más del 70% y con posibilidades de llegar hasta a un 84% en el año 2022, el gobierno no dará ni siquiera ajustes salariales que compensen el índice de precios al consumidor (IPC). Proyectado ese congelamiento salarial por una o dos décadas, los salarios actuales se podrían deteriorar desde un 35% o más. Lo anterior podría significar que los actuales salarios de los empleados públicos perderían entre un 40% y 50%. En pocas palabras, los trabajadores verán sus niveles de vida y existencia empobrecidos, su capacidad de consumo y compra disminuirá de forma brutal, engrosando las filas de la pobreza y miseria.

De otro lado, ese proyecto de ley de empleo, al convertirse en ley de la República, facilitará que los trabajadores del sector público sean despedidos con facilidad y de diversas maneras. Si la calificación o evaluación anual del empleado público tiene una nota de 70 de forma consecutiva por dos años, podría ser despedido de forma inmediata. Asimismo, el gobierno también se podría hacer despidos masivos en el sector público aduciendo problemas de reorganización y presupuestarios. En realidad, ese proyecto de ley al convertirse en ley de la República cambiará de forma radical el sistema de los salarios y de empleo público. Será una ley reaccionaria y una profunda contrarreforma social y laboral.

Por el lado del derecho colectivo ese proyecto de ley constituye un atropello salvaje y, prácticamente, su eliminación. Aunque, la sala constitucional avala la negociación de convenciones colectivas en el sector público, sin embargo, le dio el visto bueno y aval constitucional a que, en las convenciones no se puedan negociar ni reajustes salariales ni incentivos económicos. En otras palabras, las convenciones colectivas serán vaciadas de uno de sus contenidos esenciales. Por ejemplo, el inciso c) del artículo 58 del código del trabajo plantea que “En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: c. Los salarios…”.

Los trabajadores del sector público con sus sistemas de salarios, empleo y derechos colectivos fueron entregados como presea del acuerdo con el FMI por un préstamo de $1.750 millones. Como se podrá observar con los demás proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa esperando su turno para ser aprobados, son todos proyectos que continuarán disminuyendo los salarios de los trabajadores del sector público y privado. Son proyectos que harán que ellos paguen el alto déficit fiscal. Veamos algunos de esos siniestros proyectos.

El denominado proyecto de “renta global” es en apariencia un proyecto de impuesto progresivo, pero en realidad es un plan que grava con impuestos salarios que actualmente no pagan impuestos y aumenta los impuestos a los salarios que ya están gravados. Los salarios mayores a ₵842.000 que devengan los trabajadores pagan impuesto, pero el proyecto de marras disminuye la base impositiva a partir de los salarios de ₵702.000, entonces los trabajadores tendrán que pagar un nuevo impuesto sobre ₵140.000. Mientras que miles de trabajadores del sector público y privado que no pagan impuesto sobre sus salarios tendrán que hacerlo como una imposición del gobierno para pagar el déficit fiscal a costa de los sueldos de los trabajadores.

La política de tenaza del gobierno de Carlos Alvarado y de los neoliberales de la Asamblea Legislativa es una política de saqueo y expropiación de los salarios de miles de trabajadores. El gobierno, por un lado, congela los salarios de los trabajadores del sector público por una o dos décadas, también ha congelado las anualidades y las eliminará, junto a los demás componentes salariales, cuando se apruebe el proyecto de ley de empleo público y, por el otro lado, a los salarios congelados y, cada vez más reducidos por efectos de la inflación, se le gravará y expropiará con más impuestos a los salarios. En síntesis, la política del gobierno de Alvarado es criminal contra los niveles de vida y existencia de miles de trabajadores. Es una política de salarios decrecientes, hacia la baja acelerada tanto de forma nominal como real.

Como si fuera poco con los proyectos anti obreros de ley de empleo público y renta global, el gobierno de Alvarado pretende gravar con impuesto al salario escolar que actualmente se encuentra exento de ese gravamen. El denominado Proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste en Tarifas de Rentas de Capital, expediente número 22.369 pretende gravar los salarios escolares a partir de un monto de ₵842.000. Se puede observar que, con este otro proyecto, los trabajadores de clases medias del sector público pagarán otro impuesto más, es decir, que serán los sectores más afectados, golpeados y estrujados.

La afectación del acuerdo con el gobierno de Alvarado-FMI golpeará también duramente a los sectores populares mediante la imposición de un gravamen de un 25% los premios de lotería a partir de los premios de ₵462.000. Es necesario señalar que actualmente los premios de lotería no pagan impuesto. Es decir, a las personas que se ganen un premio por aquel monto, será expropiado por el gobierno con un monto de ₵115.500 y le quedaría del premio solamente la cantidad de ₵346.500. En la medida que el premio sea mayor, entonces mayor será el monto de dinero que se apropiará el gobierno de los sectores populares. Es importante destacar que miles de personas de estratos bajos viven jugando lotería con la esperanza de poder obtener algún dinero extra porque sus salarios e ingresos miserables no les alcanza para vivir.

En la corriente legislativa, también se encuentra un proyecto de ley que pretende imponer aportes a las 14 empresas por un monto en el primer año del 0,15% del PIB y los siguientes tres años con un 0,20%, lo cual representaría una cantidad de ₵72.600 millones. En otras palabras, las empresas estatales tendrían que darle al gobierno un 30% de sus utilidades para amortizar la deuda pública y pagar los intereses de dicha deuda.

Al final, podemos observar que todos los proyectos de ley que se pretenden aprobar por el poder Ejecutivo y Legislativo van dirigidos contra los trabajadores. El salvaje ajuste fondomonetarista que implementará el gobierno de Alvarado tiene como propósito y objetivo hacer que los trabajadores del sector público y privado, así como sectores populares paguen el gigantesco déficit fiscal, así como la deuda pública que de forma irresponsable han realizado los diversos gobiernos del PLN y el PAC.

Es urgente y necesario que todo el movimiento sindical, popular y social realice la más amplia unidad de acción con un programa de lucha común que tenga como objetivo central impedir que se aprueben los proyectos que reducen y expropian los salarios de miles de trabajadores. Asimismo, se le debe exigir al gobierno de Alvarado que, en vez de gravar con más impuestos los salarios de los trabajadores, grave con más impuestos a las grandes empresas, así como las riquezas de los super ricos de Costa Rica, combata la evasión fiscal y elimine las gigantescas exenciones de las zonas francas. Es importantes señalar que las empresas de zonas francas recibieron privilegios por exención de impuesto de ₵375.784 millones en el año 2019. Todas esas exoneraciones representan el 1,04% del PIB. Según el semanario Universidad “Ese 1,04% corresponde a la mitad de lo que planea generar el gobierno con sus medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal, incluidas en la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. (Semanario Universidad, semana del 20 al 26 de enero de 2021).

Entonces, es necesario y urgente que todas las organizaciones sindicales, bloques sindicales y organizaciones populares lancen la huelga general con movilizaciones callejeras para detener la aprobación de esos nefastos proyectos de ley que constituyen parte del acuerdo con el FMI. ¡Abajo el acuerdo del Gobierno Alvarado-FMI!

Por José René Tamariz

En el año 1947 se crea el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y actualmente cotizan a dicho régimen 1.5 millones de trabajadores, unos 80 mil patronos y el Estado. Existen unos 302.000 pensionados bajo ese sistema de pensión. Para diciembre del año 2020 las reservas estaban en ₵2,38 billones de colones. Son reservas por debajo del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del magisterio nacional que tiene unos $3,5 billones de colones con menos cotizantes y menos años de existencia. Recientemente, la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), integrada por nueve personas votó hacer otra reforma al IVM que es profundamente anti-obrera y anti-popular. Veamos en qué consiste esa barbaridad de “reformas”.

Situación Actual del IVM

Actualmente las mujeres se pueden pensionar de forma anticipada a la edad de 59 años y 11 meses con 450 cuotas, es decir, con 37.5 años de cotización. Los hombres se pueden pensionar de forma anticipada a la edad de 61 años y 11 meses con 462 cuotas, o sea, con 38.5 años de cotización. El cálculo para la pensión es el promedio de los últimos 240 salarios cotizados, indexados por la inflación. En otras palabras, la pensión se calcula con los mejores salarios de 20 años. El monto de la pensión oscila entre el 43% y 52.5% más un 1% adicional por cada año adicional más allá de las 240 cuotas. Por ejemplo, lo anterior significa qué si un trabajador cotiza por 20 años y trabaja 10 años más para un total de 30 años, entonces en teoría recibiría un 62,5% de pensión respecto a su promedio de los últimos 240 salarios.

Por otro lado, de acuerdo al actuario y matemático, Rodrigo Arias, el rango de las pensiones en el IVM rondan las siguientes cifras: unas 51.565 personas reciben un monto miserable entre ₵10.000 y ₵100.000; 141.824 trabajadores reciben un promedio de entre ₵100.000 y ₵200.000; unos 36.091 personas trabajadoras tienen una pensión entre ₵200.000 y ₵300.000; mientras que unos 31.520 trabajadores reciben una pensión entre ₵300.000 y ₵500.000; unas 26.298 personas reciben entre ₵500.000 a ₵1.000.000: unas 13.784 pensionados reciben entre ₵1.000.000 y ₵2.000.000 y solamente unos 494 personas reciben un monto de pensión entre ₵2 millones y ₵3 millones, una ultra minoría.

En definitiva, según el actuario Arias, el 64% de los 301.576 pensionados reciben un monto inferior de ₵200.000 de pensión, es decir, unos $321 dólares al cambio oficial. Con esa pensión una persona que debe pagar alquiler de casa, comprar los productos y servicios básicos y otras actividades, simple y sencillamente no puede vivir con ese monto de pensión. En otras palabras, el 64% de los pensionados, o sea, 193.008 trabajadores viven en la miseria, la pobreza y degradación social. Es una situación terrible de miles de pensionados. Ahora, con las nuevas reformas esa situación miserable y de hambre va a ser peor y degradante.

Las Reformas Draconianas

Esos nueve tipos que integran la directiva de la CCSS, sin consulta, ni discusión con los afiliados, decidieron por cuenta propia y como línea del gobierno hambreador de Carlos Alvarado cambiar las reglas del juego y hacerlas más draconianas en contra de los trabajadores.

En primer lugar, eliminaron la pensión anticipada tanto para hombres como para mujeres. Con esa draconiana reforma, las mujeres se van a pensionar a los 63 años y los hombres a los 65 años. Entonces, tanto a hombre como a mujeres se les extiende el tiempo pensionarse a tres años y un mes más. Obviamente, aquellas personas trabajadoras que tenían expectativas de pensionarse a los 60 y 62 años, no lo podrán hacer. Deberán trabajar por tres años más, lo cual constituye una canallada y desigualdad social.

La segunda reforma consiste en que, actualmente, se calcula la pensión con base en el promedio de los 240 mejores salarios y con la reforma la pensión se deberá calcular con base a los 300 últimos mejores salarios. Es decir, que con la reforma se tomarán en cuenta para el computo de la pensión 25 años de cotización y no 20 años como actualmente se hace. Lo anterior significa que el cálculo disminuye porque se tomarán en cuenta salarios más bajos de cinco años más. Con esa reforma la cuantía del 1% adicional por cada año trabajado pasará de otorgarse de 20 años a 25 años. Lo anterior significa que el trabajador que se pensiones en esos nuevos términos perderá 5% de su pensión con ese aspecto. Tanto por la vía de tomar en cuenta salarios más antiguos y menores como por reducir la cuantía al aumentar las cuotas para el cálculo de la pensión de 240 a 300 salarios. Años. Según Jaime Barrantes, con las modificaciones al IVM para pensionarse, el monto de la pensión podría reducirse entre un 5% y 7%. Sin embargo, el monto de la reducción, por efectos de esas anti obreras reformas el monto de las pensiones para los próximos pensionados va a ser mayor. Ahora, si a lo anterior le sumamos a los miles de trabajadores que se les ha reducido sus salarios hasta en un 75% por la pandemia y al congelamiento salarial que existe en los hechos, entonces para esos trabajadores sus pensiones serán aún más miserables e indigentes.    

Una Reforma Antidemocrática

La directiva de la CCSS hizo la pantomima de solicitar a las organizaciones sindicales y sociales a que enviaran sus propuestas de reformas para el régimen de IVM. Con base en esa supuesta consulta el movimiento sindical y social enviaron en sendos documentos más de 400 propuestas de reformas para fortalecer ese régimen de pensiones. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTASALUD) enviaron un documento de propuesta para financiar de mejor manera ese régimen. Por su parte, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) también envío sus propuestas de reformas al IVM. Por otro lado, el Foro Social Mario Devandas Brenes, planteo sus propuestas que eran muy progresivas, ya que proponían nuevas fuentes de financiamiento para fortalecer el IVM, tales como “… destinar un 3% del IVA (impuesto del 13% sobre compras de bienes y servicios) a este fondo; tomar un 0,25% de la cuota patronal del 0,50% que se destina al Banco Popular; redireccionar al IVM entre un 1% y un 3% del impuesto único a los combustibles (que es de un 33,6%); y aplicar un peaje mensual de un 3% a entidades no supervisadas por la SUGEF (como Gollo, Importadora Monge, Beto me Presta, Presta Full, lo cual permitiría recaudar en promedio ₵368.000 millones”. (Semanario Universidad. Semana del 18 al 24 de agosto de 2021). Todas esas propuestas fueron lanzadas al cesto de la basura por la directiva de la CCSS.

La directiva del sindicato APSE fue la única organización sindical que no presentó ninguna propuesta de solución para las reformas al régimen del IVM, así como tampoco ha presentado algunas iniciativa o propuesta de movilización y lucha para enfrentar las anti obreras reformas de los directivos de la CCSS. Lo anterior es vergonzoso, a pesar de que existen más de 10.000 trabajadores de la educación que pertenecen al régimen del IVM.

Reformas Anti Obreras

Es importante y necesario destacar que las modificaciones al régimen del IVM votado por la directiva de la CCSS tiene un carácter eminentemente anti trabajador. La directiva de esa institución ni siquiera se atrevió, de forma timorata, a tomar alguna medida de dichas reformas que afectara mínimamente a los patronos y mucho menos al Estado. En realidad, quienes han salido trasquilado y perdiendo de modo significativo sus próximas pensiones son los miles de trabajadores que ya de por sí están mal. Actualmente, por ejemplo, en promedio de los trabajadores que reciben entre ₵100.000 y ₵200.000 mil colones, en promedio, reciben ₵144.315 colones. La mayoría de pensionado con ese monto de pensiones no podrían ni siquiera para comer les alcanza.

En abril la directiva de la CCSS había planteado varias propuestas de reformas al IVM, entre las cuales, planteaba aumentar el aporte patronal y estatal, pero al final decidió solo afectar y dañar a los miles de trabajadores que se pensionen en el futuro.

El Problema del Fondo de Reserva del IVM

Los ingresos del IVM han tenido una drástica caída en su recaudación, así como el consumo del fondo de reserva. Según Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la CCSS “Los ingresos mensuales por cuotas particulares eran, en promedio, de ₵80.000 millones, más ₵15.000 millones de la cuota del Estado. Eso cayó en promedio a ₵75.000 millones, e incluso a ₵65.000 millones, en algunos meses”. (La Nación, 24 de abril de 2021). Sin embargo, el problema más grave que atraviesa el fondo de reserva e ingresos del IVM de la CCSS es el desfinanciamiento debido al masivo desvío de sus fondos.

El actuario y matemático, Rodrigo Arias, “… ha documentado varios desvíos de fondos, pero el más grande es el desvío de 7,5% sobre los salarios de cuotas del Seguro Social, que ascendía a ₵34.185 millones a 2020. ¿En qué consiste? La Caja recauda el 25,66% del salario de los trabajadores. De ese monto un 9,5% se le rebaja al trabajador, el patrono aporta un 14,5% y el Estado un 1,66%. Pero Arias explicó que hay cifras del departamento actuarial de la Caja que muestran que la institución ha usado un 7,5% de ese porcentaje desde 1975 para otros fines”. (Semanario Universidad. Semana del 18 al 24 de agosto de 2021).

Propuestas y Lucha

En primer lugar, el movimiento sindical y social debe presentar un plan de lucha para enfrentar y evitar que esas reformas al régimen del IVM se hagan efectiva dentro de dos años como propone y votó la directiva de la CCSS. Debe defender en las calles, mediante la movilización y huelga, las propuestas que hizo dicho movimiento. Para lograr ese objetivo se debe establecer una unidad de acción amplia de todas las organizaciones sindicales y, al mismo tiempo, se podría unificar esa lucha agregando la pelea contra los acuerdos del gobierno con el FMI y sus proyectos.

También se debería exigir que el monto mínimo de las pensiones debe ser del 80% del salario mínimo que devengan la mayoría de los trabajadores del sector privado. Es decir que si el salario mínimo es de ₵340.000, entonces el monto mínimo de las pensiones deberá ser de ₵272.000

De último, concordamos con las propuestas del Foro Social Mario Devandas para el financiamiento del régimen del IVM. Además, de imponer un tributo para un mayor financiamiento del IVM a las grandes empresas, a las empresas de comida chatarra, licores y a los superricos que existen en Costa Rica.   

Por José René Tamariz

La denominada Sala Constitucional o mejor conocida popularmente como Sala IV, utilizando la “técnica de la inconstitucionalidad por sus efectos y no por si misma”, realizó según los magistrados que la integran, una “exégesis” del proyecto de ley de empleo público de cara a la Constitución Política. Más adelante veremos los malabarismos constitucionales que realizan los jueces constitucionales que son una especie de supremo poder dentro de la Corte Suprema de Justicia, erigiéndose por encima de ella. Estos magistrados constitucionales son como un “oráculo” inapelable, lo que dicen ellos son “palabras y sentencias sagradas”. Sin embargo, estos tipos que integran la Sala IV son defensores a ultranza del neoliberalismo en Costa Rica. Al final, partir de esas posiciones, emiten sus sentencias que muchas veces y casi generalmente van en contra de los trabajadores, ya sean del sector privado o público. Ese es el típico caso en contra de muchos artículos de diversas convenciones colectivas porque las consideran “abusivas”.

Alrededor del “por tanto” de la sentencia de la Sala Constitucional y sus 35 inconstitucionalidades sobre el proyecto de ley de empleo público se han producido, básicamente, dos posiciones. La primera, encabezada por algunas organizaciones sindicales como la ANEP, juristas laboralistas y otras organizaciones sociales que alaban y glorifican las “inconstitucionalidades” encontradas por los magistrados constitucionales en dicho proyecto de ley. Sostienen estos sectores que ese proyecto está políticamente liquidado y que no tiene futuro de ser aprobado definitivamente.

El otro sector de opinión es el neoliberal puro y duro, tales como los medios de comunicación del capital como el periódico “La Nación”, abogados trasnochados como Rubén Hernández y demás fauna neoliberal. El leguleyo Hernández sostuvo al semanario Universidad que el trámite de ese proyecto de ley, después de esa sentencia, será “relativamente simple”, ya que la Comisión de Asuntos Jurídicos “únicamente debe incorporar un artículo que determine que los cuestionados por la Sala Constitucional no se apliquen a las instituciones señaladas”. (Semanario Universidad, 4 de agosto de 2021). A su vez, el periódico “La Nación” plantea que “En lo esencial, la ley quedó incólume y sus efectos favorables sobre el gasto público, la equidad y el orden son indudables”. (La nación 4 de agosto de 2021. Ambos sectores ensalzan los aspectos que necesitan resaltar y que le son favorables. Veamos.

Un intento de modificación de la constitución sin Asamblea Constituyente

Tanto los neoliberales del poder Ejecutivo que elaboraron el proyecto de ley de empleo público como los diputados neoliberales que realizaron cambios a dicho proyecto y lo aprobaron en primer debate, intentaron por la vía de una ley ordinaria hacer cambios de fondo y contenido en la Constitución Política sin ser ellos constituyentes. Es decir, que hubo una intentona de violación flagrante y evidente al diseño institucional de separación de poderes (poder judicial y poder electoral) y a las diversas autonomías institucionales, organizativas y políticas de las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las municipalidades.

Desde ese punto de vista, los neoliberales del Poder Ejecutivo y Legislativo quisieron introducir cambios de fondo y sustantivo al orden constitucional mediante una ley ordinaria. Eso en realidad constituye una cuestión grave y peligrosa a la institucionalidad que merece ser castigada. No es poca cosa, es gravísimo. Este aspecto de fondo es minimizado por los neoliberales del poder Ejecutivo y legislativo, así como de los medios de comunicación del capital y toda la jauría neoliberal que plantea que dicho proyecto de ley se mantiene incólume en sus aspectos medulares y que puede y debe ser aprobado en segundo debate, pasando por alto la gravedad de la intentona de ruptura al orden constitucional que intentaron realizar. Aquí se debe realizar una campaña para que esa intentona no quede sin castigo.

¿Por qué se intentó desde el Pode Ejecutivo y Legislativo romper el orden constitucional? ¿Por qué tantas inconstitucionalidades en ese proyecto de ley de empleo público? Ojo, aquí no estamos planteando que hubo un intento de golpe de Estado. Ese planteamiento no sería correcto, ya que los golpes de Estado se realizan desde las fuerzas armadas o de un sector de ellas. Lo que aquí se ha producido es que por la vía de una ley ordinaria se pretendía cambiar la Constitución Política para evadir los controles de otros poderes, como el judicial y desaparecer las diversas autonomías institucionales. En otras palabras, el poder Ejecutivo y Legislativo pretendían ejercer un control total y absoluto sobre las diversas instituciones estatales e imponer su voluntad en diversos campos. La ruptura del orden constitucional que se pretendía no era cambiar o quitar al gobierno porque el ejecutor de esa ruptura institucional era el propio poder Ejecutivo, sino que éste y demás sectores neoliberales de la Asamblea Legislativa intentaron destruir el modelo y arquitectura institucional existente y contemplado en la Constitución Política. Existen dos posibles explicaciones al respecto o bien, mejor dicho, una combinación de ambas posibilidades. Veamos.

La primera, que planteó desde hace muchos años John Stuart Mill en su libro “Consideraciones sobre el Gobierno Representativo” o simple y sencillamente, desprenderse de controles y amarras que tienen para evitar el control político, administrativo y organizativo de toda la institucionalidad del país. Analicemos.

Según Stuart Mill “La tendencia natural del gobierno representativo de la civilización moderna, se inclina hacia la mediocridad colectiva; esta tendencia aumenta con todas las reducciones y extensiones del derecho político, y tiene como efecto depositar el poder principal en manos de las clases que están muy por debajo del nivel más elevado de instrucción de la comunidad…”. (Stuart Mill, John: Consideraciones sobre el Gobierno Representativo). Es por todos conocidos que la mayoría de los altos funcionarios y mandos medios del gobierno, así como la mayoría de los diputados/as son un puñado de ignorantes e intelectualmente mediocres que no saben de leyes, mucho menos elaborarlas, por eso viven remendando casi todas las leyes que se aprueban. Por otro lado, no sólo es ignorancia y mediocridad intelectual y política, sino que se produjo una clara intentona, mediante el proyecto de ley de empleo público, de realizar un giro autoritario en la dirección de imponer un control absoluto sobre todos los poderes de la República y de las instituciones autónomas, desapareciéndolas, aunque se encuentra claramente protegidas por la Constitución Política. Entonces, lo que se produce es una combinación de ambos aspectos en la intentona de ruptura del orden constitucional por parte del poder Ejecutivo y Legislativo.

El presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, un neoliberal confeso por sus sentencias, aunque intenta minimizar el intento de ruptura del orden constitucional mediante la ley de empleo público se ve obligado, en una entrevista concedida al periódico “La Nación”, a declarar la gravedad de ese proyecto de ley en cuanto a la invasión al poder Judicial y demás instituciones autónomas. En una parte de sus declaraciones a ese medio del capital, Castillo sostiene que “Si usted sigue leyendo el articulo 98, 99 y 100, dice cosas tan graves como esta, graves en el sentido para un órgano que goza de independencia o que tiene grados de autonomía, que dice que quien de forma reiterada y sin justificación -dice la ley- desacate una directriz, podrá el Poder Ejecutivo remover el órgano jerárquico que está desacatando. Imagínese eso en relación con el Poder Judicial, la Corte Plena, el Consejo Superior o un concejo municipal, el Consejo Universitario, un rector. Eso hace que la facultad de dirección resulte incompatible con la independencia y las autonomías…”. (La Nación, 4 de agosto de 2021). Es decir, que esos artículos autorizaban de forma clara, en abierta violación a la independencia de poderes y de las autonomías institucionales, destituir a órganos y máximas autoridades del Poder Judicial, municipalidades, universidades públicas y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Más allá de que la intentona de ruptura del orden constitucional por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo fue frenado e impedido de ejecutarse de forma timorata por los magistrados de la Sala Constitucional, existe un aval y luz verde por parte de esos mismos magistrados para que el proyecto de ley de empleo público, una vez remendado acatando su sentencia, se apruebe y aplique en todos sus extremos a todos los poderes de la República e instituciones autónomas. ¿Qué significa lo anterior?

Que el gobierno impondrá el salario global o único y demás aspectos de dicho proyecto de ley a todos los empleados públicos, sin excepción, ya sean nuevos o viejos lo cual manda al cesto de la basura los derechos adquiridos. Esto modifica todo el sistema de los salarios y empleo público. En el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) e instituciones autónomas les corresponde a los órganos encargados de esas instituciones aplicar el proyecto de ley de empleo público una vez que se convierta en ley. Así lo sostiene el presidente de la Sala IV Que los trabajadores al declarar que “Entonces, lo que sí queda claro, por lo menos en el caso de las universidades y también de los poderes del Estado, es que todo lo que tenga ver con la aplicación de ley que será una competencia exclusiva y excluyente de los órganos máximos de las universidades y de los poderes del Estado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con evaluación de desempeño, todo lo que tiene que ver con la construcción de las familias de puestos, con los grados en las distintas familias, los factores relevantes para asignar puntos…, todo eso, en lugar de hacerlo Mideplán en relación con estos poderes y estos entes con autonomía, corresponderá a los máximos jerarcas velar por la correcta interpretación y aplicación de la ley en sus respectivos ámbitos, competencia que son exclusivas y excluyentes”. (Ídem). Más claro no se puede ser.

Por otra parte, el carácter neoliberal y anti-obrero de esa sentencia se manifiesta en la cuestión de las convenciones colectivas en el sector público. Los magistrados de la Sala IV avalan que los trabajadores al negociar sus convenciones colectivas NO puedan negociar reajustes salariales ni incentivos económicos. En otras palabras, esas convenciones son vaciadas de contenido y se convierten en simples reglamentos de trabajo. Aquí existe una flagrante violación al derecho colectivo de los trabajadores en el sector público. Asimismo, la Sala Constitucional avala y da luz verde al gobierno para que despida de forma masiva a los empleados públicos, le imponga la evaluación de desempeño que quieran y así, sucesivamente, pasará con todos los demás aspectos anti-obrero de ese nefasto y fatídico proyecto de ley, una vez convertido en ley de la República.

Todas las organizaciones sindicales, bloques sindicales, confederaciones sindicales y demás organizaciones sociales y populares deben realizar la más amplia unidad de acción para impulsar las movilizaciones y la huelga general que enfrente en las calles a ese nefasto proyecto ley, antes de que se produzca el segundo debate en la Asamblea Legislativa. Ese es el único camino y posibilidad de impedir que ese proyecto se convierta en ley. No se debe depositar confianza en ningún órgano o poder del Estado para frenar ese fatídico proyecto.