Por Sebastián Ernesto González
Los últimos doce años en la historia del país se resumen en dos cosas; más miseria para los pobres y más riqueza para los ricos. Con el Golpe de Estado del 2009 se inició un “Sodoma y Gomorra” en los privilegios fiscales que benefició a las grandes empresas privadas, de tal forma que “Honduras es el segundo país de América Latina que más impuestos ha perdonado en los últimos 12 años…”, según el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Por supuesto, el costo del Golpe del 2009 fue muy caro, la empresa privada fue comparsa, financista y planificadora del mismo, obteniendo para si una recompensa que le generó miles de millones de lempiras en ganancia en una década, sin importar que el régimen que ayudaron a instaurar fuera una “Narcodictadura”, la empresa privada en nuestro país siempre ha sido parasitaria y corrupta de cuello blanco, se hicieron multimillonarios a través de negocios que crearon con fondos del Estado y luego se declararon en quiebra para no pagar los préstamos estatales, el mayor ejemplo es el de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) creada en 1974 (en el gobierno militar de Melgar Castro) a iniciativa de Miguel Facussé Barjum y liquidada en septiembre de 1990 (en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas), siendo este el mayor caso de corrupción en la historia del país antes del escándalo del IHSS y de los hospitales móviles.
En el 2010, primer año de gobierno de Porfirio Lobo Sosa se aprobó mediante Decreto la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), un monumento de corrupción que, siendo más sutil que la CONADI, han hecho multimillonarios negocios con dineros del Estado, el ejemplo más evidente entre varios, es el de el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua donde el mayor accionista es el Estado y el aeropuerto se le concesionó al empresario Lenir Pérez, esposo de Ana Facussé (hija de Miguel Facussé Barjum).
El papel de la empresa privada en el país debería ser catalogado como “Crimen de lesa humanidad”, son como el azadón dice el refrán, solo quieren para ellos y para ellos sin importar si algo más del 74% de la población está en la línea de la pobreza, y más de un 30% está en pobreza extrema.
La empresa privada hondureña es tan miserable que de 10 lempiras que el Estado recauda en impuestos apenas L. 3 son pagados por ellos, según el SAR.
¡Que los ricos paguen la factura!
En los doce años del régimen nacionalista se sacrificó al pueblo hondureño y se benefició a la empresa privada, se obligó a los pobres a pagar más impuestos y se exoneró a los empresarios de pagarlos, generando de esta forma una brecha enorme entre la miseria y la riqueza. Para el del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino “La Ley de Justicia Tributaria contiene 41 artículos y busca revertir los privilegios fiscales en el país, creando un sistema tributario justo y transparente. El estamento elimina regímenes de exoneraciones fiscales vigentes y crea dos nuevos regímenes orientados a desarrollar la industria nacional y atraer inversión extranjera”. OB/Hondudiario (04/05/23).
Y, como siempre suele suceder cuando se trata de aprobar leyes que tocan los intereses de los empresarios, el Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho manifestó “Realmente lo que se pretende no es atraer inversiones al país, sino alejarlas. Lo que se pretende no es generar empleo, sino eliminar los puestos de trabajo formales que tiene actualmente el país”. “La propuesta de este documento es eminentemente populista, trasnochado; es peligrosa. Con la Ley de Justicia Tributaria se ahuyentará el capital extranjero, produciendo perjuicios para la nación y al sector empresarial que es el más grande empleador…”.
Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Cohep, aseguró que “la presentación (relacionada a la Ley de Justicia Tributaria) lo que revela solamente es un ataque directo a las empresas y esta es una masacre en contra de las empresas, es una masacre contra los mayores empleadores y una masacre contra el pueblo”. EH (10/03/23).
En contra parte a la postura de la Empresa Privada de renunciar a sus privilegios, legalizados y disfrazados por la narcodictadura, el presidente de la Federación de la Mipymes (Micro, pequeños y medianos empresarios), José Castañeda, declaró “Algunos dicen que va a generar desempleo, pero si nos ponemos a calcular que el 76 por ciento del empleo lo genera la Mipymes y no tenemos ningún privilegio, ni nos pagan por importaciones o exportaciones, es obligación pagar impuestos para que se fortalezcan los gobiernos y sostener un Estado de Derecho”. “Para nosotros la Ley de Justicia Tributaria viene a ser algún grado de justicia que es ha sido necesaria ya por décadas”. LT (05/05/2023).
Según las palabras de Castañeda es la pequeña empresa la que genera el 76% del empleo y no son beneficiados con exoneración fiscal, lo que afirma que los grandes empresarios solo ambicionan seguirse enriqueciendo explotando al trabajador y defraudando al fisco.
En artículo publicado en la página del Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD) leemos lo siguiente “este asunto de las exoneraciones es una dimensión relevante para enfrentar las desigualdades, en tanto apunta a incrementar los ingresos tributarios, financiar y asegurar la sostenibilidad de la inversión y el gasto social, así como garantizar mayor justicia en la redistribución de los ingresos. Aun así, la oposición del sector empresarial y de los medios de comunicación afines ha sido desproporcionada y se ha construido una narrativa con base en un conjunto de falacias (argumentos incorrectos y engañosos). Incluso, se ha recurrido a sembrar el miedo en la población, una narrativa de uso común en la derecha latinoamericana que trata de inscribir esta iniciativa de ley como una avanzada de las medidas comunistas del actual gobierno”. CESPAD (18/03/23).
Equidad y justicia social para los pobres
Lo mejor que podría haber pasado en el país en los últimos doce años es la salida del poder de un grupo de criminales y delincuentes que utilizaron el Estado para traficar droga, la empresa privada ha sido cómplice y partícipe de esta etapa oscura en la historia de Honduras en que, reprimieron y asesinaron al pueblo que se levantó en lucha y que protestó contra la narcodictadura, los trabajadores del sector público tuvieron congelados los salarios en todo este tiempo, los aumentos al salario mínimo fueron a beneficio de los empresarios y no de los trabajadores, mayores impuestos para los pobres y asalariados y, el costo de los servicios públicos aumentó considerablemente, mientras que, los ricos le siguen robando el agua y la energía a las empresas estatales.
Según la SAR, “entre junio de 2009 y diciembre 2022 se otorgaron L451,415.3 millones en exoneraciones y exenciones, un 116% del total de la deuda pública al cierre del 2022”.
El primer punto de 10, del resumen que implica la Ley de Justicia Tributaria, según la SAR nos dice que “Reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años. Esta reforma constitucional busca evitar que los abusos de estos últimos 13 años puedan volver a ocurrir”.
“La Ley de Justicia Tributaria cimentará las bases para construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan”. SAR (09/03/2023).
Sin duda alguna que, la cifra económica con la que se exoneró a los empresarios es astronómica y con la misma se pueden construir muchas escuelas y más hospitales públicos, generar empleos y llevar las condiciones mínimas de calidad de vida a las zonas más remotas del país. Si bien es cierto el gobierno de Doña Xiomara Castro no es revolucionario, hay que reconocer el interés y el trabajo al proponer la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que pone un freno a los privilegios de los ricos.
El discurso deteriorado del comunismo por la ultraderecha y su jauría de periodistas, no debe atrofiar el pensamiento del pueblo, es un discurso barato y congelado en el tiempo que solo engaña a quienes estuvieron de acuerdo con el régimen nacionalista y sus actos de corrupción en alianza con la empresa privada.
De ser necesario, el pueblo debe salir a las calles para exigir a los diputados del Congreso Nacional que se apruebe la Ley de Justicia Tributaria, pero, además, se debe exigir que el dinero recaudado se oriente a programas verdaderos que beneficien al pueblo y no para acrecentar el activismo político que corroe el buen funcionamiento de la maquinaria estatal.
El dilema de los Diputados: ¿con los ricos o con los pobres?
Según el Director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, “estos últimos 13 años a través de la aprobación de más de 40 decretos se legalizó la evasión fiscal… estos 40 decretos le costaron al pueblo hondureño, 568 mil millones de Lempiras en 13 años, con lo que se habrían podido construir 132 mil escuelas nuevas”. SAR (05/05/23).
El Partido Nacional para aprobar esos 40 Decretos tuvo el apoyo de los diputados del Partido Liberal, quienes siempre adujeron que lo hacía por la “gobernabilidad del país”, sin embargo, ahora, son los diputados del Partido Liberal quienes más presionan para que se apruebe la Ley del Empleo por Hora y quienes más se oponen a la Ley de Justicia Tributaria, una Ley que busca quitarle el privilegio a los grandes empresarios exonerados de pagar impuestos.
El partido LIBRE solo cuenta con 50 diputados, cantidad insuficiente para aprobar la Ley, los diputados del PSH y de los liberales aparentemente están en contra de aprobarla, no obstante, el pueblo tiene la obligación de recordarles que en noviembre del 2021 emitió un voto contundente para terminar con los privilegios otorgados por la narcodictadura a los multimillonarios, el pueblo debe salir a las calles a exigir que se apruebe la Ley de Justicia Tributaria y repudiar a los diputados que voten en contra.
